SIEMPRE EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Edición No 76 Segunda época [email protected] México, DF. Abril 2014
EDITORIAL
Ha causado revuelo el Seguro de Desempleo y no es para menos, pues a los trabajadores también nos causa confusión y mucha desconfianza, sólo basta considerar las propuestas que quiere impulsar Enrique Peña Nieto en cuanto a su sistema universal de salud, en donde los perjudicados serán los trabajadores de la economía formal del IMSS y del ISSSTE, incluidos los trabajadores del Estado y por enésima vez le toca a este sector sufrir otro saqueo a través del seguro de desempleo, sólo que en esta ocasión quedan excluidos los trabajadores del Estado supuestamente por la baja probabilidad de despido.
Es un atraco tramposo porque, en una adversidad de este tamaño, es razonable contar con esa alternativa, lo malo es que toman el dinero de nuestro fondo y los ponen en una disyuntiva ¿Qué prefieren los trabajadores formales del país, contar con un seguro de desempleo que les permita encontrar un trabajo en el sector formal de la economía o tener acceso a un financiamiento para una vivienda?
El seguro de desempleo no está previsto ni por asomo para los trabajadores de la economía informal. En un sistema capitalista globalizado, ellos no caben porque no “aportan para esta previsión”, sin embargo sirven para contener el problema del desempleo, que la propia Organización Internacional del Trabajo admite se ha incrementado y por otra parte, ha evitado estallidos sociales. Es tan benevolente para los gobiernos, que en el caso mexicano se aprobó la subcontratación o el llamado outsourcing, en la Ley Federal del Trabajo de septiembre de 2012, que igual que los trabajadores de la economía informal no cuentan con prestaciones.
NOTAS: EL NEGOCIO DE LA SALUD
– Negocio y corrupción
– Sector salud, atención mediocre
– Repliegue de la derechohabiencia a hospitales privados
NEGOCIO Y CORRUPCIÓN
Con la aparente omisión de Enrique Peña Nieto y la Secretaria de Salud Mercedes Juan López, quien navega sin rumbo fijo, son cómplices de la corrupción creada con el Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca S.A.P.I. de C.V. (DOIHI), surge para operar en sociedad con la Secretaría de Salud, empresas nacionales y extranjeras, con la banca nacional, internacional y la Bolsa Mexicana de Valores. Su estructura se basa en un entramado de oscuros mecanismos financieros y legales, muy difíciles de seguir. Todo para edificar el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI), inaugurado en 2012 en la administración de Calderón.
Para empezar, el contrato firmado para operar en sociedad, no lleva siquiera una palabra relacionada con las Secretarías de Salud, de la Función Pública y mucho menos del director del HRAEI, Heriberto Arboleya Casanova, es tal la oscuridad que la Función Pública no ha querido o no ha podido nombrar algún “Órgano Interno de Control” en el hospital. Se refiere al Contrato de Prestación de Servicios No. 00012003-001-08 de fecha 11 de agosto de 2009 celebrado entre el Fideicomitente y la Secretaría.
Se trata de una construcción de 37 mil 500 metros cuadrados, en cuatro plantas de altura; una inversión de 75 millones de Euros, de los cuales 25 son de equipamiento médico; una concesión de explotación por 25 años, que incluye la reposición, mantenimiento de equipos y prestación de servicios no asistenciales y las empresas firmantes para formar la sociedad con la Secretaría de Salud son: a) Constructora y Edificadora, GÍA+A, S.A. de C.V.,empresa mexicana; b) Assignia Infraestructuras, S.A. empresa española del grupo Essentium y c) Eductrade, S.A .,empresa gallega de consultoría y servicios.
Al final y según Eductrade, las cuentas de mil 360 millones del costo del HRAEI: Banobras, financió el 80 por ciento del proyecto al consorcio y entre los tres socios del consorcio sólo invirtieron el 20 por ciento del costo total, pues de 2009 a 2035, los “pobres mexicanos” tendrán que pagar 288 millones de Euros. Pero ahí no para la corrupción pues Arboleya Casanova, permitió a DOIHI ingresar a la Bolsa Mexicana de Valores para hacerse de una fortuna inmoral de casi mil 900 millones de pesos. Valentín Cardona, Imagen Médica, 19 de febrero de 2014
SECTOR SALUD, ATENCIÓN MEDIOCRE
Con la deuda adquirida por los pacientes del HRAEI, que ni siquiera lo saben, tendrán que pagar más de 5 mil 200 millones de pesos hasta el año 2035 y recibirán sólo una atención en salud mediocre. Hoy, a menos de dos años, no se ocupa ni el 10 por ciento de su capacidad, debido al cinismo de autoridades del Hospital, como de toda la red de negociantes sin escrúpulos, que en la nota anterior se ha hecho referencia.
Los médicos y enfermeras denuncian una serie de problemas en el HRAEI: calculan un abasto del 30 por ciento cuando mucho; explican que “el inversionista proveedor (IP) –DOIHI- no está respondiendo a las necesidades del personal de la Secretaría de Salud ni de los pacientes, hay un problema en el contrato, porque no se especifica quien tiene que dar tal o cual cosa y finalmente quien la lleva es el paciente”. Y gran parte del presupuesto se va en pagar la renta al IP y lo que queda es insuficiente para cubrir los gastos primarios del hospital, a pesar de que los pacientes pagan una cuota al ingresar.
El equipo es “de alta tecnología”, pero se encuentra descompuesto o inservible; las instalaciones no pasan las normas de calidad; carece de insumos, no hay soluciones básicas en todas sus presentaciones; ni catéteres periféricos ni material de curación. En áreas críticas, como terapia intensiva, “se solicita a los familiares que compren medicamentos y todo lo que se requiera para la atención de su paciente”. En la clínica de heridas no hay nada todo se le pide al paciente.
Las políticas de Arboleya Casanova, director de HRAEI, son arbitrarias, ejerce acoso laboral y no hay oportunidades de reconocimiento, en este tenor, a sus mandos medios los sustituyó por influyentes o arrastrados; ha hecho renunciar al personal que se atreve pedir capacitación y/o una jornada acumulada de trabajo; los mandos medios no cumplen con los requisitos para ocupar el puesto y son ellos los que tienen todos los privilegios, son un grupo pequeño de amigos y recomendados. Valentín Cardona, Imagen Médica, 21 de febrero de 2014.
REPLIEGUE DE LA DERECHOHABIENCIA A HOSPITALES PRIVADOS
Es cada vez más frecuente que los asegurados y familiares del IMSS e ISSSTE, acudan a su atención a hospitales privados, obligados por las largas filas de espera en sus clínicas de adscripción, para: una cita con el especialista; estudios especializados o una cirugía. Sobre todo cuando la enfermedad no es “prioritaria”, pero el enfermo ve cómo se va minando su salud. Es el caso de Laura, una joven de 33 años que hoy se debate entre la vida y la muerte. Se encuentra en terapia intensiva en un hospital privado por un paro cardio-respiratorio; lo lamentable es que ella acudió a ese hospital sólo por una cirugía programada para que le extrajeran miomas uterinos.
Laura es asegurada del ISSSTE y desde hace dos años padece el problema de los miomas uterinos que, en efecto, son comunes en las mujeres durante sus años de fertilidad, una de cada 5 mujeres puede tener miomas. La situación de ella, es que el sangrado menstrual era tan abundante que presentaba anemia crónica y le habían dado cita hasta agosto para posible operación. Esto la llevó a guardar dinero para su operación en un hospital privado.
Este caso permite reflexionar a qué grado ha llegado el desmantelamiento de las instituciones de salud: dejaron de construir infraestructura, no hay reposición de plazas por el personal que se jubila, no hay medicamentos, ni mantenimiento del equipo e instalaciones; la población sigue en aumento, por consiguiente, buscan mecanismos para atender a la población, así “seleccionan” a los graves y orillan a los pacientes “no prioritarios” a solicitar atención a instituciones privadas, de esta manera fortalecen a los empresarios.
Pero no solo han desmantelado la infraestructura sino también los principios, la moral y la ética de todos los administradores de las instituciones de salud, ahora priva la rapiña y el negocio por encima de las necesidades de la población derechohabiente que paga anticipadamente por el servicio y de aquellos que solidariamente tienen derecho a los servicios.
REALIDADES
Las leyes secundarias de telecomunicación que envió Enrique Peña Nieto a las Cámaras, protegen los intereses de los grandes monopolios de comunicación que lo impusieron en la presidencia. Y ya negociado esto con los empresarios, se le atribuyen a la Secretaría de Gobernación facultades dictatoriales y de control en materia de comunicación, impidiendo así la participación de la sociedad en esta materia. Ello atenta contra la libertad de expresión y obstaculiza la operación de los medios alternativos como son las necesarias radios comunitarias; el periodismo crítico e informativo y otras expresiones culturales. Por lo tanto nos obligan a seguir consumiendo la programación de televisoras y radiodifusoras comerciales que manipulan la información y que generan campañas mediáticas de odio en contra de sectores del pueblo que luchan por una sociedad más justa.
El rechazo a estas leyes pro monopolios y de censura a la crítica lo tenemos que organizar como desobediencia y conciencia de sus daños.
INVITACIÓN
Asamblea General de ANdeTIMSS, el último sábado de cada mes, ahora toca el sábado 26 de abril de 2014, a las 11.30 horas. En Lisboa 46, col. Juárez, entre Lucerna y calle Roma, cercano al museo de cera y estación del metro Cuauhtémoc. ¡Te esperamos ¡
SEGURO DE DESEMPLEO. Inquietudes de los trabajadores
El pasado 18 de marzo, el pleno de la cámara de diputados aprobó, el Seguro de Desempleo (SD) y la Pensión Universal, iniciativa de ley que envió Enrique Peña Nieto en septiembre de 2013. Legislación pendiente de ser aprobada en la Cámara de Senadores, seguramente lo harán sin mayor cambio.
¿En qué consiste?
Es el pago de un salario durante seis meses a los trabajadores que pierdan su empleo, pero sólo aquellos que hayan cotizado al Seguro Social y precisamente se encuentran en el apartado “A” de la Ley Federal del Trabajo. Para entender, se hablaría de los 16 millones 672 mil 599 trabajadores asegurados, que actualmente cuentan con trabajo formal.
En consecuencia quedan fuera del SD 37 millones de personas, tomando en cuenta que son 53 millones las personas económicamente activas (PEA). Donde se encuentran los 4 millones de trabajadores del Estado, del apartado “B” de la Ley Federal del Trabajo, tampoco pueden acceder a este seguro, los trabajadores de las empresas subcontratistas (outsourcing), ni tampoco los 14 millones 176 mil trabajadores que no cuentan con prestación alguna y mucho menos con seguro social.
¿Cómo funcionará?
El SD se pagará durante 6 meses, sin importar si el desempleo se prolonga por más tiempo. De acuerdo a la encuesta Motivaciones del Mexicano en el Trabajo, el 76 por ciento de quienes buscan empleo en México tardan más de 6 meses en colocarse e incluso hasta un año. Por lo tanto, tal seguro no resulta ni siquiera un paliativo.
El pago será acorde a las cotizaciones salariales sin prestaciones y sólo se tienen 45 días para solicitarlo a partir del día que quedan desempleados. Los pagos mensuales se dividirán: primer mes será del 60%, segundo de 50%, y los siguientes 4 pagos serán de un 40 por ciento. El monto es de $12 mil 198 pesos repartidos en seis meses, cuando el trabajador ganaba dos salarios mínimos en el momento del despido. Esta misma operación se podrá realizar sólo cada 5 años siempre y cuando se coticen por lo menos dos años continuos al Seguro Social.
Es preocupante que el SD saldrá de los recursos acumulados en la subcuenta mixta de vivienda del trabajador, los cuales son un 5% y se tomará el 3 por ciento de esta cuenta, la que administrará en un principio el Banco de México con una primera aportación del gobierno de 9 mil millones a este fondo y posteriormente una empresa privada. Y como consecuencia inmediata esto traerá una escapitalización del Infonavit.
Caricaturista: Hernández
¿Cuáles serán las consecuencias para el trabajador?
Disminuirá el número de cotizaciones, lo que puede afectar al acceso a una vivienda, pues no contaran con el puntaje suficiente y en caso de solicitar el SD más de una vez, menos posibilidades tendrán para acceder a una vivienda. Y quienes perciben de dos a cuatro salarios mínimos -que son la mayoría-, no podrán pagar sus préstamos hipotecarios en el tiempo establecido, pues se alargará más años la deuda al quitarles el 3 por ciento del fondo de vivienda.
El gobierno federal pretende darnos atole con el dedo con un SD, para que los trabajadores se financien su desempleo. Estas reformas pasaran a la Cámara de Senadores. No esperamos nada favorable, pues diputados y senadores no representan los intereses de la clase trabajadora; las dirigencias sindicales permanecen en silencio, aunque el dirigente del SNTSS Manuel Vallejo Barragán se pronunció en contra del SD, sabemos que está alineado a la política gubernamental. Por lo tanto, somos los trabajadores los que seguiremos luchando no sólo por defender lo que nos pertenece sino también recuperar los que nos han arrebatado.
