Peña Nieto y Mercedes Juan optan por racionar el “derecho” a la salud
Gustavo Leal F.*
El anuncio de la “reforma” de la salud al cargo de la secretaria Juan confirma que -como en el caso de la pensión y la farsa de seguro de desempleo no universales- Peña repliega la actual atención médica integral del IMSS-ISSSTE, achicando la responsabilidad estatal al mero suministro de paquetes mínimos “efectivos” o “pisos” básicos propuestos por OIT, como los del Seguro Popular. Lo que no cubra Peña deberán, ahora, cubrirlo los ciudadanos comprando seguros “complementarios”. Esa “universalidad” opta por reducir el “derecho” a la salud a sus mínimos.
En el documento del CIDE Elaboración de proyecto de iniciativa de reforma a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el acceso al sistema universal de salud, firmado por Gonzalo Moctezuma, se propone un nuevo artículo 4º constitucional que raciona el “derecho” a la salud. Dice: “toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, frente al texto vigente, dónde se señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
Además de este racionamiento, en sus 128 páginas, el documento realiza menciones generales al crucial tema de la calidad, sin jamás definirla y sin adoptar explícitamente la más robusta demanda ciudadana: mejora inmediata de la atención médico-clínica y su capacidad resolutiva. Ella se ha potenciado con la inaceptable ola de negligencias médicas desatada en el gobierno de Peña Nieto.
El proyecto de “universalidad” del peñismo y sus entusiastas promotores – FUNSALUD, Banorte, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Cámara de Comercio Británica, consultora PricewaterhouseCoopers, Centro de Estudios Espinoza Yglesias y CIDE, entre otros, adolece de una alternativa precisa para la mejora médico-clínica de los servicios.
Y, como en el caso del documento del CIDE, esa misma reiteración general sobre el gran tema pendiente de la calidad, se confirma en el propio Programa Sectorial de Salud 2013-2018, donde resulta insuficiente su reducción a “los niveles, características y organización de los recursos para la salud” o a la Estrategia Transversal 2: “Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad”.
Porque la prioridad de Mercedes Juan y el CIDE es otra. Para ella se trata de conformar un “fondo único” con recursos de todas las instituciones para “evitar duplicidades y contar con mayores recursos para mejorar la calidad” (Reforma, 25.7.13). Su visión de la calidad es “transversal: no se puede asegurar el acceso a servicios sin calidad, este es un reto que lleva varios años de trabajo. Falta mucho para lograr la cobertura universal con una gestión de calidad. La Secretaría tiene un compromiso explícito por los servicios de calidad, mismo que se encuentra plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. La calidad de los servicios en el país es buena pero no estamos tranquilos ni contentos, hay que mejorarla. Hay conciencia de que se debe hacer un cambio y que se trabaja en pro de reformas, como tener un fondo único y que no se traslape la atención. Si se logra que la gente se pueda atender donde quiera, se puede mejorar” (Reforma, 16.7.13).
No se aprecia cómo ese “fondo” pudiera beneficiar al usuario-paciente-derechohabiente. Pero, reformas en curso, muestran que esa mejora es estratégica y punto de partida de cualesquier “reforma” y no “transversal”, como la de Mercedes Juan, ni las del Programa Sectorial de Salud, Ni, por supuesto, las del documento del CIDE.
Rafael Bengoa, exconsejero vasco de Sanidad, y asesor de la Unión Europea y de Obama, sostiene, con verdad, que “los pacientes crónicos son más una solución que un problema del sistema de salud.Porque es habitual que las camas estén bloqueadas por ellos. Pero este es un problema asistencial, no de las familias y enfermos. Los gestores sanitarios están a tiempo de hacer cambios en el modelo. La red privada se beneficia de la falta de transformación del sector público” (El País, 27.1.14). Justamente lo que no se aprecia en la “reforma” que anuncia Mercedes Juan.
Según la Cuenta Satélite del Sector Salud de México 2008-2011 del INEGI, los hogares mexicanos aumentan el tiempo dedicado a cuidar enfermos crónicos, temporales -o con discapacidad- en casa. En 2011, dedicaron 127.7 millones de horas más que en 2010. Si hubieran contratado para la tarea, de cada 100 pesos erogados, 65.5 pesos estarían destinados a ella.
Como concluye el documento Salud Pública de la Agenda Ciudadana de Ciencia: “el Seguro Popular, lejos de solucionar el problema, lo agravó. La cobertura universal no garantiza atención médica oportuna ni de alta calidad” (CONACYT, AMC, UNAM, 2013).
Frente al inaceptable rosario de negligencias de la administración Peña ¿qué y cuál mejora efectiva en la atención médico-clínica “garantizaría” su “universalidad” sanitaria?
¿La Procuraduría de la Salud? que, según Juan, sería “una instancia de evaluación” de “las intervenciones explícitas” (como las que raciona el Seguro Popular) que “haga seguimiento de los derechos de los usuarios y que realmente vigile y evalúe esas garantías”?
¿O la “instancia” –que le ordenó Peña el Día Mundial de la Salud- para “regular y vigilar la calidad de los servicios en los establecimientos de salud, así como en la práctica médica”?
El mito de la “universalidad”-Peña, ahora en el delicadísimo asunto público de la salud, desprotegerá a las mayorías, potenciará la desigualdad pero publicitará “nuevos” derechos de “amplia vocación social”.
Redacción:
El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 26 de abril de 2014.
