Gustavo Leal Fernández
Al igual que la doctora Mercedes Juan, secretaria de Salud de Peña Nieto, una vez más la OCDE-Gurría puso por los cielos al Seguro Popular. Ya lo había hecho en MEXICO. Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente (septiembre, 2012) al sostener que “los avances hacia la cobertura universal de salud han sido extraordinarios. El Seguro Popular es innovador en muchos sentidos”. Pero en Getting it Right.. Una agenda estratégica para las reformas en México (febrero, 2013) le subió el volumen: “Esto ha sido un éxito rotundo. A nivel mundial, es considerado un ejemplo de innovación”.
¿Y lo es? Tal vez lo sea en la -ya larga- opaca y poco transparente operación resultante de fallas de fondo en su diseño, al ejecutar un programa federalista en extremo centralizador, que culmina en frecuentes episodios de corrupción. Como lo confirman -después de los sonados casos del Guerrero del exgobernador Zeferino Torreblanca y en el de Oaxaca con el exgobernador Ulises Ruíz- los siguientes cinco episodios recientes.
Opacidad. El febrero de 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en su Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, que durante ese año “los estados mantuvieron irregularidades en el manejo del gasto federalizado”. Se trata de prácticas “opacas que incumplen con informar sobre el destino de los recursos recibidos”. En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Seguro Popular) se realizaron transferencias de recursos a cuentas bancarias de otros fondos o programas y falta la documentación comprobatoria de gastos. La ASF revisó todas las aportaciones federales: educación, múltiples y salud que suman 705 mil MP. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados solicitará una auditoría “porque fue una gran cantidad de recursos que se entregaron al Seguro Popular y es necesario que los mexicanos tengan información precisa y clara”.
En abril, la ASF propuso a los diputados aprobar una ley de gasto federalizado para “ejercer” control sobre las transferencias debido a que persiste el “uso discrecional”, como se demostró con las auditorías al Seguro Popular. Aunque, precisó, se lograron “recuperaciones por 4 mil 401 MP y probables por 8 mil 291 MP, derivados de irregularidades como pagos a personal no financiables con esos fondos, falta de comprobación del gasto y transferencia de recursos a cuentas bancarias de otros fondos”.
Tabasco. Para mediados de febrero 2013 estaba claro que el exgobernador priísta Andrés Garnier sembró una crisis inédita en lo que, alguna vez, fue el modelo sanitario estatal de referencia nacional. Una colosal desaparición de fondos federales para el Seguro Popular por mil 226 MP! Los recursos se trasladaron a cuentas de terceros y se gastaron en destinos ajenos a los fines previstos sin comprobación y reintegro a las arcas de Tabasco.
En abril 2013, la doctora Mercedes Juan reconoció que “hubo desvío de recursos en el Seguro Popular de Tabasco”, aunque “se trabaja” de cerca con los gobiernos estatales y la Secretaría de Hacienda para “detectar anomalías” en la aplicación de ese dinero (La Jornada, 13.4.12).
Michoacán. Al culminar marzo 2013 la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que investigaba un faltante por 930 MP! destinados -en 2011- al Seguro Popular, durante la administración del exgobernador perredistas Godoy. Se presumen delitos por peculado, cohecho y falsificación de documentos.
Veracruz. En abril 2013 el secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib confirmó la suspensión de contratos con varios proveedores farmacéuticos ante el desabasto frecuente en hospitales del estado. La controversia se centra sobre la empresa de subrogaciones Finamed y respecto a la cual Nemi Dib ofreció realizar un “balance de su desempeño”. Y es que, según Servicios Sanitarios de Veracruz, hubo graves deficiencias en el equipo instalado por la firma en 12 hospitales durante 2012. Los contratos con Finamed iniciaron con el exgobernador priísta Fidel Herrera desde el 2008. Poco después, Nemi Dib comunicó que se registraba un desabasto del 40 por ciento en las farmacias del Seguro Popular.
El 23 de abril, Nemi Dib anunció la expropiación del equipo médico que Finamed tenía en 11 hospitales para la prestación de servicios complementarios debido a que “se incurrió en violaciones al contrato” como la falta de instrumentos suficientes y la intención de cobros improcedentes.
Guanajuato. En abril 2013 el gobernador panista Miguel Márquez cesó a dos funcionarios de la Secretaría de Salud que otorgaron contratos a una empresa involucrada en un fraude en la adquisición de equipos médicos por 294 MP durante la administración de su antecesor, también panista, Juan Manuel Oliva.
Aunque la OCDE, respecto a estos “éxitos rotundos” parezca estar francamente desinformada y frente a los cuales la, recién aprobada Ley General de Contabilidad Gubernamental, sólo refuerce la naturaleza disfuncional de ese federalismo que Peña Nieto prefiere calificar de “articulado”.
Pero mientras la doctora Mercedes Juan advierte que, vía el Seguro Popular, “lo que queremos es que una persona pueda elegir a dónde se quiere atender y, si llegáramos a esto, permitiría aumentar la competencia entre los servicios de salud y, de esta manera, mejoraría la calidad”, el hombre fuerte de Peña Nieto en la SSA, Gabriel O’Shea -Comisionado Nacional de Protección Social en Salud- declara que “aunque necesario”, ese Seguro Popular demanda “ajustes legales para mejorar y asegurar el uso eficiente del dinero en beneficio de la salud de las personas”.
Redacción:
El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 27 de abril de 2013.
