Chihuahua 1984

“En cuanto a los problemas futuros y dependiendo de las dosis recibidas deberá pensarse en la posibilidad de neoplasias, leucemias, cambios degenerativos (no neoplásicos) acortamiento de la vida y efectos genéticos en descendientes, por lesión en células germinales del individuo expuesto”.

Esta herencia trágica y contundente para México, fue dada a conocer “en un informe secreto”, un año después del “peor accidente nuclear en la historia de Norteamérica” por el doctor Carlos Armendariz Carrillo, en ese entonces asesor médico de la gerencia de Seguridad Radiológica de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

La vida y destino de millares de mexicanos fueron decididos por el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez cuando internó ilegalmente al país una vieja bomba de cobalto con una fuente cuya actividad se estimó en 1003 Curies (Ci) La historia surgió el 17 de enero de 1984, cuando un camión que transportaba bases para mesa de acero colado paso cerca del Laboratorio Nacional de los Alamos, en Nuevo México, las alarmas para detectar radiación sonaron.

Las investigaciones realizadas por autoridades americanas, llevaron a la CNSNS al origen de la contaminación radiactiva: El “Yonke Fénix” de Ciudad Juárez, Chihuahua. 41 días antes había sido depositado en él, una fuente radiactiva de cobalto 60, contenida en la cabeza de una bomba de cobalto de la marca Picker, el equipo había sido desechado por el “Methodist Hospital” de Lubbock, Texas, y adquirido por la empresa X-ray Equipment Co. de Fort Worth, en el mismo estado. El Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, compró el viejo equipo a X-ray Equipment a finales de 1977 y ante la falta de técnicos calificados para su ensamble, la almacenaron.

A principios de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, encargado de mantenimiento del Centro Médico, desmanteló el equipo por instrucciones del jefe de mantenimiento del hospital, ignorante de lo que hacía y con los golpes, la pastilla que contenía el cobalto 60 se fracturó, dejando escapar 6010 pequeñas partículas del material contaminante. Luego, lo subió a una camioneta pick-up con la ayuda de Ricardo Hernández y lo llevó a vender por fierro viejo al Yonke Fénix, lugar en donde las partículas se diseminaron provocando una enorme contaminación radiactiva.

Grave fue, cuando miles de toneladas del material contaminado fueron enviadas a dos grandes fundidoras; Aceros de Chihuahua, S.A. de C.V.(Achisa) y la maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes con el material contaminado, produjeron varilla para construcción y bases para mesa respectivamente. Achisa, por su parte envió materiales contaminados a cuando menos siete fundidoras más, de acuerdo con la CNSNS, sólo en tres se encontró contaminación: Fundival S.A. de Gómez Palacio, Durango; Alumetales S.A. de C.V. de Monterrey, Nuevo León y Duracero S.A. de San Luis Potosí. Al paso de los días crecían el número de personas y viviendas afectadas por la contaminación en todo el país, y ninguna autoridad se hacía responsable directa del problema, se llegó al extremo de improvisar a “expertos” para que realizaran labores de detección en la mayor parte del país.

El ocultamiento de la información a la población, desde todas las esferas gubernamentales, dificultó la detección de varilla contaminada dejando de manera criminal, en pie, muchas de las construcciones contaminadas o bajo la “decisión” sobre que hacer con ellas de los mismos propietarios. En efecto, el ingeniero Hermenegildo Maldonado Mercado en esa época jefe del área de Instalaciones Nucleares de la CNSNS y actual jefe de Evaluación y Licenciamiento declaró a la revista Proceso (398), que “ha habido más reserva de la deseable” y lo atribuyó al “temor” de las autoridades ante alguna prensa alarmista que pudiera tergiversar las informaciones. “De hecho, dijo, la prensa ha buscado sangre en este accidente”. La PGR conoció de la denuncia interpuesta por la CNSNS en marzo de 1984, pero fue guardada como “secreto de estado”.

GENOCIDIO

La tragedia que llevaría a México a ocupar el primer lugar en contaminación radiactiva en América, pronto fue minimizada por las autoridades federales, “todo bajo control”, se dijo.

Más de180 trabajadores de Achisa fueron “comisionados” para juntar con sus manos y palas la tierra radiactiva del lugar y almacenarla en bolsas y tambos… Bajo la supervisión de técnicos de la CNSNS, que mientras daban instrucciones, se protegían detrás de tambos llenos de agua.

El doctor Abelardo Lemus Rocha, accionista del Centro Médico, nada hizo para asegurar la bomba de cobalto, ni siquiera existían señalamientos sobre su peligrosidad. El hermetismo con que fue manejado el accidente nuclear, sólo tenía una explicación, Clemente Licón Baca, accionista también y miembro del Consejo de Administración de Centro Médico era al mismo tiempo oficial mayor de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, a cuyo orden se encontraba la CNSNS.

18 años después, surgen irregularidades cometidas por la CNSNS, cuya misión: “Asegurar que en las actividades en donde se involucren materiales nucleares, radiactivos y fuentes de radiación ionizante se lleven a cabo con la máxima seguridad, considerando los desarrollos tecnológicos actuales”, fue olvidada por quienes participaron en la sucia operación de limpieza del país.

En efecto, rebasadas las autoridades por el tamaño del problema, se enfrascaron en buscar la justificación de su impotencia, paradógicamente Hermenegildo Maldonado Mercado realizó estudios para “justificar” el uso de la varilla contaminada en la construcción, parte de sus conclusiones están contenidas en “el informe secreto” que elaboró para la CNSNS. En el trabajo nombrado “Criterio para determinar el uso de varilla contaminada con cobalto 60 en la construcción de puentes” que Maldonado Mercado elaboró junto con el ingeniero Arturo Parra I, se menciona: “Como es del conocimiento general, existe una gran cantidad de varilla contaminada con cobalto 60, consecuencia de la fundición de chatarra que contenía parte del material radiactivo de una fuente de teleterapia”.

“El presente análisis tiene por objetivo, demostrar que el uso de esta varilla es factible, con un bajo riesgo (sic) para la población y que permitiría abatir las perdidas económicas para el país. Cabe señalar que el contenido de cobalto 60 de las varillas es muy variable, yendo desde 0 hasta una cantidad máxima que provoca una rapidez de exposición a contacto de 30 mR/hr, y de 3mR/hr a un metro de distancia por varilla, por lo que conviene considerar su uso racional (sic) conforme a las diferentes partes que constituyen el puente”.

Y es que, también, luego de la nacionalización de la banca decretada por José López Portillo, Achisa pasó a engrosar la lista de paraestatales del Estado. Un testigo que elaboró varios de los informes “confidenciales” para la CNSNS, explica al reportero: “En febrero de 1985, nos reunimos varias personas en Veracruz, para realizar una reunión de trabajo confidencial sobre la gravedad del asunto de Chihuahua. Se nos dijo que se trataba de un asunto de seguridad nacional”. Nuestro testigo aseguró que la función de la CNSNS es la de “salvaguardar” la seguridad de la población mexicana y no la de “proteger la economía” de una empresa productora de varilla. El problema, dijo, fue la cantidad de varilla y alambrón contaminado que el gobierno había adquirido de la fábrica, entonces se buscó justificar la “no devolución”. Lo grave, enfatizó, es que “se permitió de manera criminal el uso de miles de toneladas de material contaminado”. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la situación de México en el número de muertes por neoplasias malignas es aterradora, y en efecto, mientras en 1983 murieron por este mal 13,915 hombres y 16,651 mujeres, en 1993 aumentó la cifra a 21,128 hombres y 23,811 mujeres, lo que representó un aumento descontrolado de muertes del 52 y 43 por ciento respectivamente, contra el 16 por ciento de crecimiento en la población de hombres y 18 por ciento en mujeres. Las cifras disponibles hasta 1995 son aún peores: 60 por ciento en incremento de muertes, contra 21 por ciento de aumento en la población.

LAS PRIMERAS VICTIMAS

Cuando Vicente Sotelo regresó del Yonke Fénix, dejó parada la camioneta Datsun blanca propiedad del Centro Médico en la calle de Aldama entre Azucenas y Gardenias por 40 días, luego la llevó al frente de su domicilio, en Aldama número 1981 Colonia Altavista, donde permaneció 10 días más, en un barrio de los más densamente poblados y pobres de Cd. Juárez. Se comprobó que los habitantes de 12 manzanas alrededor del vehículo estuvieron expuestos a 200 mR/hr y que algunos niños que jugaban sobre el vehículo y personas que se metían a platicar por largas horas, pudieron haber recibido varios miles de mR/hr. Así, más de 4000 personas sufrieron los embates de la radiación por largo tiempo. Y cuando menos en 20 estados de la República Mexicana se encontraban diversas cantidades de varilla contaminada y miles de casas habitación así como edificios públicos y privados, habían sido construidos. Para efectos prácticos y estadísticos de medición de dósis recibidas, se considera que 1 Roentgen es igual a 1 rad, igual a 0.01 Gray (Gy). Un ser humano expuesto de .8 a 2 Gy podría ser dañado crónicamente; con 4 Gy se presentaría la muerte al 50 por ciento de los afectados en cuatro semanas; con 6 a 8 Gy moriría el 100 por ciento en aproximadamente tres semanas y con 100 Gy, la muerte sería casi inmediata. Los médicos asesores de la CNSNS tuvieron su primera visita médica con los afectados el 28 de enero de 1984, hasta entonces, “pudieron deducir” que el accidente a los trabajadores había ocurrido en un tiempo máximo de 10 semanas antes de su visita médica.

El doctor Guillermo Castañeda C., quién participó como asesor médico de la CNSNS, consignó en el “informe secreto”: “El total de las personas estudiadas se calcula en unas 200 aproximadamente, de las cuales unas 70 pertenecen a empleados del Yonke Fénix I. De los empleados del Yonke Fénix I, 68 comenzaron a ser estudiados en el hospital General de Zona No. 35 del IMSS por ser derechohabientes. Los irradiados, vecinos de la camioneta abandonada, comenzaron a ser estudiados en el centro de salud B de la SSA, en Ciudad Juárez”.

Los asesores médicos de la CNSNS tuvieron su primer contacto con los afectados a través del subdirector del Hospital General de Zona No. 35, Héctor Iturriaga, quién mostró a los asesores los expedientes clínicos. Dice el informe: “De 68 casos pertenecientes a trabajadores del Yonke Fénix I, se encontró que sólo 3 personas mostraban disminución de glóbulos sanguíneos: Agustín Villanueva, 16 años; Pedro Torres Abad, 28 años y Carlos Casas Díaz, 39 años. Estas personas por mostrar depresión de su médula ósea, fueron asignados para su manejo al Hematólogo del Hospital, Dr. Ignacio Aguirre Aguirre. Dichos pacientes fueron examinados por nosotros, no encontrando sintomatología aguda por radiación, sólo la disminución de glóbulos sanguíneos y uñas pigmentadas. El resto de las personas irradiadas no mostraron sintomatología ni clínica ni hematológica. En los tres más afectados se consideró que recibieron radiación a cuerpo entero en forma crónica y a dosis bajas”. Un médico que entonces trabajaba en la clínica 35 del IMSS explica: “De repente nos avisaron que recibiríamos pacientes del ‘programa cobalto’ fueron días de mucha presión, porque aparte del trabajo que teníamos nos sumaron como 60 pacientes del programa, hubo muchas improvisaciones y lo único que hacíamos era sacar sangre para hacer biometrías hemáticas, luego de poco tiempo, la gente ya no regresó; había gente que no tenía ni para pagar su camión”. El doctor recuerda: “Me acuerdo muy bien que una señora de apellido Perzabal, al parecer una de las vecinas de donde se quedó parada la camioneta murió rápido, poco tiempo después”.

Las estrategias emprendidas por los asesores médicos de la CNSNS, incluyeron “juntas para establecer objetivos”, entre otros, para “establecer los cauces de la información para centralizarla en la SSA, a través del Dr. Juan Rauda Esquivel”. En efecto, en una reunión el 2 de febrero de 1984, se debatió sobre los casos de Carlos Casas Hernández, de 14 años, “pepenador del Yonke Fénix”; Ricardo Hernández Villela, de 24 años, “quien manipuló el cilindro contenedor de la fuente y que presenta una zona cicatricial atrófica en región tenar de la mano derecha correspondiente al sitio de mayor aproximación a la fuente. Su biometría hemática dentro de límites normales”. Vicente Sotelo, de 29 años, “chofer de la camioneta, quien no presenta sintomatología por radiación, su biometría hemática dentro de límites normales”; Cecilio Ibarra Solís, de 13 años, “vecino que jugó arriba de la camioneta. No presentó signos ni síntomas de radiación, su biometría hemática dentro de límites normales”.

Victoria Salcido Gallegos, de 40 años; Margarita Arroyo Bravo, de 53 años y Victoria Salcedo Saldivar, de 42 años, “vecinas de la camioneta que permanecieron en la vecindad de la misma un tiempo importante. Sus biometrías hemáticas dentro de límites normales. El resto de los vecinos fueron estudiados en el Centro de Salud B de la SSA en Ciudad Juárez, no mostrando sintomatología ni alteración hematológica”. El informe concluye: “Los pacientes más afectados de ambos grupos que presentaron signos y síntomas por radiación y los que desarrollaron un síndrome hematopoyético par radiación y su evolución cromológica, se describirán a continuación, y posteriormente los estudios cromosómicos y su relación con las dosis recibidas. Se estudiaron los 10 pacientes que a continuación se enumeran por haberse considerado hasta el momento, los más afectados: Agustín Villanueva García, Pedro Torres Abad, Carlos Casas Díaz, Benito de la Rosa Zapata, Vicente Sotelo A., Ricardo E. Sotelo Rodríguez, Tomás Saucedo Quiroga, Ricardo Hernández Villela, Carlos Casas Hernández, Carmen Perzabal Padilla”.

En 1991, Benjamín de la Rosa, de 59 años y trabajador del Yonke Fénix, murió a causa de un extraño cáncer en los huesos, su familia y doctores culparon al cobalto.

EL PAIS DEL MIEDO

El 22 de julio de 1993, Helen Ingram, directora del Centro Udall para estudios de politicas públicas de la Universidad de Arizona envió un reporte a Carol Browner, administradora de la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, el informe dio cuenta del análisis que la Univesidad de Arizona realizó para la formación del Proyecto México-Estados Unidos para la Protección del Ambiente en la Frontera. Como “prioridades no analizadas con la suficiente seriedad” la Universidad de Arizona destacó: “Materiales Radiactivos y residuos. Esta recomendación merece cuidadosa atención, prevención y preparación. La región Texas-Chihuahua es víctima de las consecuencias de un inadecuado desecho de equipo médico cargado con cobalto 60; las consecuencias han sido dramáticas y todavía no resueltas. El impacto potencial de esos residuos podría aun en pequeñas cantidades ser desastroso, como aquellos inadecuados manejos de residuos y materiales peligrosos”.

Luego de que entre 1977 y 1992 fueron cerrados seis de los más grandes confinamientos de residuos radiactivos en los Estados Unidos, los científicos descubrieron que dosis bajas y constantes de radiación causan cáncer, malformaciones y mutaciones, con mayor frecuencia que al recibir altas dosis en pocas exposiciones, también, se hicieron patentes enfermedades raras, muertes, contaminación de mantos acuíferos, erosión de tierras, mutaciones y radiación en flora y fauna entre otros efectos. Fue hasta el mes de noviembre de 1984 cuando se depositó el material contaminado en el sitio conocido como la piedrera cercano al ejido “El Vergel”, para esto, fue necesario cambiar la ubicación en tres ocasiones y mover las miles de toneladas de material contaminado aumentando los riesgos de nuevas contaminaciones. Fueron entonces más evidentes las decisiones políticas que las de protección urgente a la comunidad y al medio ambiente.

La herencia no escoge 18 años después del “accidente”, miles de “casos raros” como mutaciones y malformaciones surgen por doquier, y muertes por “etiologías desconocidas” son justificadas por los médicos en nuestro país.

EL ASESINO INVISIBLE

La denuncia interpuesta por la CNSNS en la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el mando de Sergio García Ramírez “contra quien resulte responsable”, no rindió frutos en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, tampoco la que interpuso la Secretaría de Salud. Clemente Licón Baca, señalado como el dueño de Centro Médico, se desempeñaba como oficial mayor de la Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal, encabezada por Francisco Labastida Ochoa, quien llevó al fracaso al Programa Nacional de Energía. El “accidente” nuclear se dio cuando Emilio Gamboa Patrón era secretario particular del presidente; Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación; Guillermo Soberón, secretario de Salud; Arsenio Farell Cubillas, secretario del Trabajo; Carlos Salinas de Gortari, secretario de Presupuesto y Marcelo Javelly Girard, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, todas ellas, dependencias relacionadas en la solución al accidente nuclear.

Pero no eran los únicos lazos que Licón Baca mantenía con el poder, antes, se había desarrollado como gerente de operaciones comerciales de los Fideicomisos de la Cera de Candelilla; asesor del director general del Departamento de la Industria Militar; asesor económico y administrativo del coordinador general de COPLAMAR; asesor del director general de la Comisión Federal de Electricidad; tesorero del gobierno de Chihuahua; asesor del gobernador del estado de Chihuahua; asesor del gerente general de la Compañía Exportadora-Importadora Mexicana y coordinador general de campañas senatoriales y gubernamentales del estado de Chihuahua.

El doctor Abelardo Lemus Rocha, segundo de Licón Baca, aceptó que la bomba de cobalto fue depositada en las bodegas de la institución, también, que nunca se alertó a los trabajadores de la peligrosidad del aparato. Dijo tener una confesión ante notario y gravada en videotape en el sentido de que Vicente Sotelo había robado la bomba (Proceso 413), en el mismo número, Sotelo desmintió a Lemus y aseguró que fue acosado y obligado a firmar el documento.

Siete años después, cuando ya nadie se acordaba del “accidente” de Ciudad Juárez, Vicente Sotelo fue aprendido, se le acusó de “robo y por atentar contra la salud pública”, en la cárcel le apodaron “El Cobalto” y en 1993, recuperó la libertad. El doctor René Franco Barreno, opositor al establecimiento del cementerio nuclear en Chihuahua, exdiputado y miembro del PRI en ese entonces, tal vez no se percató del alcance de su discurso, dijo a los medios en 1984: “¿Qué autoridad tiene derecho moral de poner precio a la salud pública? Todo lo hicieron a escondidas y mal. La Comisión de Salvaguardias hizo apenas su debut en este caso; la verdad, es que estamos en pañales en asuntos de radiaciones. Juegan con la salud, juegan con nuestra economía, juegan con todo”.