Jani Luna Gonzalez
2 de mayo de 2012
La Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes del Seguro Social (IMSS), y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para permitir que los trabajadores asegurados, unidos civilmente y que cumplan con el pago puntual de sus cuotas, reciban la misma contraprestación o beneficio para sus familiares.
Con estas modificaciones se establece la posibilidad de acceso a las prestaciones de seguridad social a los matrimonios entre personas del mismo género, ya sea como unión civil, sociedad de convivencia o cualquier otra forma que se establezca para otorgar sustento legal a la unión de parejas del mismo sexo.
En el documento aprobado por 252 votos a favor, 80 en contra y 15 abstenciones, se menciona que la actual legislación generaría el incumplimiento del principio constitucional de no discriminación, por lo que es indebido desconocer los derechos de esas personas a la seguridad social. “No existe razón para dejar sin seguridad social las uniones que difieren de la generalidad de formas de familia que hay en nuestro país”.
Se aclara que dicho dictamen fue aprobado por los diputados el 9 de noviembre de 2010; el Senado de República la regresó con cambios, por lo que el Pleno Camaral y la Comisión de Seguridad Social dictaminadora del mismo, en el que “ratifican el contenido de la minuta enviada originalmente a los senadores”.
Con la excepción, se detalla, en la reforma a la Ley del Seguro Social, en el artículo 65, a fin de establecer el lapso de cinco años de convivencia como si fuera matrimonio para adquirir el derecho a pensión, así como el agregado en el artículo 127, para establecer el derecho a recibir una ayuda asistencial, cuando ésta es requerida de acuerdo a dictamen médico, al viudo, concubinario o pareja, del asegurado o de la asegurada.
La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz (PRD) fundamentó que se trata de una reforma que responde al principio de igualdad consagrado en la Constitución en el plano internacional de los derechos humanos.
Con las reformas, dijo, se ratifica el federalismo del país y busca “revertir una injusticia cometida contra una parte de la población a la que se le niega protección y beneficios derivados de su derecho laboral”.
El derecho a la seguridad social, en tanto derecho humano, es universal, y la discriminación basada en un estigma es constitucional, jurídica, científica y éticamente insostenible.
Uranga Muñoz argumentó que el derecho a la seguridad social está comprometido internacionalmente por México y sus componentes son sin duda necesarios para edificar el proyecto de vida familiar de todas y de todos.
“Lo firmamos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, en El Cairo, en Beijing, y por ello, este tema es un asunto del federalismo, del respetar las instituciones que cada una de las entidades soberanamente se quieren dar”, agregó.
En contra, la diputada Ana Elia Paredes Arciga (PAN) expuso que el dictamen no cumplió con los requisitos fundamentales de procedimiento legislativo, por lo que constituye un acto que denigra.
“No existe argumento válido que justifique la violación del procedimiento legislativo. Votaremos en contra, porque nos negamos a validar un dictamen bajo el cual subyacen actos y hechos de violación al Reglamento de la Cámara de Diputados”, afirmó.
Aprobado en lo general y particular el dictamen que modifica las leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se mandó al Senado para sus efectos constitucionales.
Moción suspensiva
Previamente, el Pleno desechó la moción suspensiva impulsada por la diputada Paredes Arciga para que el dictamen regresara a la Comisión de Seguridad Social, debido a una serie de irregularidades en su votación al interior de dicho órgano legislativo y por un fuerte impacto presupuestal.
Al hablar en contra de la moción, participaron las diputadas del PRD, Martha Angélica Bernardino Rojas y Enoé Margarita Uranga Muñoz, así como los legisladores del PT, Jaime Fernando Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña, quienes señalaron que impedir la aprobación constituye una violación al artículo primero de la Constitución, “porque vamos a discriminar a las personas por sus preferencias sexuales”.
Mientras que a favor, los diputados del PAN, Paredes Arciga y José Gerardo De los Cobos Silva argumentaron que se violentó el orden del día de la reunión de la Comisión pues el tema se incluyó en asuntos generales. En tanto, el legislador David Hernández Pérez (PRI) dijo: “preferimos que vaya a la comisión de nuevo y que esta instancia pueda determinar cuánto presupuesto se tiene que destinar para poder solventar la reforma”.
