Gustavo Leal F.
Pretextando liberar el potencial de la economía mexicana con el argumento de transformar al país haciéndolo “crecer” y “moviéndolo” con las reformas que “el País necesita”, Peña Nieto oferta al mundo global un México salarial barato, ambientalmente desregulado y que raciona el “derecho” a la salud con paquetes de intervenciones mínimas.
Para ello se activó, primero, la reforma laboral (noviembre 2012) que, con nuevos tipos de contratación y subcontratación “legal” (outsourcing), afecta severamente las posibilidades de alcanzar seguridad social, especialmente para los jóvenes.
Sustituyendo la seguridad social integral por la protección social mínima, el secretario Navarrete Prida suscribió con OIT (junio 2013) un Convenio para promover la aplicación de “pisos” de protección social básica, el primero en América Latina. Después presentó, desde la STPS, su poco exitoso “programa de formalización”.
El cuadro de los desafíos laborales y de la seguridad social implícitos en la iniciativa de reforma fiscal presentada por Peña Nieto (septiembre 2013), así como su pobre enriquecimiento parlamentario, es vasto.
1.- La aprobación de cambios constitucionales (en la Cámara de Diputados) para imponer una pensión no universal que otorgue, a partir de 2014, mil 092 pesos a adultos mayores (65 años) en el año 2026! que carezcan de seguridad social y con ingresos mensuales menores a 15 salarios mínimos.
2.- Una simulación de seguro de desempleo no universal parchado a la Ley IMSS: sólo para los trabajadores del Apartado A, aún sin base de financiamiento definida y que el Senado de la República espera que la SHCP precise. El propio director de la OIT, Guy Ryder, sugiriere que sea “sometido a debate público”.
Por su parte, la reforma energética contempla que del rendimiento generado por las inversiones del Fondo Mexicano del Petróleo se utilizará hasta el 10 por ciento para “el pago de las pensiones universales”.
3) Un nuevo esquema de comisiones para las AFORE ajustado al rendimiento, acompañado de un programa emergente para la regularización e incorporación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) buscando incentivar su formalización, así como ajustes en materia de la deducibilidad y gravámenes sobre prestaciones laborales.
4) Las modificaciones a la Ley General de Salud (DOF,4.6.14) para recentralizar autoritariamente los recursos del Seguro Popular, sin ajustar de fondo sus fallas estructurales de diseño, rompiendo el “anhelo” federalista y sin extraer las lecciones de la fallida descentralización sanitaria de Soberón en los ochenta, De la Fuente-Narro en los noventa y Frenk (con el Seguro Popular) entre 2000-2006.
5) Según el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher, en 2014 “habrá una propuesta de reforma en el sistema de salud, a fin de revisar la relación entre el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular”.
6) En noviembre 2013, Peña presentó su Estrategia Digital Nacional, noviembre 2013, que en el capítulo “Salud Universal y Efectiva” contempla una política integral aprovechando las oportunidades que brindan las tecnologías de la información y comunicación con dos prioridades: aumentar cobertura, acceso efectivo y calidad de los servicios, así como usar más eficientemente la infraestructura instalada y recursos. En suma: convergencia, padrón general, intercambio de servicios de información entre las instituciones, Expediente Clínico Electrónico, Certificado Electrónico de Nacimiento, Cartilla Electrónica de Vacunación, Telesalud y Telemedicina, tal y como estableció el Pacto por México (Compromiso1).
7) En diciembre se presentó el Programa Sectorial de Salud que incluye 6 Estrategias para avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la SSA.
Pero la verdadera política “social” electorera de Peña, la Cruzada Nacional contra el Hambre, empezó pronto a capitalizar el encuadre reformista de “pisos mínimos” de protección.
Presentado como una “decisión presidencial que está moviendo a México”, se publicitó el Seguro de Vida para Jefas de Familia: “Hacemos latir el corazón de las mujeres de nuestro país” (Reforma, 25.11.13). Una promesa de campaña de desligada inicialmente de la propuesta mínima de “seguridad social universal”- que, administrado por SEDESOL, pasó de un fondo de 400 MP en 2013, a mil quince MP en 2014.
Exactamente lo mismo ocurrió con la publicidad del Programa 65 y Más y la pensión universal, nuevamente al cargo temporal de SEDESOL mientras el IMSS la asume integralmente: “Apoyamos económicamente a nuestros adultos mayores”. Otra “decisión presidencial que está moviendo a México” (Reforma, 29.11.13), con recursos que pasaron de 27 mil MP en 2013, a 42 mil 225 MP en 2014.
Como sostiene el priísta César Camacho: “aprovecharemos legalmente los programas sociales en beneficio de todas las familias” (Reforma, 17.2.14).
Curiosa y paradójica “universalidad”. Aunque Guy Ryder, insiste en que OIT “defiende la idea de piso de protección mínima para todos, independientemente de su estatus en el mercado de trabajo y si México comparte esta ambición, hay un desafío del que no puede escapar, y es que para tener sistemas de protección social sostenibles hay que identificar las fuentes de financiación”, con la protección social mínima que contempla la “universalidad” de Peña y sus promotores (Centro de Estudios Espinoza Yglesias, FUNSALUD, BANORTE-AMIS, Pricewaterhousecoopers), la inserción mexicana en globalización se dará a costa del mundo del trabajo, degradación ambiental acelerada y racionamiento tecnocrático del “derecho” a la salud.
Para decirlo nuevamente con el priísta César Camacho: “con las reformas está la ruta de generar un México mucho más atractivo, de puertas más abiertas para el mundo”. ¿En beneficio de quién?
Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 30 de agosto de 2014.
