El Gobierno de Coahuila acosa a periodistas

La vida sentida va por donde va el amor, la amistad, el compromiso, la lealtad, la entereza cuando la injusticia asola y el sufrimiento cala.

Julio Scherer García, al recibir la mención “Roque Dalton”.

El 7 de junio último, día de la libertad de expresión, Nancy Patricia Azpilcueta Ruiz Esparza, y Juan Monreal López, directora y gerente respectivamente de la revista Demócrata Norte de México, hicieron entrega a la LV Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila un documento en el que se destacan hostigamiento, agresiones, y acoso periodísticos a ese medio por parte del gobernador Enrique Martínez y Martínez, y algunos de sus más cercanos colaboradores.

De los hechos narrados por los periodistas, se desprende el encono de los funcionarios.

Y es que, en las páginas de Demócrata Norte de México se han escrito antecedentes oscuros e incómodos sobre los personajes que hoy dirigen el destino de los habitantes del estado de Coahuila.

Para bien de muchos, para mal de algunos, Demócrata Norte de México ya dejó al descubierto hechos que invitan a las investigaciones y explicaciones. De no ser así, quedarán firmes para sumarse a la historia, la historia sucia de nuestro país.

A cambio del valioso legado, Nancy Patricia y Juan, han recibido, y reciben, toda clase de amenazas, hostigamiento, y acoso desde el poder. Olvidan sus detractores que su flagelo, no es más que un aliciente que invita a soltar la tinta.

PRENSA INCOMODA

El enunciado de la Tercera Ley de Newton “A toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad pero en sentido contrario”, ha surtido sus efectos sobre Demócrata Norte. Sólo que la desigual reacción, proviene desde el poder.

Las agresiones a la revista, se deben a que sus páginas delatan:

— Febrero de 1999: El despojo de más de 512 mil metros cuadrados de terrenos en las actuales colonias La Merced II y El Tajito, de Torreón; producto de la donación hecha ante la liquidación del extinto Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO), por la también desaparecida Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas que, en convenio con el gobierno del estado de Coahuila entonces encabezado por José de las Fuentes Rodríguez, servirían para –vía el Instituto Estatal de la Vivienda Popular (IEVP)-, dotar de vivienda a los trabajadores no asalariados de Torreón. En el despojo –hoy aún punible-, participó activamente desde el cargo de secretario de gobierno el actual gobernador Enrique Martínez y Martínez.

— Abril de 2000: Habitantes del fraccionamiento Madero, del municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, denuncian un presunto fraude cometido por el constructor: el ya para entonces secretario de gobierno Raúl Sifuentes Guerrero. Con documentos, los afectados mostraron la forma irregular en que las constructora SIGUE S.A. cobró en el INFONAVIT la construcción de las viviendas de este fraccionamiento sin reunir las condiciones materiales en que fueron pactadas. Los cheques del INFONAVIT correspondientes al pago de crédito de adquirientes de vivienda, fueron endosados –sin ser el propietario del fraccionamiento-, a Albino Alejandro Moreno Pérez, secretario particular del alcalde de San Pedro de las Colonias, Francisco Bilbao Marcos, desde siempre, gente cercana a Raúl Sifuentes Guerrero.

Pero no es todo, Demócrata Norte informó sobre las “advertencias” del jefe de Información y Medios del gobierno del Estado, Eduardo de la Peña de León, a quienes amenazó: “Están ubicados en la lista negra”, y “ya estamos preparando la venganza”.

Hay más, la revista consignó en su número 69 el “homicidio culposo en que se vio envuelto Eduardo de la Peña y que, con la impunidad que da el poder, jamás se levantó expediente ni investigación ministerial alguna en torno a los hechos como lo marca la Ley”.

En el número 70, la revista develó la existencia de “Marble Design S.A., una empresa más de la familia Sifuentes Guerrero, construida con el poder del secretario de gobierno, pero no ajustada a la Ley”.

El número 71 muestra cómo desde sus respectivos puestos públicos, el gobernador y el secretario de gobierno, construyeron el cementerio privado de San Pedro de las Colonias, que por cierto, “tampoco se ajusta a lo que establecen las Leyes al respecto”.

Por si fuera poco, los periodistas de Demócrata Norte acusan en su número 72:

— Exhibimos y documentamos el fraude que se perpetró en 1975 –cuando el actual gobernador fungió como director de ingresos de la Tesorería General del Estado, cuyo titular era Carlos Ayala Espinoza, actual director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INDEC)-, y que consistió en desviar 437 millones de pesos producto de la recaudación de impuestos federales a las arcas del estado, asignándolos como ingresos propios, cuando tal cantidad era dinero perteneciente a la federación. Pero además, junto con esto, cómo desde el poder público, se favorece a las empresas del secretario de gobierno y parientes de algunos socios del gobernador.

Demócrata Norte aborda en su edición 73 información referente a la “manipulación notarial que el ahora gobernador, Enrique Martínez y Martínez, y sus socios en la empresa Inmobiliaria Real de la Sierra S.A., utilizaron para vender a la empresa paraestatal FODEISA, una menor extensión de terreno de la acordada en el contrato original, defraudando con ello a FODEISA, que pago 10 millones de pesos por 230 hectáreas, y sólo recibió 72 hectáreas”.

De acuerdo con Demócrata Norte, el caso FODEISA “se presentó ante la quincuagésima séptima legislatura federal ante la Comisión Especial encargada de vigilar que no se desvíen recursos federales en el proceso electoral en el estado de Coahuila”. Y sin embargo, el caso sigue pendiente.

En sus ediciones 74 y posteriores, Demócrata Norte informa cómo Enrique Martínez y Martínez, “ha utilizado desde siempre el poder público para desarrollar negocios particulares sin el menor pudor, incluso, sin ética alguna concesiona a sus socios funcionarios del poder ejecutivo y familiares de éstos, las obras públicas de mayor monto.

Además, se documenta cómo el gobernador “sin escrúpulo alguno, sigue utilizando los servicios del notario Público número 16 de Saltillo, Raúl Praxedis García Elizondo, quien intervino en la construcción de empresas y protocolización de todo tipo de actos relacionados con el grupo Aztlán, que se conformó en la capital del estado, por el narcotraficante Juan Chapa Garza, bajo el alias de José Luis García Treviño”.

Y cierto es que, bajo el mandato de Eliseo Mendoza Berrueto el narcotráfico tuvo su mayor penetración en el estado, y muchos funcionarios de ese sexenio se encuentran incrustados, hoy, en el gabinete de Enrique Martínez y Martínez.

En junio de 2000 el Gobierno suspendió de tajo el convenio para publicación de información oficial en la revista, y según Demócrata Norte, a esa actitud “se sumó el presidente de la Gran Comisión de la LV legislatura del Congreso del Coahuila, Heriberto Ramos Salas, quien en primera instancia y a través del jefe de Comunicación Social del Congreso, Roberto Legaspi Ruiz; intentó convencernos de cambiar nuestra línea informativa a una postura editorial ‘favorable’ al gobernador y al secretario de gobierno”.

Finalmente, Nancy Patricia Azpilcueta, y Juan Monreal, exigieron al congreso estatal “que se respete nuestro trabajo de informadores, pues nuestra labor es un trabajo abierto, legal, constitucional, pero sobre todo social, puesto que la materia prima de la información proviene de la actividad de todos los que componemos una actividad social. Las coerciones, las amenazas veladas, las ‘listas negras’, de los funcionarios del gobierno del estado no nos intimidan; por lo que nuestro quehacer informativo lo seguiremos desarrollando a pesar de las represalias y de las amenazas de sufrir daños en nuestras personas y en nuestros bienes”.

Del documento, se señalaron copias a Vicente Fox Quesada; Santiagio Creel Miranda, Francisco Barrio Terrazas; José Luis Soberanes; Ramiro Flores Arizpe; Maria Elena Rebollo Márquez y a la Fraternidad de Reporteros de México, A.C.

Imagen Médica se suma al reclamo de Demócrata Norte de México, por ser justo y apegado al derecho de información. Exige desde ya el cese del hostigamiento del gobernador del estado de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez, y sus incondicionales.