Por ocultamiento de información, piden castigar a Pablo Kuri

A la miseria y explotación en que viven jornaleros huicholes, mestizos y ejidatarios de Nayarit, se suma, para dañar su salud, el uso indiscriminado de plaguicidas neurotóxicos por las tabacaleras con la complacencia de las autoridades estatales y federales de salud, del trabajo y ambientales.

La gravedad de los resultados consignados en el estudio "Plaguicidas, tabaco y salud: el caso de los jornaleros huicholes, jornaleros mestizos y ejidatarios en Nayarit, México", elaborado por Patricia Díaz Romo y Samuel Salinas Álvarez, ha alertado a un gran número de organizaciones extranjeras y nacionales así como universidades, a tomar las medidas necesarias para corregir "el grave problema de salud pública."

El documento advierte que es necesario profundizar en la investigación científica para la determinación de los daños a la salud que la exposición crónica a plaguicidas ocasiona entre la población de la zona y los campesinos del tabaco.

De acuerdo a las recomendaciones vertidas en el estudio, "la baja calidad y cobertura de los servicios médicos en Nayarit y el poco acceso de la población a ellos", implica que exista un subregistro de padecimientos asociados a la exposición prolongada a organofosforados y carbámicos, entre otros; el cáncer, los problemas de embriotoxicología y las inmunodeficiencias.

También resalta como "urgente" la necesidad de realizar análisis para evaluar la contaminación por plaguicidas en el agua y en todas las fuentes de abastecimiento en la zona tabacalera. Los análisis que realizan las autoridades en la actualidad -revela la sinopsis del estudio-, "solamente se orientan a la detección de bacterias y otros agentes patógenos."

Y no es todo, el estudio cuyas investigaciones iniciaron desde 1985 acusa:

— La información epidemiológica sobre los efectos de los plaguicidas en México es extremadamente deficiente. Se requiere la intervención de las autoridades pertinentes, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial, para corregir y castigar el ocultamiento de información generado en casi todos los niveles del sistema de vigilancia epidemiológica.

La revisión de las series de datos publicados en los boletines oficiales arrojan contradicciones y omisiones que tienen consecuencias graves para la salud de las personas, ya que obstruyen la intervención indispensable en casos de emergencia por accidentes ambientales o por brotes epidemiológicos en zonas de alto riesgo como la estudiada.

Y remata: "Es urgente que se perfeccionen los sistemas de vigilancia epidemiológica para garantizar la información necesaria sobre cantidades, tipos de compuestos y niveles de exposición involucrados en los casos de intoxicación aguda detectados. Es fundamental dar seguimiento a los casos de crisis colinérgica para evitar que los afectados sufran mayores daños a la salud por intoxicaciones ulteriores."

Por si fuera poco, los resultados de la investigación arrojan que también se requiere que la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas "cumpla efectivamente con las tareas que fundamentan su integración."

Y, debido a que los contratos "simulan" una relación de sociedad donde priva una subordinación de los ejidatarios a las empresas tabacaleras, "lo que ocasiona que la responsabilidad legal por el abuso en la utilización de plaguicidas impuesto por las tabacaleras recaiga en los ejidatarios", el estudio señala como urgente a las autoridades del trabajo, que revisen el sistema de "agricultura por contrato, ya que es violatorio de las normas laborales que rigen en México."

Asimismo, continúa el estudio, "es indispensable que se cumpla con las normas constitucionales y la Ley Federal del Trabajo para que los ejidatarios, los jornaleros indígenas y mestizos sean reconocidos como empleados de las empresas tabacaleras y, en consecuencia, hagan exigibles sus derechos a la seguridad social, los servicios médicos, el retiro por cesantía o enfermedad, guarderías y capacitación.

Las recomendaciones de la investigación encabezada por Díaz Romo y Salinas Álvarez -con participación de la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular; del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indigenas de México; del Instituto de Salud, Ambiente y Trabajo; de Médico Internacional; de Pesticide Action Network-North America; de Pesticide Education Center; de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Universidad Autónoma de Guadalajara-, concluyen con un llamado a las autoridades indígenas wixárika, nayari y o’damñi’ok, para que hagan valer sus derechos ante las empresas tabacaleras, farmacoquímicas y "ante quien resulte responsable en el ámbito del gobierno federal" por el incumplimiento del artículo 20, fracción 3, inciso b, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que los gobiernos deberán adoptar medidas especiales para garantizar que los trabajadores de los pueblos indígenas "no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular, como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas."

El estudio se difunde actualmente a través del video elaborado por Díaz Romo con la colaboración del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, la Universidad de Guadalajara y el Instituto Nacional de Salud Pública. Denominado Huicholes y Plaguicidas, el video se tradujo a 12 idiomas indígenas y, paradójicamente, una errónea interpretación de la ley por parte de la Secretaría de Gobernación impide su transmisión radiada en perjuicio de la salud y desarrollo de los pueblos indígenas.