Sospechoso silencio de González Roaro

Al cambiar de nombre y obtener mayor autonomía, la Auditoría Superior de la Federación parece finalmente ejercer su poder para controlar los presuntos abusos de los servidores públicos, y en sólo dos meses -junio y julio- presentó ante la Procuraduría General de la República 12 denuncias por peculado y uso indebido del servicio público.

Las irregularidades que suman alrededor de 300 millones de pesos alcanzan a dependencias del Gobierno Federal como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), el Fideicomiso de Riesgo Compartido, la Secretaría de Turismo y la Lotería Nacional entre otras.

Documentos en poder de esta publicación prueban el inicio de las investigaciones en contra de nueve funcionarios y ex funcionarios del ISSSTE acusados de peculado, ejercicio indebido del servicio público y lo que resulte, por una cifra que se acerca a los 47 millones de pesos.

Los fraudes se habrían cometido durante la gestión -como directora general- de Socorro Díaz Palacios, quien entre otras cosas fue secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De la querella en curso podría desprenderse una presumible evasión de impuestos de la empresa Fergomo, SA de CV, además de una probable falsificación de firmas de funcionarios del Arzobispado de México.

Los investigados son los servidores y ex servidores públicos José Navarrete Ancona, Carlos Ruiz Belin, Lilia Rosas Pons, Carlos Ruiz Alegría, Javier García Ponce, Luis Quintero Retamoza, Sergio Vázquez Torres, Federico Garduño León y Guillermo Orozco Loreto, además del particular Luis Miguel Moreno Vélez.

Este reportero solicitó una entrevista con el director general del ISSSTE, Benjamín González Roaro para conocer el estado de las denuncias y su opinión como encargado del Instituto, pero a través de su responsable de prensa, Cuauhtémoc Amezcua, nunca respondió a la solicitud de información.

LAS TRANSAS

Una auditoría iniciada el 19 de octubre de 2000 -cuando aún era directora general del ISSSTE Socorro Díaz Palacios-, arrojó irregularidades en una serie de operaciones entre el sistema Integral de Tiendas y Farmacias (SITyF) de ese instituto, y la empresa Comercializadora y Distribuidora Fergomo, SA de CV.

El 7 de julio de 1999 se contrató el servicio de proveeduría de 10 millones de tarjetas tipo "ráscale" que serían destinadas para instrumentar el sorteo El Sabor Millonario, pero en la operación propuesta por la subdirectora de Abastos, Lilia Rosas Pons, se omitieron los estudios de factibilidad y el 29 de julio siguiente fue autorizada la operación.

A pesar de que el ISSSTE realizó el pago por el servicio contratado, que ascendió a 37 millones 200 mil pesos, con el cheque 3007557 de la cuenta 65-500 8704-5 de Banco Santander Mexicano el 12 de julio de 1999, la empresa no cumplió con la entrega y la Subdirección de Finanzas no hizo válida la fianza que para efectos de incumplimiento había depositado la Comercializadora y Distribuidora Fergomo, SA de CV.

Más adelante, el 19 de noviembre de 1999, Fergomo realizó un contrato de intermediación mercantil con la Fundación Cultural Juan Diego, del Arzobispado de México, para la realización del sorteo Luz de la Esperanza aprobado por el arzobispo emérito de México, Ernesto Corripio Ahumada, pero hubo una presunta falsificación de la firma de monseñor Enrique Roberto Salazar y el ciudadano José Oscar Valdez Ramírez.

Esto, con la intención de que el Arzobispado lograra el permiso para el sorteo, el cual aparece cedido en una primera instancia a Lobby Ep SA de CV y en segunda a la Comercializadora y Distribuidora Fergomo, SA de CV, vendiéndose la serie "A", en tres millones de pesos.

Y en este punto, Lilia Rosas Pons instó a Sergio Vázquez Torres, Guillermo Orozco Loreto y Federico Garduño a autorizar la sustitución del sorteo El Sabor Millonario por el sorteo Luz de la Esperanza, luego de destacar que se obtendrían 3.5 millones de pesos para el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.

El nuevo contrato se pactó en 46 millones 500 mil pesos, que fueron cubiertos con los 37 millones 200 mil pesos entregados a Luis Miguel Moreno Vélez en julio de 1999 y 5 millones 400 mil pesos mediante un cheque, el 8 de marzo de 2000. La diferencia de 3 millones 900 mil pesos fue descontada por concepto de "servicios financieros por el incumplimiento del primer contrato."

Sin embargo, al realizar la investigación por el incumplimiento del segundo contrato, los auditores encontraron que Fergomo no realizó declaraciones a la Secretaría de Hacienda del pago provisional y anual en los años 1999 y 2000.

Además, las fianzas presuntamente a favor del ISSSTE expedidas por la Afianzadora Sofimex, y que fueron dadas como buenas por los funcionarios de la paraestatal, en realidad pertenecían a fianzas a nombre de Promotora Iberoamericana SA de CV y Automotriz Mexicana SA de CV, por 22 mil 500 pesos y 29 mil pesos, respectivamente.