Gustavo Leal Fernández
Apenas designado, Lázaro Mazón Alonso, secretario de Salud del gobernador perredista entrante Angel Aguirre, reconoció -en abril de 2011- que de los 900 centros de salud, 400 habían dejado de funcionar y al resto les faltaban medicamentos. “No sabemos cuánto nos va a costar reactivarlos. Las de la Montaña y Costa Chica dejaron de funcionar porque no hay personal médico ni medicinas. Para ponerlas a funcionar tenemos que esperar a que lleguen los recursos del Seguro Popular”.
Por su parte, Jorge Salgado Leyva, nuevo secretario de Administración y Finanzas, calificó de “crítica” la situación financiera que encontraron en la Secretaría de Salud “nos dejaron pasivos muy fuertes. No hay comprobantes de los recursos del Seguro Popular”.
El propio Contralor General del Estado, Julio César Hernández Martínez, comunicó que en la Secretaría de Salud existe un faltante de más de 100 MP, sin incluir la compra del célebre helicóptero por 54 MP con recursos del Seguro Popular: “las irregularidades se presentaron en la adquisición de medicamentos, contratación de personal y contratos asignados, todo en un período de cinco años”.
Pero cumpliendo su cansina norma, el entonces Secretario Federal de Salud, José Angel Córdova Villalobos, seguía atribuyendo a los gobiernos estatales los problemas en la operación de clínicas y hospitales, así como la carencia de médicos y medicamentos. Como siempre, sostenía que cuando un Estado solicita a la Federación recursos para la construcción de una unidad de salud o de un hospital, debe contar con un plan que establezca cómo lo mantendrán a largo plazo, pero que no siempre lo hacen.
Para Córdova hubo “una descentralización de los servicios de salud. Es una responsabilidad de los Estados y de la Federación. Desde hace siete años no construimos clínicas donde al Gobierno federal se le antoje; se hacen dónde los gobiernos estatales las solicitan y las justifican. Obviamente, en esta solicitud debe haber la planeación de respaldo para ver hasta dónde se puede crecer. Nosotros hemos cumplido cabalmente con la aplicación del recurso donde se ha solicitado porque sí hay necesidad. No se ha hecho probablemente alguna planeación global para dirigir mejor los recursos”.
Y cuestionado sobre el incumplimiento de los Estados en la operación y mantenimiento de las clínicas, Córdova sólo proponía “dotarlos de mayores herramientas para captar sus propios recursos y no depender de exclusivamente del presupuesto que les transfiere la Federación”.
Se comprende del todo que, en este marco, los trabajadores de la salud guerrerenses reclamaran que los servicios estatales fueran devueltos a la Federación misma demanda que, en su momento, levantó Vita Libreros Bango, entonces secretaria de Salud en Tlaxcala y, posteriormente la, entonces, gobernadora de Zacatecas Amalia García.
Al culminar su gestión -junio de 2011- Córdova estimó que la SSA dejaría “de condicionar la entrega de recursos económicos a los estados a la presentación de los comprobantes de gastos con la finalidad de que los programas fundamentales no se suspendan o retrasen”.
Luego de siete años de operación del Seguro Popular, declaraba, “habrá que corregir los mecanismos de control y vigilancia”, refiriéndose a la falta de transparencia y seguridad respecto a la operación de los programas fundamentales del sector debido a que las entidades “disponen de dinero a discreción”.
Insistió en que “no se trata de acciones punitivas, sino de medidas constructivas para que ese recurso, que hoy es más abundante, genere más salud en los estados”, vía programas como el Seguro Médico para una Nueva Generación y Embarazo Saludable”.
Pero la situación real del sector superaba con creces la visión federal de Córdova. A julio de 2011, la SSA-Guerrero debía más de mil MP a proveedores, buena parte de ellas ubicadas en el rubro de pasivos del Seguro Popular.
En octubre fueron denunciados 15 fallecimientos por un brote epidémico en el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de Chilpancingo, mientras la Secretaría de Salud local solicitaba a la Federación un incremento de mil 500 MP, adicionales a los que ejerció durante 2011.
En noviembre, médicos y enfermeras tomaron el Hospital Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento, Acapulco, inconformes con la designación del nuevo director -el sexto en 22 meses- mientras denunciaban que carecían de papel higiénico, batas, cloro, lavandería e instrumentos para esterilizar. Paralelamente, los equipos de salud del CAAPS de la vecina colonia Progreso, protestaban por el nombramiento del nuevo director “porque se debe realizar de acuerdo con la base trabajadora”.
En diciembre, el exgobernador perredista Zeferino Torreblanca, acusó a su sucesor Angel Aguirre de que funcionarios de su administración empleaban aereonaves del gobierno destinadas al traslado de enfermos de las regiones marginadas de Guerrero y sostuvo que el secretario de Salud, Lázaro Mazón Alonso “no tiene calidad moral” para ocupar el cargo, toda vez que durante su gubernatura fue inhabilitado por incurrir en desvíos.
También en diciembre, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, reportó que en Guerrero se aprecian problemas de abasto en tres métodos anticonceptivos: implantes, inyectables y pastillas de anticoncepción de emergencia, lo que, aunado a la percepción del personal de salud, “puede convertirse en una barrera para su acceso”. Guerrero forma parte del grupo de 12 estados que concentran 75 por ciento del total de las defunciones maternas.
Pero Peña Nieto insiste en “mantener y fortalecer el Seguro Popular!
Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 30 de marzo de 2013
