Gustavo Leal Fernández
Respecto a sus presentaciones anteriores (diciembre, 2009) la propuesta de reformas a la seguridad social del rector José Narro de septiembre 2011, incorpora algunos elementos que habían sido ya anticipadas en otras iniciativas.
Narro consideraba en 2009 que la reforma de la salud debería “garantizar acceso universal, reducir la desigualdad, mejorar la calidad, fortalecer los programas públicos y combatir el rezago a los grupos sociales más vulnerables”. En su opinión, el sistema nacional debería ser “descentralizado”, toda vez que, “uno de los principales problemas es la fragmentación” en diversas instituciones, que acarrea “ineficiencias, exceso de personal, mayores costos, trámites burocráticos, ausencia de cruces de información entre las bases de datos de beneficiarios, así como poca transparencia en el uso de los recursos”.
De ahí que, enfatizaba, “tengamos que contar con un servicio único. Y aunque hay avances en el financiamiento, es necesario invertir más porque es claramente insuficiente. La salud es un área fundamental. Hay que cuestionar las asignaciones inerciales, acabar con la dependencia tecnológica y humanizar la medicina”.
Porque ella, advertía, “se ha convertido en un nicho de mercado. Ha surgido la industria de la salud como un nicho de mercado y la visión de la salud misma como una mercancía. Esta visión que ha ido avanzando considerablemente en nuestro país, acentúa las enormes desigualdades existentes en la población”.
Esta propuesta de 2009 no precisó los contenidos de la universalidad, a menos que ella se redujera a “desfragmentar” el sector.
Pero en septiembre de 2011 Narro la amplió a “un sistema de seguridad social único”, preservando la indefinición de la universalidad. Ahora su argumentación siguió reiterando lo público, pero incorporó que ese sistema “no esté relacionado con el mercado de trabajo, diferencie la atención a la salud de otras prestaciones” como pensiones y jubilaciones, “incremente guarderías, genere un seguro de desempleo e incluya una pensión mínima universal a los mayores de 60 años”.
Respecto a la desvinculación del mercado de trabajo, Narro recoge (sin mencionar el incremento generalizado al IVA en fármacos, alimentos y servicios sin excepción), los modelos adelantados por el tecnócrata Santiago Levy, reproducidos sin agregado alguno y escaso impacto, por Beltrones, Peña Nieto y Aguilar Camín. En la visión Narro, el modelo de 1943 para ligar la seguridad social con el trabajo “ya dio lo que tenía que dar: hay que desligar la seguridad social del mercado laboral y crear más fuentes de trabajo”.
También reaparece en su propuesta 2011 la “separación” entre la salud y las otras prestaciones económicas “que se deben determinar, porque sus vocaciones son distintas”, adelantada por el panista José Angel Córdova, ex secretario calderonista de Salud y reproducida tanto por funcionarios del IMSS-Calderón (Eduardo González Pier) como por el, entonces, director de Afiliación y Cobranzas y actual quinto comisionado del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) David García Junco.
Por cierto que la pensión mínima universal para los mayores de 60 años adultos mayores encuentra ecos en los programas sociales de las administraciones perredistas del GDF.
Así que en su actual propuesta concurren, ahora, otras iniciativas de reforma. Claro que el gran pendiente por discutir es la conveniencia de adoptar modelos que giren hacia el creciente universo de la economía informal, sin reiterar la urgencia de dilatar el empleo formal -sobre todo el de calidad- para lo cual resulta indispensable reorientar la política económica en curso, responsable final del estado que priva en las grandes instituciones de la seguridad social.
Al no definir los contenidos de la universalidad y proponer simultáneamente desligar la seguridad social del mercado de trabajo sin establecer los medios, se corre el riesgo de otorgar carta de naturalidad a los modelos tecnocráticos de Santiago Levy que constituyen, a todas luces, un minimalismo extremo de la protección social, financiado con un IVA alzado y sin excepción.
Igualmente, asumir la separación de prestaciones económicas de la seguridad social sin mostrar su debida articulación con los seguros de salud del IMSS e ISSSTE, otorga también carta de naturalidad a las iniciativas de “reforma” del Dr. Córdova y García Junco que propugnan por la generalización del fallido experimento del Seguro Popular (Seguro Médico para una Nueva Generación, Embarazo Saludable y Consulta Segura) y sus Catálogos “universales” tecnocráticamente racionados.
Bajísimo empleo de mala calidad, peores servicios y altos salarios para la alta burocracia institucional desde Fox (año 2000). Por ahí puede empezar el debate -no tecnocrático, de propuestas integrales y no sólo concurrentes- sobre el futuro de la más extendida red de la seguridad social (IMSS-ISSSTE) y que ya debería estar dispuesta para la cabal atención de las mayorías nacionales.
Un auténtico debate sobre su futuro debe iniciar denunciado la naturaleza esencialmente tecnocrática de las propuestas priístas y panistas que la han “reformado” con pésimos resultados, justamente por esa naturaleza tecnocrática.
El debate puede superar esas soluciones de salida única y postular para todos la urgencia de ampliar el contenido y la escala del “nuevo” universalismo en consonancia con los requerimientos socio-demográficos del Siglo, tal y como muestran las reformas al ISSSFAM, única excepción a esas “reformas” tecnocráticas.
Sólo así se podría empezar a “reducir la desigualdad, humanizar la medicina” y enfrentar “la industria de la salud como un nicho de mercado y la visión de la salud misma como una mercancía”, que tanto anhela Narro.
Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 31 de marzo de 2012.
