El jueves 26 de diciembre pasado Roberto Andraca González, secretario general de la sección XXXIV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) llegó a la Unidad de Medicina Nuclear del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI acompañado de Isabel Arrazola, su secretaria de Conflictos.
La retrasada y repentina presencia de Andraca González no fue a la buena, pues había sido advertido por trabajadores inconformes de que, “en caso de no representarlos como sindicato ante el Instituto”, realizarían un mitin frente a las oficinas del sindicato el viernes 27.
Y es que, por esos días de diciembre, los delegados sindicales que tienen como función “proteger y representar” a los trabajadores, se fueron de vacaciones y dejaron en indefensión a sus representados.
En lo que fue su primera visita a los trabajadores de la Unidad de Medicina Nuclear que resultaron afectados luego de beber café contaminado con material radiactivo -Yodo 131 (I-131)-, Andraca González, también secretario de Conflictos del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, prometió a los trabajadores que contarían con el respaldo del sindicato en las audiencias a las que habían sido citados por el jurídico del Instituto con motivo de las investigaciones derivadas del atentado.
Prometió, además, “que ningún trabajador sería reubicado ni sancionado”, pues habían recibido intimidación y amenazas por parte de directivos del hospital. De acuerdo con los testimonios vertidos a Imagen Médica, Andraca “mandó llamar” al director del hospital Héctor Aguirre Gas, y al jefe del servicio José Rodrigo Muñoz Olvera para que respondieran a las demandas de los trabajadores.
Ahí, Aguirre Gas pidió a Muñoz Olvera en calidad de urgente la relación de cursos de actualización de protección radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto (POE), y, entre otras cosas, se comprometió a otorgar la base a la doctora Laura Elena Iwasaki Otake que laboraba como 08; además de proporcionar “un dosímetro y un curso adecuado a su nivel” a una enfermera que, sin la “adecuada preparación”, laboraba en Medicina Nuclear.
Sin embargo, las promesas de poco sirvieron, pues los trabajadores de Medicina Nuclear acudieron a rendir sus declaraciones al Departamento Jurídico del Instituto y a la Procuraduría General de la República sin la compañía o asesoría de representante alguno, de hecho, ni siquiera les entregaron copia de sus declaraciones.
El 3 de enero de 2003 el líder nacional del sindicato, Roberto Vega Galina, se presentó en el hospital, pero no fue a mostrar apoyo a los afectados, simplemente fue a presentar a Aguirre Gas, a los nuevos delegados sindicales que habían sido elegidos el 5 de diciembre.
Para esos días la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) ya había clausurado las instalaciones y retirado al IMSS la licencia de operación y funcionamiento y, además, ya había exigido al Instituto el nombramiento de un nuevo responsable de seguridad radiológica.
También por esos días, Aguirre Gas ya había contratado al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), para que realizara las labores de “descontaminación radiactiva” en la Unidad de Medicina Nuclear.
Es ahí donde surgen nuevas sospechas de los trabajadores, pues el sábado 28 de diciembre el ININ se presentó por última vez y, por lo que saben, no ha rendido el informe respectivo y las instalaciones continúan sin funcionar en perjuicio de los derechohabientes.
LAS SOSPECHAS
Los trabajadores basan sus reclamos en los “premios” a que, sostienen, han sido acreedores algunos de los involucrados en el caso de medicina nuclear, en primer lugar señalan a Héctor Aguirre Gas, quien a pesar de ser el responsable principal del hospital y con “gran parte de culpa y responsabilidad” en el desastre en el que trabajaba la Unidad de Medicina Nuclear, fue “premiado” con la dirección de las Unidades Médicas de Atención Especializada en Salud (UMAES) -hospitales de tercer nivel-.
Felipe Gordon Barabejzyk está encargado de la dirección general del Hospital de Especialidades, paradójicamente, íntimo amigo y socio de José Rodrigo Muñoz Olvera, el jefe de la Unidad de Medicina Nuclear al momento del atentado y, presuntamente, estaría utilizando el encargo para realizar “la labor de limpieza a sus triquiñuelas”.
Los trabajadores sospechan también de una complicidad entre Raúl Ortiz Magaña, titular del ININ y la pareja Muñoz Olvera y Gordon Barabejzyk, pues señalan que la actitud sospechosa del ININ y la tardanza para emitir resultados, podría encubrir situaciones de mayor gravedad en Medicina Nuclear.
Como remate, señalan que el Instituto protege el “robo” de materiales radiactivos y una oscura relación de negocios de Muñoz Olvera y Gordon Barabejzyk con la empresa trasnacional Syncor. Como indicio señalan que se investiguen las compras del IMSS a la empresa, y su relación con los “apoyos” incondicionales de Syncor de México a los médicos nucleares a través de dádivas para la realización de congresos, viajes al extranjero y computadoras.
SUCIAS VERDADES
Lo cierto es que la poderosa Comisión de Valores de los Estados Unidos recientemente acusó a Syncor de recurrir a prácticas de soborno a través de regalías para incrementar sus ventas y, aunque se reservó los nombres, mencionó que se encontraban involucrados médicos mexicanos.
Otra cosa cierta es que a finales de enero, Héctor Aguirre Gas dejó la dirección del Hospital de Especialidades y que Felipe Gordon asumió el mando de manera “provisional” ya que le correspondía “debido a su posición jerárquica”.
Buscados por Imagen Médica, Syncor de México, Aguirre Gas y Gordon Barabejzyk, declinaron realizar cualquier comentario.
En entrevista con Imagen Médica, Roberto Andraca González, secretario general de la sección 34 del sindicato dijo, para contestar a las acusaciones, “tengo una carta de agradecimiento por parte de los trabajadores del servicio, en la que me dan las gracias por la intervención que hicimos de su caso, porque fue un caso muy difícil que no se compara a ningún otro problema, porque sí hubo algunas situaciones de los directivos como la falta de precaución y casi por lo regular esto siempre se rompe por lo más delgado, que es el trabajador”.
Y en efecto, Andraca González entregó a Imagen Médica copia de la carta de agradecimiento, sólo que, no es de los trabajadores de Medicina Nuclear, sino de algunos del Laboratorio Central (LC).
Por cierto que, según testimonios de trabajadores del LC, Noemí Castillo -la jefa del laboratorio- fue separada de su cargo por la “prepotencia y hostigamiento” que ejercía hacia el personal de laboratorio y por “irregularidades” que le encontraron, pero, a pesar de durar mes y medio “fuera”, regresó con el apoyo de Roberto Andraca, situación por la que Aguirre Gas se molestó, pero no pudo hacer nada.
Así, la carta a que hizo referencia Andraca González habría sido signada por los “incondicionales” de Noemí Castillo.
“No hubo ninguna rescisión de contrato, no hubo notas de demérito y ahí tenemos la carta de agradecimiento”, remarcó Andraca González en su defensa. Además, sostuvo que como sindicato platicaron con Salvaguardias, con medicina nuclear a nivel nacional y con el Instituto, para ver el caso de la “posible” contaminación.
Agregó que sigue todavía la investigación de la Procuraduría General de la República y que laboralmente, “participamos en la investigación para que no se les fincara responsabilidad a mis compañeros, porque los acusaban de haber vertido alguna sustancia radiactiva como salió en los periódicos y afortunadamente laboralmente no procedió.”
Andraca González aceptó que acudieron al llamado de los trabajadores “hasta que nos lo hicieron de manera oficial” y que no acudió antes, “porque sólo eran rumores lo que había salido en los periódicos”.
— Pero hasta la fecha no se abre este servicio, y parece que al Instituto ni al sindicato les interesa el derechohabiente, ¿qué es lo que esta pasando?, ¿hasta donde llega la responsabilidad del jefe del área y del director del hospital? Se le preguntó.
— Derivado de la investigación de los sucesos le pusieron una serie de disposiciones al Instituto para volver a abrir el servicio, entre otros, mayor seguridad y hacer algunas mejoras al servicio. Hasta que esto no esté bien preestablecido no se va a poder echar a andar el servicio, porque estaríamos atentando contra el propio derechohabiente y contra los trabajadores, por eso no se ha abierto, no es que no le interese al Instituto.
Aquí yo nada más diría una cosa, a mí lo que me interesa es el derechohabiente porque es nuestra fuente de trabajo conjuntamente con los trabajadores, pero aquí cada quien es responsable de sus propios hecho, y tan es así, que como lo podrán ver ustedes podemos hablar de los trabajadores, pero el responsable de esto es el director de la unidad porque de una u otra manera el debe de estar al tanto de todos los servicios: y ya no está el director.
— Pero sigue el jefe del servicio.
— Sí, pero a mí ya no me tocaría meterme más de lleno. Se está haciendo la investigación con la PGR y con el propio Instituto y si ellos son responsables van a tener que pagar también sus consecuencias.
— ¿Se refiere a Muñoz Olvera o a Héctor Aguirre Gas?
— A Aguirre Gas.
— Hasta donde sabemos él no se fue por ese motivo, sino a dirigir a las UMAES, ¿o no?
— . Me reservo mi opinión.
— Son ya casi dos meses sin servicio, ¿cuándo se tiene contemplado abrirlo?
— Yo tengo entendido que mientras se remodela, y que sería máximo en un mes y medio o dos. Cuando estén las adecuaciones, tendremos que ir nosotros antes de que se abra el servicio para supervisar si verdaderamente están en posibilidades para funcionar, porque no quiero poner en riesgo otra vez a mis compañeros.
— ¿Cómo lo catalogó el sindicato?, ¿cómo un atentado?, ¿cómo qué?
— Pues sí es un atentado, pero no tenemos el sustento de quién haya sido, o sea, esta es una situación bastante grave, y a mí sí me gustaría que se llegara hasta al fondo por la PGR y si hay algún responsable, que se le finque toda la responsabilidad porque esto no puede estar sucediendo con nosotros en el sector salud, este es un atentado bastante delicado.
— ¿Felipe Gordon está ahorita como director?
— No, está como encargado. Por la jerarquía que tenía como subdirector, está encargado de la dirección del hospital.
— ¿Esperan algún nombramiento pronto?
— La gente que quiso concursar para este puesto entregó ya su documentación y esperamos la respuesta del dictamen de nivel central. Ya pidieron la documentación para ver quien puede ser el más apto para llevar el hospital, yo creo, insignia del Seguro Social.
POCA CLARIDAD
Imagen Médica pudo consultar diversos documentos en los que constan los informes de Héctor Aguirre Gas, director del Hospital de Especialidades al momento del atentado y de René Guerra Parra, jefe de Prestaciones Médicas de la Delegación 3 Suroeste del IMSS en el Distrito Federal.
De acuerdo con los documentos se pueden reconstruir con precisión los pasos que siguieron los directivos a raíz del atentado y su actuación a veces insólita y sospechosa.
Por ejemplo, que fue el 26 de noviembre de 2002 el día en que la doctora Diana Ménez Díaz y el residente Carlos Vizcaino Magaña avisaron a José Rodrigo Muñoz Olvera que estaban contaminados con I-131.
Al día siguiente, 27 de noviembre, Muñoz Olvera avisó a la licenciada Flor J. Morales, subdirectora administrativa de la Delegación lo acontecido y, un día después, y a la “hora de los cobardes” -las 0:33 horas del 28- Muñoz Olvera presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal una denuncia de “hechos en grado consumado” a la que recayó el número de averiguación CUH-8T2/4805/02-11.
El mismo 28 de noviembre Aguirre Gas informó -a través de un informe circunstanciado- de todos los sucesos al licenciado Jerónimo A. Salazar Estrada, titular delegacional de Servicios Jurídicos del IMSS, y el 29 de noviembre, declaró ante la licenciada Guadalupe Sánchez Jiménez, titular del área de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la CNSNS.
Y diciembre no fue menos intenso. En efecto, el 2 de diciembre la CNSNS realizó la primera diligencia de inspección, y el 3, emitió la cédula HT-1 a los contaminados, con el objeto de calificar un probable riesgo de trabajo.
El 4 de diciembre Comisión e Instituto acordaron levantar una minuta de trabajo y la CNSNS ordenó a Aguirre Gas implantar acciones inmediatas. Destacan entre otras:
— Controlar en forma estricta la recepción, distribución y manejo de material radiactivo; implementar mecanismos de control; retirar al POE al que se le determinó la incorporación de I-131; dotar de dosímetro al personal a quien le falte; implementar un control estricto en los desechos radiactivos; continuar con el monitoreo radiológico y proceder a descontaminar toda la Unidad de Medicina Nuclear.
El 6 de diciembre la CNSNS realizó la segunda diligencia de inspección y, cuatro días después, el físico Mardonio Jiménez Rojas, jefe del Departamento de Supervisión Operativa de la CNSNS, inició el dictamen de inspección AOO.231/687/2002 mediante el cual se decretó la suspensión de la licencia AOO.200/0577/2001 concedida al Hospital de Especialidades para el uso de medicina nuclear con diagnóstico y tratamiento.
El 12 de diciembre se realizó la tercera diligencia de la CNSNS y decidió clausurar las instalaciones mediante la colocación de sellos. El 13 de diciembre Aguirre Gas entabló contacto con el ININ y acudió a una reunión a las instalaciones del mismo el 16 de diciembre.
El 17 de diciembre, Aguirre Gas solicitó autorización a la CNSNS para que el ININ realizara las labores de descontaminación radiactiva y, el mismo día, José Ángel Benítez Salinas, técnico del ININ, acudió al área contaminada a realizar un levantamiento de niveles de radiación y a cotizar al Hospital de Especialidades el costo de la limpieza.
El 19 de diciembre el ININ cotizó al Hospital y el 20 Aguirre Gas solicitó permiso a la CNSNS para que el ININ procediera a la descontaminación. Finalmente, el 23 de diciembre la CNSNS permitió la entrada del ININ, que se repitió los días 26 y 27 y concluyó el 28.
El 27 de diciembre y a través de un escueto comunicado, la PGR informó que la PGJDF le turnó la averiguación previa inicial y que seguía, bajo la averiguación previa 3840/DDF/2002, la probable comisión de ilícitos en el Hospital de Especialidades.
EL TIEMPO PASA
Las dos primeras semanas de enero fueron de un hermético y sospechoso silencio por parte del ININ, lo que retrasó en gran medida la apertura de la unidad. Pero la CNSNS no aguantó tanto tiempo y a falta del informe del ININ, el 13 de enero verificó la descontaminación. No quedó satisfecha, pues todavía encontró elevados niveles de radiación.
El 16 de enero de 2003 el ININ por fin rindió el esperado informe y de manera grotesca destacó que aun existían 11 puntos de superficies en donde los niveles de radiación continuaban siendo mayores a 500 cpm, y recomendó que se dejara decaer 15 días más, para que los valores fueran de 1.85 Bq/cm2, a pesar de que afirmó que las labores de descontaminación se realizaron bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-1994.
En pocas palabras, coinciden especialistas en seguridad nuclear consultados por Imagen Médica, “la CNSNS encontró un verdadero foco de contaminación y el ININ cobró por un trabajo que no realizó.”
Y no hay para cuando abrir, pues de acuerdo con la visión de Guerra Parra, va para largo: “cuando las áreas estén libres de contaminación y la CNSNS apruebe el manual del servicio, se procederá a la ejecución del plan para la solventación de las anomalías detectadas que generaron la suspensión de la licencia”, dice en la parte final de su informe.
De acuerdo con los testimonios de trabajadores de Medicina Nuclear, todo el personal de la unidad, así como los jefes y directivos involucrados, han acudido a rendir su declaración a la PGR y no saben para cuando se tendrán resultados.
Para Juan Eibenschutz, director de la CNSNS la cosa también es simple, pues asegura que la apertura de las instalaciones “no depende de nosotros y aunque nos dijeron que a ellos les urgía mucho, les contestamos que eso ya dependía del Instituto Mexicano del Seguro Social.”
Con información de Jani Luna González
