Y Santiago Levy Algazi lo encubre.
Las guarderías subrogadas no sólo son un buen negocio para los concesionarios, sino también para las direcciones de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La relación entre concesionario e instituto se rige por dos elementos inseparables: el soborno y el cohecho, es decir, simple y llana corrupción.
La corrupción nace desde el momento mismo en que se da la concesión, pues no es gratis. Según testimonios en poder del reportero, dos concesionarios que obtuvieron la autorización para operar sus guarderías a finales de 2001, tuvieron que “gratificar” al personal de Prestaciones Económicas con sumas de 300 y 400 mil pesos respectivamente.
Ambas guarderías “cuidan” a cerca de 200 niños cada una y obtienen ingresos cercanos al medio millón de pesos mensuales. Y no es todo, pues son visitados con cierta frecuencia por personal de Prestaciones quienes les exigen, para pasar “pequeños detalles”, sumas de dinero que oscilan entre 10 y 50 mil pesos de acuerdo “al tamaño” de la supuesta irregularidad.
Surge y se da así una perversa y vitalicia relación que llega al grado de catalogarse como “normal.” El modus operandi es complejo y se inicia desde las primeras visitas de los inspectores que “checan” los planos de las futuras instalaciones y presume que la repartición alcanza elevados niveles en el IMSS.
Y aunque la gran mayoría de los concesionarios tienen miedo de denunciar ante el Instituto la corrupción que impera por el temor a perder su concesión y su inversión -que en casos supera los dos millones de pesos-, hay quienes sí se han atrevido.
Es el caso de María Guadalupe Zepeda Mesina, concesionaria de una guardería subrogada en Colima, quien al verse extorsionada por el mismo jefe de Prestaciones Económicas en la entidad, denunció el caso ante la delegada María Concepción Sevilla Gutiérrez, quien de manera grotesca no inició la investigación correspondiente, además de que ocultó la información de la denuncia.
SUCIA HISTORIA
Es cierto, la historia de la denuncia hasta hoy en la impunidad, es sucia.
Comenzó documentada el 17 de abril de 2002, cuando Zepeda Mesinas denunció ante la delegada Sevilla Gutiérrez la presunta extorsión a la que el jefe de Prestaciones Económicas, Faustino Paredes Delgado la quiso someter, para ello le entregó, aparte del escrito de denuncia, un “CD” con una grabación con datos sobre la presunta extorsión.
De acuerdo con información en poder de Imagen Médica, Paredes Delgado solicitó a la denunciante 40 mil pesos “para no asentar en el acta de visita las observaciones encontradas” en la visita de revisión a la guardería.
Y lo que es más, le dijo que la cantidad sería entregada como “donativo”, al Patronato de Damas Voluntarias del IMSS Colima, organismo en el que su esposa funge como presidenta honoraria.
Pero Sevilla Gutiérrez no actuó, sino que ocultó la información. Sin embargo, no contaba con que Zepeda Mesinas había presentado la denuncia también ante la Contraloría Interna del IMSS en Colima.
De acuerdo con documentos enviados a Imagen Médica por trabajadores del Instituto en Colima, la Contraloría detectó irregularidades de la titular de la Delegación María Concepción Sevilla Gutiérrez, entre otras, que “omitió informar” a la Contraloría Interna en Colima, así como que “omitio remitir” al órgano Interno de Control “la denuncia y la grabación de la quejosa”.
Según la Contraloría Interna, de esos elementos “se desprenden presuntas irregularidades cometidas por Faustino Paredes Delgado, jefe de Prestaciones Sociales, servidor público que le solicitó una cooperación para el Patronato de Damas Voluntarias del Instituto Mexicano del Seguro Social en Colima, por la cantidad de 40 mil pesos; situación de la cual ya tenia conocimiento.”
Los documentos señalan que la delegada también omitió entregar la denuncia y la grabación al jefe de Servicios Jurídicos, “para que tales elementos formaran parte de la investigación realizada en el Departamento de Relaciones Contractuales, ya que en la misma se determinó aplicar a Faustino Paredes Delgado treinta notas de demérito, no obstante que su conducta se consideró de naturaleza grave, por lo que procedía rescindir su contrato de trabajo.”
Así la historia y “dada la gravedad de las irregularidades detectadas”, el 17 de septiembre de 2002, la Contraloría Interna decidió “suspender temporalmente” en sus funciones como servidora pública a la delegada Sevilla Gutiérrez.
La Contraloría baso su resolución “de conformidad” con lo dispuesto en el artículo 21 fracción V de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, “para el efecto de que se lleve con absoluta transparencia y conforme a derecho la conducción y seguimiento de las investigaciones relacionadas con la queja que nos ocupa.”
Dos meses después la impunidad se impuso, y es que, el 17 de noviembre y por “órdenes” directas de Santiago Levy, Sevilla Gutiérrez regresó a su puesto como blanca paloma y como si nada hubiera pasado.
