Monterrey, Nuevo León. México.
En julio de 2003, la Dirección de Investigaciones Especiales de la Secretaría de la Función Pública (SFP), se “coordinó” con la Delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Nuevo León, con el objeto de realizar un operativo para capturar en flagrancia a Juan Antonio Faz Apodaca, entonces como hoy, titular de la Jefatura de Servicios Administrativos del IMSS en Nuevo León. “Operativo Tigre”, le llamaron.
Bajo la mira de la SFP también figuraban Gerardo Uriarte Saldaña jefe del Departamento de Servicios Generales, y Nazario López Millán, jefe del Departamento de Conservación.
Pero el “Operativo Tigre” fracasó debido al “desistimiento” de la denuncia presentada por un empresario, la misma que dio origen a las pesquisas, y que daba el cuerpo legal a la operación.
Según el expediente integrado por la SFP -copia en poder de Imagen Médica- las investigaciones previas arrojaron datos que suponían que, en efecto, los funcionarios involucrados exigían a los proveedores “cantidades de dinero a cambio de verse favorecidos en el pago oportuno de sus servicios o por la venta al instituto de sus servicios o con compras de asignación directa”.
Además, que compraban “de un 20 a un 30 por ciento más caro” y que sólo a 20 o 23 proveedores -de 120- se les compraron bienes o servicios de manera directa por 18 millones, de los 20 ejercidos en total en un año.
De los documentos se desprende que luego de conocer “de manera muy amplia y detallada el procedimiento del operativo que se llevaría a cabo”, al empresario “se le percibió sumamente nervioso”, y terminó por desistir de su denuncia, a pesar del apoyo que el contralor interno del IMSS Nuevo León le manifestó.
El día anterior al desistimiento, el 21 de julio de 2003, los agentes de Investigaciones Especiales de la SFP entraron en contacto con la Delegación de la PRG para “adelantar pormenores del operativo”, ese día, los agentes ubicaron los domicilios de “los servidores públicos implicados en la queja”.
Detalla el informe rendido a la SFP en México: “No se encontró al C. delegado Lic. Ernesto García Guerrero, por lo que nos entrevistamos con el C. Secretario particular Lic. Conrrado Marroquí Torres, a quien se le manifestó la razón de nuestra visita, brindando este todo el apoyo a nuestro operativo; acto seguido nos invitó a pasar con el C. Subdelegado Lic. Aniceto Samuel Santiago Vera, quien a su vez dispuso de un Ministerio Público Federal de confianza, quien nos acompañaría en el operativo, y llevaría el caso”.
En la “ficha técnica” de Faz Apodaca, integrada al expediente, se cuenta que es originario de Mexicali, Baja California, y que se graduó como Licenciado en Derecho; que en 1992 estuvo adscrito a la Interpol México, y que un año después se desempeñó como Ministerio Público Federal en la Delegación General Metropolitana de la PGR. Luego, en 1994, pasó a ser primer comandante de la Policía Judicial Federal Antridrogas, adscrito al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En la ficha se destaca también que Faz Apodaca realizó sus estudios de derecho en la UNAM “junto con Sergio A Sotomayor Reyes, jefe de Servicios Generales; Luis Guillermo Ibarra Ponce de León, director de Administración, Organización y Calidad (compadre); Omar Fayad Meneses, diputado federal”.
SIGUE SIENDO EL REY
De acuerdo con testimonios de proveedores del IMSS en Nuevo León, el delegado Manuel Castillo Magallón “encabeza una de las peores mafias que se han apoderado del instituto en la entidad”, y sostienen que “lo ha sumido en niveles de corrupción nunca antes vistos”.
Asegurada la reserva de sus nombres, nuestros testigos acusan que Castillo Magallón goza de impunidad y que presume de “poderosos vínculos en las más altas esferas del gobierno federal”. Cuentan que se siente “intocable” tras haber trabado “una estrecha relación con Santiago Levy, a quien todavía le rinde honores”.
Lo cierto es que para la Delegación del IMSS en Nuevo León, Santiago Levy sigue siendo el rey. A más de tres meses de haber sido cesado vergonzosamente, Levy sigue apareciendo en la página de internet de la delegación como director general de la institución.
Aunque la “ficha técnica” de Castillo Magallón no aparece en el expediente del “Operativo Tigre”, se comenta que varias instancias federales “le siguen la pista por separado”. El que si aparece, es Gerardo Uriarte Saldaña, que salió del IMSS Nuevo León hace como dos años, y en cuya ficha técnica se destaca que “fue inhabilitado por irregularidades en Aduanas, recibiendo apoyo jurídico para resolver su caso y apoyado por áreas centrales del IMSS para su reinstalación”.
Y es que Uriarte Saldaña fue jefe de Operación Aduanera en las aduanas de Aguascalientes, San Luis Potosí, y Zacatecas, de enero de 2000 a marzo de 2001, justo cuando Faz Apodaca fungió como administrador, en la Aduana de Aguascalientes.
Aunque no es mencionado como funcionario del IMSS, ni fue relacionado en la denuncia del empresario que se desistió, existe en el expediente la ficha técnica de una persona identificada como Salomón Faz Sánchez.
Los datos son sorprendentes. Dice que es líder de la Unión de Productores de Algodón en Sonora, y que fue presidente de la Comisión Nacional de Legisladores, A.C. y diputado federal en tiempos de José López Portillo, además de exdirigente de la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios.
Narra la ficha: “Caborca, Sonora, tierra ganadera, fue electrificada en los tiempos en que López Portillo era director de la Comisión Federal de Electricidad. Los dirigentes agrícolas de la región, comandados por Salomón Faz Sánchez lo destaparon como candidato presidencial. En recompensa, López Portillo impuso a Faz como diputado federal y como presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios, una de las ramas del partido gobernante.
“Faz gozaba de su cercanía con el presidente, que se tradujo en impunidad para sus delitos. En 1984, la Confederación Campesina Independiente lo acusó ante la policía de que compró tierras a latifundistas al doble de su valor y con dinero de la nación, explotó a campesinos de Caborca, y además, abrió las puertas al narcotráfico. Al año siguiente, se descubrió que durante los últimos cinco años, el traficante de drogas Caro Quintero había convertido a Caborca en su centro de operaciones…”.
Según la ficha, un funcionario de la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA), que solicitó guardar el anonimato porque realiza una investigación encubierta en ese sector, relató que participó en el operativo al rancho “El Búfalo”, en 1983 y cuando se decomisaron toneladas y toneladas de mariguana a Caro Quintero. “En realidad -dice el agente de la DEA-, eran dos ranchos donde se sembró el enervante: “El Pocito” y “El Vaquero”, pero le pusieron “El Búfalo” porque así llamaban a quien les consiguió las tierras, Salomón Faz Sánchez”.
