Gustavo Leal F.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
Departamento de Atención a la Salud
Area de Investigación en Salud y Sociedad
Una pregunta estratégica
¿Por dónde podemos avanzar responsablemente en los retos que plantea la seguridad social del México actual?
Apenas hace unos días, volvimos a escuchar la tercera versión del apocalíptico mensaje de Santiago Levy quién, en su Informe sobre la Situación Financiera del IMSS 2004, sostiene que el Régimen de Jubilaciones y Pensiones sangra los recursos para los derechohabientes.
No se queda atrás el tecnócrata Eduardo Sojo quién, usurpando la voz de la Convención Nacional Hacendaria y reproduciendo el insostenible mensaje de Levy, la obliga a comunicar que la “solución” al sistema “nacional” de pensiones radica en un sistema de cuentas individuales y pensión mínima garantizada: “solución” responsable del actual desfinanciamiento crónico del IMSS, del todo atribuible a la modificación de la Ley 1973 impuesta por Zedillo al Instituto en 1995.
Por si no fuera suficiente, engrosando su ya larguísmo rosario declarativo, Benjamín González Roaro acaba de agregarale, en Aguscalientes, un eslabón más: el ISSSTE es como un “paciente en estado crítico”, dijo. Por tanto, es “urgente” reformarlo.
Y en este marco, el asunto también presenta un perfil trágico-cómico: ahora resulta que la Nacional Financiera de foxismo -a cargo de Mario Laborín-, entidad que pensionó a José Angel Gurría y a Oscar Espinoza Villareal, reconoce que “como el IMSS y el ISSSTE” tiene “problemas estructurales con las pensiones, pues el gasto en jubilaciones representa 72 por ciento del gasto de los activos”. Lamentablemente, hay que aclarar, esos problemas de Nafinsa, no son “problemas estructurales”. Aquí y en China tienen otro nombre: se llaman influyentismo y corrupción.
No resulta casual que la UNT advierta con claridad que los grupos parlamentarios de algunos partidos políticos, están involucrados en una negociación con el gobierno de Fox para definir una sola política de pensiones, aprobar una aplicación del 4 por ciento de IVA en alimentos y medicinas, así como sancionar la reforma laboral de Abascal. Ante este cuadro, enfatizaron, vamos a “pelear con todo. Nos movilizaremos”.
Hay pues que celebrar que un partido político, en este caso Convergencia, se ocupe del asunto. Y hay que continuar ubicando el marco en que podemos responder a la pregunta que acabo de plantear.
¿Por dónde podemos avanzar responsablemente en los retos que plantea la seguridad social del México actual?
Empezaré delineando ese marco y terminaré ofreciéndoles un cuadro mínimo de las cuatro grandes convergencias para enfrentar esa responsabilidad.
Marco: un gran fraude llamado foxismo “social”
Después de más de tres años y medio de no “cambio” hay que esperar que el debate político sobre la seguridad social que los mexicanos queremos en el siglo XXI, encuentre otros caminos.
Dibujaré algunas convergencias mínimas para esas políticas que, a diferencia de las actuales, sean incluyentes y atiendan las necesidades nacionales. Requerimos que esas políticas superen la lectura meramente financiera en que las ha encerrado el gobierno del “cambio”.
Es un hecho que la composición del Congreso con que ha “trabajado” Fox, no ha dejado satisfecho a casi nadie. Pero mucho de lo que no ha funcionado en las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, guarda directa relación con la calidad de las iniciativas que le ha remitido el primero.
Para el caso particular de las políticas de que aquí me ocuparé, existen dos ejemplos del todo pertinentes.
Me refiero, en primer término, a las dos derrotas de la reforma fiscal del foxismo. Y debe decirse lo mismo de la así llamada propuesta “elbiazul”, rechazada en el 2003 por la propia Comisión de Hacienda y Crédito Público y que nunca llegó al Pleno del Congreso.
En segundo lugar, quiero destacar la iniciativa de reforma financiera del sector salud para “legalizar” el Seguro Popular de Julio Frenk.
En los dos casos se advierten algunas constantes.
Uno. El foxismo (y hablo especialmente de Ramón Muñoz –jefe de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental y de Eduardo Sojo – coordinador de Políticas Públicas de la misma Presidencia) pareciera ir justo en contra de todas las recomendaciones para diseñar buenas políticas públicas.
Para decirlo popularmente, en los dos casos mencionados se fueron estricta y literalmente “por la libre”, acallando las voces que animan la arena de esas políticas y que deberían haber representado –sobre todo porque se trataba de un supuesto gobierno del “cambio” – su punto de partida obligado y casi natural.
Dos. Otra gran constante consiste en la completa falta de sensibilidad político-social hacia aquellos que, tal vez un tanto ingenuamente, votaron por un gobierno de la “alternancia” que, hasta ahora, sólo ha intentado devolverles los mismos o peores servicios, pero pidiéndoles pagar más por ellos.
La administración foxista del “cambio” ha refrendado alegremente el proverbial “no gastemos más” como gobierno, pero ha enfatizado la posibilidad de agregar a su favor todos aquellos ingresos extras que la “sociedad civil” –interesadamente “intelegida” por Marta Sahagún- pudiera “estar dispuesta a complementar”, con vistas a cumplir la “adecuada” inversión en “capital humano”. Es también el caso de la Lotería Nacional.
Y todo esto sin entrar a examinar que, cuando como candidato triunfante a la Presidencia de la República de la Alianza por el Cambio, Fox tuvo la gran oportunidad de asestar un “golpe de timón” a las políticas que, en la arena de la salud y la seguridad social, habían “articulado” los últimos 18 años del tardopriísmo, pero a cambio no dudó en nombra –como corazón de su gabinetazo sectorial- a connotados operadores de las administraciones previas, como Frenk, Levy y González Roaro.
Desde ese momento, quedó absolutamente claro que a cambio del “cambio” y traicionando el mandato que recibió el 2 de julio de 2000, Fox había optado por consolidar el cuadro de “reformas” continuistas que le heredó Zedillo.
Afortunadamente, todo gobierno cumple un ciclo y el del foxismo ya ha quemado poco más de la mitad de su tiempo de “innovación”.
Es urgente despertar un debate serio sobre el futuro de la política de salud y seguridad social en el México del siglo XXI.
El pronunciamiento de la CONAGO del pasado 9 de julio en Valle de Bravo, podría representar un punto de partida siempre y cuando asuma que los primeros consultados deben ser los trabajadores dueños de las pensiones sobre las cuales se pretende legislar.
Para ello –siguiendo al profesor Lindblom1– enuncio las siguientes cuatro convergencias previas, en beneficio de toda la sociedad, que pueden facilitar y ordenar los términos de la empresa.
Cuatro grandes convergencias
Primera: la búsqueda imparcial del interés público
Para el acuerdo democrático es crucial que los diseños de la política de salud y seguridad social contengan la preocupación explícita y manifiesta de resumir los valores e intereses de todos sus miembros y no sólo de un segmento del conglomerado social.
A ello y a ninguna otra cosa alude el interés público. Toda vez que resulta difícil aceptar que exista algo así como un único interés público objetivo, los diseñadores de políticas deben estar dotados de una o varias versiones globales de los intereses de todos. En una palabra: deben poseer uno o muchos conceptos del bienestar de la sociedad, pero su principal responsabilidad es evitar la parcialidad y, simultáneamente, no soslayar ninguno de los valores e intereses legítimos.
Bajo el foxismo, el tecnocrático Programa Nacional de Salud 2001-2006 de Frenk, es buen ejemplo de lo que no debe hacerse en un diseño de políticas que procure la búsqueda imparcial del interés público.
Y debe decirse lo mismo tanto de los “apocalípticos”, Informes sobre la situación financiera del IMSS encargados por Levy, como de Una Propuesta de Reforma al ISSSTE, elaborada por la SHCP el 17 de junio de 2003.
Todos ellos son ejemplos palmarios de lo que no se debe hacer si de lo que se trata es de buscar imparcialmente el interés público.
Segunda: el empeño por diseñar políticas prácticas
Es responsabilidad del diseñador de políticas darles un formato social incluyente. Por su profesionalidad, él se encuentra obligado a estructurarlas como políticas para el aquí y el ahora, para que sean políticas prácticas capaces de obtener apoyo político, con el debido respeto de los valores de la sociedad y que encajen en otras políticas e instituciones existente.
Uno de los principales problemas de las iniciativas del foxismo en materia de salud y seguridad social es su incapacidad para ser incluyentes y que, justamente, encajen en las instituciones existentes.
Pruebas palpables de ello son la naturaleza enteramente financiero-mercantil del Seguro Popular de Frenk, las propuestas de copago en fármacos y elevación de cuotas para el IMSS que ha comunicado Levy en sus Informes, así como las alusiones del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, respecto a que la “reforma” del ISSSTE será una “reforma espejo” de la que se impuso al IMSS en 1995-97.
Tercera: satisfacer las necesidades de la gestión pública
Todos los decisores requieren estudios profesionales de políticas: desde el presidente y el secretario de Gobernación hasta los senadores, diputados, alcaldes, regidores, presidentes de comisiones, servidores públicos de alto nivel, líderes sindicales, ejecutivos de corporaciones, dirigentes de partidos políticos y jefes políticos. Es decir, todos los que toman decisiones.
Por tanto, los analistas no pueden limitarse a escribir unos para otros, ni a escribir en un lenguaje inadecuado, si es que pretenden que sus estudios tengan impacto. El reto consiste en emprender análisis que eduquen, iluminen y liberen a los decisores y a los ciudadanos por igual.
Ninguna de las piezas gubernamentales del foxismo vinculadas a las políticas de que me ocupo, cumplen siquiera pálidamente con estos requisitos. Saltando por sobre la sociedad, están hechas por y para tecnócratas: se agotan completamente en la lectura de esa minoría.
El rechazo a la modificación del RJP de los trabajadores del IMSS, sirve de oportuno ejemplo de aquello que nunca se debe hacer en materia de una buena, adecuada y pertinente comunicación técnico-política. Segmentos más que representativos de los congresistas que sabiamente rechazaron el Pacto RobertoVega Galina-Santiago Levy el pasado 12 de marzo, lo hicieron porque jamás recibieron una sola explicación transmisible de lo que Levy se ufanó en presumir como “pasivo contingente” y que, según él, pesa sobre una situación institucional “cada vez más insostenible”. El resultado está a la vista de todos.
Cuarta: ofrecer recomendaciones posibles
El estudio de políticas comienza por examinar un asunto político. A menudo implica una reformulación del problema y a veces requiere un estudio sobre las posibles soluciones. Pero, invariablemente, debe culminar en recomendaciones para los decisores.
No obstante, resulta también del todo frecuente escuchar la machacona queja de esos decisores respecto a la inutilidad de las recomendaciones y su reiterada demanda para que se los dote de nuevas orientaciones sobre su forma de pensar; para que se les garantice imaginación más que ingeniería social.
Justamente: imaginación para imprimirle sentido al mandato del cambio que recibió Fox es lo que ha faltado. Esa imaginación para los operadores del Sistema Nacional de Salud es lo que le ha faltado a la lectura meramente financiera de Frenk, Levy y González Roaro.
Concluyamos
Como en materia de la política de salud y seguridad social, el foxismo no porta más que continuidad, exagerando alarmistamente la exclusiva dimensión financiera de la política social, cabe esperar que los representantes populares –como Convergencia-, convoquen de inmediato a todos los involucrados en esas políticas a un gran debate nacional sobre el sistema de salud y seguridad social que requiere México para el siglo XX1; sobre cómo vertebrar una alternativa integral y nacional a todos los regímenes de pensiones públicos y privados que existen en México.
Los resultados de este debate deben ser el punto de partida de las decisiones que, buscando imparcialmente el interés público; diseñando políticas prácticas; satisfaciendo las necesidades de la gestión pública y ofreciendo recomendaciones posible, opte por trasladar al tablero ejecutivo, consensuado e incluyente, el nuevo gobierno democrático que surja de los comicios presidenciales del año 2006.
Sin el perfil emanado de ese gran debate nacional, las “soluciones” episódicas, como la que ahora quiere imponer al ISSSTE la SHCP, o Levy al IMSS, seguirán estando condenadas al más estruendoso de los fracasos.
A diferencia de la recientes declaraciones de Eduardo Sojo, coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, en la Convención Nacional Hacendaria, quiero resaltar que para lo que no hay tiempo y, por tanto, no puede demorarse más, es para la celebración de ese gran debate nacional que, hace apenas cuatro años, fue demandado al entonces candidato de la Alianza para el Cambio Vicente Fox y que, como en otras áreas de la administración pública, tampoco cumplió.
Para ese gran pendiente nacional, para ese, en efecto, no hay tiempo que quemar. Los partidos políticos, como Convergencia, tienen la palabra.
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1 “La investigación social para la elaboración de políticas: quién las necesita y para qué” (1994), Gestión y Política Pública, vol. III, núm. 2, segundo semestre.