En 2005, por primera vez en 13 años, el PIB agropecuario registró una caída: 1.5 por ciento. Aunque puede atribuirse a los huracanes: la socorrida conseja tecnócrata: lo malo llega de fuera, porque en lo doméstico “brilla” la “estabilidad”.
Pero el flujo de remesas demuestra lo contrario. Las que enviaron el año pasado cerca de 900 mil jornaleros agrícolas, representan el 70 por ciento del valor de la producción anual. La crisis del agro es estructural, no coyuntural: los frijoleros de Nayarit enfrentaron en 2005 una de las peores crisis del cultivo y los de Zacatecas, Durango y San Luis Potosí dejaron de cosechar 72 mil toneladas para mejorar el precio de venta. Ciertamente, por Stan, los cafeticultores orgánicos de Chiapas perdieron 60 mil sacos calculados en 7 MD y los plataneros, la mitad de su producción. El sorgo es, talvez, la excepción.
En este cuadro patético -donde la migración redujo la PEA rural de 7.2 a 6.4 millones de personas entre 2000 y 2005- la protección social traza también algunas pinceladas macabras. La continuidad foxista en las políticas del agro condujo a que horticultores y fruticultores enfrenten crecientes dificultades para cubrir al IMSS las cuotas de sus trabajadores eventuales. En Sonora, 65 mil de los 80 mil labriegos que laboran en sus campos, no cuentan con seguridad social; sólo 10 por ciento tiene servicio médico y en la costa de Hermosillo, Pesqueira y Carbó trabajan un número indeterminado de niños.
Ante esta realidad, no sorprende el reclamo de los senadores durante la comparecencia del director del IMSS, Fernando Flores (22/11/05). Para perredistas (Moreno Brizuela, Navarro), panistas (Xicotencatl) y priístas (Castro, Borrego, Michel), el mensaje fue idéntico: ¿qué hace el Instituto en la materia? A lo que Flores sólo respondió: “el tema es muy complicado”, aunque ofreció “darnos la última oportunidad de encontrar alguna solución inteligente”!
Tampoco sorprenden las críticas que enderezaron sobre el impacto de otra de las monumentales incompetencias del -finalmente despedido- Santiago Levy: la reforma a los labriegos del 12 de abril de 2005. Con ella, Levy propinó un brutal golpe al 16 por ciento de los 4 millones 700 mil trabajadores: su “plan de seguridad” -que sustituyendo el subsidio que les otorgaba el IMSS desde junio de 1998- propuso eliminarles guarderías y apoyos monetarios para embarazadas, así como subrogar a los patrones los servicios médicos, además de descontarles un 30 por ciento del salario para financiar su afiliación.
¿Cuál fue el “argumento”? Levy adujo que el IMSS no era solvente para mantener un subsidio que venció en junio de 2004. ¿Y porqué venció entonces? Por la fracasada reforma zedillista de 1995 que reconoce a los trabajadores del campo como sujetos de pleno derecho al régimen obligatorio -al estar sujetos a una relación laboral- aunque la tecnocracia zedillista haya demorado tres años para hacerla efectiva, vía un Decreto Presidencial -con vigencia de seis años- y los dejara, finalmente, en el limbo más de seis meses.
¿En que consistía ese “plan”? Como sostuvo cínicamente Levy: “acotando” la cobertura, se contempló cubrir retiro, invalidez y riesgos de trabajo a aquellos jornaleros con ocupación de al menos 27 semanas al año con un mismo patrón y reconociendo el pago de cuotas a partir de la estacionalidad agrícola. Y como era de esperarse, viniendo de Levy, la “reformita” resultó un fracaso redondo. Tanto así, que hasta Fernando Flores aguarda “la oportunidad de encontrar una solución inteligente”.
Pero, sorprendentemente, para José Antonio Alvarado, director de Incorporación y Recaudación de Levy -y que Flores mantiene a viento y marea en el cargo-, “contrario a las dudas que plantearon los senadores, el nuevo esquema de afiliación plantea alternativas novedosas para facilitar a los patrones los trámites”! ¿Y para los jornaleros? En su Informe a la 96 Asamblea (marzo), Flores apenas consignó el “desarrollo en la instrumentación de las Unidades Médicas Móviles para la Atención de la Salud a Trabajadores del Campo” (p.17) y la confirmación de la “manifestación de interés en la subrogación del servicio de ocho campos en las delegaciones de Baja California Sur, Coahuila y Sonora” (p.25). ¡Grandioso “avance”!
Además de sus oscuras responsabilidades en el controvertido Sistema Institucional de Afiliación, Recaudación y Fiscalización (SIAREFI) -otra fracasada “genialidad” de Levy bajo la modalidad de outsourcing– en materia de elusión y evasión, Alvarado también ha sido señalado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, de una posición institucional “muy laxa y hasta cómplice” sobre las empresas que le adeudan cuotas obrero-patronales. Sólo los ingenios deben al IMSS casi dos mil 300 MP -entre cuotas, actualización, recargos y multas-y el saldo de la cartera en mora sumó, a diciembre 2005, ¡17 mil 813 MP!
Y en efecto, por lo que toca a los labriegos, en enero de 2006 entró en vigor el Decreto Presidencial que otorga nuevas beneficios fiscales a favor de los patrones del campo. Y Fernando Flores se pavoneó de inmediato: “la afiliación pasó de 35 a 132 mil” (p.70) ¡Hurrá!
¡Vaya “nuevo” director del IMSS y vaya titular de Incorporación y Recaudación! Afortunadamente, su permanencia en el IMSS termina el 1 de diciembre. No así la indagación que, sobre la calidad de sus respectivas hojas de servicio, deberá ordenar de inmediato el gobierno entrante.
