Gustavo Leal Fernández
Por la naturaleza del diseño extraordinariamente centralista del Seguro Popular, para así racionar tecnocráticamente el paquete de “derechos” o “beneficios” que publicita (Catálogo Universal de Servicios Esenciales, CAUSES), el programa no mejoró el panorama sanitario. Esa naturaleza se expresa, además, en una operación programática crecientemente comprometida que no se resolverá sin ajustes profundos y de fondo al modelo federalista no funcional en curso. Se trata de un serio problema que deberá enfrentar, tarde que temprano, el equipo de Peña Nieto si de mejorar efectivamente el perfil de la salud de los mexicanos se tratara.
Con el pretexto de imponer nuevas obligaciones en materia de transparencia a estados y municipios, la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental sólo reforzará la naturaleza disfuncional de ese federalismo y operará como el garrote de la tecnocracia hacendaria frente al desafío que ya anticipan las tres arenas de conflicto entre la federación y los gobernadores: la disputa por los recursos, los programas y la definición de las políticas públicas.
Opacada por la reforma laboral y sin dejar de reconocer el severo problema de endeudamiento y corrupción en estados y municipios, muy poco se debatió que esta nueva Ley -violentando la división de poderes y desplazando a la Auditoría Superior de la Federación- solidifica la tiranía hacendaria al concentrar y centralizar, ahora, el ejercicio del gasto público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo que -en rigor- se trata de funciones establecidas para el Congreso de la Unión y las legislaturas locales (artículos 79 y 134 constitucionales).
Son los estados quienes animan la Federación. No a la inversa. El reto es preservar la coordinación federal sin aplastar la soberanía estatal. El federalismo centralista del Seguro Popular -diseñado por Julio Frenk y Francisco Gil Díaz- no respeta el principio madre de todo federalismo: un contrato voluntario entre iguales. Pisotea la soberanía sanitaria de los Estados y les impone, desde el centro, un cuadro racionado de morbi-mortalidad vía el paquete CAUSES.
Cuando, como bien aprecia Pablo Beramendi, en un verdadero federalismo se trata de garantizar gobiernos eficientes, evitando que ellos crezcan injustificadamente. Además de la pesada burocracia de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a las 32 Secretarías Estatales de Salud hay que sumar 32 oficinas burocráticas más denominadas Régimen Estatal de Protección Social en Salud! El federalismo del Seguro Popular impide gestionar descentralizadamente las necesidades propias a cada nivel territorial, coordinando esfuerzos entre partes soberanas.
En el largo plazo las ventajas del federalismo se palpan en que su claro diseño, justo en lo político y lo económico, se traduce en un compromiso permanente del nivel federal hacia un colectivo de entidades que se benefician por esa misma lógica federal y que rebasa sus soberanías particulares.
Como casos extremos, la fatal operación del Seguro Popular en Guerrero, Chiapas y Oaxaca muestra exactamente lo contrario: el injusto diseño federal devasta la producción de servicios. Políticamente no hay autonomía de las entidades, pues no participan en la formación de la voluntad del conjunto de la federación. Económicamente, la distribución de los costos y beneficios no es equilibrada. El mecanismo de seguro con que la federación debería redistribuir los recursos no llega a las entidades que más lo necesitan desde las más productivas.
El federalismo del Seguro Popular acusa las desigualdades entre las entidades del cuadro federal e incentiva que el conflicto sea cada vez más intenso. Este marco no cambiará con el arribo de Peña Nieto a la Presidencia de la República. El paisaje se agravará en cuanto los gobernadores presionen para garantizar “sus” recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 y “debatan” la orientación de las políticas públicas del gobierno entrante.
Hay que agregar la previsible imposición del sistema de seguridad social “universal”, que, hasta ahora, sólo contempla servirse del actual estado de cosas, sin enfrentar de raíz los desafíos que demanda la ciudadanía del Siglo XX1.
El gran pendiente de ese federalismo disfuncional es cuánto tardará la maduración en la gobernanza como para que la precisa definición de las competencias de la Federación alcancen la debida precisión constitucional, reservando a la soberanía de los Estados todas las restantes. Entre ellas, muy señaladamente, la de orientar su propia política de salud y seguridad social ajustada a sus perfiles demográficos y de morbi-mortalidad.
En ausencia de esta voluntad política seguirá imperando la tiranía fiscal hacendaria -ahora fortalecida con la Ley General de Contabilidad Gubernamental- así como el racionamiento tecnocrático de las prestaciones sanitarias que impone el Seguro Popular y sus programas afines: las 13 intervenciones del componente de salud del Programa PROGRESA-OPORTUNIDADES; las 284 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales (CAUSES), las 58 del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos (FPCGF) y las 131 del Seguro Médico Siglo XXI (antes para una Nueva Generación).
Como bien documentaron los gobernadores para el caso de la seguridad nacional de Peña Nieto: “nos parece muy acertada la regionalización de la estrategia y no llevar de manera generalizada problemas a donde no existen o no coinciden con otras latitudes, pero sí afinar con inteligencia y con estrategia cada una de estas en las regiones” (Reforma, 18.12.12)
En lo inmediato y mientras se reforman de raíz las reformas parches al IMSS e ISSSTE ¿sería ésta una ruta temporal para el Seguro Popular?
Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 28 de diciembre de 2012.
