Gustavo Leal Fernández
Ya desde 2006, frente al federalismo centralista del Seguro Popular diseñado por Julio Frenk y Francisco Gil Díaz -que Fox y Calderón publicitaron electoreramente sin pausa-, los trabajadores de la salud guerrerenses reclamaron que los servicios estatales fueran devueltos a la Federación. La demanda se había escuchado antes en Tlaxcala y Zacatecas. Después de Chiapas y Oaxaca, ahora explotan las anomalías con los recursos del Seguro Popular en el que fuera un estado “modelo”: el Tabasco de Granier.
La historia del más reciente avatar sanitario sureño, se agravó en 2008 y era ya insostenible en 2010.
Con 3 millones 300 mil habitantes, Guerrero se ubica entre los estados con más bajo índice de seguridad social. Dispone de 13 hospitales generales que operan deficientemente (estructura, equipo, personal), 2 hospitales materno-infantiles, ninguna instalación de tercer nivel y mil unidades de atención primaria en malas condiciones, atendidas por pasantes. Y aunque cuenta con los institutos estatales de cancerología y oftalmología (organismos públicos descentralizados), ellos son virtualmente inaccesibles a la mayoría de la población depauperada. La red no cumple con los estándares en atención de urgencias y nueve de los 13 hospitales generales rebasan la ocupación recomendada, mientras la atención de segundo nivel (cesáreas) se encuentra en nivel crítico.
En el principal hospital de Acapulco, el Donato G. Alarcón en Ciudad Renacimiento, escasean los medicamentos del cuadro básico y no sirven los elevadores. Falta de todo. Cuando no se descompone una caldera, no hay agua; las enfermeras piden jeringas al hospital del ISSSTE; no hay guantes, gasas, ropa, anestésicos ni antisépticos. El hospital se cae. Por falta de insumos dejaron de practicarse cirugías programadas. Desde 2008 al aparato de rayos X le falta una pieza. 80 pacientes son remitidos diariamente a un laboratorio privado que cobra 500 pesos por placa sencilla. Los técnicos atienden con un equipo portátil que no cumple la NOM: carece del dosímetro. Las nuevas mastografías no tienen revelador y licencia. Los servicios se suspenden.
Y sin embargo, Guerrero es una entidad con mayor afiliación al Seguro Popular: poco más de un millón dotados de un presupuesto de casi 4 mil MP del que poco beneficio obtienen sus “beneficiarios”: ocupa el primer lugar en muertes maternas -con los hospitales de Acapulco, Chilpancingo, Tlapa y Chilapa a la cabeza- además de malos tratos a los afiliados, desabasto crónico, infraestructura insuficiente y agudos conflictos con las contrataciones.
En mayo de 2010 el vocero del gobernador Zeferino Torreblanca admitió que, el Gobierno Federal no liberaba los recursos del Seguro Popular porque habían impuesto a los Estados “rigurosos” trámites para realizar la gestión. “No tenemos todavía los recursos, pero estamos trabajando con un remanente. La gente no se ha quedado sin el servicio”, remató.
Pero en marzo de 2011, mientras Calderón presumía sin tregua su fantástica cobertura “universal”, la prensa nacional difundió una extravagante foto donde el regidor del PVEM, Fernando Reina Iglesias, esquiaba a pie descalzo en la laguna Pie de la Cuesta arrastrado por un helicóptero de la SSA-Guerrero, adquirido dos años antes en 30MP para el traslado de pacientes ubicados en comunidades lejanas en extrema pobreza con recursos del Seguro Popular, pero que el Gobernador Torreblanca empleaba en giras.
Pocos días antes, Guerrero vivió otro extraño suceso: una cuadrilla de misteriosos incendiarios prendió fuego a los archivos del Seguro Popular que se encontraban, coincidentemente, en una oficina contigua a la Secretaria de Finanzas, a menos de un mes de que el Gobernador Torreblanca entregara el poder al expriísta, ahora perredista, Ángel Aguirre.
La ASF detectó desvío de recursos y presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Salud local: en 2008 subejercicio de 40 MP, en 2009 anomalías por 2 millones 500 mil pesos en bonos y compensaciones, además de medicamentos caducos, de lento o nulo movimiento, surtimiento en nivel crítico y aviadores. Se pagaron salarios a “comisionados” y otorgaron plazas de médico especialista a personal que no contaba con los requisitos. Durante el sexenio de Torreblanca fueron removidos del cargo dos secretarios y seis subsecretarios.
La propia Comisión Nacional de Protección Social en Salud -responsable federal del Seguro Popular-, reconoció en 2010 que la carencia de medicinas afectó a la mitad de los asegurados, aunque según la encuesta de satisfacción, 71 por ciento de los usuarios se dijo “satisfecho” con la entrega de fármacos.
Las quejas de los proveedores por motivos de incumplimiento se hicieron sonar. La Comisión tiene la obligación de transferir los recursos a las entidades trimestralmente, siempre que previamente reciba los documentos que acreditan que el gobierno del estado realizó su aportación para la operación de los servicios y aumentó el número de afiliados. En 2009, Guerrero cumplió esta disposición sólo hasta el segundo trimestre, por lo que las transferencias federales se redujeron en más de la mitad de lo previsto para ese año.
Al finalizar marzo de 2011 la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero aprobó por unanimidad solicitar a la ASF y a la Auditoría General del Estado que levantaran una investigación a la Secretaría de Salud local.
A pesar del desabasto crónico en las regiones más marginadas, en abril, la Secretaría local dio de baja más de una tonelada de medicinas del cuadro básico porque nunca salieron del almacén y caducaron.
Como Tabasco ¿puede celebrar Guerrero la cobertura “universal” panista?
Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez el sábado 5 de enero de 2013 en el periódico La Jornada.
