El 2 de agosto de 2000, Carolina Ocelot Roldán, secretaria del Interior y Propaganda; Laura Elena Santín Neria, representante sindical ante la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y Héctor Javier Guerrero Ontiveros, secretario de Conflictos, los tres, del Comité Ejecutivo Seccional de la sección XXXIV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), fueron destituidos y separados de sus cargos sindicales de manera brutal.
Y no fue a golpes, sino en una sesión de trabajo del seccional, en el auditorio “Eduardo Escárcega”, donde el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Raúl Edgardo Zuñiga Tufiño, leyó los cargos contra los tres acusados. Luego, Roberto Andraca González, secretario general de la sección, sometió a votación de los 45 integrantes de la sesión de trabajo denominada “pleno”, la suerte de los inculpados.
Fue así como en un juicio sumario y sucio, Andraca González proseguía con una costumbre sindical que, según nuestros testigos, se instauró en la época en que Antonio Rosado García fue secretario general del SNTSS y que se perfeccionó hasta llegar a extremos inauditos en el periodo de Fernando Rocha Larráinzar.
En pocas palabras, se cesaba y destituía a todo aquel que no seguía al pie de la letra las “instrucciones” del secretario general, así nomás, a secas. También resultaban condenados aquellos que, por desgracia, caían de la gracia del líder. Para colmo, el sindicato recurría a poderosas influencias en los tribunales laborales para “alargar” los procedimientos y “desalentar” a los inconformes.
Aun así, Imagen Médica ha dado cuenta de varios de estos procedimientos judiciales en los que a final de cuentas los trabajadores ganan porque les asiste la razón, sólo que, a veces, tardan años. Y, por si fuera poco, los abogados del sindicato acostumbran amedrentar a jueces y magistrados con el perverso argumento de la “autonomía sindical”, frecuentemente asociado a la “impunidad sindical”.
Fuentes sindicales consultadas por Imagen Médica, aseguran que Roberto Vega Galina, actual secretario general del SNTSS, se comprometió -al asumir el cargo en octubre pasado- ante los secretarios seccionales de todo el país a no entrometerse en sus procesos de selección interna -con lo que terminó con otra práctica- y los conminó a terminar con las sucias prácticas del cese fulminante y arbitrario de trabajadores, ya que, admitió, “crean división al interior del sindicato y proyectan una mala imagen de impunidad y autoritarismo hacia el exterior”.
En entrevista con Imagen Médica, Santín Neria, enfermera Jefe de Piso y Guerrero Ontiveros, médico Familiar, indican que los Estatutos del gremio tienen tal claridad, que no hay lugar para equivocaciones, y menos, aclaran, cuando se trata de destituciones.
Pero a pesar de la “claridad” de los Estatutos y de una primera resolución a su favor de la Junta Especial 9 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ambos fueron “atropellados” por el Poder Judicial de la Federación, Poder que, acusan, “violó en nuestro perjuicio estatutos y leyes”. “Todo”, concluyen.
Y es cierto, al menos así se desprende del expediente de casi 600 hojas -en poder de Imagen Médica-, que Santín Neria y Guerrero Ontiveros han acumulado a lo largo de 34 meses de “lucha en busca de la justicia”. Justicia que de manera insólita no sólo les negó, sino que revirtió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Por algo, el Poder Judicial está sumido en el descrédito ante la sociedad, y no tanto por las escandalosas pensiones y jugosas compensaciones que magistrados se autoasignan, ni por el sospechoso retraso que la Corte ha propiciado para impedir al Instituto Federal Electoral que esclarezca el caso del lavado de dinero de los “Amigos de Vicente Fox”, sino por historias como la de Santín Neria y Guerrero Ontiveros, que invitan a una profunda reflexión.
HISTORIA DE IMPUNIDAD
Cuentan Santín Neria y Guerrero Ontiveros, que para entender la historia de impunidad del Poder Judicial en su contra, debe quedar bien claro que el Estatuto del sindicato especifica como deben de ser los procesos de destitución de cualquier trabajador acusado de alguna irregularidad. Ellos, aclaran, fueron sometidos a la consideración de un “pleno” y nunca al Congreso o Consejo seccionales, con ello, aseguran, “hubo violaciones francas a diversos artículos de los Estatutos”.
Con esa herramienta y pocos días después de ser destituidos, demandaron al IMSS, al sindicato nacional y a su sección XXXIV ante la Junta Especial 9 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Así, bajo el proceso 1237/2000, el 11 de agosto de 2000, la 9 bis emplazó a los demandados a la Audiencia de Conciliación, Demanda, Excepciones Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. Con eso paso se inició su lucha.
Nueve meses después de un tortuoso proceso, el 8 de mayo de 2001, la 9 bis condenó a la sección XXXIV a “anular las destituciones de los actores a los cargos sindicales que venían desempeñando y consecuentemente que los restituya en los mismos., y consecuentemente, al cumplimiento de las Comisiones Sindicales que desempeñaban.”.
Pero en el resolutivo tercero, la 9 bis absolvió a la sección XXIV del pago de diversas prestaciones económicas que a manera de remuneraciones y aguinaldos, Santín Neria y Guerrero Ontiveros habían exigido. Además, en el quinto resolutivo, la 9 bis absolvió al IMSS de cualquier reclamo.
Inconformes con el resultado, en junio de 2001 solicitaron el “amparo y protección de la Justicia de la Unión” ante el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo. También lo hizo Roberto Andraca, secretario general de la sección XXXIV del sindicato.
Paradójicamente y de manera temeraria, el 14 de marzo de 2002 los magistrados del tribunal de referencia, Jorge Farrera Villalobos, Luz María Corona Magaña y Angélica Maricela Vega Margalli -en calidad de secretaria en “funciones de magistrada”-, y en la que fue ponente Corona Magaña, resolvieron “por unanimidad de votos”, “ampara y proteger” a la sección XXXIV con el manto de la “Justicia de la Unión”.
En la misma fecha, Corona Magaña, también como ponente y Vega Margalli impusieron su “mayoría de votos” sobre Farrera Villalobos, para negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los inconformes. Según la sentencia, Farrera Villalobos se pronunció por el sobreseimiento.
En pocas palabras, de un plumazo y bajo una interpretación al más o menos de las leyes y estatutos, los magistrados hicieron suyos los argumentos del sindicato y aplastaron literalmente a Santín Neria y a Guerrero Ontiveros.
Basada en la resolución del Colegiado, a la Junta 9 bis le fue fácil modificar su laudo. El 18 de abril de 2002, exoneró de toda culpa a la sección XXXIV y al IMSS.
No conformes, Santín Neria y Guerrero Ontiveros interpusieron ante el mismo Tribunal Colegiado, el 26 de febrero de 2003, un recurso de queja contra la 9 bis y los magistrados que les negaron el amparo. A la queja recayó el número QT 122/2003, que, el 3 de marzo, el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado, Manuel Juárez Molina, desechó “por notoriamente improcedente”. Sin embargo, convertido en juez y parte aceptó el recurso de queja por lo que hizo a la 9 bis.
Pero la historia se repitió, el 11 de abril de 2003, y por “unanimidad” de votos, el Segundo Tribunal integrado por los magistrados Juárez Molina, Corona Magaña y Farrera Villalobos, resolvieron declarar “infundado” el recurso de queja. Y Corona Magaña fungió, otra vez, como “ponente” del caso.
El 24 de abril, los inconformes interpusieron ante el Consejo de la Judicatura Federal una nueva queja. Llamada “administrativa”, a la queja recayó el número Q.A. 296/2003. En sus argumentos, Santín Neria y Guerrero Ontiveros consideraron que los magistrados Corona Magaña, Farrera Villalobos y Vega Margalli, al valorar los medios de prueba existentes, desatendieron “las reglas de la lógica y la experiencia para llegar al conocimiento real de los hechos”.
Para Mariano Azuela Güitrón, presidente del Consejo de la Judicatura fue simple concluir la inconformidad de los trabajadores del IMSS. Se advierte, consideró Azuela Güitrón el 29 de mayo último “que los promoventes, en esencia, controvierten las consideraciones de criterio jurídico sostenidas por los magistrados integrantes del órgano colegiado denunciado., cuestiones que no deben ser abordadas por este Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que si bien, a través del procedimiento administrativo que regula el artículo 132, de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, puede examinar las conductas irregulares atribuidas a los servidores públicos, previstas y sancionadas como causas de responsabilidad en la propia Ley Orgánica y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, también lo es que se encuentra impedido legalmente para analizar los fundamentos y consideraciones en que sustentan sus resoluciones los jueces de Distrito y magistrados de Circuito, pues al realizar una revisión de las actuaciones y en su caso establecer si fue o no jurídicamente correcto el criterio que sostuvieron los servidores públicos al emitir sus determinaciones, equivaldría a considerar a la queja administrativa como un recurso de tipo jurisdiccional en el que se llegaría a determinar si se comparte o no el criterio sustentado por los titulares de los diversos órganos jurisdiccionales, lo cual desvirtuaría su naturaleza, además de que en la especie, no se demuestra que los funcionarios judiciales de referencia, hubiesen incurrido en alguna conducta irregular, pues del escrito de cuenta no se advierte tal circunstancia”.
En esas condiciones, remató Azuela Güitrón, “lo procedente es desechar, por notoriamente improcedente, la queja”.
En otras palabras, no hay poder humano sobre la tierra, al menos en la mexicana, que pueda contrarrestar o contradecir “el criterio jurídico” de los magistrados de Circuito, seres humanos, al parecer, perfectos. Ni siquiera cuando por sentido común se ubican ante la presunción y sospecha de haber resuelto un caso de manera perversa.
COSA DE GATOS
De acuerdo con el expediente que han acumulado Laura Santín Neria y Héctor Guerrero Ontiveros, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado dieron por buenos los argumentos de la sección XXXIV y asumieron que prácticamente una sesión de trabajo, un Congreso y un Consejo son lo mismo.
— ¿Cómo consideran ustedes esta confusión, por llamarla así, entre lo que es un pleno de trabajo y un Congreso o Consejo por parte del Segundo Tribunal Colegiado? Se pregunta a Santín Neria y Guerrero Ontiveros en entrevista conjunta.
— Amañada -contestó Santín Neria-, que los magistrados no leen de fondo, y no están aplicando la norma jurídica. Cortan al Estatuto, ellos no pertenecen al sindicato, por lo que deben ser imparciales y aquí hubo parcialidad. También cortan la Ley Federal del Trabajo, la mencionan hasta donde les conviene, pero en las fracciones que nos favorecen, las eliminan totalmente. Entonces, es un proceso amañado, en el que se nos imputaron cargos que no se comprobaron.
En el expediente que se nos armó con simples copias fotostáticas, certifican hechos consumados de lo que constituía una queja, pero que no tiene la validez de una queja.
Guerrero Ontiveros abundó: Creo que no hay manera de confundir, podríamos hablar de una inexacta interpretación de los Estatutos, pero no podemos dar ese beneficio de la duda porque dentro del expediente laboral iban incluidas dos copias, dos juegos del Estatuto que no revisaron adecuadamente, porque ahí estaba todo bien planteado.
Además, la Junta Federal 9 bis ya había hecho una interpretación exacta del Estatuto, por eso el laudo salió favorable a nosotros en el sentido que anularan el dictamen de destitución. Entonces, no sé realmente a que se debió esta interpretación violatoria de los Estatutos, porque la ley es muy clara en el aspecto de que los Estatutos corren a cargo del sindicato, pero una vez elaborados y depositados ante la autoridad federal, deben de respetarlo.
— ¿Sospechan de algún tráfico de influencias en algún nivel para que el Tribunal Colegiado hubiera tomado esta determinación?
— El estatuto es bien claro, no había manera de equivocarse. Entre las gentes del Comité Ejecutivo Seccional han estado manifestando que un connotado laboralista que asesora al sindicato nacional intervino para que el amparo fuera favorable a la sección. Comentó Guerrero Ontiveros.
Laura Santín retomó: En La Jornada se escribió, el año pasado, lo que llaman el “fenómeno de la corrupción de los jueces de nuestro país”, desafortunadamente no hay manera de cómo comprobar esto. Nosotros nos hemos apegado a derecho, en nuestro caso, es simple comprobar que se trató de un acto de despojo, de violación a la norma estatutaria, a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución por parte del Comité Ejecutivo Seccional avalado por el Comité Ejecutivo Nacional que antecedió a Vega Galina, y que le están dando impunidad.
¿Cómo comprobarlo? Bueno, pues si ahora a los señores de transito les ponen cámaras, habría que poner una estrategia, no una, sino miles de estrategias para escoger el perfil de puestos que están ocupando los actuales magistrados y los actuales presidentes de las juntas.
A mí sí me queda muy metido esto de que nuestro representante, el de los trabajadores, sea muy amigo del presidente de la Junta 9 bis, se supone que es el representante del sindicato con Comisión Sindical y está ahí como representante de los trabajadores.
Hay mucha gente del CEN nacional metida en la Junta, son puestos que ya te dan un doble o triple trabajo, tres ingresos. Yo creo que con esto se pone en riesgo a nuestra organización, puesto a que si un grupo ajeno o que esté implicado con algún partido político o con algún gobierno que deseé desaparecer a los sindicatos, pues tomarían como ejemplo este tipo de actos para desconocer a nuestro propio sindicato.
Es el riesgo y el alto precio que vamos a pagar los sindicalizados por gente que aplica normas ficticias y manipula los procesos a un nivel de fondo. Comprobar la corrupción, pues seria que realmente el actual presidente Fox llevara los pantalones bien puestos y enfrentar eso, aunque también correría el riesgo de ser asesinado. ¿Cuánta gente no desaparece por ser justa y por impartir justicia?
— ¿La comprobación de esta corrupción podría ser el mismo laudo de la 9 bis, que el Tribunal Colegiado revocó?
— El problema es que ellos no quieren someterse a juicio, el mismo expediente les refutaría su planteamiento, es una lástima que el Poder Judicial, que es el encargado de establecer el Estado de Derecho y hacerlo prevalecer, con este tipo de decisiones desafortunadamente esté quebrantando el Estado de Derecho. Nosotros hemos tratado de apegarnos a derecho y de no tomar otro tipo de actitudes, pero esto deja en evidencia que la justicia en México es parcial y que se deja influir por el grupo de poder, respondió Guerrero.
— ¿Cómo interpretan la resolución de la queja por parte del Consejo de la Judicatura?
— Ya nos habían dicho muchos abogados que la Judicatura “es juez y parte, y que forman un mismo equipo”. Nos habían dicho “no van a tomar su caso, van a rechazarlo por todos los medios”.
Y sí, así como ahora en las pensiones que se acaban de auto otorgar los magistrados de la Judicatura, en el que ningún elemento de Poder Judicial es capaz de juzgarlos públicamente porque temen a las represarías. En ese tenor, ellos se cubren para que ningún futuro magistrado o ninguno de los que actualmente ejercen puedan juzgar su acción.
Para terminar con una frase coloquial diría lo que nos han dicho todos los abogados: “es inútil, ellos son como los gatos: se tapan la mierda los unos a los otros”.
Laura complementó: Al acudir a la Suprema Corte de Justicia, cuando llega una a hablar con algún secretario, con algunos de los magistrados, nos dicen que sí hay manera de impugnar todo esto, pero que eso lo veríamos en su buffet jurídico, entonces, ya quieren hacer el negocio de un hecho laboral.
Otra de las situaciones que no deja llegar a la democracia a nuestro país, es que desgraciadamente el presidente actual, panista, dejó bastante camada priísta en los ámbitos de impartición de justicia, en las juntas, en los magistrados. No hizo un cambio radical que debió de haber hecho de fondo y no asumió lo que se tenía que asumir para que realmente se corrija este tipo de compadrazgo y de arreglitos en lo oscurito.
Yo pienso que esto va a ir más allá, hay muchas acciones todavía por hacer, tanto aquí en el país, como en el exterior. Que quede como precedente, porque al rato, cualquier empresa extranjera va a violentar el Estado de Derecho de los trabajadores y vamos a seguir como en la época del Porfirismo: con las tiendas de raya y en la esclavitud total del trabajador.
LO QUE SIGUE
— ¿Qué es lo que sigue en el ámbito internacional en base a lo que han logrado aquí?
— El año pasado remitimos documentos a la OIT, y ya tuvimos respuesta. Ellos lamentan este tipo de hechos, porque hay una norma jurídica a nivel internacional que sí regula a los sindicatos y el cumplimiento y apego a sus estatutos, cosa que sí había sido violentada desde la época del doctor Rosado en nuestro sindicato.
El segundo paso fue enviar y remitir todo el expediente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, para que ellos intervengan en una investigación sobre nuestro proceso. Por desgracia, es necesario que este caso trascienda las fronteras y sea en el extranjero en donde se imparta justicia con la norma y el reglamento que rige el trabajo internacional.
Aquí los jueces discrepan, no están leyendo bien. Caemos a la parte cultural, en la que desgraciadamente en este país no se lee. Si los magistrados -que tienen supuestamente un alto nivel de conocimiento- no están leyendo, ni analizando, ni evaluando bien su trabajo, pues a donde vamos a ir como país. Dijo Laura Santín.
Seguimos en busca de la justicia -completó Guerrero-, México no es un país que esté aislado, México pertenece a un contexto internacional en que ha ratificado acuerdos en los que se obliga a cumplir con un marco legal internacional. Estamos tranquilos porque sabemos que tarde o temprano se tendrá que hacer justicia. Ahora que están muy en moda los derechos humanos y que se están pronunciando recientemente en la Comunidad Europea, pues yo creo que no se nos acaban las posibilidades.
Independientemente de la OIT y de la Corte Interamericana, hay otros foros en los que se pueden llevar nuestros casos, porque repito, no estamos aislados. Esos tiempos ya pasaron, ya no estamos en una dictadura, estamos en una incipiente democracia.
— ¿Han comentado con sus abogados o han pensado en la posibilidad de interponer alguna denuncia contra estos magistrados?
— Sí, contestó Laura y explicó: vamos a ir a fondo, vamos a ir con todo y contra todo. Vamos a realizar, en apego a derecho, tanto penal, civil o laboral, lo que se tenga que realizar.
De hecho, agradecemos en parte este despojo de nuestros cargos, porque nos hicieron crecer, nos hicieron fortalecer nuestros conocimientos para ayudar a los trabajadores y poder tocar otros escalones que no habían sido tocados. Esto también fue nuevo.
— ¿Algo que quisieran agregar?
— Hacer un llamado a todos los trabajadores de base, porque el único instrumento que tenemos ante las injusticias que se están dando en México, como a nivel mundial, es nuestro sindicato. Le sigo apostando a nuestra organización, ahorita fuimos nosotros, mañana o pasado, como ya lo había mencionado la compañera Laura, podría haber un grupo antagonista de los que tanto se cuida el Comité Ejecutivo Nacional, que hicieran alguna promoción amañada y tuviera una resolución por parte del Poder Judicial, como nos pasó, que dañara en forma definitiva a nuestra organización sindical, eso es lo que me preocupa.
Y llamar a todos los trabajadores a que no nos defiendan a nosotros, sino que defiendan su Estatuto, porque ahorita somos nosotros, pero mañana vamos a ser todos.
