En una semana, Humberto Moreira Valdés, gobernador electo de Coahuila, tomará formalmente las riendas de su estado y dará a conocer los nombres de los integrantes de su gabinete.
Coahuila fue invadido por el narco -con mayor facilidad- en el tristemente célebre sexenio de Eliseo Mendoza Berrueto, y desde entonces, llegó para quedarse. Basta revisar las hemerotecas, pero también observar cómo en épocas de crisis, algunos personajes empresariales y políticos, acrecentaron peculios sin correspondencia alguna con actividades productivas lícitas.
Incluso, se presume que desde temprano su sexenio el propio gobernador Enrique Martínez estaba en el ajo. Primero, su jefe de escoltas de precampaña apareció muerto por sobredosis de cocaína, y después, siguió con el mismo notario público, Raúl Praxedis García Elizondo, que usaron los narcotraficantes del grupo Aztlán, una ramificación del cártel del Golfo.
Hoy, el peligro de incorporar al nuevo gobierno a políticos ligados al narcotráfico, sigue. Entre los nombres que se barajan para figurar en las altas esferas del gobierno estatal, aparecen personajes con historias poco claras sobre el origen de sus fortunas, otros, ansían llegar al poder al lado de Moreira sólo para acrecentar sus negocios personales y familiares desde la legalidad de su nombramiento.
Igual están los que bajo investigaciones de la PGR -vigentes-, por lavado de dinero y delincuencia organizada, ven en el cobijo del gobierno una oportunidad más para continuar en la impunidad y, peor aún, los que buscan, paralelamente a la función del gobierno, el desarrollo de una actividad industrial que crece en Coahuila y particularmente con fuerza en la región de La Laguna: el narcotráfico.
El narco es imparable justo en el corazón de la Comarca: Gómez Palacio, Durango, y Torreón, Coahuila. Aunque ningún municipio escapa de sus tentáculos en uno y otro estado, en los que se encuentra dividida la región.
Para los lectores de Demócrata Norte de México, se traducen a continuación, íntegros, tres capítulos del libro “Los Capos”, de autoría del periodista Ricardo Ravelo y de reciente circulación en el mercado nacional bajo la firma de Plaza Janés.
En “Los Capos”, aparecen nombres de delincuentes ligados a personajes que amenazan con incrustarse al gobierno coahuilense de Humberto Moreira, quien tiene la obligación de combatir el flagelo que sus antecesores protegieron.
LA LAGUNA: PARAÍSO DE NARCOS
El cártel de Juárez perdió fuerza y eso se atribuye a dos circunstancias: la ejecución de Rodolfo Carrillo –que fracturó al grupo– y la detención de uno de los gatilleros más importantes de la organización: Arturo González Hernández, El Chaky. A este sujeto se atribuye gran parte de los asesinatos de personas y algunas de sus muertes tienen conexiones con los cuerpos enterrados en el rancho La Campana, en Ciudad Juárez, donde varios rivales del cártel de Juárez fueron asesinados y sepultados.
A esas fosas también iban a aparar personas ((levantadas)), o asesinadas por sus jefes por traicionar a la organización. Relatos de muertes están incluidos en el ((Maxiproceso)), que la PGR integró contra miembros del cártel de Juárez, en donde diversos testigos dan cuenta de cómo Vicente Carrillo –el más sanguinario de la familia– mataba a sus enemigos y luego ordenaba llevarlos a la fosa común. Se afirma que algunas personas fueron enterradas vivas tanto por Carrillo como por El Chaky.
Hasta antes de su detención, en abril de 2003, la PGR y el Ejercito lo buscó en Guerrero, Veracruz y Colima, pero su refugio era Gómez Palacio, Durango, lugar donde también tiene varias residencias su exjefe, Vicente Carrillo. González Hernández era el más importante protector de los Carrillo Fuentes. Se le temía por la crudeza de su violencia. Le gustaba ((entambar)) a sus víctimas o quemarlas sobre llantas, para no dejar huellas.
A González Hernández se le achacan los asesinatos de varios testigos protegidos que sirvieron a la PGR para conocer las entrañas del cártel de Juárez. En sus testimonios hablaron de más y, por ello, les costó la vida. Hablamos de Tomás Colsa McGregor, Jaime Olvera Olvera, Juan Carlos Ventura Moussong –hijo del investigador Florentino Ventura– y de los médicos que operaron a Amado carrillo Fuentes, cuyos cuerpos aparecieron perforados por las balas y metidos en tambos de gasolina, en la Autopista del Sol (que va de la Ciudad de México a Acapulco). También se hizo famoso porque le gustaba enredar a sus víctimas con alambres de púas, luego los metía al agua y les daba toques eléctricos.
Pieza importante del cártel de Juárez, Hernández González también era un excelente espía. Le gustaba –y se divertía– interviniendo los teléfonos de sus amigos y de las instituciones del gobierno. En 2002 era jefe de un grupo que realizaba espionaje en a Secretaría de la Defensa Nacional. Tan hábiles eran en sus tareas, que lograron ((colgarse)) de una oficina cercana a donde despachaba el secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega: de sus escuchas obtenían información sobre los operativos que haría el Ejército en contra de las organizaciones criminales y, en particular, del cártel de Juárez. La red fue descubierta en 2002.
En Gómez Palacio, Durango, González Hernández encontró el más cómodo de los refugios. Su padre, Arturo González Anguiano, fue colaborador de Carlos Herrera Araluce, cuando este fungió como alcalde de ese municipio, en la década de los setenta. Desde entonces existe la relación, la cual se estrechó a raíz de que Ernesto Herrera Ale, hijo de Herrera Araluce, se vinculó con González Hernández en sus actividades, a grado tal que le brindaba protección.
A partir de entonces, en al región las huellas del narcotráfico, el lavado de dinero y la narcopolítica fueron más evidentes. Algunas acciones de la PGR confirman que en esa región operan grupos bien organizados, principalmente del cártel de Juárez, que se movilizan bajo la protección de policías preventivos, agentes federales y estatales. Las movilizaciones policiacas tenían que ver con al persecución de El Chaky.
Pero González Hernández evadía a los grupos policiacos. El 13 de septiembre de 2002, un operativo del Ejército y de la PGR puso en evidencia al empresario lagunero Herrera Araluce, dueño de la compañía Chilchota –productora de quesos– al ser incautada una casa que era habitada por la familia Reza, suegros de su hijo Ernesto, y en la cual presuntamente se refugiaba González Hernández. El operativo estuvo a cargo de veinte elementos de la PJF y cuatro agentes del Ministerio Público Federal, quienes catearon y aseguraron la propiedad en la colonia residencial más importante de Gómez Palacio: Las Rosas. En la operación fue detenido Ernesto Herrera. Lo interrogaron y luego lo soltaron. Los agentes federales iban en busca de El Chaky. Ése era uno de los primeros operativos que se realizaban para capturarlo.
La Comarca Lagunera era –y lo es hasta la fecha– un territorio del cártel de Juárez. Esa región, que comprende municipios de Coahuila y Durango, fue de los primeros territorios en los que puso la mira, en los ochenta, Rafael Aguilar Guajardo. La Laguna tiene líneas de conexión con Chihuahua y con Texas.
La Laguna fue –y lo es– uno de los centros de lavado de dinero más importantes para el narcotráfico. A la sombra de los capitales ilícitos surgieron prósperos negocios, algunos vigentes, que reforzaron la endeble economía de la región. Torreón, Coahuila, fue el centro de esas operaciones.
Por supuesto, los hombres del poder de la región no son ajenos al narcotráfico. En la campaña política por la gubernatura de Coahuila, en 1999, apareció un personaje ligado al poderoso Raúl Sifuentes, quien fue secretario de Gobierno de Martínez. Se llamaba José Manuel Castro Prado, La Tripa, ligado al cártel de Colima. Sifuentes y Castro Prado se conocieron en la PGR, donde el primero fue director general de Averiguaciones Previas en la Ciudad de México.
Luego, cuando Raúl fue llamado por Enrique Martínez para dirigir su campaña política para la gubernatura, Sifuentes fue nombrado coordinador político en La Laguna, de donde es originario. En plena campaña proselitista, Raúl Sifuentes impuso como jefe de escoltas del candidato Enrique Martínez y Martínez a Castro Prado, quien en agosto de 1999, un mes antes de las elecciones, fue encontrado muerto en Torreón, por una sobredosis de cocaína, según el dictamen pericial. Al margen del examen toxicológico, que acreditó las causas de su muerte, su ropa estaba impregnada de droga. Luego de morir, el cadáver fue tirado cerca de un depósito de aceite en las inmediaciones de una planta trituradora de piedra, al oriente de Torreón.
Extrañamente, sobre la muerte del jefe de escoltas de Martínez la prensa guardó silencio y las autoridades de entonces, tanto locales como federales, nunca citaron a declarar al gobernador coahuilense ni a su coordinador de campaña, Raúl Sifuentes.
En La Laguna ha habido prosperidad y muertes. La pugna del cártel de Juárez –o lo que quedó de la organización– derivó en más persecuciones. Cobijado por la policía, González Hernández gozó de impunidad, lo que le permitió en los últimos cuatro años no salir de la zona. Ése fue su refugio. Allí tendió redes y complicidades.
Una de las piezas importantes que estaban a su servicio, desde las filas de la policía de Lerdo, Durango, era Isaías Castillo Luna, quien en julio del 2004 fue dado de baja cuando se hizo pública su relación con El Chaky. Pero la red es más amplia y sigue operando.
EL CHURRO
((Chingas a tu madre, te vamos a chingar a ti y toda su gente)), sentenciaba, sin destinatario aparente, al amenaza escrita sobre el papel blanco encima del pecho del coordinador de agentes del Ministerio Público Federal en La Laguna, Jesús Reyes Espino. La rúbrica de la pancarta decía: ((El Coss)), cabecilla del cártel del Golfo, quien lidera esa organización junto con Ezequiel Cárdenas Guillén, El Tony Tormenta.
En al Comarca Lagunera, Reyes Espino era todo un personaje. Exagente del Ministerio Público Federal y coordinador de investigadores del Ministerio de la Federación, Reyes Espino estaba ligado con el empresario Carlos Herrera. Su desaparición estuvo coordinada por un comando de cuando menos seis encapuchados, que en menos de dos minutos lo secuestraron. En Gómez Palacio dijeron: ((lo levantaron)). Así desaparecía El Churro.
Sin resistencia, rápido fue introducido a un vehículo cerrado color arena, el cual estaba resguardado por una camioneta tipo Ram, marca Chrysler, color blanco. Los verdugos se dieron tiempo para montar al coche Toyota Solari 2005, que tripulaba el funcionario. Esa misma noche, el auto fue encontrado en los linderos de los estados de Coahuila y Durango, justo en la colonia Benito Juárez, cerca del lugar donde más tarde tiraron el cuerpo.
Al interior del auto no había signos de violencia, el hallazgo de cincuenta mil pesos en efectivo hizo que se descartara la posibilidad de que el secuestro hubiera sido por motivos económicos. Su cadáver fue hallado envuelto en una cobija azul, entre matorrales de gobernadora y árboles de mezquite. Lo hallaron incidentalmente; aunque no hizo falta esconderlo: fue arrojado a escasos cien metros de la carretera que conduce al pueblo de Nazareno, municipio de Lerdo, Durango, a cuatrocientos metros del ejido Francisco Villa. Amarrado exageradamente con cinta canela, diez hiladas descubrían el tiempo que se tomaron los secuestradores para atar el fardo. Sólo las botas cafés escaparon de ser amordazadas. Eran vaqueras y de piel. Allí quedaron a la vera del matorral.
De hecho, los agentes del Ministerio Público no se molestaron en desatar las tres rehiladas de cinta canela que ataban la cabeza del funcionario asesinado. Sólo abrieron un poco la mortaja, a la altura del pecho. Las botas fueron tomadas como evidencia contundente para afirmar que al interior del bulto los restos correspondían a El Churro. La autopsia revelaría que fue estrangulado apenas veinticuatro horas después que lo ((levantaron)), probablemente después de que no resistió las torturas a las que fue sometido. El cuerpo de Jesús Reyes Espino presentó hematomas en todo el cuerpo, que fueron causados con objetos punzocortantes. Quizás aún con vida y consiente, le fueron quebrados los dedos de los pies con pinzas. Una a una, las falanges le fueron fracturadas. Tal vez desmayado por el dolor de las quebraduras y los golpes, los secuestradores lo envolvieron y lo amarraron con unas viejas cortinas hasta asfixiarlo. Relacionado con actividades oscuras, El Churro es una de las muertes que están vinculadas con los ajustes de cuentas de Osiel Cárdenas en La Laguna, territorio del cártel de Juárez.
EL JUEGO Y LA MUERTE
Los escándalos alrededor de la familia Herrera Ale –multimillonarios y de larga historia en Gómez Palacio, sobre todo por las andanzas del jerarca de la familia, Carlos Herrera Araluce– cobraron mayor relevancia en 2003, tras desatarse un pleito cuyo protagonista fue Juan José Esparragoza, El Azul. En dicho palenque se enfrentaron Carlos Manuel Herrera Ale, hijo de Herrera Araluce, y el famoso capo del cártel de Juárez.
Ubicado al nororiente de Gómez Palacio, el palenque forma parte de la expoferia del municipio, cuyo administrador es Gerardo Lozano, yerno de Carlos Herrera y esposo de la exalcaldesa Leticia Herrera. Según la investigación que realizó la PGR, la cual sigue vigente, Esparragoza llegó a la feria con unos quince pistoleros. Carlos Manuel iba escoltado por cuatro guardaespaldas y éstos estaban reforzados por varios elementos del grupo GORI, al mando de Arturo Gorena, actualmente prófugo de la justicia.
Allí, El Azul y Carlos Manuel hicieron una apuesta de un millón de dólares en una pelea de gallos (de acuerdo con versiones que circularon entonces por La Laguna). Carlos Manuel perdió la apuesta, pero se negó a pagar. Como consecuencia, Herrera y Esparragoza se hicieron de palabras y se salieron del palenque. Ya en el estacionamiento, Esparragoza golpeó a Carlos Manuel con la cacha de su pistola y lo amenazó de muerte: ((Chingas a tu madre tú y tu papá. No te mato porque valen madre. No es el millón de dólares, es la actitud)).