“Supervisando” estancias changarro de SEDESOL
Gustavo Leal Fernández
Después de la tragedia de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora no han faltado desenlaces que lamentar en las 9 mil 333 estancias changarro que opera SEDESOL, ahora al cargo de Rosario Robles.
Aunque el 5 de febrero de 2013 -celebrando el día de la Constitución- Enrique Peña Nieto invocó la urgencia de hacer efectivo el “interés superior de la niñez”, días antes había designado a la expanista Lía Limón -responsable del diseño del esquema changarro calderonista- como subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en SEGOB, asignándole al programa de SESESOL 3 mil 500 MP (2013) y 3 mil 441 MP (2014).
Pero si realmente se tratara del “derecho superior de la niñez”, el gobierno “eficaz” de Peña debería asumir como una de sus prioridades inmediatas el fortalecimiento del desarrollo psicomotor, tal y como se ejerce en los programas de las guarderías no subrogadas del IMSS e ISSSTE. Para ello debería reformar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (Ley 5 de junio, DOF 24.10.11) y su Reglamento (DOF 22.8.12) que “regula” a las guarderías subrogadas -por Levy-Molinar Horcasitas en el IMSS y Yunes en el ISSSTE- y todas las estancias changarro de SEDESOL.
El gran pendiente reposa en la calidad que se le ofrece a ese desarrollo psicomotor de los niños -0 a 5 años-; a los 13.5 millones que componen nuestra primera infancia.
Los hallazgos de la “supervisión” 2013 de algunas de las estancias de SEDESOL del GDF confirman los riesgos de ese modelo letal de prestación del servicio.
A pesar de la Ley que regula el funcionamiento y operación de los Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) (19.8.11, aún sin Reglamento), la secretaria de Educación capitalina, Mara Robles, comunicó que los centros que atienden a cerca de 12 mil niños de las comunidades más marginadas “quedarán bajo la tutela de las diferentes delegaciones y la capacitación de las docentes en manos de la secretaría del Trabajo” (La Jornada, 16.8.13). La Ley arrastra los mismos pendientes, en materia del desarrollo psicomotor, que la legislación federal 5 de junio y fue promovida por las, entonces legisladoras de la ALDF, Lía Limón y Alejandra Barrales.
Sixto Hoyos, Delegado de SEDESOL en el DF, anunció que “si se detectan riesgos, se procede directamente a la baja o cierre de la estancia, porque no podemos poner en riesgo a los niños” (Reforma, 26.11.13). Brigadas de supervisión integradas por personal de SEDESOL, así como de las Secretarías de Salud, Protección Civil y del DIF del gobierno capitalino, “verificaron” 609 estancias de SEDESOL en la Ciudad y que atienden a 19 mil 200 infantes, desde recién nacidos hasta 4 años.
Las supervisiones fueron aleatorias y verificaron salidas de emergencia, instalaciones eléctricas y la alimentación, entre otros. El DIF-DF estableció el Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia para “identificar y prevenir riesgos”. Sixto Hoyos anticipó que las estancias “son seguras y lo que se busca es obtener el Certificado de Protección Civil del gobierno capitalino”. Aunque se apresuró a reconocer “algunas operan en casas habitación, en dos o tres niveles, pero están claramente separadas del hogar”.
Las recomendaciones “más frecuentes” que recibieron los responsables de las estancias como resultado de la “verificación” consistieron en que deberían “tener sus salidas de emergencia despejadas y las puertas de pánico en óptimas condiciones”. Con aires de contundencia, un supervisor anónimo declaró que: “no se perciben riesgos estructurales”. Como las cargas de los extintores estaban vigentes, los detectores de humo funcionaban, los vidrios y ventanas contaban con películas de seguridad y las instalaciones eléctricas y de gas estaban en buenas condiciones, en efecto, “no se perciben”.
Empero, riesgos verdaderamente “estructurales” son los del desarrollo psicomotor. Aunque las legislaciones federales y locales condensan avances en materia de protección civil y derechos de los niños, persiste en ellas la indefinición para conciliar los modelos subrogados -que buscan rentabilidad abatiendo costos- con la garantía de calidad que brinda ese adecuado desarrollo psicomotor de los infantes. Por abatir costos, los subrogados comprometen la adquisición de funciones motoras, sensitivas, sensoriales, intelectuales y afectivas que integran ese desarrollo psicomotor en el período 0-5 años.
Y sobre ellos, la “supervisión” de SEDESOL ni siquiera se pronunció. ¿Qué mostraron las “cédulas informativas” sobre la atención de los niños con discapacidad? ¿Qué las que deberían haber documentado si las “asistentes contaban con la capacitación requerida para atenderlos”? ¿Dónde está la prueba de que las estancias changarro “supervisadas” atienden sólo al número de infantes para los que “tienen capacidad”? ¿Cómo fortalecer ese desarrollo psicomotor? De entrada, evitando la ambigüedad del secretario ejecutivo del CONEVAL, González Licona, para quién “hay que celebrar el papel de las estancias infantiles”, (La Jornada, 4.2.13).
El simulacro de SEDESOL en el DF demuestra que, como con Calderón, el “nuevo” PRI de Peña sólo activa otro programa electorero más, aunque profundamente riesgoso para la infancia. Son negocios peligrosos.
Sorprendentemente, a fines de 2013, el Senado reformó la Ley IMSS para que “dos o más patrones contraten servicios para el cuidado de los bebés de sus trabajadores”, subrogación que el SNTSS reprobó inmediatamente. ¿Después de 49 niños fallecidos y más de 100 lastimados de por vida en Hermosillo que siguen exigiendo justicia?
Redacción:
El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 7 de junio de 2014.
