Gustavo Leal Fernández
Con el triunfo del PRI el 1 de julio 2012, se corona también la agenda tecnocrática del seguro “universal”. Una agenda impuesta por grupos de interés y mediáticos, dado que las campañas no trataron el estado real en que se encuentran la salud y seguridad social. Su emergencia no guarda relación con las necesidades sentidas y expresadas del electorado: mejorar servicios y actualizar la canasta de prestaciones a la altura de su ciudadanía.
Ahora se buscará imponerlo legislativamente, vía un programa común PRI-PAN, exaltando las “ventajas” del “nuevo” sistema de protección social dotado de cuatro derechos “exigibles”, que conllevan una reforma fiscal “integral” generalizando el IVA -16 por ciento- a medicinas, alimentos, todos los bienes y servicios sin excepción.
Frente al reto de enfrentar a los potentados que se benefician del orden fiscal (regímenes especiales), la ruta sencilla para la tecnocracia peñista (Videgaray y Levy) consiste en homogeneizar el impuesto al consumo: IVA.
Además se buscará imponerlo de inmediato, vía conferencia parlamentaria entre ambas cámaras del Congreso de la Unión, incorporando dispositivos judiciales preventivos para nulificar -de entrada- recursos de amparo frente a la pérdida de derechos adquiridos, como los interpuestos por los trabajadores del apartado B frente a la “reforma” calderonista del ISSSTE (2007) y que acabaron por desfondarla (cfr. las declaraciones del ministro de la SCJN Sergio Valls, La Jornada, 9.6.2012).
El desenlace electoral confirma que la cadena de “reformas” sectoriales, iniciada por Guillermo Soberón con el “cambio estructural” de los ochenta y cerrada por Calderón con la “reforma”-ISSSTE, han empeorado el estado del asunto público. Cada eslabón representa un nuevo parche parcial, como el del Seguro Popular, reiteradamente presentado por el derrotado equipo panista de Josefina Vázquez Mota como un “sistema intermedio” (Székely, Nexos, mayo, 2112). El efecto agregado de toda la cadena configuró una salud y seguridad social inequitativa, incompleta, e ineficaz.
El empeño reformista -de casi 30 años- culmina con el mini-combo de seguridad social “universal” de Peña Nieto. Este minimalismo de la protección social se reduce a cuatro prestaciones “básicas”: atención médica “de calidad”, seguro de desempleo temporal, seguro contra riesgos de trabajo y pensión para la vejez.
¿Quién fabricó el “consenso”? El tecnócrata Santiago Levy (Nexos, 2009), después del fracaso de Progresa-Oportunidades y su desastroso desempeño como director general foxista del IMSS (2000-05).
¿Quién lo divulgo? Beltrones, Aguilar Camín, John Scott, Macario Schettino, Alejandro Villagómez, Cuauhtémoc Cárdenas, Rector Narro, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Instituto Mexicano para la Competitividad, Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (UNAM), Gerardo Esquivel, Mario Luis Fuentes, Consejo Coordinador Empresarial, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Coparmex, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, BID, Pedro Vázquez Colmenares, Miguel Székely, Federico Reyes Heroles entre otros.
El principal problema del “consenso” impuesto y su mini-combo es que aplicará una reforma fiscal “integral” (con IVA alzado) arropada en 4 de derechos “exigibles”, vinculada a una reforma laboral que precarizará el empleo y devastará la base de su financiamiento: las cuotas obrero patronales. La enésima “reforma” financiera de los últimos treinta años.
El mini combo jamás logrará mejorar servicios aunque sí achicará su composición, el horizonte de cobertura y los contenidos efectivos de la atención, a imagen y semejanza del Programa Progresa-Oportunidades, Seguro Popular y Seguro Médico para una Nueva Generación. Los cuatro reducidos soportes del mini combo ya anuncian el compactamiento de la canasta de prestaciones.
El segundo gran problema del “consenso” es la complejidad del financiamiento del mini-combo “universal”. Para operarlo se requeriría 6.5 por ciento del PIB, “del cual 1.8 se financiaría con la inversión actual, 3.4 con la generalización del IVA, entre el 1 y 1.2 por ciento con la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y entre 1.5 y 2 por ciento con el precio de gasolinas”, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Su tercer gran problema son los términos con que enfrentará el ajuste constitucional que supone la operación “universalizada” de los apartados A y B del artículo 123 para brindar servicios realmente portables: “los afectados centrales serían los sindicatos” del IMSS, ISSSTE, estatales, PEMEX, entre otros”, amenazó Federico Reyes Heroles (Reforma, 12.6.2012).
El cuarto gran problema del “consenso” es el de los “recursos humanos”: médicos, enfermeras, profesiones afines que, debiendo ser el actor principal y soporte prioritario de cualquier reforma (si de mejorar servicios se tratara, The Economist, 26.52012), representan un cosmos absolutamente ausente de la “universalidad” Peña-Levy. Los casi 800 mil profesionistas que se encargan de la producción diaria del servicio (IMSS-ISSSTE-SSA), no existen en el diseño del combo, por más que del presupuesto aprobado para 2012 se destinen casi 718 mil MP a las tres instituciones.
Hay que agregar, como advirtieran más de 40 organizaciones civiles competentes: “la voz de los pacientes nunca ha sido escuchada”. Es la hora del “acceso igualitario y sin discriminación” (La Jornada, 7.6.2012).
Con el triunfo del PRI, inicia la operación del “consenso” impuesto, mientras la población padece el deliberado abandono de una red envidiable que la tecnocracia priísta y panista se empeñaron en hundir, sin sustituirla con algo similar.
El electorado del 2012 recibirá del PRI de Peña Nieto, Levy y los grupos de interés y mediáticos que impusieron el “consenso”, justo lo contrario de lo que aguardó.
Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 7 de julio de 2012.
