Gustavo Leal Fernández
Al decir de Hedwing Lindner -socia de Arochi, Marroquín&Lindner- el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su siglas en inglés) se negocia en lo “oscurito” en materia del capítulo de protección intelectual. Con ello se están protegiendo intereses del sector farmacéutico -al disminuir requisitos formales para otorgar patentes, extenderles vigencia (más de 20 años), aceptar las periféricas o secundarias y rechazar la bioequivalencia- en “detrimento” del desarrollo pleno de la industria nacional.
Los “excesos” alarman puesto que “pareciera” que se pretenden patentar “métodos de tratamiento quirúrgico y diagnóstico”, lo que implica que “no se podrá operar a pacientes con metodologías que salven vidas y que ya hayan sido patentadas” advierte. Se desconoce a ciencia cierta “cuántos” son los capítulos del TPP “que ya tienen avances sustanciales”. Así que México, sentencia Lindner, estaría por firmar un contrato de adhesión “preacordado, sin haber negociado, ni defendido los intereses de los mexicanos, convirtiéndonos en simples receptores de bienes y servicios” (El Financiero, 16.8.12).
Hay quién estima que México tendrá que negociar el equivalente a 10 tratados comerciales a la vez cuando se materialice el ingreso al TPP.
¿Qué mercados buscan amparar con el TPP?
En primer término, el farmacéutico. Para la consultora IMS Health el mercado mexicano suma un costo anual de 14 mil MDD y los países de dónde se importa la mayor cantidad de productos son Canadá y Estados Unidos. Desde que México eliminó en 2008 el requisito a las firmas de tener planta en el país para expender sus artículos en el mercado nacional, las compras de medicamentos al exterior se triplicaron: 54 millones de productos en 2008 frente a 152 millones en 2011. Este incremento deriva también de que se han apresurado los permisos para compras externas de fármacos, insumos y dispositivos médicos.
Al decir del Comisionado de Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) Francisco Acosta Minquini, México gasta en promedio 28.3 por ciento en medicamentos, porcentaje superior al gasto promedio de 17 por ciento de los miembros de la OCDE: “los precios aún son altos”.
Según la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) el sector ocupa el segundo lugar en el sector industrial; ha crecido por encima del PIB (representa 1.2 por ciento) y la industria manufacturera (representa 7.2 por ciento), así como en su nivel de inversiones (160 mil MP entre 2007 y 2012), ventas (195 mil MP en 2012) y empleos (76 mil directos en 2009). Se aguarda que -para 2013- las exportaciones hacia Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Cuba crezcan 25 por ciento. Las inversiones incluyen las tres especialidades del sector: medicamentos para uso humano; dispositivos médicos y fármacos de uso veterinario.
Para Rafael Gual, director de la CANIFARMA, es claro que a pesar de que los laboratorios establecidos en México surten la mayor parte de los medicamentos que consumen los mexicanos, la balanza comercial 2011 fue deficitaria porque se importó más (4 mil 540 MD) de lo que se exportó (mil 773 MD). Frente a este cuadro, la alternativa de CANIFARMA consiste en impulsar nuevamente la fabricación de farmo-químicos en México.
Y es que hacia 1977, México producía 35 por ciento de ellos (o principios activos), situación que se preservó consistentemente hasta 1985. Diez años después todavía podía apreciarse que 94 firmas de farmo-químicos abastecían hasta el 67 por ciento de las necesidades nacionales, mientras el sector ostentaba un superávit anual cercano a los 40 MD.
La llegada del Tratado de Libre Comercio (TLC) alteró el panorama fortaleciendo la importación de insumos. El número de empresas disminuyó a 48 para surtir apenas el 55 por ciento de la demanda de la industria. Hoy día sólo sobreviven 20 fabricantes de principios activos (Reforma, 3.7.2012).
Por su parte, los laboratorios nacionales agrupados en la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) se oponen a la implementación del Acuerdo porque, al decir de su presidente -Ricardo Romay- “extenderá cinco años más las patentes de productos”, lo que frenaría la innovación, afectando a la “sociedad, instituciones públicas, laboratorios y distribuidores nacionales”. En su opinión, el gobierno estadounidense y sus multinacionales (Pfizer, Eli Lilly, MSD, Johnson&Johnson, Amgen) se encuentran “detrás de la adhesión de México al TPP ya que saldría beneficiadas con las modificaciones en materia de propiedad intelectual. Nos inconformaremos por canales legítimos” (El Financiero, 13.9.12).
Intención que confirmó el propio secretario de Economía, Bruno Ferrari, al confirmar que “se ha reunido” con las diferentes cámaras empresariales para “asegurar” que la opinión de los laboratorios nacionales se tomará en cuenta y “considerar prematuro hablar sobre el tiempo de ampliación de la protección intelectual de los medicamentos” (El Financiero, 14.9.12).
Ya desde los tiempos de Julio Frenk como secretario de Salud del foxismo se insistió reiteradamente en la conveniencia de respetar rigurosamente el sistema de patentes, aceptado por México con la adopción del TLC, salvaguardando así los intereses legítimos presentes en la arena de la política pública.
Pero ¿quién vela por la suerte de los pacientes y los intereses nacionales en materia de protección intelectual en las negociaciones -en curso- de ese Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica?
Redacción:
El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 10 de noviembre de 2012.
