Gustavo Leal Fernández
En consonancia con las últimas recomendaciones del FMI respecto al “costo” financiero de la longevidad, además de Enrique Peña Nieto y el Rector de la UNAM, José Narro Robles, quienes suscriben ese minimalismo de la protección social denominado sistema de seguridad social “universal” -financiado vía “impuestos generales” con IVA alzado a 16 por ciento y generalizado a fármacos, alimentos y servicios “sin excepción”- lo han arropado también un representativo grupo de voces e intereses, sin agregar absolutamente nada al núcleo tecnocrático de la propuesta de esta singular política “social”.
Cuauhtémoc Cárdenas. En su propuesta programática Un México para todos señala: “instrumentar una política social de derechos universales a la alimentación, educación, salud; llevar a cabo reformas de ley necesarias para hacer exigible ante el Estado el ejercicio de los derechos ya reconocidos en la Constitución al trabajo, a la salud; establecer un sistema de seguridad social universal (salud, pensión de retiro, seguro de desempleo), no vinculado a la condición laboral” (8.2.2012).
Centro de Estudios Espinosa Yglesias. En un reciente estudio elaborado por el príísta Jorge Chávez Presa y Fausto Hernández Trillo (CIDE), suscrito por Juan Pardiñas (IMCO) y el exdirector del IMSS Mario Luis Fuentes, entre otros, también se contempla “consolidar un solo sistema de protección social, más allá de la condición laboral de los beneficiarios” (11.3.2012).
Consorcio de Investigación Económica y Social (UNAM). “Establecer un sistema universal de salud y protección social que no dependa de tener empleo formal, financiado con impuestos generales” (24.3.2012).
Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (UNAM). La noción de protección social universal que se propone implica adecuar el esquema limitado de seguro social que México adoptó en los años cuarenta, restringido al trabajo formal y cuyos supuestos están siendo rebasados. Descansa en dos pilares: un sistema de salud pública de cobertura universal que se finque en un sistema público no fragmentado, de genuina cobertura universal y financiado a través de impuestos generales; y, un sistema de protección al ingreso de los individuos y las familias frente a los costos o la pérdida de ingresos provocados por eventos como maternidad, enfermedad, incapacidades, edad avanzada, viudez y orfandad bajo un esquema de prestaciones no vinculadas al trabajo formal y sustentada en impuestos generales” (27.3.2102).
Consejo Coordinador Empresarial. En sus Propuestas para un programa de gobierno, establece la existencia de “un sistema único de salud que se financie con impuestos generales al consumo y dejar de pagar las cuotas obrero-patronales, con lo que podría generarse más empleo (27.3.2012).
Para decirlo en el lenguaje de las preguntas a los candidatos presidenciales de algunos “intelectuales”: “Seguridad Social. ¿Estaría de acuerdo en transformar el sistema de seguridad social actual basado en el empleo formal en uno de protección social para todos los mexicanos, aunque implique aumentar los impuestos?” Héctor Aguilar Camín, 30.3.2012).
Hasta el momento, el tecnócrata Levy ha establecido con toda claridad el impacto impositivo: IVA generalizado, pero se resiste a detallar el catálogo preciso de prestaciones “universales” a que tendrían “derecho” los ciudadanos con capacidad de “exigibilidad”, como tanto gusta repetir Julio Frenk (Nexos, febrero, 2012; New York Times, 6.4.2012).
También es cierto que absolutamente ninguno de los entusiastas promotores del “sistema universal” le han aportado una coma a ese catálogo mínimo ofertado por Levy.
Como antes ya ocurriera con Vicente Fox y Julio Frenk (Seguro Popular) y después con Calderón (Seguro Médico para una Nueva Generación, SMNG), ahora el “sistema universal” de Peña-Levy busca exactamente el mismo racionamiento ya incorporados a los catálogos esenciales de esos fallidos programas, aunque por una ruta diferente.
Como las de los panistas que tanto cuestiona, la agenda de Peña-Levy nace por tanto vencida: ignora cómo mejorar servicios, ni cómo poner al día el cuadro de prestaciones del México del Siglo XXI. Peor aún: tampoco aspira a aprenderlo.
Bajísimo empleo de mala calidad, peores servicios y altos salarios para la alta burocracia institucional desde Fox (año 2000). Por ahí puede empezar el debate -no tecnocrático, de propuestas integrales sobre el futuro de la más extendida red de la seguridad social (IMSS-ISSSTE) y que ya debería estar dispuesta para la cabal atención de las mayorías nacionales.
Un auténtico debate sobre su futuro debe iniciar denunciado la naturaleza esencialmente tecnocrática de las propuestas priístas y panistas que han “reformado” la red con pésimos resultados, justamente por esa naturaleza tecnocrática.
El debate puede superar esas soluciones de salida única y postular para todos la urgencia de ampliar el contenido y la escala del “nuevo” universalismo en consonancia con los requerimientos socio-demográficos del Siglo, tal y como muestran las recientes reformas al ISSSFAM, única excepción a esas “reformas” tecnocráticas.
La propuesta Peña-Levy reproducido sin agregados por Narro y el referido listado de entusiastas promotores, se ubica completamente fuera de aquello que importa a los ciudadanos colmados de “derechos sociales universales”: en la meta intermedia del financiamiento y el racionamiento tecnocrático de las prestaciones que amparan las actuales legislaciones IMSS-ISSSTE y no en la meta final de todo Estado de Bienestar moderno: mejorar servicios y actualizar el cuadro de beneficios que a él corresponde.
Como las del FMI, la propuesta Peña-Levy y las de sus adherentes, carecen de cualquier humanismo, de perspectiva clínica y de cualquier estrategia para mejorar inmediatamente los servicios sin “reforma” financiera. El elector sabrá penalizarlas.
Redacción:
El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 14 de abril de 2012.
