Gustavo Leal Fernández
Finalmente, después de propagandizar sin pausa una reforma que, con un fondo único integrado con las bolsas del IMSS-ISSSTE y Seguro Popular impactaría en presuntas “mejoras” en la calidad de la atención a los pacientes gracias a la competencia entre prestadores plurales, la Secretaria Mercedes Juan ajustó a la baja su propuesta de salida.
El 25 de abril de 2014 sacrificó dos de sus más publicitados instrumentos: “no habrá fondo único, no van a desaparecer las cuotas obrero-patronales”, dijo, y las reformas fiscales “no dieron” para un solo paquete de impuestos generales que unificara la atención a la salud. Estas capitulaciones confirman que su reforma quedará comprimida a la creación de un “padrón único que impacte en la eficiencia del gasto y el ahorro de los recursos” y a degradar el “derecho” a la salud.
Coincidiendo con el ministro de la SCJN, José Ramón Cossío, para quién en el derecho a la salud “se debe pensar cómo se debe satisfacer, no en la retórica constitucional, sino en acciones concretas, para que nosotros, los juzgadores, lo entendamos y podamos saber qué podemos proteger, hasta dónde o cuáles son las condiciones reales de esa protección”, Mercedes Juan quiere una reforma” que necesariamente modifique el artículo 4 constitucional.
Con esta nueva base constitucional pretende introducir en IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR y PEMEX: 1) garantías “explícitas” (o paquetes básicos mínimos) que racionen las intervenciones de salud, ahora sujetas a condiciones “precisas para el acceso” a los servicios. 2) Homologar interinstitucionalmente protocolos de atención y tarifas para aplicar esa paquetería “explícita”. 3) Incrementar gradualmente la lista racionada de intervenciones ya como paquetes básicos “explícitos”. 4) Crear una “Procuraduría” que vigile y haga “exigibles” los paquetes mínimos “explícitos”. Además, asegurada su “independencia” respecto a todas las instituciones, esa “Procuraduría” dispondría de la facultad de “obligar” a cada una de ellas a prestar los servicios o “pagar en el caso de que no los puedan prestar o hacer un direccionamiento del paciente a un proveedor alterno” ¿privado? 5) Finalmente, integrar una Comisión Nacional de Salud Universal con todas las instituciones -más la Secretaría de Hacienda- con el encargo de ejecutar el racionamiento a paquetes básicos mínimos así como determinar costos y tarifas interinstitucionales (portabilidad).
Y para enfrentar la ola de negligencias que, ya con Peña Nieto, inundan al sector -que debería ser su prioridad principal- sólo ofrece una “instancia para la vigilancia de la calidad en los establecimientos”, ya contenida en las modificaciones a la Ley General de Salud (28.4.14), que recentralizan autoritariamente los recursos del Seguro Popular.
Intentando justificar esta degradación del “derecho” a la salud, Mercedes Juan se escuda en el planteamiento “conceptual” de la Organización Mundial de la Salud sobre la cobertura “universal” y que, según ella, suscribe el acceso a servicios “necesarios” destacando “el número de intervenciones que están cubiertas”. Y México, estima, “avanza” con el Seguro Popular “mediante la incorporación de cada vez más intervenciones”. Esta incorporación racionada la extiende, también, a la disponibilidad de “recursos humanos especializados y de infraestructura”.
Es decir: su reforma esquiva la más robusta demanda ciudadana: mejorar servicios ya!, ajustando el catálogo de prestaciones al alza: a la altura de lo que efectivamente requieren los ciudadanos del Siglo XXI. Por el contrario, su modificación constitucional aplana a la baja y raciona el acceso a la salud a servicios “necesarios” pero que, sin embargo, pretende promocionar, ahora, como derecho “exigible” degradado.
Su “universalidad” sanitaria es un mito. Resulta demagógico presentar como “universal” aquello que, de entrada, establece excepciones que niegan cobertura a todos. Lo que es consecuente con la sustitución que hizo Peña Nieto -en campaña- al evadir el debate sobre el estado real de la salud y la seguridad social después de 17 años de “reformas” fallidas (con la del Seguro Popular a la cabeza) por la ingenua propuesta minimalista de un anémico aunque ruidoso sistema de seguridad social “universal” fundado en tres derechos “exigibles”, para justificar “socialmente” el incremento de impuestos (IVA) de su reforma hacendaria, destinado a suturar el hoyo financiero que anticipa su reforma energética.
Por tanto, todos los grandes pendientes del asunto pensionario y los desafíos de la salud están en pié, aunque sustancialmente agravados. La bomba estallará en el próximo sexenio.
La naturaleza acotada de los derechos “exigibles” de la seguridad social mínima de Peña sustituye con “protección” social básica, la seguridad social integral vigente: Convenio signado por México con OIT (junio, 2013) para promover “pisos” de protección. La “reforma” de Mercedes Juan amenaza con imponer un tercer derecho “exigible”, tecnocráticamente racionado a paquetes básicos modificando el artículo 4 constitucional estableciendo, ahora, “al más alto nivel posible de salud” (CIDE) y una extravagante “Procuraduría” para “garantizarlo”.
Mercedes Juan replegará la actual atención médica integral de IMSS, ISSSTE SEDENA, SEMAR y PEMEX, achicando la responsabilidad estatal a “intervenciones garantizadas de manera explícita” como “nuevo” derecho constitucional degradado Lo que no cubra Peña deberán, ahora, cubrirlo los ciudadanos comprando seguros “complementarios”. El “nuevo” PRI impondrá una “universalidad” no universal.
Como observara el senador Fernando Mayans: la creación del Sistema de Salud Universal generará un fuerte debate ya que “el nuevo derecho como está concebido, como acceso efectivo a los servicios, hasta dónde el Estado se compromete a garantizar, contradice el principio sobre el cual se pretende erigir” (La Jornada, 26.4.13).
Redacción: El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 16 de agosto de 2014.
