Acción Urgente por la represión en el ex Casino de la Selva

Los detenidos son los siguientes: Ignacio Suárez Huape (ex Diputado del PRD), Samuel Jaramillo Salgado, Verónica Jaramillo Salgado, Armilfo Andrade Samuel Estela Ramos, Gabriel Rivas Ríos (ex Diputado del PRD), Omar Barrera Mandujano, Angel Arias, Francisca Rodríguez Ocampo, Flora Guerrero(ecologista) , Alberta Pacheco Sánchez, Lizbeth Terrones Pacheco, Sayra Yamina Terrones Pacheco, Ramiro Flores Solano, Miguel Angel Guerrero, Alberto Molina de la Cruz, Charles Pollard Goff, Pietro Ameglio Patella (Serpaj), Plácido Mariano Gerardo, Abraham Gordillo Jaimes, Hector Eduardo Leyva Olivo (17 años), Héctor Meza Camacho, Oscar Menéndez (cineasta), Jesús Kirkland Colín, Francisco Javier Téllez Segura, Luis Aguirre Mendoza, Adriana Mújica, Argüisofía Pérez Moreno, María Sofía Moreno Hompanera, Flor Monroy Román (15 años), Abril González Sotelo, María Vela Garduño, María Román Arroyo. Las lesiones que presentan al momento de su revisión médica son: contusiones severas en diversas partes del cuerpo, moretones, lesiones internas sobre todo en el estómago, traumatismo cervical. Estas lesiones fueron ocasionadas al momento de ser detenidos y posteriormente al ser trasladados, ya que fueron arrojados con violencia a los vehículos, golpeándolos con macanas y con la punta del pie. Dos mujeres de las detenidas fueron enviadas al hospital y al seguro social para ser atendidas de emergencia, ya que presentaban severas lesiones en el cuello (Adriana Mújica), producto de una llave tipo "quebradora" que le aplicó una policía, y parálisis en las piernas y en la espalda (Lizbeth Terrones) producto de golpes de macana en la parte baja de la columna vertebral. Cerca de las 10 de la noche fueron liberados dos menores de edad (Flor Monroy Román y Héctor Eduardo Leyva Olivo) de 15 y 17 años. Otro menor de edad (Plácido Mariano, de 17 años) no fue puesto en libertad bajo el pretexto de que no tenía a la mano su acta de nacimiento. Personas que no pertenecen al movimiento de defensa del ex Casino de la Selva y que pasaban casualmente por el lugar de la represión, también fueron detenidas, como la familia de Alberta Pacheco Sánchez, Lizbeth Terrones Pacheco y Sayra Yamina Terrones Pacheco. Asimismo, personas que se dedican a pepenar alimentos en el contenedor de basura ubicado cerca del lugar y tienen su domicilio en los Patios de la Estación, como Arnulfo Andrade Fernández y su esposa Estela Ramos, también fueron detenidos y permanecen recluidos, aún cuando su pequeño hijo de 2 años de edad padece ataques epilépticos y no se le ha podido suministrar la medicina requerida por su pequeña hermana de 10 años con quien se quedó en casa. Los detenidos fueron privados de su libertad y durante varias horas (hasta las 11:00 p.m.) se les impidió ir al baño y hacer llamadas telefónicas, hasta el momento en que una comisión del Frente Cívico y de la Comisión Independiente de Derechos Humanos tuvo acceso a los separos de la policía ministerial en donde se encontraban detenidos. Durante la noche y hasta las 6 de la madrugada, las y los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y un grupo de abogados de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, del PRD y particulares asistieron a los detenidos en su declaración preparatoria. Los delitos ponlos cuales se les acusa a los detenidos son los siguientes: Ataques a las vías de comunicación, resistencia de particulares, provocación a cometer un delito, asonada, motín y sabotaje. Estos delitos buscan criminalizar la protesta social que ha significado el hecho de que se hayan destruido los murales de artistas en el ex Casino de la Selva y la tala en curso de 500 árboles, lo que es un atentado a los patrimonios cultural, ecológico, histórico, arqueológico y socio-económico. Hemos interpuesto una queja ante la CEDH y solicitamos su apoyo para que envíen acciones urgentes al gobierno de Morelos, tanto al gobernador Sergio Estrada Cajigal como al presidente municipal José Raúl Hernández Avila, que fueron quienes ordenaron la represión de las policías ministerial y preventiva estatal y municipal, además de que han actuado al servicio de la trasnacional Costco-Comercial Mexicana al otorgar el permiso de construcción sin respetar los más elementales procedimientos como el estudio de impacto ambiental y las irregularidades que podrían prefigurar una operación fraudulenta al adquirir un predio en 10 millones de dólares cuando su valor comercial era de 60 millones de dólares y estaba en el IPAB (ex Fobaproa). Agradecemos que nos envíen copia de sus escritos de protesta al correo electrónico:
[email protected] o al tel y fax 017773185568.

El día ayer en horas de la tarde, integrantes del Consejo Ciudadano para la Cultura y las Artes en Morelos, A.C. y de Guardianes de los Árboles y el Frente Cívico, constituidos en defensa del patrimonio cultural y ambiental que alberga el predio conocido como Casino de la Selva, fueron violentamente reprimidos por cientos de granaderos y policías de Seguridad Pública del Estado de Morelos, dejando como saldo 33 personas detenidas y gran número de lesionados, muchos de los cuales aún se encuentran privados de libertad. Los hechos ocurrieron como respuesta a la manifestación pacífica que hicieron los miembros de las organizaciones mencionadas, todos vecinos de la Ciudad de Cuernavaca, cuando tuvieron conocimiento de que el pasado 20 de agosto del 2002, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, del Municipio Constitucional de Cuernavaca, Morelos, otorgó la licencia para la construcción del Centro Comercial Cost-Co en el Casino de la Selva, y de que al día siguiente la empresa comenzó la tala de árboles. La protesta expresada por las organizaciones morelenses logró que se suspendiera la deforestación no pudiendo salvar 5 árboles que ya fueron derribados. Cabe recordar que el 26 de junio recién pasado el Consejo Ciudadano presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue posibles delitos que contra el medio ambiente se estén cometiendo al otorgarse licencia para deforestar el inmueble; y junto con Guardianes de los Árboles y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) y la ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) para que se investiguen los actos que atenten contra la protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales, así como los realizados por servidores públicos involucrados en la enajenación del inmueble cuando perteneció a la Tesorería de la Federación. Otra acción promovida en la misma fecha por los organismos civiles mencionados fue la petición de medidas cautelares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de evitar que continuara la destrucción de las obras artísticas que aún subsisten en el inmueble y que constituyen patrimonio cultural propio de los vecinos de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, a pesar de que dichos recursos fueron presentados de manera formal, oportuna y en los términos establecidos por las leyes respectivas, hasta el momento no han producido resultado alguno. La PROFEPA, la SECODAM, la PGR y la CNDH se han limitado a realizar trámites formales carentes de eficacia, ya que por los hechos ocurridos, no tuvieron la capacidad de suspender las obras, a pesar de que oportunamente contaron con todos los elementos para hacerlo y abocarse a la investigación de los hechos. Tenemos conocimiento de que la licencia de construcción fue otorgada a pesar de que sobre el dictamen de impacto ambiental que le sirvió, pesaba un recurso de impugnación que obligaba a la autoridad a suspender el permiso de construcción hasta en tanto no se agotaran las investigaciones y se asegurara la debida protección al medio ambiente, los recursos naturales y el patrimonio cultural que son propios de los vecinos de la Ciudad de Cuernavaca. Los últimos acontecimientos ocurridos el día de ayer, en los que la libertad, integridad personal y libertad de expresión y reunión de gran número de personas fueron vulneradas como consecuencia de la falta de actuación de las autoridades. Como en otras historias similares ocurridas en nuestro país, a activistas políticos defensores del medio ambiente se les reprime y mediante el uso de la violencia, con falsas acusaciones y fabricación de delitos se les intimida tratando de impedirles el ejercicio de sus derechos humanos. Este caso demuestra también que en México, los negocios con la empresa Cost-Co Comercial Mexicana aún están por encima de la protección del medio ambiente y los derechos de las personas.
Edgar Cortez
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

La tarde de ayer, cuando trabajadores de Costco comenzaron a talar árboles en el Casino pese a la creciente oposición ciudadana, al menos 300 morelenses tomaron la decisión de cerrar el camino que cruza el Casino de la Selva para impedir que los motosierristas deforestaran la zona. En respuesta a esta protesta pacífica, alrededor de un centenar de policías armados amenazaron a los manifestantes y a golpes los retiraron del lugar. Como resultado de esta acción hay 20 hombres y 12 mujeres detenidos además de dos personas golpeadas. Greenpeace considera inadmisible que mientras el gobierno federal habla de cambio, en el estado de Morelos la ciudadanía preocupada por preservar su patrimonio ambiental y cultural sea víctima de violencia oficial. ¿Desde cuándo los intereses comerciales valen más que los derechos ciudadanos? ¿Desde cuándo la policía está al servicio de las empresas depredadoras y en contra de la ciudadanía? La violencia ejercida contra los integrantes del Frente Cívico Pro Casino de la Selva no afecta únicamente a los morelense, sino que representa una agresión para todas aquéllas personas y organizaciones que ejercen la crítica y que luchan por tener un país justo, limpio y menos desigual. Greenpeace demanda que se libere de manera inmediata a los ambientalistas detenidos, que se proteja el patrimonio cultural y ambiental del estado de Morelos, en particular el Casino de la Selva, y que el gobierno estatal, encabezado por el panista Sergio Estrada Cajigal, tome decisiones con base en el estado de derecho y tomando en consideración a la ciudadanía, que es a la que se debe. Si requiere más información, comunicarse con Cecilia Navarro a los teléfonos 8590-5645 o 044-55-5940-6033 o visitar la página www.greenpeace.org.mx.