Enrique Martínez trafica licencia de noria de Saltillo para instalarla en Ocampo

La ambición e ilegalidad de Enrique Martínez no tiene medida. Sin ética e incumplimiento de Ley, ahora el gobernador de Coahuila, trafica licencias de norias, violando la Legislación federal de aguas, pero también las leyes de responsabilidades de los servidores públicos, federal y estatal.
Aprovechando la gubernatura, Martínez obtuvo cuando menos 5 licencias de norias en el estado, en contubernio con las autoridades federales del panismo, entre ellos, Cristóbal Jaime Jaques, director general de la Comisión nacional del agua (CONAGUA) y el gerente regional de cuencas centrales del norte, Miguel Ángel Jurado Márquez, violación de la que deben responder.
Consta en documentos que Enrique Martínez es prototipo de abuso de poder. Un experto en conseguir favores privados de servidores públicos, como también de particulares. Así ha actuado en los últimos 30 años, desde cada uno de los puestos de la administración pública.
Auto considerado a la cabeza de los gobernadores y políticos que quieren “ la más grande del país” Martínez no pierde oportunidad para subrayar que el poder público significa concentración de privilegios; principalmente impunidad y acumulación de bienes al margen de la Ley.
Ahora, este pirata del pode público centra sus ataques en la endeble franja de Cuatrociégas – Ocampo en el centro norte del estado. Sin importarle las agresiones al medio ambiente, traficó – como gobernador – un permiso de succión de la zona hidrológica de Saltillo, con el número 06COA106/24ALGR00 para regar las seis mil ciento ochenta y cinco hectáreas, ochenta y cinco áreas y treinta y cinco centiáreas ( 6185-85-35 ) de praderas del Rocío, “ranchito” que posee en Ocampo.
La noria esilegal. Viola la Ley federal de aguas. El folio del Registro público de los derechos de agua ( REPDA ) número 06COA106/24ALGROO pertenece a la zona de la capital del estado. Sin embargo, buscando justificar la ilegalidad, la licencia aparece semioculta en el padrón de concesiones correspondiente al municipio de Ocampo, entreverada en un montón de folios de pozas municipales, destinadas a uso público.
Más: Desde que Martínez arribó a la gubernatura, obtuvo cinco licencias, la más reciente en el año 2003 con el número del REPDA 06COA112801/24EDGE03.
Si a Martínez y a su hermanita Irela la diputación federal de Enrique Martínez les produjeron 3 perforaciones, con la gubernatura lleva cinco; es decir, una por cada año de gobierno; acaparando entre ambos diez permisos.
Peor: Como si esto fuera poco, Martínez inyectó mayor presión a la zona protegida Ocampo-Cuatrociénegas. Azuzó a los estableros de LALA para que establecieran alfalfares en estos valles, principalmente en el Hundido.
Sumadas a estas infracciones de Ley,coinciden las denuncias de la Doctora Valeria Souza Saldívar, quien asienta el grave peligro de secar la zona de seguir el actual ritmo de extracción de agua; un absurdo que liquidaría el único lugar del mundo, donde los estromatolitos siguen desempeñando el proceso de formación de aminoácidos primigenios.
La voz de alerta es grave, sin embargo, los intereses creados por el plutócrata Martínez con los poderosos lecheros del grupo LALA son obstáculos difíciles de esquivar, más aun cuando el titular de la dependencia federal Cristóbal Jaime Jaques, fue asalariado del consorcio lechero.

Por Juan Monrreal López
 
 
Cuatrociégas, Coahuila,- Si efectivamente el país viviera en transición democrática, Enrique Martínez sería fuerte candidato a ser procesado por las agencias del Ministerio publico federal como del fuero común; independientemente de haber concluido su gestión. Los delitos cometidos- a pesar de ser presuntos en los marcos de Ley- se hallan comprobados.
Adorador de Pluto, Martínez ha ejercido el poder en Coahuila con abuso. Tráfico de influencias, nepotismo, contubernio, desvío de recursos públicos; son sólo algunas infracciones, violatorias de la Ley. De cada trasgresión, obtuvo beneficios particulares, pero también para su familia.
Complaciente con quienes ha servido, también corresponde a quienes le sirven. Por eso, mantiene un cartel de delincuentes sin sentencia en su gabinete, para evitar que sean enjuiciados;protegiéndolos con poder. Las pruebas de que muchos han delinquido y lucrado del poder público,son abundantes, existen evidencias duras.
Ese es el chiste del gobierno de Martínez. Estructurar una banda delictiva desde el poder con el propósito de coludirse como lo hacen las hermandades; sólo que la cosa pública rebasa con mucho el ámbito de la clandestinidad de los hampones civiles. Esto es lo peligroso de la metástasis delincuencial armada por Martínez y el secretario de gobierno Raúl Sifuentes Guerrero, en el aparato gubernamental coahuilense.
Son cuatro años de gobierno de Enrique Martínez, mismos que marcha fuera de la Ley. Igual desvíarecursos públicos, violenta planos reguladores de crecimiento urbano, lotifica ilegalmente; pero también construye panteones, urde obras de infraestructura urbana y rural para inyectar plusvalía a sus propiedades, y ahora, queda al descubierto el tráfico de norias en zona protegida, al margen de que por sí, es un trasgresión a la Ley federal de aguas.
Con estas referencias, no era de dudarse que Martínez exprimiera la gubernatura.
Siendo ya gobernador, colocó una extracciónilegal a su rancho agrícola- ganadero “ElRocío”de 6185-85-35hectáreas, ubicado en el municipio de Ocampo. Hace cuatro años, sin más, taladró para extraer cuando menos 240 000metros cúbicos del líquido anualmente, sin que la Ley lo permita, pues su pozo corresponde a Saltillo. La perforación se amparó con el número de licencia 06COA1O6443/24ALGR00 asentada en el REPDA.
Experto en construir complicidades – con panistas, perredistas, verdes, petistas y no solo con tricolores afines – el permiso de escarbado lo reasentó sin dificultad por decisión propia, en el municipio de Ocampo.
Con 34 años de experiencia, aprovechando los bienes públicos, la Ley nunca ha sido problema irresuelto para él “ el poder es para enriquecerse y corromper” dice una de sus máximas. De manera que, la Ley federal de aguas al igual que los Códigos penales, son letra muerta frente a los actos de poder de este funcionario.
Aun más. Chambón como es, con tal de sacudirse las presiones – de mutuas recompensas- de los poderosos lecheros de LALA se reunió con ellos en marzo de 2000. Martínez los alentó para establecerse en la zona protegida del Hundido, valle del Desierto chihuahuense, en alarmante peligro de desecación
En aquella ocasión, molestos, pero – según ellos-también previsores,los estableros exigieron a Martínez “abrir nuevas zonas de cultiva para la alfalfa” ya que en la Laguna crecen las presiones sociales; derivadas de las protestas por la indiscriminada extracción del líquido de los mantos freáticos; origen de la concentración de sales arsenicales en el agua de los hogares.
Simulador, Martínez intentó tender cortinas de humo ante la sociedad. Convino en secreto con los fuertes productores de leche “establecer praderas de alfalfa en el Valle del Hundido en Cuatrociénegas” para compensar los favores económicos que recibió su campaña hacia la gubernatura.
“Por eso nos extraña que ahora nos niegue el apoyo públicamente; aunque el nos aconsejó ampararnos contra las determinaciones de la Secretaría del medio ambiente y recursos naturales y pesca ( SEMARNAT ) “De hecho los Tricio están amparados”. “Yo de plano creo que Enrique es un rajón. Además, el tiene un rancho y ni quien le diga nada. En cambio nosotros tuvimos que ampararnos, solo porque tumbamos algunos nopales sin provecho” dice este miembro del Consejo de administración de LALA. “ Yo arriesgo mi dinero, él no. Que hace, nada” “ Ojalá ya se hubiera largado” remata este poderoso ordeñador.
El caso es que sin importar la grave presión ecológica que representa extraer agua de la zona Ocampo–Valle del Hundido-Cuatrociénegas algunos de los más fuertes socios del consorcio LALA desmontaron solo durante los año 2000 y 2001, más de 2000 hectáreas de cactáceas, destruyendo especies endémicas de flora y fauna. Las voces de los ecologistas internacionales y las palabras acusadorasde científicos de la UNAM no importaron.
De esta manera, protegidos por el contubernio de autoridades federales y estatales, gentes como Eduardo Tricio Haro – por cierto presidente del Consejo de administración de LALA, e intocable de los medios regionales – Florentino Rivero, Ampuero, Beta Santa Mónica, Agrícola el Pilar, grupo Soriana, entre otros, abrieron del año 2000 a la fecha, mas de 30 pozos de agua en esta frágil región.
Sin embargo, la realidad es más grave. De acuerdo al REPDA sólo en Cuatrociénegas el número de bombas extractoras pasaron del año 2000 al 2003, de 165 a 272.Ciento siete norias más, en tan sólo tres años.
El año pasado fue más alarmante, de 225 en el año 2002, a 272 en 2003, una diferencia de 47 norias más, en un año.
En el caso de Ocampo, las cifras no son mejores. Los pozos pasaron de 200 a 251, del año 2000 al 2003.
La presión sobre la zona creció en 158 simas en el período gubernamental de Martínez. Los números dan idea de las presiones reinantes sobre este ecosistema.
Por otra parte, las autoridades de CONAGUA permanecen impávidas ante este crimen ecológico. Es de suponerse. La connivencia obliga a Cristóbal Jaime Jaques, director nacional de CONAGUA a mantener sus interese en LALA por encima de la encomienda gubernamental panista; no olvidemos que fue gerente del consorcio lechero, al cual piensa reinsertarse.
 
Historia de las norias de Martínez
 
Corría 1996, Martínez vivía años sabáticos forzados en la política, como consecuencia de la derrota ensartada por Rogelio Montemayor rumbo a la gubernatura.
En el limbo político, dedicó el tiempo a seguir acaparando numerosos predios rurales y urbanos, con el apoyo de su notario público favorito, Raúl Praxedis García Elizondo. Como se acordará, este notario fue quien cínica e ilegalmente protocolizó las actas de la sociedad W.T.C. de México, S.A. propiedad de los narcotraficantes del cartel del golfo.
Fedatario número 16 de Saltillo, Coahuila, formalizó las actas de la pandilla de narcotraficantes del grupo Aztlán, cuya cabeza fue Juan Chapa Garza. Praxedis García asentó en escrituras protocolarias, constancia de que este malviviente tenía por nombreJosé Luis García Treviño, alias a través del cual operaba en Saltillo, el hampón.
Acostumbrado a estafar, esto no afectó a Martínez. Contar con el auxilio de un Notario público habituado al mundo delictivo ( descubierto en 1994, como fedatario de narcos,ver Demócrata número 75 ) Martínez no hizo mutis, dijo a sus dilectos“eso que importancia puede tener”. Desde entonces, sigue utilizándolo en sus operaciones inmobiliarias.
Con fedatario a su servicio, más el poder, para Martínez evadir las rutas burocráticas no representan apuro. Sin dificultad, la infraestructura en los predios del gobernador continúa prosperado.
Así, apoderarse de los pozos de agua con cualidades de infraestructura básica, no fue difícil para Martínez, sobre todo, con el auxilio del Notario Praxedis García, un individuo sin escrúpulos
Antes de fenecer 1996, Martínez obtuvo, una tras otra, tres licencias pertenecientes a la región hidrológica de Saltillo. Los folios son los números 2COA101942/24AMGR96, 2COA101943/24AMGR96 y el 2COA101944/24AMGR96, concesiones asentadas en el REPDA que autorizan extraer 53 985 metros cúbicos, todos para uso agrícola.
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Los pozos de la diputación federal

Reinsertado a la política en 1997, Enrique Martínez prosiguió cultivando el tráfico de influencias. En plena carrera hacia la diputación federal obtuvo dos licencias de perforación a nombre de su hermanita Irela. La primera licencia cuenta con la aprobación de usos múltiples, cuyo número de inmatriculación es2COA102518/241IMGE97 del REPDA de Saltillo. La inscripción existe a nombre de Irela Martínez y Martínez, con aforo anual de 6445 metros cúbicos.
La segunda autorización la logró ese mismo año; la serie 2COA102651/ 24IMGE97 decretada a favor de Irela Martínez y Martínez Vda de García, para extraer 6912 metros cúbicos por año, todos disponibles para usos domésticos, en una región con profundos problemas de agua en los hogares.
Cabe destacar que aun cuando Irela Martínez es la misma persona, por conveniencia empleó su apellido de soltera a fin de agenciarse los permisos sin dificultades.
Para la segunda licencia, Irela aprovechó un nuevo estado civil. La licencia es para usos domésticos y pese a estas características, el volumen a succionar es mayor que el de usos múltiples de la primera. Esta singularidad da una idea de las innegables diferencias – en el disfrute del agua – entre la población común de la ciudad capital y quienes se auto consideran crema y nata del empresariado, que es a su vez, la clase política.
Llega 1999; Martínez todavía era diputado federal. Compulsivo por aprovechar cualquier resquicio para traficar influencias, aprovechó a fondo el poder de la candidatura oficial del PRI a la gubernatura.
En plena campaña, llamó a tres de sus preferidos en el saqueo inmobiliario. Dándose tiempo, arrancó otro documento de perforación; noria destinada a la agricultura en uno más de sus ranchitos.
Así, Martínez en sociedad con miembros de “los cuatro depredadores inmobiliarios” Ricardo García Guerra, Guillermo Elizondo López y Javier Luis Cabello Siller añadieron a su pequeña propiedad plusvalía sin despeinarse. La licencia 06COA112204/24AMGE00 para uso agrícola, es la evidencia. La concesión autoriza extraer 420 000 metros cúbicos.
En resumen; antes de ser gobernador, Enrique Martínez, consiguió desde la diputación federal, unido a su hermana Irela, cinco norias.
Con la llegada al Palacio Rosa, las simas – como los panes bíblicos -se multiplicaron hasta sumar 10.La última de estas licencias con el documento 06COA112801/24EDGE03 en el reciente 2003, como se verá.

Las perforaciones del gobernador Martínez
 
Una vez colocado en el Palacio Rosa, con fruición renovó los contactos del régimen priísta y agilizó los tejemanejes con los funcionarios panistas comprometidos con él. Entre éstos blanquiazules se encuentra Cristóbal Jaime Jaques, encargado nacional de CONAGUA – a quien conoció cuando despachaba en la gerencia del grupo LALA – dependencia que el foximo entregó a la corporación; recompensando los apoyos económicos que dieron a Vicente Fox para la campaña.
Así, durante el año 2000, Martínez alternó como siempre la función publica con los intereses particulares, ilegalidad que fructificó con tres títulos de succión extras.
Una de estos documentos con el número 06COA109957/24IMGE00 otorgada a nombre de Irela Martínez y Martínez, que como se ve, manipula los apellidos a conveniencia.En este trámite renuncia al Vda de García, tal como sucedió en otras autorizaciones previas. Esta licencia tiene acreditado un aforo de 13 060metros cúbicos, aprovechable en usos múltiples.
Si en plenos años sabáticos de la política, Martínez pudo conseguir autorizaciones de norias, desde la gubernatura, ha sido más fácil.
Acompañado como siempre de Víctor Fuad Mohamar Abugaber, Javier Luis Cabello Siller, Guillermo Elizondo López y Ricardo García Guerra; Martínez cogió una de las autorizaciones más jugosas; 420 000metros cúbicos útiles para la agricultura, amparados en el folio06COA111204/24AMGE00 del REPDAsaltillense.
Este título, a su vez, se benefició con un aumento de volumen. Los metros cúbicos inicialmente autorizados fueron 280 000, cantidad engrosada con 140 000metros más, por los notables progresos agropecuarios en sus tierras, en claro contrasentido conlos logros productivos de los campesinos coahuilenses.
Pero la ambición de Martínez sigue.
La constancia del número 06COA106423/24IMGR00 del REPDA de la capital del estado, a nombre de Enrique Martínez y copropietarios, con venia de 122 652metros cúbicos por año, expresa fielmente la hiperactividad que Martínez despliega desde el poder para beneficiarse particularmente. Originalmente aprobado con 61 326metros cúbicos, rápidamente le permitieron ordeñar el doble.
Como si no fueran bastantes sus perforaciones, este funcionario de mentalidad feudal, logró adjudicarsejunto con su hermanita Irela, Ignacio Anselmo González Cepeda y Luis Antonio Valdés Espinoza una sima para extraer 240 000metros cúbicos anuales,asentado en elREPDAde Saltillo con el número 06COA106443/24ALGR00.
Aquí es importante detenerse.

El pozo traficado
 
De acuerdo al REPDA, este pozo debe ubicarse en el municipio de Saltillo, no obstante, Martínez lo emplea en el municipio de Ocampo, violación que atropella la normatividad de la CONAGUA.
Ilegalmente, la licencia del aspirante a la “más grande del país” está destinada a la región de Ocampo-Cuatrociénegas- el Hundido, para justificar la ordeña de 240 000metros cúbicos del líquido, a pesar de conocer que la comarca es ecológicamente endeble, pero además, ajena a la zona de autorización del pozo.
Más: los llamados de alerta de los ecologistas son ignorados, con el argumento de estudios insuficientes que prueben la interconexión de los acuíferos de los valles Ocampo-Cuatrociénegas-el Hundido; alegato falaz.
En marzo de este año, el IFAI, proporcionó una copia de la reunión celebrada el 26 de enero, entre el gerente de aguas subterráneas de la CONAGUA, Rubén Chávez y autoridades del Instituto nacional de ecología y científicos de la UNAM; entre ellos, el ex rector José Saruhkán Kermez; minuta donde se especifica la unidad de este manto freático, sin ninguna duda.
De manera que las investigaciones y llamados de Valeria Souza Saldívar, doctora en ecología microbiana perteneciente a la UNAM, pueden perecer literalmente en el desierto, dada la sordera de Martínez.
Cuestionado al respecto y acerca de su contribución a la destrucción de Cuatrociénegas, Martínez dijo “ es sólo un ranchito el que tengo por allá”. Se le olvidó decir que “ElRocío” es de 6 185-85-35 hectáreas, y que ilegalmente trasladó un pozo de agua de otro municipio para regar sus praderas.
La prensa no volvió a cuestionarle nada, ni del “ranchito”menos acerca de la irregular succión de agua que practica. Podrían ser expulsados de las listas de apoyo económico del gobierno del estado.
Más aun. Para no dejar dudas de su voraz plutocracia, en el 2003–ya abiertas sus aspiraciones en la busca de “la más grande del país” – Martínez arrancó la licencia 06COA112801/24EDGE03 del REPDA de Saltillo, para aprovechar en servicios, 9261 metros cuadrados de zonas federales comprendidas en el arroyo el Charquillo.
La concesión, sin duda la obtuvo con la más amplia anuencia de las autoridades de CONAGUA; Cristóbal Jaime Jaques y Miguel Ángel Jurado Márquez.

Los volúmenes de agua extraída por Martínez
 
Diez son las concesiones de extracción de agua que Martínez y su familia acaparan en el estado.
En el caso de los pozos de Martínez, destaca la concesión del arroyo el Charquillo, recibida en el 2003;licencia que remacha una invariable de este funcionario: la mayor parte de sus bienes son arrancados con la protección del poder público, como está documentado arriba.
Se supone que en el país violentar cualquier Ley se castiga; infringir la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, corresponde a las autoridades de la Secretaría de la función pública, aplicar los correctivos correspondientes; no sólo a Martínez, también a Cristóbal Jaime Jaques y al gerente regional de la zona norte Miguel Ángel Jurado Márquez. Los documentos oficiales probatorios existen, el mismo gobierno federal los extendió. No hay que investigar tanto.
La corrupción existe. Al margen de si los funcionarios son panistas o priístas.
En este sentido, habría que tomarle la palabra el Secretario de gobernación. Santiago Creel, quien conoce los ilícitos de Martínez.
Las pruebas documentales de la metástasis delincuencial organizada en Coahuila por el gobernador, son suficientes para que el régimen federal actúe. Creel tendría que desempeñar sus palabras, pronunciadas – por cierto – al lado de Martínez, durante la insulsa cabalgata “ Marcha unidos por nuestras tradiciones”.
Mientras esto sucede, el gobierno federal al igual que los llamados partidos de oposición, no ven, tampoco escuchan; como siempre“ con cálculo político”esperan negociarlo todo.
Si como dice el Secretario de gobernación “ quien afirma tiene que probar “ en Coahuila, no quedan dudas.
 
Por el “ ranchito” el Rocío; Martínez, no pagó impuestos
 
El 23 de junio de 1993, temprano, a las 9 y 30 de la mañana, la escritura pública de la compra-venta del rancho el Rocío de 6 185 –85-35 hectáreas, enclavado en el municipio de Ocampo, quedó asentado en las oficinas del registro público de la propiedad en Monclova, Coahuila. Su propietario: Enrique Martínez y Martínez, un empresario que en esos momentos estaba forzado con tiempo sabático en la política.
El Rocío, quedó situado en el Registro público de la propiedad de Monclova, Coahuila, en el libro74 B dela sección primera, en el folio 106, partida 15 619bajo la Fe pública del Notario 19 de Saltillo, Coahuila, Praxedis García Elizondo, trámite de inscripción que costó a Martínez 6218.50 nuevos pesos.
En esta adquisición, como en casi todos los negocios del gamberro coahuilense, las incongruencias quedaron registradas.
Comprada a Pablo Garza Lugo en 1,000,000 de nuevos pesos, la propiedad recibió el avalúo del perito del Banco del Atlántico,José Rodolfo Peña Orandaín, autorizado a ejercer por de Comisión nacional bancaria con el número 1486.
Los terrenos fueron clasificados como cerriles y agrícolas. Los primeros con una extensión de 6185-85-35 hectáreas, con un valor de 60 nuevos pesos la hectárea. Los segundos suelos con extensión de 35 hectáreas, se valuaron en 10 000 nuevos pesos la hectárea. Más 1100 metros de construcción, con un valor de 150 nuevos pesos por metro cuadrado. De manera que la ficha valuatoria del desaparecido Banco del Atlántico, reconoce un valor total de los terrenos de 721 151 nuevos pesos. El importe de la construcción 165 000 nuevos pesos, más 113 849 nuevos pesos por instalaciones especiales, dando un gran total de 1,000,000 de nuevos pesos.
El vendedor Pablo Garza Lugo declaró en el recibo de la secretaría de Hacienda que el bien raíz valía 1 millón 469 mil 663 nuevos pesos y 45 centavos, por las mejoras y ampliaciones que la propiedad tenía desde 1985 que la adquirió.
El desglose del vendedor, avecindado en la población de Cuatrociénegas, fue: 1.- Costo del terreno o en su defecto costo comprobado 1,226.80 nuevos pesos. 2.- costo del terreno por el factor 18.6871 22,925.48. 3.-Mejoras y ampliaciones: 111,234.64 nuevos pesos. 4.- Tres por ciento por 7 años de incremento de las mejoras 23,3325.27 nuevos pesos. 5.- Por mejoras y ampliaciones ajustadas 87,875.40 nuevos pesos. 6.-Mejoras y ampliaciones por factor 16.7244; dando un gran total de 1,469,663.45.
Sin embargo, para evitar pagar impuestos, Martínez asesorado por su Notario de cabecera, el inmoral Praxedis García Elizondo, se amparó en el artículo 103 párrafo tercero de la Ley de Impuestos sobre la renta al declarar que en la transacción no existió utilidad alguna.
La treta fue declarar que a pesar de que el Rocío valía en términos hacendarios 1,469,663.45 nuevos pesos, su propietario Pablo Garza Lugo, lo vendió en 1,000,000.00 de nuevos pesos. Fácil.
Más: Ante la secretaría de Finanzas todavía exigió la condonación de 21,991.00 nuevos pesos de los impuestos, de manera que en lugar de pagar impuestos por 1 millón de nuevos pesos que costó la propiedad; sólo pagó sobre un valor de 978 mil 9 nuevos pesos.
De cualquier manera, en el precios del rancho el Rocío, se evadieron los impuestos de las 35 hectáreas de vocación agrícola, terrenos que desaparecieron sin dificultad como ya lo hizo Martínez en el caso FODEISA.

El acta del Instituto federal de acceso a la información ( IFAI)
 
Las controversias surgidas entre la comunidad científica de la UNAM y las autoridades federales de CONAGUA, van quedando cada vez más claras. Tanto Enrique Martínez como Cristóbal Jaime Jaques, empujan a la destrucción de este valle, con decisiones autoritarias; simplemente porque son la autoridad y mantienen, tanto intereses económicos, como políticos con los lecheros establecidos en el Hundido, así como en el municipio de Ocampo.
En este sentido, la minuta que obra en poder del IFAI, referente a la reunión sostenida el 26 de enero, entre científicos de la UNAM e Instituto nacional de ecología con las autoridades de CONAGUA, develóla manipulación real relacionada a la información científica de la zona, tanto por la dependencia, como por el despacho de consejeros Lesser y asociados.
Tanto las autoridades del INE como el Dr, José Saruhkán Kermez – ex rector de la UNAM- asentaron que la dependencia encabezada por Cristóbal Jaime Jaques, se apoya en publicaciones y datos que no cuentan con sustentos científicos y técnicos, rigurosos.
Ríspida en momentos, la reunión llevó a Sarukhán Kermez a afirmar que la manipulación del encuentro por parte de CONAGUA, era poco seria para abordar el asunto del Hundido.
Al final, la postura de los científicos del INE junto a la del ex rector quedó clara y asentada en esta acta del 26 de enero de 2004: Los acuíferos del Hundido- Cuatrociénegas son uno mismo.
El gerente de aguas subterráneas de la COANGUA, Rubén Chávez, solo atinó a manejar como cantaleta que diversas publicaciones, a la par que la empresa Lesser y asociados, tenían comprobada la independencia de dichos acuíferos.
Por lo pronto, Alberto Cárdenas Jiménez, secretario de la SEMARNAT solicitó ya un nuevo estudio de la zona, análisis que estará a cargo del Instituto mexicano de tecnología del agua.

Enrique Martínez, declaraciones a la nada
 
Enrique Martínez no tiene posibilidades de ser candidato a la presidencia de la República por elPRI; no sólo por su escasa fuerza política, también por su larga carrera delictiva. Aun así, con recursos de los coahuilenses, Martínez, pasea su soberbia y vanidad por todos los foros posibles, enseñoreándose con que “quiere la más grande del país”. Por la política está fuera, por la Ley, pudiera quedar adentro de cualquier reclusorio de la nación.
Sin ideas; ladino, con pronunciamientos generales; Martínez ha participado en diversos programas televisivos; la mayoría de ellos pagados con recursos económicos que en el estado aliviarían carencias de los que menos tienen.
Entrevistado el 26 de marzo, en un programa a modo de televisión Azteca, Martínez balbució generalidades, trastabilló con preguntas a modo y como siempre sucede, el desencajamiento fue visible cuando algo no le parece.
Durante el programa, se declaró “pro reformista” por buscar “la gran Reforma” reflejada en “un cambio de actitud”.
Tiene toda la razón; debería deponer su radicalidad, dejar en paz los bienes públicos saqueados desde el poder de la gubernatura. Puede que así le creyéramos.

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Fuente: CONAGUA