El, entonces, secretario Abascal estima que las profesiones “tradicionales” ya no encajan en el mercado laboral vigente

5.- Amagos “populares” desde Foxilandia

Según la SSA, el Seguro Popular es un seguro voluntario para no derechohabientes de la seguridad social que ofrece atención médica, estudios y medicamentos sin costo al momento de utilizarlos. La afiliación familiar es anual, con cuotas que oscilan entre 640 y 3780 pesos y da acceso a un catálogo de servicios esenciales. Hasta el momento, la SSA no ha definido las enfermedades y tratamientos de “alto costo que generan gastos catastróficos” que el Reglamento (DOF, 5.4.04) del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud (DOF, 15.5.03) le ordena haber publicado a más tardar el 5 de julio de 2004.
El programa (que cuenta con una pesada estructura administrativa: la Comisión Nacional de Protección Social en Salud) dispone de 8 mil MDP sólo para el 2005, más la aportación de las tabacaleras: un peso por cada cajetilla va al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, aportación que ya suma 285 MDP.
Más que un programa médico, el Seguro Popular consiste en una estrategia de financiamiento de los servicios de salud con severas dificultades para resolver oportuna y eficientemente los padecimientos (“esenciales y catastróficos”) que aquejan a los mexicanos. Además de carecer de la infraestructura adecuada, por su propio diseño, recarga centralistamente las aportaciones de las entidades federativas y representa –en el mediano plazo- un serio quebranto para las finanzas públicas.
Después de que en las últimas semanas, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la dirección de la Facultad de Medicina de la UNAM y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –entre otros- comunicaran oficialmente algunos de los problemas de resolutividad médico-clínica que porta ese Seguro, el diputado federal panista Jorge Triana propuso un punto de acuerdo para exhortar al titular del gobierno capitalino “a firmar la implementación” del programa en el D.F.
La respuesta de López Obrador fue contundente: aceptó el exhorto aunque precisó “la Ciudad está abierta, pueden aplicarlo pero no cobrar”.
Pocos días antes Martha Sahagún  había anticipado la ofensiva diseñada desde el war-room de Foxilandia. Frente a mujeres campesinas del Estado de México, aseguró que con Fox “se acabó la caridad” y agregó: “¡Vayan, exijan! Hoy el Presidente Fox y su servidora les vamos a regalar a Alejandra y a todos ustedes la tarjeta que los empodera.” ¿Regalar? ¿No que se acababa de “acabar” la caridad?
La siguiente estación de la ofensiva intentó avanzar por el terreno legislativo. En el Foro Seguro Popular”, Mesa de análisis y debate sobre su viabilidad en el Distrito Federal, organizado por la ALDF, el actuario de Juan Antonio Fernández –íntimo Amigo de Fox, excoordinador de Procampo y actual responsable de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, dio la “bienvenida” al DF al “sistema”, mientras su antecesor -el también actuario Héctor Hernández Llamas- documentaba la condición “privilegiada” del Distrito Federal en materia de salud. Pero como, ¡por fortuna! al Foro sí fueron, finalmente, invitados los médicos, el Dr. Rafael Cervantes –vicepresidente del Colegio de Cirujanos- puntualizó: “a los médicos nos extraña que se diga que ha sido un éxito el Seguro Popular porque la gente se sigue muriendo casi esperando la atención en toda la República”. Los amagos volvieron a naufragar estruendosamente.
Entonces el war-room se tiró a fondo. Cumplidas 36 horas, Fox declaró que debido a que no existía acuerdo con la administración capitalina para ponerlo en marcha “vamos a buscar hacerlo de manera directa, a través de los institutos nacionales o de los hospitales que tiene el Gobierno Federal”. Y en conferencia de prensa, muy poco después, Julio Frenk completo: “si no se cuenta con el aval del Gobierno capitalino, la federación analizará opciones que permitan que los capitalinos puedan afiliarse”.
Finalmente, López Obrador establecíó que el GDF “firmará en convenio con el Gobierno Federal”, pero insistió en que “se debe buscar un mecanismo para que la atención médica sea gratuita”.
Lamentablemente la “estrella” del Seguro Popular no tiene capacidad resolutiva médica, aunque Martha Sahagún estime que su creación es tan “revolucionaria” como cuando nació el IMSS. Los amagos del gobierno del “cambio” para acosar al GDF y engancharlo a una exclusiva y discutible estrategia de financiamiento, tampoco lograron diseminar los supuestos “beneficios” médicos que contiene su costosa propaganda.
A nivel ciudadano, nadie gana y todos pierden: en promedio, con pago y sin pago, el Sistema Nacional de Salud podría atender mejor. Sigue faltando una política clínica nacional de salud. Fox perdió la oportunidad de diseñarla. Hasta el mismo Frenk reconoció que la “subsistencia” de su curiosa creatura “dependerá del gobierno que inicie en el 2006”. 
Afortunadamente para los médicos, enfermeras y pacientes mexicanos, a los autores del “empoderamiento” foxista, les restan sólo 23 meses de empeño “popular”. Entonces los 8 mil MDP que les etiquetó el Congreso, más las aportaciones de las tabacaleras, podrán ser asignados enteramente al Programa IMSS-Oportunidades que se encuentran saturadas. Ahí, nuestros impuestos encontrarán, finalmente, un genuino sentido clínico-sanitario.