Parte 11

Primer apunte

La Propuesta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) distribuida desde el 15 de enero de 2004 -intitulada Reformas 2004 Modernización del RJP Decisiones con Futuro, firmada por el Dr. Vega y Galina, Secretario General junto con el C. Federico Arellano, el Dr. Joaquín Castillo González y el Dr. Miguel Angel Van-Dick Puga- coincide con la versión patronal para “fortalecer” el RJP diseminada por del Instituto a partir del pasado 16 de octubre.
La Propuesta del CEN renuncia a establecer las responsabilidades patronales del IMSS y de sus autoridades (actuales y anteriores) en el desfinanciamiento histórico del RJP; renuncia a la tarea de identificar las causas y orígenes de ese desfinanciamiento y, también, lo que es de extrema gravedad, renuncia a señalar -con nombre y apellido- a los responsables directos e indirectos de ese estado en el RJP, para entonces proceder, inmediatamente, a fincarles las responsabilidades legales del caso.
Antes de propalar cualesquier Propuesta, el CEN del SNTSS pudo haber recurrido a los causales históricos del desfinanciameniento. Ello evitaría que los trabajadores en activo así como jubilados y pensionados, tuvieran que asumir de sus bolsillos aquello que, tal vez, les pudo haber sido restituido antes de tocarle un sola coma al actual RJP.
Además, la Propuesta del CEN acepta que el patrón IMSS, sólo administre un cuadro –de por sí optimista- del NRJP y no lo obliga, como patrón, a que con independencia de los fondos inexplicablemente ausentes, contribuya también sólida y solidariamente al NRJP, tal como ha planteado reiteradamente en sus diversos documentos el grupo Sigma-Delta.
Finalmente, la Propuesta busca “complejizar” artificialmente el asunto para proponer que por su naturaleza “multifactorial”, el CEN doble las manos frente a su actual  patrón y “modifique” para “mejorar” el actual RJP.
Por tanto, la Propuesta del CEN abdica de las responsabilidades sindicales y, a cambio, propone una estrategia defensiva de miedo: pactar para “defender” la fuente de trabajo.
Y ello sin entrar a considerar que ni la Propuesta del CEN, ni la del patrón IMSS junto con los apocalípticos Informes sobre la situación financiera del IMSS, se asoman siquiera al portal de las grandes expectativas y problemas del IMSS que, con el mandato del cambio que recibió en las elecciones presidenciales del año 2000, Vicente Fox debió haber empezado a enfrentar desde entonces.
En mi opinión, la Propuesta del CEN es inadmisible. Frente a ella convendría que los trabajadores del Instituto evaluaran:
Uno: exigir una auditoría independiente de la actual Dirección y CEN sobre la situación del IMSS. Ella debería cubrir los últimos 30 años y, de ser el caso, debería fincar responsabilidades.
Dos: operar un marcaje a presión sobre el CEN y “su” Congreso Extraordinario, con vistas a evitar que pacte con el patrón sin haber consultado a los trabajadores de las 37 secciones que integran al sindicato.
Tres: lanzar a una gran movilización nacional que defienda el actual RJP hasta que esa la auditoría muestre la verdad sobre la situación del Instituto.
Cuatro: con la prueba de más de tres años de continuidad y no cambio en el poder, es claro que el foxismo  carece de la legitimidad social para intentar emprender cualquier cambio al actual RJP. El estado de los servicios institucionales habla elocuentemente de la calidad de su trabajo y de sus respectivas responsabilidades.
Con los resultados de esa auditoría, es preciso exigir al foxismo que se atreva a reservar al nuevo gobierno que emane de los comicios presidenciales del 2006, la evaluación y propuesta de cualquier solución del asunto.
En una palabra: que se lo dejen a otros, a los que los sustituirán en poco más de dos años, dado que, hasta ahora, todos ellos han probado con suficiencia su incapacidad social para resolverlo.

Segundo apunte

Fue el periodista Alberto Barranco Chavarría quién el 16 de octubre de 2003 escribió en el diario Reforma que:

“lo cierto es que del plato a la boca se le cayó la sopa al gobierno foxista, cuando del Secretario General del SNTSS, Roberto Vega Galina, se rajó (en negritas en el original) de un acuerdo pactado con el organismo para iniciar de inmediato la revisión del Contrato Colectivo en su aspecto más álgido: el Capítulo Cuarto referente a pensiones y jubilaciones”.

Desde entonces, corre la voz popular de que, el 4 de octubre de 2003 algo, hasta ahora desconocido, firmó la Comisión Revisora del SNTSS con el Instituto.
Y fue también Barranco Chavarría quien, en la misma fuente, escribió el pasado 28 de enero que:

“Los brotes de rebeldía al interior del SNTSS contra su dirigente Roberto Vega Galina, a quién se le endilgan desde ya los calificativos de “vendido” y “traidor”, auguran que no será fácil el cumplimiento de la promesa de la instancia de entregar al organismo una propuesta de reestructura del capítulo correspondiente a pensiones y jubilaciones del Contrato Colectivo en vigor…
Como comentams el lunes 26 de enero, la amenaza del Seguro Social, en caso de vencerse el plazo sin respuesta, es plantear ante la autoridad laboral, un conflicto de orden económico, lo que en el papel le daría el derecho de actuar unilateralmente…
Lo cierto es que de lo delicado del asunto habla el que el dirigente sindical se haya rajado (en negritas en el original) en octubre pasado del compromiso que había firmado de aceptar un nuevo escenario para el retiro, en paralelo a la revisión contractual. El jaque está en la mesa”.
          
¿”Conflicto de orden económico”? ¿”Autoridad laboral”? ¿Le “daría el derecho de actuar unilateralmente”?
Es claro que de cara a las enormes dificultades que muestra la aceptación de los trabajadores frente a la “mejora” del RJP que comunica el CEN, la dirección de Instituto pretende, ahora, abrir otro flanco: el de la declaración de quiebra institucional.
De optar por ese camino, la eventual sanción de los tribunales laborales brindaría una nueva oportunidad para ubicar con precisión las causas del desfinanciamiento histórico del RJP, sus responsables directos e indirectos así como el tipo de responsabilidades que ellos deberían enfrentar ante la justicia.
Hay que tener presente que todavía en los tiempos de Zedillo, hace apenas tres años, se publicitaba profusamente la salud financiera del IMSS.
En efecto, sólo dos años después de la “reforma” del 1995-97, la revista Solidaria número 134 (correspondiente a los meses febrero-marzo de 1999), editada por el IMSS para sus trabajadores, consigna las siguientes palabras de Genaro Borrego, entonces director del Instituto:

“el IMSS es hoy más fuerte, más seguro y más social; tiene plena garantía futura y está preparándose para atender, con calidad y plena satisfacción, a los usuarios de la seguridad social en el siglo XXI. Están garantizados los recursos de las pensiones para las actuales y las nuevas generaciones”.
 
Pero, inexplicablemente, con la llegada del foxismo, el cuadro financiero institucional se tornó turbio y sombrío. ¿Quién miente?
La intervención auditada de los tribunales laborales y, por qué no, también de la propia Suprema Corte de Justicia, podría contribuir decisivamente a que los ciudadanos, usuarios, pacientes, médicos, enfermeras y mexicanos todos, pudiéramos contar con información calificada para empezar a despejar esta incógnita.

Tercer apunte

En la comparecencia de Santiago Levy ante la Cámara de Diputados el pasado 11 de noviembre, el diputado Vega Galina le planteó los “errores” cometidos en su administración y en las pasadas.
Le reclamó, por ejemplo, que el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) cambiara su mecanismo de financiamiento a raíz de la entrada en vigor de la Nueva Ley del Seguro Social “disminuyendo las cuotas patronales a más de un 30 por ciento y aumentando las del gobierno, señalándose que con este camino se resolvería en definitiva el déficit con el que estaba operando”.
Pero “en junio de este año”, agregó Vega Galina, se informó que el SEM “estaba desfinanciado y operaba con un déficit cada vez mayor, porque no se compensó con el aumento de la aportación del gobierno”.
Y Vega Galina agregó otros errores de Levy: en el Seguro de Guarderías, la Nueva Ley “también disminuyó la aportación patronal para su financiamiento del 1 al 0.8 por ciento sin ninguna justificación”, y “aunque la demanda no está satisfecha”, el Instituto tiene más de 9 años “de no construir o poner en funcionamiento guarderías operadas, como legalmente deber ser, por el mismo Instituto”.
Y, entonces, Vega Galina preguntó directamente a Santiago Levy:

“¿Por qué a sabiendas de que había un desfinanciamiento importante en el SEM en lugar de ajustar las cuotas obrero patronales y las aportaciones del gobierno, se optó demagógicamente por hacer precisamente lo contrario al disminuir las cuotas de los patrones y trabajadores, bajo el supuesto de que crecerían más los empleos y se mejorarían los salarios, cosas que no sucedieron?
¿No considera que este error de cálculo de consecuencias gravísimas para el SEM y para el IMSS en general debería de corregirse regresándose a las cuotas patronales y a los porcentajes sobre salarios base de cotización que tenía la ley anterior, antes de buscar otras causas cuyos orígenes están también en errores de quienes ocupaban la dirección institucional?”

Es claro que estos “errores” están en la base del estado de los servicios que, hoy día, presta el IMSS.
Por su impacto sobre las finanzas institucionales, si de problemas financieros se trata, las decisiones tomadas por Ernesto Zedillo, Luis Téllez, Genaro Borrego y Gabriel Martínez para el financiamiento del SEM y el Seguro de Guarderías, adquieren un lugar preponderante en la situación del IMSS.
Además de la política económica responsable del actual desempleo formal, este es el saldo de la reforma de 95-97 y no de los problemas del RJP.
Todos los autores de esta  “reforma” están vivos. Por sus decisiones de entonces y antes de tocar el RJP de los trabajadores que sostienen y han sostenido en pié al IMSS, todos ellos deben responder, ahora, ante la sociedad.
Pero esto no fue todo. Vega Galina también planteó el, hasta ahora, irresuelto problema institucional del abasto de medicamentos. Dijo:

“este problema es añejo y es causa del deterioro de la calidad de los servicios de salud en el IMSS y el incremento de sus costos, sin ningún control oficial, inciden en forma seria en el gasto del SEM, como también han de incidir, en el caso de ser ciertas, las informaciones sobre la corrupción que se han venido publicando en los últimos meses.
¿Se tiene calculado en qué porcentaje, el costo de los medicamentos está afectando el financiamiento del SEM? ¿se tiene algún programa o proyecto que busque disminuir estos costos? ¿se ha considerado el impacto que tendrá en las finanzas institucionales, de aprobarse el proyecto de gravar los impuestos del valor agregado a las medicinas, cuando el mayor comprador de medicinas en el país es precisamente el IMSS?”

Y remató, advirtiendo a Levy:

“Ante estos problemas de financiamiento, la actitud de la patronal –para desviar la atención de la disminución de las cuotas patronales, que la ha beneficiado enormemente-, ha sido la de culpar al RJP y al CCT de sus trabajadores en general.
El IMSS no tiene desde 1998 la obligación de cubrir la prima correspondiente al RJP de sus trabajadores. Sus trabajadores han cumplido desde esa misma fecha con la parte de las cuotas que les corresponde, aumentándose en dos ocasiones cuando se ha planteado como una necesidad para el financiamiento del RJP y siempre han estado dispuestos al diálogo y a la búsqueda de consensos para encontrar la solución más justa a ésta problemática”.

Cuarto apunte

Ante este cuadro resulta más que oportuno recordar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es una pieza clave en el tejido diario de la cohesión social.
Como alguna vez apuntara Felipe González, expresidente del Gobierno del Reino de España:

“el presidente de la primera potencia mundial puede enviar 850 mil soldados al Golfo Pérsico, pero no puede reformar el sistema de salud. Saben mucho sobre la política de gran potencia, pero no tienen ningún proyecto para la cohesión social”.
 
Como en el caso del ISSSTE, hoy por hoy, cualquier decisión sobre el IMSS está obligada –más aún en un gobierno del “cambio”- a respetar las siguientes cuatro convergencias que garantizan una correcta operación de la política pública: la búsqueda imparcial del interés público; el empeño por diseñar políticas prácticas; satisfacer las necesidades de la gestión pública y ofrecer recomendaciones posibles
La verdadera cohesión social demanda, además, solidaridad y humanismo efectivo. Partiendo de la consulta a todos los actores de la arena de la política pública, cualquier propuesta de “mejora” institucional está obligada a partir del consenso de sus trabajadores y su sindicato.
Por su parte, la urgente modernización de las propuestas del Sindicato están igualmente obligadas a trabajar sobre la especificidad de los servicios que presta la institución.
Como en los tiempos, no muy remotos, del Programa Integral de Calidad del IMSS, vale recordar que el corazón de la calidad reposa en los equipos humanos que hacen posible la atención médica resolutiva.
Junto con un verdadero cambio capaz de diseñar las políticas clínicas que demanda el Sistema Nacional de Salud; junto con la elaboración de un proyecto incluyente que proponga una salida integral –no episódica como la propuesta Levy para el RJP del IMSS-  a los regímenes de pensiones públicos y privados del país, ese corazón de la calidad es, también, el reto del nuevo gobierno que emane de los próximos comicios del 2006