Ahorro para el retiro: ¿de los minus a los plus, pero con más aportaciones?
Gustavo Leal Fernández
El argumento que esgrimió Calderón para “reformar” -con el PRI- la Ley del ISSSTE consistió en que la medida se traduciría en una mejora sustancial de las finanzas públicas. ¿Era eso cierto? Parece que no!
Las primeras cifras sobre el costo de la “reforma” surgieron desde la tecnocracia hacendaria foxista vía la oficina de José Antonio González Anaya (hoy al frente de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP) y fueron propaladas por Samuel Aguilar, diputado priísta que, entre rechiflas y abucheos leyó la Iniciativa de “reforma” el 14 de marzo de 2007.
Votado el nuevo ordenamiento por la vía fast track, casi sin debate e ignorando las fallas contundentes del esquema mexicano de capitalización individual que impuso Zedillo doce años antes en el IMSS para los trabajadores del Aparatado A del artículo 123 constitucional, correspondió al IMEF ajustar el cálculo tecnocrático de González Anaya y encender las primeras luces de alerta: “costará más de 2 billones de pesos, y seguirá siendo insuficiente”, advirtió.
Hoy está documentado que la nueva Ley para los trabajadores al servicio del Estado (Apartado B) resultó mucho más cara que lo que presumió originalmente la tecnocracia hacendaria de Fox, y cuyo peso sobre la deuda pública será asumido por todos los contribuyentes.
De acuerdo al Informe sobre la Deuda Pública de la SHCP (enero, 2009), la deuda total del sector público registró en 2008 su mayor aumento desde la crisis económica de 1995. Los pasivos alcanzaron 4 billones 333 mil 123 MP, cuando en 2002 montaron 2 billones 729 mil 842 MP. Además de los PIDIREGAS, una parte significativa del incremento proviene de las obligaciones contraídas por el Gobierno con la “reforma” calderonista del ISSSTE.
Según Hacienda, las presiones en el gasto aún se extenderán durante los próximos cuatro años debido a las mayores contribuciones del Gobierno, los intereses por los pasivos que se asumieron con la “reforma”, las transferencias extraordinarias al ISSSTE y las aportaciones al ahorro voluntario de los trabajadores. De tal suerte que “el efecto total de la reforma equivale a 2.4 por ciento del PIB”.
Asumir esa colosal deuda con cargo a los contribuyentes y favorecer simultáneamente la jugosa administración privada de los cuantiosos recursos pensionarios mexicanos concentrada en un puñado de grupos financieros, no garantiza rendimientos suficientes para alcanzar pensiones dignas (si acaso, 20 por ciento del último salario devengado), aunque sí asegura altas comisiones y una envidiable rentabilidad para las administradoras.
Además, los servicios del ISSSTE -como los del IMSS- están peor que antes de la “reformas”, mientras su director, Yunes, sólo anuncia remodelaciones para el primer nivel de atención y Calderón quiere, ahora, que el Instituto reparta préstamos para liquidar tarjetas de crédito.
El problema de fondo se anida en ese esquema mexicano de capitalización individual -que impuso Zedillo al IMSS en 1995-97- y sus “supuestos”. Ellos proyectan a sus afiliados saldos inexactos, fuera de lo real y posible. Este esquema insostenible, fue extendido irresponsablemente por Calderón -a pesar de la contundente evidencia técnica disponible- primero al ISSSTE y, luego -con el contubernio de las dirigencias sindicales del SNTSS y el SUTERM- a los trabajadores de nuevo ingreso del IMSS y la CFE.
¿Qué se propone frente a este nublado escenario? Aunque Moisés Schwartz, presidente de la CONSAR, y Eduardo Silva, presidente de la AMAFORE, presumen que “en un solo mes se recuperaron las pérdidas e inclusive registraron una ligera plusvalía” (12.2.09), de tal suerte que las minusvalías se transformaron mágicamente en plusvalías. Entonces ¿por qué los estados de cuenta -correspondientes al segundo semestre de 2008- ocultan a los trabajadores información sobre rendimientos y aportaciones montando una sospechosa “cuenta simplificada enviada por única vez”?
Para ambos se trata de “incrementar el porcentaje de aportación a las cuentas individuales porque el actual es insuficiente” (12.2.09). Exactamente lo mismo habían expresado antes: Oscar Schmidt de Metlife; Federico Cervantes Denis de Watson Wyatt México; Pamela Cox del Banco Mundial, así como David Tuesta y Adolfo Albo del BBVA.
Como dice Vanesa Rubio, vocera de la CONSAR: “no hay vuelta de hoja, son matemáticas. Si cotizas 6.5 no hay manera de que tu pensión pueda ser como la de los suecos”.
Así que las fallas del esquema mexicano de capitalización individual que -por su diseño- no garantizan pensiones dignas, pretenden ahora ser subsanadas cosméticamente cargándoles, de paso, todo a los trabajadores.
Eso es lo que establece la medida presentada por Calderón en el Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo (7.1.09) y sus correspondientes Iniciativas (10.2.09), para supuestamente “mitigar” los impactos de la crisis y el desempleo.
Ellas alegan “favorecer” que los trabajadores puedan disponer anticipadamente de los recursos para el retiro depositados en su cuenta individual, así como el traslado paulatino de la subcuenta de ahorro para vivienda a la propia cuenta para el retiro, sólo en beneficio de la estructura financiera del INFONAVIT, ahora regulado por Hacienda, y abdicando de su misión original.
La “reforma” calderonista del ISSSTE, como la de Zedillo al IMSS, son leyes extraordinariamente caras, técnicamente muertas e incapaces de garantizar pensiones dignas, aunque preservan grandes dividendos a quien administra los fondos pensionarios.
¿Cuánto más nos tardaremos en ajustar ese fallido esquema mexicano de capitalización individual?
Redacción:
Este artículo de Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la
Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 4 de abril de 2009.
