El IMSS bajo el foxismo 27

“ “Frente a este escenario, nosotros los trabajadores no debemos esperar a que el cambio venga por la vía electoral, como tampoco que venga de la insurrección radical. Los trabajadores tenemos en nuestras manos un recurso que hoy debemos de rescatar: me refiero a las organizaciones sindicales. El instrumento es que hoy busquemos mantener vivos a los sindicatos, para que efectivamente sean la fuerza y el respaldo de los trabajadores cuando se les habla con la verdad. Cambios internos, cambios que nos deben de llevar a cambios sustanciales, en donde la dirigencia sindical debe de emprender nuevas políticas y nueva democratización en beneficio de la seguridad social .1.

Según dicen, en el año 700 AC, el aclamado Lao Tsu ya aconsejaba a los líderes:

“vayan con las personas, convivan con ellas, aprendan de ellas. Comiencen con lo que ellas saben, construyan lo que ellas tienen, y trabajen con los mejores líderes, de manera que cuando el trabajo sea hecho, la gente pueda decir: lo hicimos nosotros mismos”. 1.

En otro lugar examiné una agenda para la modernización de las propuestas sindicales desde la materia de trabajo (Leal, 2005; Leal, 2005ª). Ella puede resumirse en los siguientes ocho considerandos:

“La relación entre la democracia y la economía de mercado Por primera vez en la historia moderna, los combates ideológicos han terminado y existe una mayor aceptación de los conceptos de democracia y del modelo de economía de mercado. Se ha identificado un vínculo directo entre la economía de mercado y la democracia, el cual supone que la apertura económica no puede ser propiamente sostenible sin instituciones y procesos democráticos que la respalden. Los dos conceptos –democracia y economía de mercado- funcionan unidos, y juntos son la solución para la inclusión de la globalización. Podría afirmarse que vivimos en una época realmente única, en la cual hay convergencia de opiniones sobre la forma más propicia de gobernar, y este cambio respecto a la mentalidad del siglo pasado brinda una nueva oportunidad para el empresariado.
Esta fue una de las conclusiones más sobresalientes de la Comisión Mundial de la OIT sobre la Dimensión Social de la Globalización en la que tuve la oportunidad de participar activamente. Tal vez uno de los mayores éxitos de la Comisión fue enviar un mensaje contundente sobre la gran fuerza positiva de la globalización como generadora de cambio, tanto económico, como político y social. Otro mensaje importante de la Comisión fue que ha terminado la era en la que la confrontación y la polémica dominaban en los debates. Si queremos que la globalización aporte beneficios para todos, es preciso iniciar un debate colectivo, escuchar diferentes ideas, explicar nuestros puntos de vista y explorar nuevas vías para avanzar.
En esencia, lo que se presenta es una oportunidad enorme para el empresariado. Existe completa unanimidad en un punto crucial: queremos que los beneficios de la globalización alcancen a un mayor número de personas. Este es un mensaje realmente contundente. Entonces, tenemos consenso sobre el modelo a seguir. También tenemos consenso en el proceso a seguir, aunque reconocemos que no ha sido perfecto y necesita mejorarse. En ese contexto, la Comisión Mundial ha contribuido para que el debate sobre la globalización se aleje de la confrontación polémica. Estamos incursionando en dominios ignotos, y el empresariado necesita actuar audazmente y aprovechar beneficios que esta oportunidad les ofrece.
Progreso basado en valores

Habría que concentrar esfuerzos para que el modelo de economía de mercado y la democracia estén al alcance de todos quienes deseen gozar de sus beneficios. Esto representa una gran oportunidad, pero es preciso que todos los actores de la sociedad asuman un enfoque basado en valores. Es necesario amalgamar los valores que resultan de la responsabilidad individual, es decir, el respeto a la ley, el respeto a los demás y a la propiedad, la transparencia, la integridad, la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la honestidad intelectual y el total respeto de las reglas del juego.
La responsabilidad es fundamental en un enfoque basado en valores. Todos los actores de la sociedad tienen la responsabilidad de contribuir al mejoramiento y desarrollo de los valores de la sociedad. La responsabilidad debe ser compartida por todos, cualquiera que sea su papel o función dentro de la sociedad. Los valores individuales, que son el reflejo de los valores sociales, marcarán la diferencia. Son estos valores los que deben entretejerse en la manera en que las empresas concíbanle futuro en su visión operativa y estratégica.
< Cuando dichos valores faltan o se aplican de manera incorrecta en el financiamiento de la sociedad, se merman las posibilidades de gozar plenamente de los beneficios del modelo de economía de mercado democrático.
El papel central de la empresa en la sociedad

Una de las muchas nociones interesantes que surgieron durante los estudios realizados en preparación de nuestros debates en la Comisión Mundial, fue que la gente, en términos generales, no se opone a la globalización, sino más bien tiene opiniones contundentes en relación a algunos aspectos de la misma.
El sector empresarial no sólo debe explicar mejor sus objetivos, sino más importante aún, debe explicar a la sociedad su importante papel en la misma. En los últimos veinte años, gracias a políticas que han permitido a las empresas generar vínculos mundiales y locales, cientos de millones de personas han sido rescatadas de la pobreza. Esto no significa que no quede mucho por hacer, pero lo que estas políticas han demostrado es su gran potencial. Se han creado empleos y sociedades enteras se han desarrollado en los ámbitos sociales, políticos y económicos.
Pese a ello, aún existen protestas en contra de la globalización. Las empresas deben implicarse en el debate sin temor a presentar sus argumentos, pues son buenos, son de vanguardia y pueden llegar a marcar la diferencia en la vida de muchas personas. Necesitamos entablar un dialogo con quienes están en contra de la globalización y ayudarles a comprender los beneficios que ofrecen las políticas de libre mercado. Al mismo tiempo, debemos escuchar sus argumentos y solicitarles que nos expliquen su visión. Una vez que logremos esto, podría potencialmente crearse un debate más centrado y productivo.
No todas las personas están en contra de la globalización, sin embargo, hay escepticismo en lo que respecta a ciertos aspectos de la misma y representan desafíos que la empresa debe afrontar. La opinión pública debería ser educada sobre el papel que desempeña la empresa dentro de la sociedad, y dicha educación debería empezar con los niños. Este es uno de los más grandes y más importantes desafíos que las empresas enfrentan en nuestros días: explicar el papel de la empresa y ganarse la simpatía y el pensamiento de las personas. Después de todo, es un mensaje muy positivo.
Hay que reconocer que los argumentos a favor de una mayor integración económica se debilitan cuando los países desarrollados actúan de manera distinta a lo que predican. ¿Cómo pueden los países desarrollados promover el libre comercio por un lado, y por el otro no implementar las políticas necesarias para llegar a una autentica apertura comercial? El mundo empresarial ha de estar en la primera línea de batalla para promover reglas justas a nivel mundial.
Para ello, las empresas necesitan líderes competentes y vanguardistas en todos los niveles: local, nacional, regional y global. Líderes que promuevan la creación de un sistema de valores para los ciudadanos, líderes que puedan juzgar cuando un cambio es necesario, que puedan adaptar las políticas y, fundamentalmente, que sean responsables de sus acciones.

El buen gobierno

Para lograr una economía de mercado democrática, como primer paso, la sociedad necesita construir estructuras transparentes, honestas, democráticas y, sobre todo, que sirvan al interés público y que sean claras. La claridad y la responsabilidad son la sólida base del buen gobierno.
El buen gobierno empieza en casa, es una de las premisas en la que se sustenta el informe de la Comisión Mundial de la Globalización. Estructuras que fomenten la buena gobernanza sostenible son necesarias para construir bases fuertes para todos los niveles y para todos los actores dentro de la sociedad. Las instituciones bien gobernadas, a nivel local y nacional, cumplen un papel fundamental para facilitar la integración y asegurar que los beneficios de la globalización lleguen a todos.
Tal vez una de las principales razones de la exclusión sea la mala gobernanza. Algunos elementos esenciales se requieren para lograr un ambiente propicio a las inversiones, al desarrollo y a la inclusión. Por ejemplo, el gasto público destinado a la infraestructura, al desarrollo humano, a la salud, a la educación; la gobernanza transparente y abierta; las políticas económicas que promuevan el desarrollo económico y un marco de regulación adecuado; un entorno apropiado para el crecimiento de la pequeña y mediana empresa; facilitar la integración de los miles de millones de personas que trabajan en la economía informal en la economía formal; y ayudar a los jóvenes a encontrar oportunidades de desarrollar sus habilidades y su capacitación. Estos son elementos clave para lograr el desarrollo económico y social necesario.

El papel del sector privado en la lucha contra la pobreza

Cuando nos referimos a la creación de empleo, hablamos de estrategias para reducir la pobreza, lograr el desarrollo nacional y crear oportunidades para todos. Los responsables de crear políticas nacionales e internacionales reconocen el papel esencial del sector privado para promover la inversión. La inversión es una manera de luchar contra la pobreza y la exclusión. Estas ideas están teniendo, cada vez mas, una resonancia importante dentro del sistema multilateral.
Las organizaciones empresariales en el ámbito nacional y las mismas empresas juegan un papel crucial en reforzar y desarrollar al sector privado. Podría afirmarse que son las organizaciones empresariales, y no los gobiernos, quienes juegan el papel más importante en lo que respecta a la creación de condiciones propicias para la pequeña y mediana empresa. Las organizaciones empresariales pueden contribuir a atraer inversión extranjera; al desarrollo de una cultura empresarial; a facilitar el tránsito de la economía informal a la economía formal. Estos son los ingredientes esenciales que harían posible que un mayor número de países en desarrollo accedieran a los beneficios de la globalización.
Los mercados se constituyen por personas que poseen un poder adquisitivo, lo que equivale a personas que son productivas para ganar lo necesario para adquirir bienes. La globalización y el desarrollo van de la mano. Actualmente, los mercados desarrollados están saturados, y los mercados en los países en desarrollo representan el mayor potencial. Es por ello que es importante abordar temas como la pobreza, desarrollo inadecuado de los recursos humanos e infraestructura, inclusive desde la perspectiva de la empresa, ya que todos estos problemas que encontramos en los países en desarrollo. Los niños en la pobreza de hoy deberían ser los productores y consumidores del mañana, por lo que es necesario expandir y profundizar el mercado para que esta idea se vuelva realidad.

La importancia del multilaterismo crece gracias a la globalización

Mientras que la globalización ha puesto de relevancia el papel esencial del sistema multilateral, todavía estamos frente a un sistema construido para un mundo de décadas pasadas. Décadas con diferencias extremas en términos económicos y de modelos políticos. Todo esto ha cambiado, por lo que nuestras instituciones también necesitan cambiar.
A escala internacional, el mundo empresarial necesita un sistema multilateral que se complemente y que funcione en diferentes áreas, las cuales pueden coincidir, pero las competencias de las instituciones deberían ser diferentes. Un sistema multilateral en donde las instituciones compitan entre si conlleva a la incoherencia y al fracaso. El actual sistema multilateral debería ser más eficiente, con mayores recursos y con mayor capacidad de respuesta, y evitar toda duplicación y mala administración. Las oportunidades de crecimiento y de desarrollo solamente pueden ser explotadas por aquellos que participen en él y que negocien las reglas eficazmente”. 1.

“Proteger los derechos de propiedad y dar un programa de incentivos fiscales son dos mecanismos que facilitarían la incorporación de la economía informal a la legalidad cuyo impacto en el PIB es entre 20 y 25 por ciento.
En México ya sabemos que es lo que tenemos que hacer, el problema es el cómo y la coyuntura política que inhibe las decisiones de este gobierno para legalizar a la economía informal cuyo impacto en el PIB es de 15 por ciento, según INEGI, (pero) cálculos nuestros ubican el golpe entre 20 y 25 por ciento.
Si se formaliza a quienes están fuera de la ley, en términos de impuestos la recaudación se elevaría de 650 mil millones de pesos a un billón anual.
La protección de los derechos de propiedad e incentivos fiscales son dos vías para iniciar el proceso” .
Para el CEESP, la legalización de las personas que se dedican a este tipo de actividades no es una tarea sencilla y lo ve como algo muy lejos de lograrse, por sus altos costos.
Si a un vendedor informal le sale el costo de producción de discos a 1.5 pesos la unidad y lo vende en 10 pesos, la tasa de ganancia es de más de 600 por ciento; pero si se formaliza, si obtiene su registro de Hacienda, resulta que su costo de producción se eleva a 7 pesos y lo vende a 11, y sobre esa diferencia hay que pagar impuestos. ¿Quiénes entonces se animarían a formalizarse?
Otra vía para disminuir la informalidad en México es a través de mejores empleos, fuentes de trabajo que contengan salarios dignos y prestaciones sociales”. 1.

La pregunta es sencilla: ¿pero cómo se logra todo esto? Porque, sin duda, el mundo “global” es crecientemente complejo.

“Las diversas estadísticas emanadas de respetables instituciones indican que en México existen entre 55 mil y 65 mil empresas medianas mexicanas, las cuales representan el pulso económico de la situación del país.
Estas empresas luchan diariamente para sostener sus ventajas estratégicas, sus opciones económicas y muchas por sobrevivir.
Ante una etapa de incertidumbre económica en los mercados locales, fruto del empañado horizonte político, las empresas deben hacer esfuerzos adicionales para fijar estrategias competitivas que les permitan enfocar sus esfuerzos y los, en muchos casos, tan limitados recursos –económicos, humanos y tecnológicos.
La realidad de esta empresa es distinta a la de las grandes corporaciones y algunos aspectos a considerar serían los siguientes:
Concentración.- El que mucho abarca, recursos le faltan. Por diferentes modas de desarrollo orgánico e inorgánico, las empresas medianas mexicanas se encuentran hoy con una diversidad, dispersión de iniciativas y esfuerzos productivos. Ante la perversa combinación de incertidumbre y escasos recursos, una primera consideración muy importante sería concentrar lo más posible los esfuerzos. Volver a enfocarse en lo que mejor hacemos, los mejores mercados, productos, segmentos. Reducir el abanico de opciones permitirá concentrar el empuje financiero detrás de las opciones más lucrativas, seguras, rentables o donde ejercemos mayor dominio o mejor competimos.
Lógica básica.- Pocos recursos, particularmente los humanos y, claro, los financieros. Siempre que hemos reevaluado la dispersión de actividades en la que una empresa está involucrada, sin que la misma gerencia o dueños entiendan cómo llegaron a ello, encontramos que al estudiar bien, detenidamente, estos negocios o segmentos, muchos de ellos no aportan nada al bottom line. En cambio, son exactamente los que más atención distraen de la alta gerencia.
Maximizar el efectivo.- En épocas de incertidumbre el efectivo es el rey. ¿Dónde se va el efectivo? En excesos y descontroles de los inventarios, en cuentas por cobrar a clientes, la nómina, los gastos, etcétera. Pero ciertos controles, sólo ciertos controles en cada caso, serían directamente proporcionales a la mejora sustancial del flujo de efectivo.
Considerar una detallada evaluación de las inversiones en bienes inmuebles.- El mercado para la monetarización de los mismos está muy apetitoso, donde se pueden vender los activos en buenos precios de realización, y rearrendarlos con o sin opción de compra, a largo plazo, con lo cual se da una inmediata capitalización e infusión de efectivo al negocio. Las tasas de financiamiento a que tal mercado tiene acceso hacen el negocio mutuamente atractivo. En línea con el precepto anterior, nuevamente el reto para la empresa mediana mexicanas sería el uso de efectivo en las opciones más rentables del negocio.
Asociación estratégica.- El complicado y competitivo mundo globalizado de hoy obliga a la creación de sólidas asociaciones estratégicas. La empresa mediana mexicana no ha sido particularmente exitosa en este terreno. Estas estrategias serán particularmente útiles en ampliar las capacidades de compra, distribución, acceso a financiamiento, etcétera. El tamaño si cuenta. Y cuando la mediana empresa mexicana no lo tiene por sus propias peculiaridades, debe lograrlo con asociaciones estratégicas. ¿Cómo competir en un mercado del abarrote si no se puede competir con el gigantesco poder de compra de las grandes cadenas comerciales? Una asociación estratégica de varios medianos distribuidores o comercializadores, que operan en diferentes mercados, les permitiría tener acceso conjuntamente a un mejor poder de compra y condiciones comerciales –crédito, condiciones de entrega, etcétera.
Una mejor, clara, estructura de gobierno corporativo.- La empresa mediana mexicana debe poner mucha más atención a su estructura de gobierno corporativo. ¿Cómo se toman las decisiones en la empresa? ¿Cómo se gobierna y se controla la entidad? Particularmente si es una coinversión con terceros socios estratégicos. Los estatutos deben definir muy claro las reglas del juego para la toma de decisiones. Esto va a ahorrar mucho tiempo, malentendidos y quebrantos desafortunados.
Estas empresas se componen en un 25 por ciento de los casos de muy pocos socios, dos o tres, y en otros, 75 por ciento es una empresa familiar. En ambos casos, 85 por ciento de ellas no sobreviven de la segunda generación o a una relación a diez años. ¿Por qué? Porque carecen de reglas claras en sus estructuras de decisión. Nacieron con la típica SA que recomendó un abogado y que protege ciertos aspectos, pero utilizamos un viejo cascarón de estatutos –básicos– clásicos.
Mal. Hay que definir, diseñar y redactar reglas muy claras para la toma de decisiones, también en las empresas familiares unipersonales, para anticipar un cambio de generación sin disturbios y con un liderazgo compartido.
Participar activamente en la economía.- No podemos dejarla de lado. La mediana empresa mexicana tiene que aprender a subirse a ella. Las malas noticias: los macrointegradores van a forzar a las medianas empresas a subirse a cadenas de abasto obligatoriamente. Grandes cadenas de suministro, grandes empresas y gobiernos van a ir forzando a sus proveedores y socios a participar en cadenas electrónicas. La buena noticia es que con nuevos jugadores denominados Aplication Service Providers, podrían acceder las plataformas electrónicas y aplicaciones de negocio electrónico con tan solo rentar los servicios. Sin la problemática que implica invertir en el equipo, los técnicos, la seguridad se los sistemas, etcétera.
El 65 por ciento de la mediana empresa mexicana no ha terminado se incursionar en la nueva economía. Hay que incluir esto en la estrategia de continuidad comentada antes, ya que puede abrir nuevos horizontes en sus operaciones, nuevos modelos de negocio para operarlos, etcétera, e incluso hay que considerar la posibilidad del outsourcing.
Según la revista de América Economía de abril 2005, solo el 10 por ciento de las empresas en Latinoamérica tercerizan sus necesidades en logística, cuando más de 25 por ciento podría hacerlo logrando mayor efectividad, eficiencia y ahorros. En México probablemente sólo el 8 por ciento aprovecha esta condición. Sin duda, una gran opción de competitividad a explorar.
Sin duda existen otras muy importantes áreas de atención que pueden convertirse es beneficios económicos directos para la mediana empresa mexicana, como puede ser al talento humano, nuevas metodologías y tecnologías de producción, etcétera, pero por lo pronto hay que empezar, ya, con alguna estrategia.
Finalmente, ¿por dónde empezar? Cada empresa es una circunstancia distinta, cada uno deberá evaluar el grado de utilización de cada uno de estos factores cada uno debe encontrar su modelo de desarrollo y competitividad en tiempos complejos, pero es importante que haga algo. Que ponga un alto en el camino y considere sus oportunidades y estos factores de competitividad en su operación futura.
¿Por donde empezar? Ubique una asesoría externa que le permita definir un camino y forzar a que se lleve a cabo. Que contenga una visión objetiva y cercana. Que rete la mejora continua de los procesos, del negocio, de la empresa, o, en su caso, de la familia empresarial1.

Y eso no es todo.

Seis ejemplos más

a) La Eurocámara cierra el paso a la semana laboral de más de 48 horas. El fenómeno del opt-out

“Frente a la tendencia general a prolongar la jornada laboral, el parlamento Europeo voto ayer por el tope de las 48 horas semanales incluidas las extraordinarias .
La Eurocámara, con 355 votos a favor, 277 en contra y 31 abstenciones, dictaminó que las excepciones a la regla que aplica el Reino Unido y que se extienden a una decena de países deben acabar en tres años. Tampoco las guardias inactivas deben considerarse tiempo de descanso.
“Dejemos claro que rechazamos el modelo americano y asiático y queremos el modelo social europeo”, dijo el socialista español Alejandro Cercas.
La patronal europea, pero también el comisario de Empleo, el checo Vladimir Spidla, deploraron la decisión tomada por el pleno de la Eurocámara, que en este asunto tiene el poder decisorio junto al Consejo (formado por los gobiernos de los 25 países de la UE), razón por la cual el resultado final debe obtener el concurso de ambas instituciones. Junto al Reino Unido, país que logró introducir hace diez años la excepción a las 48 horas (conocida por opt-out) en la normativa europea, hay ya una decena de países que la están aplicando o planean hacerlo, como Alemania, Polonia o Eslovaquia.
Francia y España están entre los defensores de una mayor protección de la calidad en el empleo. No obstante, España aplica el opt-out en la atención sanitaria. Lo que de salir adelante la propuesta del Parlamento debería terminar en tres años.
“Lo que pasa en este sector”, explica Cercas, ponente del informe aprobado ayer, “es que las guardias inactivas puedan computarse de manera distinta dependiendo de los convenios colectivos suscritos”.
La actual normativa europea indica que ningún trabajador deberá trabajar más de 48 horas semanales (horas extraordinarias incluidas), pero millones de trabajadores, la mayoría de ellos del Reino Unido han suscrito la cláusula del opt-out que permite a sus empresas exigirles más horas de trabajo. La difícil situación económica europea, el alto nivel de desempleo y la pérdida de competitividad están desembocando, según diversos estudios, al abuso de las empresas y a la extensión de esta cláusula en Europa, especialmente en el Este.
Alemania, Estonia, Malta, Austria, Eslovaquia y el Reino Unido recurren al opt-out o tienen previsto recurrir. No descartan hacerlo Italia, Lituania, Polonia y Eslovenia. Los laboristas británicos, en el gobierno desde hace ocho años votaron ayer, sin embargo, a favor de terminar con esta fórmula, junto al resto del grupo socialista, al que se unieron verdes, parte de los liberales y parte de izquierda Unitaria.
La Comisión Europea propuso el año pasado modificar la directiva de ordenación de tiempo de trabajo, fundamentalmente para atacar a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo sobre las guardias médicas, precisamente ante una demanda española de la Comunidad de Valencia.
Los jueces dictaminaron hace cinco años que dichas guardias deben ser consideradas tiempo de trabajo, y la Comisión, considerando que tal sentencia pone en dificultades a los sistemas sanitarios, propuso en 2004 que no se considere tiempo trabajado la guardia inactiva, en la que el empleado esta disponible, pero no realiza trabajo efectivo. El Parlamento Europeo también lo rechaza porque considera que largas horas de guardia sin el descanso preceptivo (normalmente deben ser 11 horas consecutivas una vez terminado el tiempo de trabajo) es algo peligroso e injusto.

Convenios colectivos

La propuesta de reforma de la Comisión se ha saldado con un resultado, por el momento, muy distinto al que Bruselas deseaba. Porque para el opt-out, por ejemplo, Spidla sólo proponía limitarlo a convenios colectivos, nunca de acuerdos individuales (posibilidad ahora existente) en los que el empleado puede sentirse más forzado a aceptar las condiciones del empleador.
En contrapartida, la Eurocámara ha aceptado que el cómputo de las horas semanales trabajadas se haga por un período de referencia de un año y no de cuatro meses, como se hace ahora. Y, por supuesto, tampoco se toca el principio de que directivos altos ejecutivos u otras personas con poder de decisión autónoma superen voluntariamente el tope.
La patronal europea, Unice, dijo ayer que el opt-out es “esencial” mientras los sindicatos europeos (CES) dieron la bienvenida al voto parlamentario.

“Los trabajadores cansados son peligrosos”

La modificación de la directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo esta centrado en el debate en el asunto más sensible de la Unión: el modelo social europeo. El debate parlamentario sobre este asunto ha demostrado que, en este primer asalto, se ha impuesto el modelo social frente a los que desde centro-derecha hablaron de falta de realismo por parte de socialistas y verdes a los que acusan de poner en peligro la competitividad europea.
“Hay que acabar con el opt-out (cláusula que permite superar el tope de las 48 horas semanales mediante convenio colectivo o acuerdo individual entre empleador y empleado)”, dijo el laborista británico Stephen Huges. “Hay que intentar conciliar la vida laboral y familiar”.
“Los trabajadores cansados son peligrosos, tanto con la maquinaria con la que trabajan como con el coche cuando regresan a casa. Hay que acabar con el opt-out que esta generalizando en Europa la jornada de 60 horas”, dijo la verde británica Jean Lambert.
Izquierda Unitaria defiende tesis parecidas aunque una parte del grupo negó su voto a los socialistas por considerar que la propuesta de Alejandro Cercas no ha ido lo suficientemente lejos. Aunque la mayor parte de los liberales y conservadores del PPE defendieron más la competitividad que los estándares de empleo, algunos se descolgaron.
“El opt-out contradice el espíritu de la propia directiva”, aseguró el liberal francés Bernard Lehideux. “Ciertamente hay polémica interna en mi propio grupo”, confesó la conservadora holandesa Ria Oomen-Ruijten.
En el Reino Unido, cuatro millones de trabajadores han suscrito la cláusula del opt-out que da carta blanca a los empresarios para que les exijan jornadas por encima de las 48 horas semanales. Los análisis de la Comisión Europea demuestran que allá donde se permite el opt-out las jornadas medias de los trabajadores son más largas.
Mientras tanto, los primeros debates habidos en el seno del Consejo (formado por los gobiernos de los 25 miembros de la UE) demuestran que una decena de países son favorables a adoptar una fórmula que mejoraría su productividad.
España, aplica el opt-out en la atención sanitaria y Francia lo hace para los médicos internistas. Sólo nueve países europeos no recurren a esta formula para ningún sector. Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suecia alegan que los períodos de referencia para las 48 horas semanales ofrecen la suficiente flexibilidad para poder satisfacer las necesidades de los diferentes sectores”. 1.

“La polémica directiva sobre la liberalización del sector servicios, conocida como directiva Bolkestein, regresa hoy a la mesa de los ministros de Competitividad de la Unión Europea, sin ninguna esperanza de acuerdo, aunque servirá para hacer un balance sobre la forma en que continúan los trabajos .
La presidencia Luxemburguesa de turno presentará un informe sobre los avances de los últimos seis meses, en especial tras el Consejo Europeo de marzo, cuando los líderes europeos pidieron una revisión del texto para preservar el modelo social.
La propuesta directiva, formulada por la anterior Comisión Europea, estuvo durante meses en el ojo del huracán por la férrea oposición de algunos países, pero sobre todo de la opinión pública de Francia y Bélgica. Durante la campaña del referéndum francés para la Constitución europea los partidarios del no, que al final se acabó imponiendo, tomaron este proyecto como ejemplo de amenaza al modelo social.
En la discusión de hoy no habrá acuerdo, pues las posturas están demasiado enfrentadas, pero se pretende hacer balance para seguir las discusiones cuando el mes que viene la actual presidencia pasa el relevo de Reino Unido, según fuentes diplomáticas.
Francia, Bélgica y Alemania son los países que más oposición muestran al actual texto, frente a los más favorables como Reino Unido, Holanda o Irlanda. España es partidaria de avanzar en la liberalización de los servicios en la UE, pero cree que tiene que hacerse de manera compatible con una adecuada protección del servicio público, la seguridad jurídica y los consumidores.

Suprimir obstáculos

Tras la polémica suscitada, el comisario Europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ha señalado que el actual texto tiene que ser enmendado para clarificar que las condiciones laborales no se vean afectadas y que algunos servicios públicos como la salud, queden excluidos. La propuesta pretende suprimir los obstáculos a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y la libertad de establecimiento, en este sector que representa el 70 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la UE.
Durante estos meses ha habido progresos en aspectos como la creación de ventanillas únicas, a las que un prestatario podrá dirigirse en una administración nacional para realizar trámites.
Las posiciones no convergen aún en el principio de la autorización tácita, es decir, que un prestatario de servicios pueda iniciar sus actividades si la administración no ha contestado a su petición de autorización en el plazo establecido.
Y siguen enconadas en los aspectos más polémicos, en especial el principio del país origen, que estipula que un prestatario de servicios pueda hacerlo en otro estado miembro rigiéndose por las normas de su país, lo que según sus detractores abre la puerta al temido dumping social. El Parlamento Europeo sigue sus debates en torno a la propuesta de directiva”.

c)El fracaso de la OIT frente al nuevo convenio pesquero

“En Ginebra, la alianza empleadores-gobierno en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impidió la adopción del convenio sobre el trabajo en el sector pesquero, que pretendía darle mayor protección a unos 15 millones de pescadores en el mundo .
La 93 conferencia de la OIT concluyó con un fracaso. Debido a la falta de quórum en el número de votos en favor de la nueva convención (288 a favor, ocho en contra y 139 abstenciones) el nuevo instrumento de protección laboral no pudo ser adoptado. Delegados de empresarios y gobiernos se abstuvieron mayoritariamente en la votación nominal final.
No será sino hasta 2007 cuando la demanda de protección de los pescadores y de unificación de siete convenios laborales para el sector de la pesca podrá ser reinstalada en la agenda de la OIT previa aceptación del Consejo de Administración.
Como ha sido el caso en varias disposiciones recientes sometidas a los 4 mil delegados tripartitos de la OIT, la alianza gobierno-empresariado obstaculiza o impide lograr mayores coberturas de respeto a disposiciones laborales para los trabajadores del mundo.
El caso de México lo ejemplifica: únicamente votó en favor Hilda Anderson, secretaria de Acción Femenil de la CTM. Del grupo gubernamental se abstuvieron Socorro Rovirosa, ministra en la Misión de México ante la ONU y Antonio Rosas, subdirector de la Dirección para la OIT de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; del grupo empresarial se abstuvo Reynold Gutiérrez, de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Concamin. La representación tripartita de México a la 93 conferencia de la OIT estuvo integrada por 62 delegados del gobierno, trabajadores y empresarios.
Cleopatra Doumbia-Henry, directora del departamento para la aplicación de normas en la OIT, al explicar el fracaso dijo que la abstención de los empleadores se debió a que no tienen la certeza de que el convenio propuesto -negociado durante tres años- va a ser ratificado por los países en desarrollo, debido a que otorga "numerosas excepciones para la protección de los pequeños pescadores, que son los más pobres y los más numerosos".

d) Los agricultores ibéricos y las cuotas a la seguridad social

“El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto de Ley de ayudas a los agricultores afectados por la sequía. El texto incluye una partida de 750 millones en créditos al 2 por ciento para aquellos agricultores que hayan perdido más del 20 por ciento de su cosecha. Además rebaja un 50 por ciento la cotización a la Seguridad Social a los agricultores entre julio de este año y febrero de 2006. Los sindicatos agrarios acogieron el decreto ley con división de opiniones: UPA y COAG lo apoyan moderadamente y ASAJA lo considera insuficiente. Para el PP las ayudas “llegan tarde y son insuficientes” .
El real decreto ley intenta paliar los daños producidos por la sequía en el sector agrario, el más castigado por la falta de lluvias y las restricciones al regadío. Los agricultores y ganaderos que hayan perdido más de un 20 por ciento de su cosecha en las zonas más afectadas, o más del 30 por ciento en las demás zonas, podrán solicitar las ayudas.
El director general de la Entidad Nacional de Seguros agrarios, Fernando Burgaz, afirmó en Sevilla que las indemnizaciones comenzarán a pagarse este mes. Agricultura no tiene todavía una estimación de los daños que ya ha causado la sequía, pero los sindicatos las cifran en más de 1.600 millones. El texto incluye las siguientes medidas:

• Cotizaciones. El decreto ley establece que los agricultores inscritos en el régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o como autónomos en agricultura, ganadería, caza y silvicultura podrán pedir una rebaja del 50 por ciento en sus cuotas entre julio de 2005 y febrero de 2006. Ésta es una de las medidas que no se habían incluido como ayuda en anteriores sequías. A cambio, agricultura ha retirado la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles que Habitualmente se contemplaba en estos casos. El ministerio considera que así se ayuda más a los agricultores y menos a quienes tiene parcelas pero no vive de la agricultura. Además, las empresas afectadas por la sequía podrán pedir una moratoria de un año en sus cuotas a la Seguridad Social. Esto significa que las tendrán que pagar el año que viene aunque sin intereses.
• Préstamos. El instituto de crédito oficial crea una partida de 750 millones de euros para préstamos al 2 por ciento. Los podrán solicitar las explotaciones de secano con pérdidas de más del 20 por ciento en las zonas afectadas o las de un regadío que hayan recibido un 20 por ciento menos de agua. También las granjas de ganado y las explotaciones apícolas con pérdidas. Las comunidades autónomas pueden rebajar ese 2 por ciento de interés con otras ayudas.
• Tarifas. El gobierno anunció también la exención de las tarifas y el canon que pagan los regantes de 13 comunidades de regantes del Segura, el Ebro, el Tajo y el Júcar. El ministerio de Medio Ambiente calcula que las exenciones suman 51.7 millones de euros. El decreto ley incluye también cinco millones para la construcción de abrevaderos para el ganado y ayudas para las heladas del invierno.
• División en los sindicatos. Los sindicatos agrarios no coinciden en su valoración. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) se mostró decepcionada por el decreto ley. Su presidente, Pedro Barato, aseguró que el texto no soluciona nada y criticó que el Gobierno no haya pedido el fondo de solidaridad de la UE. El portavoz de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Javier Sánchez, consideró que el texto es un buen punto de partida al dar prioridad a los agricultores que viven en exclusiva del campo. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) valoró en un comunicado el decreto ley y pidió a las comunidades autónomas que complementen las ayudas.
El portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, José Madero, afirmó que las medidas “llegan tarde y son insuficientes” y recordó que su partido pide ayudas “desde hace meses”.

e) La corrupción en una gran firma. El escándalo pone en cuestión el ‘sistema Volkswagen’

“El escándalo de sobornos en Volkswagen ha puesto de manifiesto las miserias del llamado sistema Volkswagen, un entramado entre la empresa y la política que nadie se ha atrevido a tocar hasta ahora. Pero el descubrimiento por parte de la prensa de que la compañía, símbolo empresarial alemán, sobornaba a su comité de empresa con viajes y regalos, entre ellos los servicios de prostitutas de lujo, amenaza ahora con derribar el sistema. El caso de corrupción ha dañado el consenso a favor del modelo de gestión compartida que funciona en Volkswagen y que permite a los trabajadores participar de las decisiones de la empresa .
Participada en un 18 por ciento por el estado federado de Baja Sajonia, Volkswagen da su nombre a una ley de 1960 que impide que ningún otro accionista tenga más votados que el estado aunque su participación en la empresa sea mayor. Se trata de una medida para proteger el control público sobre el mayor fabricante de coches de Europa que la Comisión Europea ya ha denunciado por entender que obstaculiza la libre competencia. Con dos representantes en el consejo de vigilancia, el estado de Baja Sajonia mantiene un amplio control sobre el grupo.
En 1990, cuando a Volkswagen le sobraban 30 mil trabajadores en la plantilla, el jefe de personal, Meter Hartz, ideo la semana laboral de cuatro días para no tener que despedir a ninguno. Gracias a Hartz, Volkswagen fue durante años un oasis de bondad social en el desierto del capitalismo alienante. Hoy se encuentra ante una nueva crisis. Siguen sobrando 30 mil trabajadores, sus costes de producción superan en 40 por ciento los de otros fabricantes y las ventas bajan por la competencia externa.
Los empleados de Volkswagen en el extranjero, con condiciones laborales más duras e índices de productividad más altos, financian el estado de bienestar ficticio y ya insostenible de los que trabajan en la patria del coche del pueblo. Volkswagen es un vestigio de la vieja Alemania del bienestar: la de antes de la reunificación y la globalización.
Jefe de personal de VW desde 1990 y miembro del partido socialdemócrata SPD, Hartz es amigo y asesor del canciller, Gerard Schröder. El diseñó la reforma laboral que lleva su nombre y con la que Schröder quiso sin éxito reducir el paro a la mitad en Alemania.
Su dimisión supone un duro golpe para la imagen de Schröder en plena campaña electoral, pues su nombre esta ligado al principal proyecto político rojiverde. Entre las funciones de Hartz en VW se contaba la de relaciones con el Gobierno, cargo poco común en la industria alemana.
La difusa división entre empresa y política se puso de manifiesto hace unos meses cuando se destapó que seis diputados –regionales y federales- de Baja Sajonia cobraban sueldos de VW sin ninguna prestación a cambio.
Una normativa de 1990 dictaba que los empleados que se pasaran a la política seguirían disfrutando de salario, coche de empresas y demás beneficios después de abandonar la empresa.
La ciudad de Wolfsburg fue creada en los años treinta para dar albergue a los trabajadores de la fábrica de coches recién fundadas a 75 kilómetros de Honnover. El 41 por ciento de los 123 mil habitantes de Wolfsburg -llamada irónicamente Volkswagenburgo- trabajan directamente VW otros muchos en empresas aledañas, como la autostadt, una especie de parque temático en torno a Volkswagen que atrae anualmente a dos millones de visitantes. Volkswagen es dueño del 90 por ciento del equipo de futbol, el VFL Wolfsburg. Su alcalde, Rolf Schnellecke, es propietario de la empresa de mudanzas y transportes con la que más trabaja VW, con delegaciones en aquellos lugares del mundo donde hay una fábrica de Volkswagen.
Mientras el expresidente de la asociación de la industria Alemana Hans-Olaf Henkel se pronuncia a favor de que Baja Sajonia venda su participación en Volkswagen el sector más liberal de la política pide el fin del sistema de la cogestión. “Las irregularidades en VW tienen que ver a todas las luces con los defectos de la cogestión”, dijo Rainer Brüderle, del partido liberal FDP.
Este garantiza la participación de los representantes de los trabajadores en el consejo de vigilancia, órgano encargado de controlar la labor del consejo de administración. Por regla general, a partir de 2 mil trabajadores la composición del consejo es al 50 por ciento entre empresa y empleados.
“En VW no se nombra a un jefe que no tenga el visto bueno de los trabajadores”, asegura el diario Süddeutsche Zeitung para explicar el poder de los empleados en VW. No sorprende que la empresa tuviera la idea de hacer la vida agradable a los representantes de los trabajadores con la esperanza de que a cambio dieran su brazo a torcer en las decisiones más conflictivas.
La cogestión tiene sus enemigos desde hace tiempo porque, al ser un sistema único en Europa, algunos temen que espante a inversores extranjeros, a compañías extranjeras que quieran asentarse en Alemania o fusionarse con una forma alemana. “Cuando en una empresa se descubren cuentas maquilladas nadie pide por ello el fin de la economía de mercado o de la libre empresa”, apunta Dietmar Excel, consejero de la Federación Alemana de Sindicatos.
No es probable que este escándalo acabe con la cogestión, pero supone un grave daño para el movimiento sindical alemán, en especial para el IG-Metall, que se enfrenta ahora en acusaciones de haberse dejado sobornar de una manera más que deshonrosa.

Los casos de corrupción ponen en peligro el prestigio de la industria alemana. La sucesión de escándalos ha salpicado a Daimler, BMW, Volkswagen y Commerzbank

Los casos de corrupción empresarial se están convirtiendo en noticia frecuente en los diarios alemanes. Los escándalos se han cobrado ya importantes dimisiones y parte del prestigio de la industria. La justicia estadounidense investiga al fabricante de coches DaimlerChrysler por sobornos en una docena de países. Mientras, Volkswagen trata de esclarecer una trama de empresas fantasma y se ha encarcelado a un empleado de BMW por aceptar sobornos. El Commerzbank se ha visto también afectado por un escándalo de lavado de dinero. Las normas de buen gobierno no han dado resultados. En el país que parecía modelo de rectitud, donde las viviendas en planta baja no tienen rejas y no hay barreras físicas para entrar al metro sin pagar, también se extienden los filamentos de la corrupción. No en vano, en el índice de percepción de la corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional, Alemania ocupa el lugar número 15º por detrás de otros 10 países europeos, Nueva Zelanda, Singapur, Australia y Canadá. España está en el número 22º .
Los nombres de los pesos más pesados de la economía alemana están salpicados por un fenómeno que los alemanes acostumbran a llamar filz (fieltro), para destacar lo tupido de su entramado. "La avaricia de los ejecutivos ha desatado una crisis de confianza en la sociedad que se traduce en una enorme actividad de la justicia", constata el periodista Hans Leyendecker en su libro La trampa de la corrupción.
El último caso saltó la semana pasada, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que estaba investigando al grupo germano-estadounidense DaimlerChrysler por posibles sobornos a autoridades extranjeras. Esta investigación se une a la iniciada el año pasado por el organismo regulador estadounidense (SEC), después de que un ex empleado asegurara que fue despedido por quejarse de que la compañía utilizaba habitualmente cuentas bancarias secretas para sobornar a oficiales de distintos Gobiernos. The Wall Street Journal aseguró que Mercedes, filial de Daimler, ha sobornado a Gobiernos de 12 países.

Práctica habitual

Semanas antes, un ejecutivo de ventas de BMW fue detenido por aceptar sobornos de un proveedor. Tanto el sobornado como el sobornador siguen en la cárcel, mientras la prensa asegura que esta práctica es habitual en el sector. Cuando un empleado de ventas quiere recibir ventajas por elegir a un determinado proveedor, explicaba esta semana el diario muniqués Abendzeitung, no tiene más que dejar caer a lo largo de una comida que tiene pensado irse de vacaciones con su esposa a Estados Unidos. El proveedor entiende entonces que espera que le pague el viaje.
Otro fabricante de coches, Volkswagen, se ha visto implicado con una práctica diferente: algunos miembros del comité de empresa frecuentaban prostitutas de lujo a las que pagaban con la tarjeta de la compañía. Otros, acudían a orgías en Praga a cargo de la empresa. Volkswagen organizaba una vez al año para el comité de empresa y sus cónyuges viajes a capitales europeas, donde se alojaban en hoteles de lujo (el Arts de Barcelona era uno de los favoritos). Las señoras recibían entre mil y 2 mil euros para sus compras. A cambio, la empresa esperaba que los representantes de los trabajadores fueran flexibles en las negociaciones. El escándalo se ha cobrado las dimisiones de Klaus Volkert, presidente del comité de empresa, y Peter Hartz, miembro de la junta directiva.
¿Qué ha cambiado en Alemania? No mucho, asegura el vicepresidente de la sección alemana de Transparencia Internacional, Peter von Blomberg. "Ha cambiado la percepción pública de la corrupción. Hoy se habla mucho más abiertamente de ello que antes", explica Von Blomberg. No se puede saber si la corrupción existente aumenta o disminuye. Al menos el 95% de los casos queda oculto, estima Britta Bannenberg en su libro Corrupción en Alemania.
Según Von Blomberg, cada nuevo escándalo ha contribuido a aumentar la sensibilidad de la opinión pública, y en parte también a endurecer las leyes. "A comienzos de los años noventa reinaba la ilusión autocomplaciente de que el funcionario alemán era más resistente a la corrupción que los empleados públicos de otros países", afirma Blomberg. Mientras, las redes corruptas aprovechaban la inopia generalizada para extenderse.
La corrupción se encuentra en los mismos orígenes de la fundación de la República Federal de Alemania: Bannenberg señala que la decisión, en 1949, de poner la capital provisional de la República en Bonn tuvo lugar previo pago de soborno. La novedad no es la corrupción misma, sino los registros policiales, los encarcelamientos de ejecutivos y las dimisiones de consejeros.
En la industria alemana falta el control y la prevención. Antes se consideraba que las contadas ovejas negras no eran motivo para dar a los empleados la impresión de desconfiar de ellos. Para cubrir carencias, el Ministerio de Justicia formó hace cuatro años una comisión para elaborar un Código de Gobierno Corporativo. No ha sido suficiente.

Pérdidas de miles de millones de euros por las prácticas ilegales

A juzgar por las revelaciones de los últimos meses, parece que el sector más corrupto de la economía alemana es el del motor. Sin embargo, el más propenso al abuso es el de la construcción, con más del 40 por ciento de los casos, según la policía criminal alemana. Le sigue el sector servicios, con el 15 por ciento, mientras que el mayor aumento lo ha registrado recientemente el área de la salud: médicos, seguros de salud y laboratorios farmacéuticos.
Esta estadística es sólo orientativa, ya que la policía sólo puede contabilizar los casos denunciados o que han salido a la luz, que se cree que no superan el 5 por ciento del total. Nadie sabe tampoco cuánto le cuesta la corrupción a la economía alemana. Hay estimaciones de que sólo en la construcción se pierden anualmente 5 mil millones de euros. El fiscal general de Francfort y coautor del libro de Bannenberg, Wolfgang Schaupensteiner, sitúa las pérdidas en 350 mil millones anuales.
Pero la criminóloga Britta Bannenberg va más allá: la corrupción, dice, "atenta contra los valores básicos del Estado de derecho social y democrático, pone en peligro la moral empresarial y las bases de la economía de mercado, daña la ética profesional policial, destruye puestos de trabajo, provoca alzas excesivas en los precios y endeudamiento estatal, bloquea el desarrollo y la innovación, propicia la economía sumergida y degenera la moral política".

f) Las paradojas latentes del modelo laboral francés

“La cifra oficial de parados en Francia era de 2.484.100 personas al acabar el mes pasado. Si se suma el contingente de trabajadores que tan sólo han ejercido algún tipo de actividad ocasional, la cifra aumenta hasta casi tres millones. El desempleo se mantiene en un 10.2 por ciento de la población activa desde hace tres meses. Según los datos de la Agencia Nacional por el Empleo (ANPE) de la misma fecha, en Francia había 237 mil ofertas de empleo en el sector privado sin ocupar. La patronal eleva esta bolsa de empleo sin ocupar hasta el medio millón .
Cuando pidió la confianza para su Gobierno, hace un mes, ante la Asamblea Nacional, el primer ministro Dominique de Villepin dijo que era "inaceptable que un parado pueda rechazar sucesivamente varias ofertas de trabajo razonables" y anunció sanciones contra estas personas. Apuntaba así a otra de las supuestas lacras que afectan al sistema de protección social. En Francia es necesario un mínimo de seis meses de trabajo para acceder a las prestaciones de desempleo: un 80 por ciento del último salario durante una primera fase y algo menos durante el siguiente periodo que puede alargarse hasta los dos años.
Hay leyendas urbanas que aseguran que hay auténticos "parados profesionales" e incluso un mercado en el sector de la hostelería que ofrecería contratos por seis meses destinados exclusivamente a retomar el subsidio del Estado. Los sindicatos lo niegan, con razón. "Otra vez la misma musiquilla", dijo el presidente de la CFTC, Jacques Voisin, al analizar la amenaza de Villepin. "La cuestión del fraude es marginal", añadía, "antes de ponerla hay que preguntarse donde están estos empleos".
Todos los sindicatos comparten la reacción de Voisin, pero también reconocen que el volumen de fraude que fija la ANPE –en torno al 10%, es decir 250.0000 personas-, se acerca a la realidad, aunque el fraude consista, principalmente, en cobrar el desempleo mientras se trabaja en negro. El año pasado, 220.000 personas vieron interrumpida su prestación de desempleo por estas razones. Nadie niega, sin embargo, la contradicción de esos puestos de trabajo sin cubrir que ponen en evidencia la rigidez del modelo y una buena proporción de prejuicios sociales.
La mayoría de estos empleos se sitúan en el sector de la construcción, el de la hostelería y el de los servicios sociales. Un estudio de la Confederación Artesanal de las Pequeñas Empresas de la Construcción cifra en 40.000 el número de obreros calificados, no solo albañiles, sino también carpinteros y fontaneros que necesita pero que no encuentra. Los jóvenes franceses no quieren estos trabajos, los consideran sucios y demasiado fatigosos, y además los ven con el prejuicio de que se trata de un trabajo “para inmigrantes”, asegura una fuente de este organismo.
El 23% de los jóvenes franceses de entre 16 y 25 años no tienen trabajo. Una franja de edad muy complicada porque el RMI, el subsidio básico al que tiene derecho todo francés una vez que ya no tiene derecho al desempleo no se puede percibir hasta después de los 25 años. Un buen albañil, explica un pequeño empresario del sector, necesita por lo menos tres años de aprendizaje y ningún joven francés licenciado acepta dedicarse a un oficio sin prestigio.
También faltan fontaneros, una profesión que sirvió de referencia a los partidos del no a la Constitución europea, que vaticinaban la llegada de fontaneros polacos que trabajarían por salarios muy bajos en nombre de la liberación de los servicios. Igualmente hay problemas relacionados con la sangre o los animales, como pescadero o carnicero, todos aquellos que tienen que ver con la muerte o con los olores fuertes. El transporte por carretera es otro de los sectores que no encuentra profesionales. En los próximos cinco años se jubilarán 38.500 conductores de camiones de gran tonelaje. Los jóvenes no quieren tampoco este oficio, lo consideran un trabajo de esclavos.
El Gobierno, por su parte, reconoce que tiene problemas para reclutar gente para los servicios a las personas. Fuentes del Ejecutivo indican que podrían crearse 50.000 empleos en guarderías residencias de ancianos y otro tipo de servicios sociales a través de ayuntamientos y organizaciones comunitarias financiadas por el Estado. Estas instituciones, sin embargo, acaban por renunciar a la posibilidad de crear este puesto de trabajo por falta de personal. El Ejecutivo de De Villepin necesita con urgencia ofrecer resultados de su “gran batalla” contra el desempleo, por lo que optará por crear empleo público , justo lo contrario que se había propuesto el anterior Gobierno de Raffarin que quería aligerar el gran sector público frances.

Dos “salidas”

Primera: la declaración de Granada sobre la globalización (Habermas, 2005)

“El desarrollo de las declaraciones económicas, políticas, sociales y culturales ha adquirido en las últimas décadas una dimensión que se eleva por encima de las fronteras entre los estados e ignora las divisiones administrativas y políticas que se han establecido entre los pueblos. Transportadas por los medios de comunicación, por las nuevas tecnologías de la información, por las redes económicas y los flujos de personas, las acciones y decisiones de cada uno, por remotas que sean, puede llegar a afectar la vida y el destino de poblaciones lejanas en cualquier lugar de la geografía del planeta. Somos agentes activos y pasivos en el gran río de las interacciones de la sociedad mundial.
Para expresar esa nueva realidad utilizamos genéricamente el término “globalización”, aunque no debemos olvidar que se trata de un complejo entramado de creciente extensión e intensidad que presenta multitud de caras y facetas. Hay una globalización económica, que es ante todo globalización de los mercados financieros y expansión del mercado internacional de bienes, servicios y trabajadores. Estamos evidentemente ante una economía transnacional que en gran medida escapa al control de los poderes de los Estados. Pero no se trata solo de un fenómeno económico. Hay una globalización de las pautas culturales, una globalización de los efectos medioambientales, una globalización de las comunicaciones, y también una globalización de las inseguridades y las luchas.
Sabemos que esa compleja multiplicación de los intercambios ha dado como resultado el incremento del bienestar económico y la riqueza cultural en grandes segmentos de la población mundial, pero somos también testigos de que, a su lado, una pavorosa realidad de sufrimiento, incultura y marginación atenaza a millones de seres humanos. La carencia de alimentos, la falta de acceso al agua potable, las enfermedades endémicas, el analfabetismo y las supersticiones conforman el horizonte vital de los pueblos enteros. Las relaciones económicas globales entre países, grandes corporaciones y agentes económicos de todo tipo van con frecuencia escoltadas por la especulación financiera sin control, la explotación inicua de los trabajadores, la persistencia y el incremento de la ocupación de niños en la ores extenuantes, la discriminación de la mujer y el despojo a pueblos enteros de parte de su riqueza natural mediante corrupciones y sobornos a autoridades políticas ilegitimas. También observamos crecientes amenazas al medio ambiente, explotación irracional de los recursos naturales y un consumo incontrolado del patrimonio irremplazable del entorno natural.
La sociedad globalizada es, pues, una sociedad mal estructurada y con efectos perversos sobre centenares de millones de seres humanos. Puede, por ello, hablarse también, siguiendo la terminología acuñada, de “injusticias globales”. Nadie puede dudar que son esas injusticias y desajustes sociales los que dan lugar a flujos incesantes de inmigrantes que, empujados por la necesidad, tratan de ingresar una y otra vez y contra toda esperanza en países extraños y hostiles que, sin embargo, les ofrecen una posibilidad remota de sobrevivir con dignidad.
La invasión imparable de mensajes y comunicaciones de toda naturaleza a través de las redes informáticas, con sus maravillosos logros culturales y científicos, no puede ocultar tampoco que enajenados ante una cultura extraña, miles de seres humanos vuelven su rostro hacia sus tradiciones y creencias en busca de un refugio que torna a veces en intolerancia étnica, nacionalismo agresivo y fundamentalismo religioso, con el patente incremento de la tensión de las relaciones internacionales y la eventual aparición del terrorismo y la guerra.
El nuevo sistema de relaciones económicas, sociales y culturales demanda un orden internacional nuevo. La globalización es también un proceso social con falta de control y regulación, conducido frecuentemente por poderes de escasa o nula legitimidad democrática. Hasta ahora los poderes de los estados nacionales, al menos los Estados desarrollados, habían logrado ciertos niveles de justicia social. El desbordamiento de las fronteras nacionales y la existencia de problemas humanos graves que ya no pueden encontrar solución en el marco estatal exigen una gobernanza y unos poderes más efectivos y, sobre todo, más legítimos. La globalización es un fenómeno nuevo que ha colocado otra vez a la sociedad internacional en una especie de estado de naturaleza que necesita ser sometido a regulación.
El paradigma de la democracia estatal se ha hecho insuficiente pese a que los Estados siguen siendo protagonistas del orden internacional y pueden todavía actuar eficazmente para frenar esos efectos perversos del nuevo sistema de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que se hacen realidad más allá de las fronteras estatales. Las pautas de derecho y justicia que son invocadas en las relaciones internacionales aumentan cada día su complejidad y su diversidad, pero no aciertan a incrementar su fuerza.
Los organismos internacionales que las animan son incapaces de imponerlas, y sus discursos son cada vez más meras exhortaciones mientras la realidad de los intercambios internacionales tiende a hacerse imprevisible y anómica y crecen en ella la injusticia y la desigualdad.
Además los poderes e instituciones internacionales sufren de carencias democráticas graves. Hay que fortalecer y dotar de mayor legitimidad a las instituciones internacionales vigentes, tanto las estrictamente políticas como las económicas y crear otras nuevas que sean capaces de aminorar las debilidades de los Estados democráticos ante estas nuevas situaciones sociales. Las organizaciones no gubernamentales y los grupos e individuos que conforman la sociedad civil global están cumpliendo un importante papel en la denuncia de esta realidad, pero no pueden ir mucho más allá.
Nos sentimos en el deber de hacer una llamada a nuestros gobiernos y nuestros conciudadanos, a las organizaciones internacionales y a las grandes instituciones globales, a favor de una actitud nueva y decidida para incorporar la libertad y la igualdad como valores básicos de los seres humanos, y para que todas las dimensiones de la globalización estén sometidas a las exigencias del imperio de la ley, de una ley que sea cada vez más voluntad general y no solo voluntad de unos pocos.
El gran reto de este siglo XXI es configurar un orden mundial nuevo en el que los derechos humanos constituyan realmente la base del derecho y la política”.

Segunda: la ética de la empresa y no sólo su responsabilidad social (Cortina, 2005)

“El discurso sobre la responsabilidad social de las empresas está de actualidad. Llámese “responsabilidad social corporativa” (RSC) o “responsabilidad social empresarial” (RSE), a secas, lo bien cierto es que se multiplican los cursos, publicaciones, asignaturas universitarias sobre el tema, las grandes empresas se dotan de un departamento dedicado exclusivamente a ello, aumenta el número reinstituciones que ayudan a las empresas a gestionar su responsabilidad, menudean los rankings de organizaciones excelentes y los índices de RSC. Sin duda, es un auténtico fenómeno en el nivel local y en el global.
Ciertamente, la convicción de que las empresas deberían asumir su responsabilidad social data ya, como tarde, de mediados del siglo pasado, pero dos acontecimientos al menos han dado al asunto una relevancia inusitada en los últimos años. El primero es el hecho de que Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, propusiera a las empresas, a las organizaciones cívicas y a las laborales, un Pacto Mundial en 1999, ante el Foro Económico de Davos, con el propósito de extender los beneficio es de la globalización a todos los seres humanos. ‘Elijamos -decía- unir el poder de los mercados con la autoridad de los ideales universales. Elijamos reconciliar las fuerzas creadoras de la empresa privada con las necesidades de los menos aventajados y con las exigencias de las generaciones futuras’. Parecía dar a entender Annan con estas palabras que orientar el mercado en un sentido u otro es una cuestión de elección, no de fatalismo inesperable, y proponía como brújula para las decisiones empresariales respetar y promover nueve principios, que recientemente se ampliaron a diez, y hacen referencia a derechos humanos, laborales, medioambientales y al compromiso de eludir prácticas de corrupción.
En 2001 se produjo el segundo acontecimiento decisivo. La comisión de la Unión Europea propuso el célebre Libro Verde Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas con el propósito de convertir a la economía europea en la mas competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, con más y mejores empleos y mayor cohesión social. Para lograrlo se invitaba a las empresas a invertir en su futuro, llevando a cabo un triple balance económico, social y medioambiental que permitiera el avance en paralelo del crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente. Tres claves para una economía que no quiera hacer nada extraordinario, sino simplemente sus deberes.
Algunos años mas tarde, al menos 2 mil empresas de más de 80 países y también alguna administración pública (ayuntamiento, e incluso gobierno) se han adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y el Parlamento Europeo, por su parte, propone integrar el concepto de responsabilidad social en todos los ámbitos de competencia de la Unión. Así las cosas ¿Corre la RSC el riesgo de morir de éxito? La verdad es que no. En cuanto una idea cobra carne mortal en la sociedad contante y sonante, afloran los problemas, el aterrizaje en la realidad siempre destapa la caja de las grandes cuestiones. La primera es de lo más obvio: ¡es ésta de la responsabilidad social sólo una cuestión de marketing o de convicción profunda?
Hace poco contaba Cinco Días que Georg Kell, presidente del Pacto Mundial, había pedido a las empresas adheridas a él información sobre sus progresos en las prácticas de responsabilidad social, comunicándoles que, de no hacerlo en dos años, se las considerará “inactivas” en el pacto. A la vez se facilitaba urbi et orbi una guía de ayuda práctica para que las empresas puedan comunicar sus progresos en relación con alguno o algunos de los principios y conocer las experiencias ajenas. ¿Por qué hace falta este aviso? ¿Es que en algunos casos se trata de hacerse la foto firmando el pacto y de echarse a dormir?
En algunos, e incluso en muchos casos, desde luego que si, pero descubrir tan apabullante realidad es descubrir el Mediterráneo; un Mediterráneo que revela a la vez dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que la ética vende, es decir, que publicitar la apuesta por prácticas éticas atrae y no repele, que genera buena reputación. La mala noticia es que precisamente por eso puede manipularse, quedarse sólo en la apariencia de una buena actuación que funciona como reclamo. Como todo lo valioso en esta vida, como todos los grandes ideales que pueden manipularse, precisamente porque atraen.
Dando un paso más allá de la foto, la opción par la RSC puede quedar todavía en un ejercicio de competencia entre las empresas que pueden permitirse tener un departamento donde idear actuaciones que no hayan pensado los competidores, esforzarse por aparecer en los rankings mas conocidos, cumplir con la odiosa burocracia que ahoga nuestra civilización. Pero cómo rellenar los papeles no es tan difícil, lo complicado es dilucidar en qué consiste eso de la responsabilidad social.
No hay acuerdo al respecto, claro, pero al menos dos ideas pueden servir como hilo conductor. La primera, aquella famosa caracterización de Milton Friedman que levantó ampollas en 1970: la responsabilidad social consiste en aumentar el beneficio para el accionista, porque la empresa es un instrumento del accionista, que es su propietario. El sujeto ante el que la empresa es responsable es el shareholder, el accionista.
Sin embargo, pronto el centro de gravedad se vio desplazado desde los accionistas a todos los afectados por la actividad de la empresa: accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, contexto social, medio ambiente y Administración Pública. La responsabilidad ante todos ellos podría sintetizarse en la fórmula que presenta el Libro Verde de la Unión Europea: ‘Integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con los interlocutores’. Con lo cual, cualquier lector avisado se percata de que la fórmula de Friedman, no ha sido arrumbada, sino más bien subsumida en una nueva, más inteligente, porque la empresa prudente intuye que si tiene en cuenta los intereses de los afectados en el diseño de las estrategias de la empresa, también aumentará el beneficio del accionista.
Por eso la responsabilidad social no consiste en mera filantropía, no se trata de realizar acciones de beneficencia, desinteresadas, sino en diseñar las actuaciones de la empresa de forma que tengan en cuenta los intereses de todos los afectados por ella. La idea de beneficio se amplía al económico, social y medioambiental, y la de beneficiario, a cuantos son afectados por la actividad de la empresa. Como en algún lugar he escrito, la responsabilidad social debe asumirse como una herramienta de gestión, como una medida de prudencia y como una exigencia de justicia.
Como herramienta de gestión, debe formar parte del ‘núcleo duro’ de la empresa, de su gestión básica, no ser ‘algo más’, no ser una especie de limosna añadida, que convive tranquilamente con bajos salarios, mala calidad del producto, empleos precarios, incluso explotación y violación de los derechos básicos. La buena reputación se gana con las buenas prácticas, no con un marketing social que funciona como maquillaje de un rostro poco presentable. Como medida de prudencia, que permite convertir a los afectados en cómplices de una aventura que debe perseguir el beneficio común en una época en que la celeridad de los cambios más aconseja tener amigos que adversarios, cómplices que enemigos.
Pero a comienzos del siglo XXI sigue siendo verdad que lo radical es ir a la raíz, en este caso, que la responsabilidad social para serlo ha de enraizar en una ética de la empresa. La ética tiene que ver con el êthos, con el carácter que se forjan las personas y las organizaciones, con los hábitos que adquieren día a día para actuar de uniforma excelente, desde la convicción de que hacerlo así es lo que corresponde. Y la ética tiene que ver también con la justicia, con ese percatarse de que cualquiera que sea afectado por una actividad social tiene que ser tenido en cuenta al tomar las decisiones que le afectan. Hay una obligación moral con todos los afectados que no debe eludir una organización justa.
Ciertamente, es posible elaborar una ley de responsabilidad social, y en ello está la comisión de expertos nombrada por el Gobierno. Ante tal posibilidad, los espíritus se dividen, no sólo en nuestro país. Mientras sindicatos y organizaciones cívicas consideran insuficientes las iniciativas voluntarias para salvaguardar los derechos de los trabajadores y los ciudadanos y piden un marco con unas normas mínimas que garanticen reglas de juego equitativas, las empresas subrayan la naturaleza voluntaria de la responsabilidad social, insistiendo en que los mínimos ya están legislados y una ‘ley de responsabilidad’ social no haría sino anular la creatividad y el carácter innovador de la empresa, amén de la dificultad que entraña legislar un ‘hasta dónde’ en el ámbito social. La cuestión continúa en disputa, pero al menos una cosa es clara: que con ley o sin ella, carácter y justicia constituyen ese humus de la ética de la empresa que da sentido a una responsabilidad social resuelta a no dejarse reducir a cosmética y burocracia. 1.

¿Qué hacer en este marco? Como bien sugiere la Declaración de Granada sobre la Globalización, algo bastante “sencillo”: ampliar el marco de la representación democrática en la toma de decisiones.

“cuanto menor es el número de personas que participan en el nombramiento de los líderes y la toma de decisiones, mayor es la probabilidad de que las decisiones políticas satisfagan sólo intereses privados o intereses públicos de pequeños grupos”. 1.

¿Cómo dilatar la representación en esa toma de decisiones?

Frente a la insuficiencia del discurso patronal que, como hemos visto, se topa invariablemente con los saldos pertinentes de la globalización –como reconoce la Declaración de Granada sobre la Globalización- y en el marco de tradiciones sindicales dotadas de pasados recientes intensamente corporativos (Garcia Nieto, 2005) , los trabajadores que operan la seguridad social mexicana pueden empezar a predicar con el ejemplo.
Por tanto resulta oportuno considerar las siguientes ocho aproximaciones ajustar el marco democrático de los trabajadores que operan la seguridad social mexicana tomando decisiones participativas de acuerdo a la materia de trabajo.
1.- Cualquier modernización de la materia de trabajo pasa por un proceso simultáneo de democratización sindical, Sin ella, esa modernización resulta sencillamente inimaginable.
2.- Esa democratización de los aparatos de representación de los sindicatos que se hacen cargo de la salud y seguridad social de los mexicanos, debe expandir la toma de decisiones de manera amplia, ágil, participativa y de acuerdo al lugar que corresponda a cada trabajador en su compromiso específico con la materia de trabajo: la atención médica. Debe darles voz y decisión a las profesiones.
3.- Las renovaciones de los liderazgos sin esa democratización, sólo conducirán a un más de lo mismo.
4.- Este estado es reversible. Los sindicatos no son de nadie más que de las profesiones que en ellos se representan. En la actual toma de decisiones, sobran licenciados y abogados y faltan médicos, enfermeras, profesiones afines administradores dignos y un pequeño equipo de buenos epidemiólogos.
5.- El nuevo diseño de la representación debe contemplar a los jubilados, activos y trabajadores de nuevo ingreso.
6.- El cuadro de la representación seccional debe ser reformulado sobre la base de esas prioridades de la materia de trabajo y las posibilidades de las profesiones involucradas en el equipo de salud para emitir líneas de trabajo orientadas al mejoramiento del proceso de atención que tiene como destinatario principal y final al paciente (derechohabiencia).
7.- La tarea debe empezar por el ajuste de esos profesiogramas a la materia de trabajo con independencia del principio de bilateralidad y dirigido al paciente. Así, los sindicatos pueden estar la altura de su derechohabiencia global ya que su trabajo es para y por un paciente universal.
8.- Los sindicatos podrían estar dispuestos a educar a los nuevos funcionarios dignos y responsables del nuevo gobierno.