El siguiente episodio ¿en las “estancias” changarro de Calderón?
Gustavo Leal F.
Al sur de Hermosillo, Sonora: 35 bebés muertos. 49 infantes y 6 adultos hospitalizados. La guardería ABC -subrogada por el IMSS- operaba “habilitada” en una antigua nave industrial, al lado de una bodega industrial, en un espacio de 50 por 30 metros que apenas hace 3 años era una maquiladora de ropa. No tenía salidas de emergencia. No contaba con extinguidores. Su personal eran empleadas o maestras. Atendía a más de 200 menores de entre 6 meses y 5 años. 142 estaban dentro a las 15 horas de ese 5 de junio. La peor tragedia de que se tenga registro.
Es la “calidad” del esquema de guarderías subrogadas por Genaro Borrego, Santiago Levy, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam en el IMSS de los panistas; sistemáticamente denunciado de “un peligro” para los infantes y, con Calderón, extendido electoralmente desde Los Pinos, el DIF de Margarita Zavala y la SESDESOL de Lía Limón Rojas, hoy candidata del PAN a la Asamblea Legislativa del DF.
Este esquema del IMSS panista arrancó en 2003 “urgiendo” incrementar el cupo en “22 mil lugares” y apoyado desde el Senado de la República, quién inmediatamente aprobó un proyecto de Decreto -presentado por Borrego- que permite que sean operadas con subrogación y reversión.
El seguro de guarderías nació en 1973. Diez años después se estableció el esquema “participativo”, donde el IMSS “capacita” y las asociaciones civiles edifican y administran. En 1995, gracias al Diagnóstico –que también elaboró Borrego-, surgió el modelo vecinal-comunitario. Una ruta de abierto retiro del Instituto en la prestación directa.
El esquema vecinal-comunitario fue objeto de un intenso debate público en 2003 cuando Levy se ensañó con los prestadores del servicio, obligándolos a firmar nuevos convenios de subrogación que, con menor costo, comprometen la calidad de la atención a los infantes.
El foxismo sostenía en 2002 que el Sistema Nacional de Guarderías “favorece” la condición laboral de las madres trabajadoras, por lo que se “ampliaría” el número de lugares, conviniendo con “otros” sectores su participación. Ese año, el Sistema contaba con mil 163 guarderías y 140 mil lugares.
El proyecto foxista estancó la oferta pública, legalizó el retiro operador del IMSS, castigo a los prestadores imponiéndoles diferentes “opciones” para los “pagos mínimos” y nunca garantizó una pauta promedio de calidad.
En 2006, aunque la tasa de participación económica femenina creció, la proporción de mujeres en el total de asegurados permanecía estancada. En 2005, para más de 4 millones de mujeres aseguradas y los padres viudos o divorciados, el Sistema de Guarderías IMSS “beneficiaba” apenas a 174 mil madres y 190 mil infantes, en mil 514 unidades.
Las guarderías subrogadas pasaron de 757 a 1.374, mientras las directas eran las mismas 142 que ya existían en el 2000. Pero el IMSS presumía que el número de unidades se ha incrementado en ¡68 por ciento!
Y ¿cómo lo lograron? Sencillo: acanallando la calidad del servicio y exponiendo a los infantes: ¡como en Hermosillo!
Las quejas por la calidad se volvieron una norma: sospechas de maltrato infantil; desigual calificación y frecuente rotación del personal (enfermeras, maestras), ausencia de médicos, mala alimentación y difusa responsabilidad de los titulares de las guarderías o sus representantes.
Después de que el IMSS modificara unilateralmente (2003) el contrato que regula su operación (disminuyendo la cuota que pagaba por niño, lo que impactó directamente sobre la reducción de trabajadores, tipo de alimentación y horario de servicio), la Asociación Nacional de Guarderías denunció las consecuencias sobre los infantes, mismas que robusteció la “nueva normatividad” de 2005.
A partir de ese momento se les impusieron más cargas administrativas, elaboración del historial médico, realización del examen óptico, así como la adquisición de equipo de cómputo para que el IMSS lleve el control electrónico de las asistencias junto con la incorporación de tareas emergentes que facilitan al Instituto cumplir con los requisitos que establece la SEP para la educación preescolar.
Entonces, las subrogadas entraron de lleno en la ruta de la “changarrización”: mientras el costo por niño en el esquema “directo” alcanzaba 4 mil pesos promedio, en el subrogado descendía hasta los 2 mil 458 pesos. Con ellos se deben cubrir todos los costos: nómina y prestaciones sociales, impuestos, cuotas obrero-patronales, insumos de alimentos, material didáctico, juguetes, renta, teléfono, luz, agua, gas, artículos de limpieza, gastos de oficina y capacitación. Bajo estas condiciones, la calidad de las subrogadas, resulta una auténtica quimera.
El desajuste financiero de los prestadores se agudiza, también, porque el pago de la cuota por niño se realiza vía un anticipo de garantía del 65 por ciento, es decir sólo mil 656 pesos: el restante 35 por ciento “depende” de que cada niño asista todos los días hábiles del mes, lo cual casi no ocurre.
Además, al “flexibilizar” los requisitos del servicio se creó un ambiente propicio a las irregularidades y hasta fraudes.
Pero para Javier Moreno Padilla, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la COPARMEX, las “restricciones en el costo niño-servicios se dan por los problemas financieros que enfrenta el IMSS”.
Mientras, Karam comunica desde Sonora que “ya contactó” con 4 funerarias locales para que reciban a los pequeños “sin costo para los padres”. ¿Sin costo?
Hermosillo: la peor tragedia de que se tenga registro. ¿Quién sigue? ¿Las “estancias” electorales changarro de Calderón y Lía Limón?
Redacción: El presente artículo de Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el domingo 7 de junio de 2009.
