Foro México ante la crisis. ¿Qué hacer para crecer?
Ponencia del doctor Gustavo Leal Fernández
11 de febrero de 2009
Gustavo Leal Fernández: ¿Se puede “debatir” productivamente la salud y la seguridad social sin proponer corregir de raíz su estado actual? Lo que sigue es reformar las reformas
Señoras y señores Legisladores
Señoras y señores Invitados
Compañeros del Panel
Apreciables Moderadores
Amable Auditorio
Amigos Todos
Es un alto honor para este servidor y para mi centro de trabajo: la Universidad Autónoma Metropolitana, haber sido convocados a este relevante Foro. Celebro que nuestra voz, la de los académicos, forme parte de tan encomiable esfuerzo y contribuya, en el nivel de sus posibilidades, a localizar soluciones viables, perentorias y urgentes para enfrentar, por la privilegiada vía del consenso y la persuasión, los desafíos que hoy pesan sobre nuestra envidiable red de salud y seguridad social.
Señoras y señores. Mi intervención será breve.
Ya desde 2005 el actuario Carlos Soto concluyó que un trabajador con una vida laboral de 40 años y cotizando al IMSS cerca de 22 años, apenas podría aspirar a una pensión equivalente al 25 por ciento de su último salario al momento del retiro.
¿Por qué? Sencillo: la tasa de densidad de su cotización sólo sumaría 56 por ciento. Entre otras fallas, la Ley Zedillo que privatizó las pensiones del IMSS en diciembre de 1995 e impuso el sistema de ahorro individual, soslayó la precariedad laboral, los bajos sueldos, el empleo informal y los períodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión digna.
El diseño de esa reforma al IMSS no vinculó adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo que incluye trabajadores que al ganar poco, pueden aportar poco y, por tanto, no alcanzarán esa “dignidad” en su pensión.
Por ello, remataba Soto, el modelo actual de las Afores, al no incorporar el impacto negativo de la densidad de la cotización, ni su efecto en la carrera salarial, proyecta a sus afiliados saldos inexactos: que en el mediano y largo plazo, enfatizaba, “están fuera de lo real y posible”.
Cerrando 2008, otro actuario: Alejandro Hazas de la UNAM y Francisco Morales de Asesores Actuariales y Asociados, confirmaron el análisis de Soto: ese sistema de cuentas, que ha sido extendido a los trabajadores al servicio de Estado (Apartado B) con la Nueva Ley del ISSSTE y también a los de nuevo ingreso del IMSS y de la CFE, no garantiza ni el 20 por ciento del último salario devengado: cuatro salarios mínimos e incluso considerando las aportaciones del SAR92.
¿Por qué? Según Hazas ello resulta de los supuestos “irreales” del mismo modelo al que me refiero: la movilidad salarial, el efecto de las comisiones, las tasas de interés y el nivel de los rendimientos. Por su parte, Morales estima que las Afores “sólo benefician al negocio pues las comisiones son muy altas, mientras que las autoridades se ponen en el lugar del negocio y no del trabajador al argumentar que no hay afectación al ahorro”.
Señoras y señores: el problema es, claramente; el problema son, claramente, esos “supuestos”. A lo cual hay que agregar, como el corazón del asunto, la propia naturaleza de las cuentas individuales, su estructura de comisiones y la intermediación financiera innecesaria que representan.
En suma, señoras y señores: el problema es esa modalidad mexicana de la “capitalización individual” que, a diferencia de otras como, por ejemplo la sueca, representa un riesgo patente que se concretará en no proveer siquiera un nivel de pensión digno.
Ante la clara evidencia sobre las decisiones de política adoptadas, sorprende que algunos legisladores e intereses legítimos presentes en la arena de la política pública, sigan concluyendo que “el modelo es viable”. Señoras y señores: viable ¿para quién?
Incluso, en este mismo Foro, el secretario Castrens acaba de sostener que los fondos pensionarios “no han sufrido minusvalías y tienen una ganancia”.
Sólo faltaba que desde la diputación priísta -donde brotó la Iniciativa de Reforma al ISSSTE de marzo 2007- ahora se intenten concentrar las responsabilidades sólo en el “pésimo manejo” de la CONSAR, o que el nuevo titular de la Afore XXI, consultado sobre las enésima reforma al SAR: la del senador panista Guillermo Anaya de diciembre pasado, se disculpe de opinar porque “no le gustaría entrar en el tema”.
Y aún pueden encontrarse pronunciamientos más “fuertes”. Como el de la actual dirigencia del sindicato del Seguro Social que -después de imponer las cuentas individuales a sus trabajadores de nuevo ingreso-, ahora sugiere la “estatización” de los fondos para el retiro “como ocurrió en Argentina” porque “hasta el momento las únicas beneficiadas han sido las instituciones financieras”.
Después de que el Sindicato Mexicano de Electricistas anunciara -diciembre 2008- un Proyecto de Decreto para Estatizar los Fondos de Retiro (Iniciativa Pacheco), la diputada priísta Lorenza Martínez interpuso -febrero 2009- una iniciativa para “frenar” (vía el derecho de acción colectiva) la caída del ahorro y en la que ya se contempla establecer una “rentabilidad mínima”.
El asunto es diáfano, señoras y señores. El ciclo de las reformas para el retiro iniciadas en 1995 y extendidas durante 2007 y 2008, enfrenta un reto que supera con creces su diseño original y compromete profundamente las expectativas que en ellas se han depositado.
Aprécienlo ustedes mismos y sólo para recordar los ajustes más recientes: después de la reforma del senador Beltrones al SAR (marzo 2007), siguió la del senador Anaya (diciembre 2008) y ahora arriba la de la diputada Lorenza Martínez.
Pero, señoras y señoras hay que decirlo con la contundencia del caso: absolutamente ninguno de ellos atiende el fondo del problema técnico: la naturaleza de las cuentas individuales y las fallas del esquema mexicano de capitalización.
Y ello sin siquiera entrar a considerar las “minusvalías” por turbulencia bursátil -otro “supuesto” ausente del modelo que comento-; las interrupciones laborales y la forma en que han sido administrados los recursos de los trabajadores desde 1997.
Señoras y señores: pregunto ¿se puede “debatir”, por supuesto para buscar alternativas viables, sin señalar con precisión lo que falla en el estado actual de cosas? ¿Se puede “debatir” productivamente evitando, de principio, corregir de raíz aquello que pesa hoy sobre el esquema mexicano de capitalización individual?
Como aún dispondremos de cinco minutos más para realizar propuestas concretas, quisiera terminar éste breve intervención reflexionando, apenas unos minutos, sobre el impacto que tendrá la iniciativa anunciada el 7 de enero (en el marco de las 25 medidas del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo) y que contempla que los recursos para enfrentar el desempleo sean auto retirados de la propia cuenta individual del trabajador.
Este impacto es un corolario de lo que ya nos cuesta como país, y en especial, ya le cuesta -y muy caro- al mundo del trabajo, el no ajustar de raíz el esquema mexicano de capitalización individual.
“Era lo colectivo lo que nos protegía”, ha escrito el clásico : un seguro obligatorio, garantizado por el Estado, sólidamente soportado en su fiscalidad y capaz de reemplazar al asistencialismo facultativo. Todos sabemos que las protecciones eficaces, las que fueron sustentables, las que lograron ser realmente universales, se construyeron y reforzaron gracias a la inscripción de los individuos en titularidades colectivas. Este proceso fue largo: cubre casi la historia laboral del siglo XX, hasta el primer choque petrolero de 1973. No hay duda: lo colectivo era lo que nos protegía.
Pero en México ahora viajamos en el sentido inverso, a pesar del nuevo aire que Obama busca imprimirle a su más que acosado gobierno, o los esfuerzos que intentan desplegar, hoy día, casi todas las fuerzas sociales en un país, la República Dominicana, que ha sido capaz de armar un debate nacional sobre su futuro inmediato.
Ese viaje mexicano es problemático: tiende a remitir a los individuos a sí mismos, reservándoles la tarea de protegerse ellos mismos. Ya no quiere inscribirlos en la regulación colectiva estatal. Propende a privatizar las protecciones. Es, señoras y señores: un minimalismo de la protección social.
Por ejemplo: la estrategia del actual gobierno “Vivir Mejor” sostiene, textualmente, partir de la certeza
“de que si todos tienen un punto de partida igual, desarrollándose bajo las mismas condiciones, y con un acompañamiento de políticas públicas adecuadas, el nivel de bienestar que alcancen dependerá sobre todo, de las metas y esfuerzos individuales” .
¿Se puede sostener esto con seriedad? Detrás de esta “certeza” están Solidaridad, Progresa, Oportunidades, la estrategia sexenal previa, Contigo, el multicuestionado Seguro Popular, el Seguro para los recién nacidos y las llamadas Estancias Infantiles. Es decir: está la ciudadanía emergente de la individualidad “corresponsable”.
La medida mencionada, señoras y señores, pretende ampliar la capacidad de retiro de ahorro en caso de desocupación. El requisito de tiempo de pertenencia al sistema se reducirá de cinco a tres años para poder realizar retiros en caso de desempleo y se incrementará la cantidad que puedan retirar los trabajadores en casi un 60 por ciento, en promedio. Actualmente pueden retirar hasta 10 por ciento del ahorro, cada 5 años. Ahora se propone que puedan retirar hasta 16 por ciento cada tres años.
¿Qué es esto? Es el colapso de lo colectivo que nos protegía porque, ahora, todos los recursos provendrán del trabajador. El Estado se retira lentamente en una dirección casi crepuscular y sólo intervendrá ampliando la cuota social.
El fondo del problema reposa en la estructura y naturaleza de las cuentas individuales. A junio de 2008, señoras y señores, de las casi 39 millones de cuentas individuales, casi 24 estaban inactivas por no haber recibido alguna aportación el mes previo. Con un ingreso promedio de 4.1 salarios mínimos ¿qué puede significar hoy dilatarles la “capacidad” de retiro a estas cuentas? Casi suena a broma macabra.
Esta medida no ataca el centro del problema agudo de nuestro desempleo estructural derivado de las políticas económicas en curso.
En términos estrictos, señoras y señores, la medida complicará aún más el proceso jubilatorio y las, de por sí severas vulnerabilidades del actual SAR, se incrementarán.
La Ley establece que, para tener derecho a la pensión (vejez o cesantía en edad avanzada), se requieren 1.250 semanas de cotización. Lo que se retire por concepto de “desempleo”, impactará directamente disminuyendo el monto total de esas semanas de cotización. Todo terminará en un alargamiento de los años previstos para alcanzar el derecho a la pensión.
Y aún incorporando esa ampliación en la cuota social por parte del Estado, el horizonte sigue siendo muy poco prometedor. Algunas estimaciones consideran muy remoto que ella pueda siquiera compensar la reducción en la pensión. Por ejemplo, con los actuales niveles del salario mínimo Zona A, sería preciso que la ampliación se elevara de alrededor de 87 a casi 430 pesos mensuales, o del 5.5 al 27 por ciento del mínimo.
Señoras y señores: la medida no es viable. Con el actual diseño del SAR, su estructura de comisiones, las minusvalías y el nivel del desempleo, esos retiros parciales reducirán aún más la, de por sí, comprometida cuantía de la pensión.
Los servicios de salud nacionales, no están mejor hoy, que como lo estaban cuando aconteció la alternancia política del año 2000. Reformar las reformas es lo que sigue, señoras y señores, si de lo que se trata es de poner a flote nuestra envidiable red de salud y seguridad social. No hay que perder más tiempo.
La pregunta final que formulo a este relevante Foro es: ¿y cuánto más nos tardaremos en ajustar ese esquema mexicano de capitalización individual?
Señoras y señores: el, entonces presidente del Gobierno español, Felipe González, quién también ha participado en este mismo Foro, observo en su momento que “con los procesos en marcha, el margen de maniobra nacional de las políticas públicas se ha reducido. Mientras que la coordinación macroeconómica es una cuestión táctica, las políticas sociales se han convertido en una dimensión estratégica”.
Yo agregaría: las políticas de salud y seguridad social deben ser tratadas de manera integrada. Una verdadera reforma, señoras y señores, beneficia a más de los que afecta y depende del enriquecimiento que con ella gana la sociedad en virtud de procedimientos democráticos deliberativos. Esa es su divisa. Para ser viable, cualquier reforma debe ser políticamente aceptable. Sí: profundicemos el debate. Esa es la vía. Pero para corregir de raíz.
SEÑORAS Y SEÑORES: MUCHAS GRACIAS!
SIETE PROPUESTAS CONCRETAS
1.- Pensiones. Es preciso ajustar el actual esquema mexicano de capitalización individual a un modelo emergente que -con crecimiento económico y creación de empleo formal- garantice un pilar público redistributivo sustentable, amparado fiscalmente por el Estado. El puede ser acompañado de otro pilar: opcional, adicional y voluntario que contemple el ahorro individual complementario. El tercer pilar garantizaría, también por la vía fiscal, una pensión mínima.
2.- Regulación. El modelo emergente debe contener un nuevo dispositivo regulatorio ajustado a su triple estructura.
3.- Auditorías. Antes de emprender cualquier reforma del actual SAR, el Congreso de la Unión debe levantar sendas auditorías (vía la Auditoría Superior de la Federación) a los fondos de retiro que administró el IMSS hasta 1995 y el ISSSTE hasta 2007 con vistas a deslindar responsabilidades.
4.- Afores y Consar. Antes de emprender cualquier reforma del actual SAR, el Congreso de la Unión debe contratar un estudio que evalúe el desempeño de ambas entidades en la administración de los recursos pensionarios de los trabajadores mexicanos a partir de julio de 1997.
5.- Atención médica y salud. Mientras, en consonancia con el mencionado ajuste al esquema pensionario, se establece una nueva política de salud ajustada al perfil de morbi-mortalidad que enferma y mata a los mexicanos; mientras esa nueva política sustituye los paquetes básicos por actualizaciones integrales de los catálogos de prestaciones médicas que establecen las leyes del IMSS e ISSSTE, absolutamente todos los recursos de que se sirve el Sistema Nacional de Protección Social en Salud, su brazo operativo: el Seguro Popular, así como los del Seguro para los recién nacidos que opera la actual administración, todos ellos deben ser integrados a las bolsas del SEM del IMSS y del Seguro de Salud del ISSSTE.
Por su parte, la SSA y los SESAS deben ajustar sus actuales catálogos de prestaciones médicas a lo que establece la Ley del IMSS.
6.- IMSS. Oportunidades. Todos los recursos de que se sirve el programa de la SSA Caravanas de la Salud, deben ser integrados al programa federal IMSS- Oportunidades.
7.- Guarderías. Todos los recursos que opera la SEDESO bajo el programa de Estancias Infantiles, deben ser integrados a las bolsas de las direcciones de prestaciones sociales del IMSS y del ISSSTE que operan esquemas integrales de guarderías propiamente dichas de acuerdo a la NOM 167 (1997).
