¿“Debatir” la seguridad social sin señalar responsables y corregir de raíz?
Gustavo Leal F.
Ya desde 2005 el actuario Carlos Soto había concluido que un trabajador con una vida laboral de 40 años y cotizando al IMSS cerca de 22 años, apenas podría aspirar a una pensión equivalente al 25 por ciento de su último salario al momento del retiro.
¿Por qué? Sencillo: la tasa de densidad de su cotización sólo sumaría 56 por ciento. Entre otras garrafales fallas, la Ley Zedillo que privatizó las pensiones del IMSS en diciembre de 1995 e impuso el sistema de ahorro individual, soslayó la precariedad laboral, bajos sueldos, empleo informal y los períodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión “digna”. Los cosmopolitas técnicos del zedillismo no pisaron el México real y, como en todo diseño tecnocrático, se enfebrecieron con su universo virtual: no vincularon adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo que incluye trabajadores que al ganar poco, pueden aportar poco y, por tanto, no alcanzarán esa “dignidad” en su pensión.
Por ello, remataba Soto, el modelo actual de las Afores, al no incorporar el impacto negativo de la densidad de la cotización, ni su efecto en la carrera salarial, proyecta a sus afiliados saldos inexactos: que en el mediano y largo plazo, enfatizaba, “están fuera de lo real y posible”.
Cerrando 2008, Alejandro Hazas de la UNAM y Francisco Morales de Asesores Actuariales y Asociados, confirmaron el análisis de Soto: el sistema de cuentas individuales de Zedillo, Calderón, Yunes, Horcasitas (con la complicidad de la dirigencia del SNTSS) y la CFE (con la complicidad de la dirigencia del SUTERM), no garantiza ni el 20 por ciento del último salario devengado: cuatro salarios mínimos e incluso considerando las aportaciones del SAR92.
¿Por qué? Según Hazas ello resulta de los supuestos “irreales” del modelo tecnocrático: movilidad salarial, efecto de las comisiones, tasas de interés y nivel de los rendimientos. Por su parte, Morales estima que las Afores “sólo benefician al negocio pues las comisiones son my altas, mientras que las autoridades se ponen del lugar del negocio y no del trabajador al argumentar que no hay afectación al ahorro”.
El problema son esos “supuestos” A lo cual hay que agregar como el corazón del problema la propia naturaleza de las cuentas individuales, su estructura de comisiones y la intermediación financiera innecesaria que representan. En suma: la modalidad mexicana de la “capitalización individual” que, a diferencia de otras como la sueca, representa un riesgo patente de no proveer siquiera una pensión mínima.
En este marco de la clara evidencia pública sobre las erróneas decisiones de política adoptadas, no sorprende que los intereses de la arena de la política pública amparados en algunos legisladores concluyan alegremente que “el modelo es viable”. Viable ¿para quién?
Dando la espalda a la realidad, pero defendiendo hasta el límite de lo imposible ese uso tecnócratico de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos, Castrens todavía se atrevió a sostener en el seminario organizado por el Senado México ante la crisis: ¿qué hacer para crecer? que ellos “no han sufrido minusvalías y tienen una ganancia”.
Sólo faltaba que el priísta Samuel Aguilar -después de introducir al Congreso la “reforma” calderonista del ISSSTE- tratara fallidamente de concentrar las culpas en el “pésimo manejo” de la CONSAR; que el director entrante de la Afore XXI, Tonatiuh Rodríguez, consultado sobre las enésima reformas Anaya al SAR, se arrogue el derecho de no opinar porque “no le gustaría entrar en el tema”.
Aunque, claro, uno de los pronunciamiento más descabellados debe ser agregado a la ya larga lista que acumula Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del SNTSS quién -después de imponer las cuentas individuales a los trabajadores de nuevo ingreso del IMSS-, ahora sugiere la “estatización” de los fondos para el retiro “como ocurrió en Argentina” porque “hasta el momento las únicas beneficiadas han sido las instituciones financieras”. Y todo ello mientras anunciaba que “su” gremio “se la jugará con el PRI” en los comicios del 2009 “pidiendo dos diputaciones plurinominales”, al tiempo que seguía amagando con “romper” con la UNT para ser “un sindicato independiente”.
Después de que el SME anunciara -diciembre 2008- un Proyecto de Decreto para Estatizar los Fondos de Retiro (Iniciativa Pacheco), la diputada priísta Lorenza Martínez interpuso -febrero 2009- una iniciativa para “frenar” (vía el derecho de acción colectiva) la caída del ahorro y en la que ya se contempla establecer una “rentabilidad mínima”.
Las “reformas” tecnocráticas se les escurren a los intereses entre los dedos. Después de la reforma Beltrones al SAR (marzo 2007), siguió la del panista Guillermo Anaya (diciembre 2008) y ahora arriba a tumbos la de la príista Martínez.
Absolutamente ninguna de ellas atiende el fondo del problema técnico: la naturaleza de las cuentas individuales y las garrafales fallas zedillistas del esquema mexicano de capitalización.
Y ello sin siquiera entrar a considerar las “minusvalías” por turbulencia bursátil -otro “supuesto” ausente del modelo tecnocrático-; las interrupciones laborales y la forma en que han sido administrados los recursos de los trabajadores desde 1997.
¿Se puede “debatir” pretendiendo erguir alternativas sin señalar a los responsables del estado actual de cosas ¿Se puede “debatir” para evitar corregir de raíz?
De la Redacción:
Este artículo de Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 21 de febrero de 2009.
