Juárez y Tijuana: exigencias del sector salud al Gobierno fallido
Gustavo Leal F.
Con máscaras y cubrebocas para no ser identificados, el 13 de diciembre de 2008, trabajadores del sector salud de Ciudad Juárez se apostaron durante tres horas junto al asta bandera monumental, a unos metros de los puentes internacionales que conducen a El Paso, Texas. Desde ahí preguntaron: “¿podrán nuestras voces ser oídas como para tener respuesta en el futuro próximo? ¡Ya basta!”.
Ante la escala de violencia, asediados por secuestros, extorsiones, asaltos y ejecuciones, médicos, enfermeras, dentistas y veterinarios agrupados en el Comité Médico Ciudadano Contra la Inseguridad, pararon 24 horas y exigieron a los tres niveles de gobierno que actúen contra el crimen organizado.
El Comité lanzó el llamado y denunció que sus trabajos, e incluso hogares, han sido profanados por diferentes formas de delincuencia: “nos asaltan, secuestran y aterrorizan, dejando un sabor de angustia, impotencia y rabia al sentirnos despojados del fruto de nuestra labor. Padecemos agresiones a la integridad física, privaciones de la libertad, peligro real de muerte y asesinatos derivados de los que gustan llamar efectos colaterales. Expresamos miedo con el acto simbólico de cubrirnos el rostro, dado el estado de indefensión y total impunidad con que se cometen estos bárbaros ataques a nosotros y nuestras familias, sin contar con la garantía de un estado que ha fallado en proporcionar las garantías de seguridad”.
Sólo en el mes de noviembre se reportó el secuestro de 12 trabajadores del sector salud y el cierre definitivo de 17 consultorios y 6 clínicas particulares.
Pero la misma exacta demanda se había también escuchado antes en Tijuana. El 19 de abril, médicos de hospitales y clínicas iniciaron un primer paro exigiendo acciones gubernamentales frente a las ejecuciones, levantones y secuestros: “estamos muy atemorizados, son docenas los médicos amenazados por teléfono con extorsiones, exigiéndoles protección y que paguen para no ser secuestrados”, lamentó el Colegio de Médicos. “¿Es corrupción: o son policías? ¿o nuestra policía es incompetente y cobra sueldos por no trabajar y eso también es corrupción?” El nerviosismo es tal, agregó, “que algunos dejaron de imprimir tarjetas personales y sus nombres han desaparecido de los consultorios”.
En los hospitales se colocaron pancartas y enormes moños blancos. Decenas de doctores han ido a vivir a San Diego, California, pero no todos tienen los mismos ingresos como para irse. Por esas fechas, más de 20 médicos permanecían como rehenes de la delincuencia. Y el 15 de abril, cuando secuestraron al director de la Clínica Uno del IMSS, decidieron tomar la calle.
¿Por qué a ellos? Tal vez porque persiste la falsa creencia de que son profesionales dotados de capacidad económica, asistir clínicamente a los numerosos heridos o simplemente reconstruirles los rostros.
Después, la Federación de Médicos envió una carta abierta a Calderón demandando seguridad en la entidad toda vez que se “ha agotado la instancia estatal, que sólo ofrece como paliativo pláticas de capacitación”.
Y el 15 de mayo llegó el segundo paro “porque el Gobierno estatal no ha actuado: “siguen las amenazas, llegan mensajes de celular o llamadas telefónicas, dicen que saben donde están nuestra casa, saben qué carro usamos, a qué escuelas van nuestros hijos”. Siete días más tarde, decenas se concentraron en la glorieta Cuauhtémoc, para exigir a las autoridades un alto: “desapariciones forzadas; delitos sin resolver; regresen a mi hermano; no es posible que se llegue a estos niveles de impunidad: nosotros salvamos vidas”, rezaban los carteles exhibidos durante la protesta.
Pero las amenazas se incrementaron. Fue entonces cuando idearon levantar una encuesta. Ella se realizó el 14 de junio “para determinar la verdadera situación en que se encuentra la entidad y exigir toda la fuerza y poder del estado". Inmediatamente fue presentada al comandante de la II Región Militar -que asistió a su reunión semanal- y en quién depositaron su confianza ante la falta de respuesta por parte de las autoridades civiles.
Finalmente, el 4 de julio y de gira por Durango, el secretario Córdova aceptó que la “ola de inseguridad afecta no sólo a los médicos y enfermeras, porque se piensa que ellos puede tener un status socioeconómico superior y que puede ser atractivo secuestrarlos. La verdad, se están llevando un chasco, ya que la vocación de servir, la vocación por luchar, la verdad es que no es redituable, ojalá y le cambien a los objetivos los secuestradores”.
Y ¿qué “ofrecen” las autoridades de Baja Californía? ¡Edificar un hospital para atender sicarios heridos! con una bolsa de 2.5 MP y dentro de la penitenciaría la Mesa “debido al riesgo que implica para pacientes y doctores atender a integrantes del crimen organizado”. Ese Centro Médico dispondría de un quirófano, área de recuperación -con mínimo tres o cuatro camillas-, así como área de enfermería y laboratorio. También se definirá un protocolo de manejo de crisis para atender a los familiares de detenidos pues “el comportamiento de los heridos y sus familias no ha sido nada respetuoso”.
¿Y las autoridades de Juárez? Ellas “ofrecen” contratar una empresa privada para denunciar -las 24 horas y de manera anónima- las extorsiones, recibiendo simultáneamente orientación “sobre las formas de evitar caer en este tipo de hechos”. También contemplan recurrir a una compañía extranjera para que “proporcione asesoría” sobre el equipo de radios y cámaras que adquirirá la alcaldía en 2009.
¡Gobierno calderonsita fallido!
De la Redacción:
El presente artículo de Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 24 de enero de 2009.
