La Laguna, narcocampo de guerra
Los gobernadores Humberto Moreira e Ismael Hernández Deras callan ante la indefensión ciudadana
*Bestialidad acendrada en los ataques indiscriminados contra la población
*La voz popular denuncia la protección de los gobernadores a los carteles
Juan Monrreal López
Febrero 22 de 2006
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Torreón, Coahuila.- El martes 17 de febrero la zona conurbada de La Laguna se convirtió literalmente en un campo de guerra. De tierra de ejecuciones, a franja de refriegas. De asesinatos selectivos, a bestialidad en el crimen de inocentes.
Grupos de sicarios riñeron, pero también chocaron con un cuerpo del Ejército mexicano.
Mientras tanto y fiel a su estilo, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, guardó silencio. El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, recomendó reforzar “los valores familiares”, pero sigue impávido ante la ola de ejecuciones perpetradas en toda la entidad.
Al menos 12 balaceras se sucedieron en el transcurso de ese día. La vorágine de violencia llevó a que un escuadrón matones atacara a los soldados apostados en un retén militar.
El enfrentamiento con el puesto de revisión castrense se escenificó en los límites de las ciudades de Gómez Palacio, Durango y Torreón, Coahuila, justo a las orillas del Río Nazas.
En el lugar se lanzaron granadas en contra de la milicia. Un par de militares resultaron heridos, según narró un soldado a Demócrata Norte de México. El saldo: 11 muertos y alrededor de 10 heridos de bala. También hubo daños en comercios, vehículos y un número indeterminado de ciudadanos fue atendido en hospitales por crisis nerviosas.
Ni las autoridades policiacas ni las militares reportaron detenidos.
Semana trágica
En los ocho días que corrieron del lunes 9 hasta el martes 17 de febrero, los matones hicieron de todo, sin que las autoridades civiles, policiacas y militares concibieran nada efectivo por detenerlos.
En el colmo del desafío y de la impunidad con la que se protege en Coahuila al grupo del Cartel del Golfo, éstos tomaron durante una hora sin problemas, sin tiros, con parsimonia pasmosa, el Centro de Rehabilitación Social (CERESO) de Torreón, donde se dieron tiempo para asesinar a golpes e incinerar los cuerpos del grupo de secuestradores que había liquidado al empresario regiomontano Javier Alanís, el 9 de noviembre de 2008.
El hecho, según expertos “huele a encargo de venganza”. De esta manera, terminaron los días de Ubaldo López Fuentes “La Uva” de 33 años, Carlos Osvaldo Navarro conocido como “El Niñote”, de 30 y de Carlos Ernesto Quintero Palacios de 29.
De la banda escapó de morir María Guerra “La Dentista”, porque en ese momento no se encontraba recluida en penitenciaría.
De nada sirvieron los 25 custodios, las torres de vigilancia, los separos de alambradas que existen entre los dormitorios de los reclusos o que el campo militar La Joya, se encuentre a sólo tres minutos del centro penitenciario; el comando de matones liberó a 8 reclusos de alta peligrosidad, sin que hasta la fecha se haya recapturado alguno de los prófugos.
Las autoridades coahuilenses, empezando por el gobernador Humberto Moreira, no dijeron nada. El procurador de Justicia sólo explicó que “la situación no es grave”. Pero el secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, de quien son responsabilidad las prisiones del estado, hasta el momento ha permanecido mudo; lo que propició que los empresarios aglutinados en el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) exigieran que Humberto Moreira Valdés, se presentara a Torreón a explicar estos hechos; pero al gobernador no le importó.
Por si esto no bastara, el 10 de febrero se descubrió un cementerio clandestino en el municipio de Arteaga, Coahuila, vecino de la capital estatal, donde se encontraron signos de que se operaba igual que “El Pozolero del Teo”. Hasta la fecha se han contabilizado 19 víctimas.
Así, los sicarios envalentonados, tomaron las calles como campos de ejecución.
A las dos de la mañana del viernes 13, un grupo de matones asesinó a 5 personas que bebían en el Bar La Favorita, ubicado en el viejo sector comercial “La Alianza”.
El comando disparó a diestra y siniestra, inaugurando la nueva modalidad de asesinar: no importa quienes sean las personas que se asesine, pues se trata de sembrar el terror.
Ese mismo día 13, la siembra de sacrificados cubrió un amplio sector de colonias populares de Gómez Palacio.
Primero un joven de 16 años fue ultimado en el Fraccionamiento Santa Teresa, por un comando que se movilizaba en un convoy de tres vehículos. Luego mataron a otra persona en las confluencias de la calzada Durango y privada Mapimí. En la misma persecución asesinaron a un transeúnte.
Después acabarían a una persona que tripulaba un auto Jetta, justo en la Colonia Rubén Jaramillo. Y la escalada de ejecuciones siguió. El 14 de febrero sicarios robaron 121 kilogramos de explosivos más 230 detonadores de los depósitos de la empresa Austin Bacis, ubicada en el poblado de Dinamita, Durango, y según trascendió, son propiedad de la empresa Met-Mex Peñoles, actualmente en huelga.
Como a las 20:30 horas, un grupo asesinó a 6 personas en la Colonia Santa Rosa, estas velaban el cuerpo de uno de los ejecutados del día anterior. Sin misericordia, el comando armado abrió fuego de manera indiscriminada, matando a 5 personas e hiriendo a dos niños. Para rematarlos, antes de huir arrojaron una granada de fragmentación. No se detuvo a nadie.
También, fue localizado un cuerpo a las orillas de la carretera a Ceballos, Durango, con el llamado tiro de gracia en la cabeza. De esta manera, para el 14 de febrero habían perecido por la guerra de las bandas cinco personas el lunes, tres el jueves, nueve el viernes y seis el sábado.
El domingo 15, un grupo de matones masacró con armas AK 47 y R 15 a parroquianos y taxistas que se encontraban a las afueras del Bar Premier. El resultado, ocho muertos, entre éstos, dos mujeres, más seis lesionados.
En una semana funesta para la región, el número de ejecutados por las bandas del narcotráfico arrojaron sólo hasta el 15 de febrero 31 asesinatos. 16 en Torreón y 15 en Gómez Palacio. El año pasado, en los meses de enero y febrero se registraron 21 muertes violentas.
Violencia sin freno
Desde la mañana del martes 17 se recibieron reportes en las centrales policiacas de enfrentamientos armados en las calles de la Colonia Durangueña. En primera instancia se reportaron domicilios baleados, luego llegó el ejército y tomó las calles de este sector e instaló un cerco militar reforzado con vehículos artillados.
Justamente, los enfrentamientos del martes 17 ratificaron lo que los habitantes de la Comarca Lagunera comentan en la calle, cafés, círculos empresariales, ambientes políticos: La Laguna es un polvorín por la disputa del mercado de las drogas y las armas. “Los carteles tienen preferencia de las autoridades”, dicen.
La pandilla del “Chapo Guzmán” recibe protección de funcionarios del gobierno del estado de Durango, mientras políticos y burócratas coahuilenses, apoyan al grupo de Los Zetas -Cartel del Golfo-, subrayan empresarios que se sienten agraviados por no recibir respuesta de Humberto Moreira, tocante a las medidas de seguridad pública. “Se esconde”, acusan.
Así, mientras los distintos carteles delincuenciales siembran cadáveres en las calles y parajes de la región, los gobernadores de Coahuila, Humberto Moreira Valdés y el de Durango, Ismael Alfredo Hernández Deras, se niegan a reconocer de manera pública su incapacidad para detener la ola delincuencial, escudándose en que el combate a las pandillas de sicarios es una tarea del gobierno federal.
Inmediatamente después de la balacera en la Colonia Durangueña, grupos armados iniciaron balaceras en los alrededores de la Colonia La Rosita, un asentamiento populoso en los límites de las dos ciudades, en el que semana a semana se instala un mercado ambulante para vender ropa, refacciones, calzado y aparatos eléctricos de medio uso.
El martes 17 la escalada de los enfrentamientos y sus consecuencias sangrientas fue incrementándose conforme transcurrió el día. Las balaceras se sucedieron en la Colonia Plan de Ayala, en el sector conocido como la Colonia “Tarzan”, sin embrago, los primeros reportes de muerte llegaron desde la Colonia Alamedas, donde tres jóvenes fueron ejecutados en la plaza del lugar. Otro muchacho escapó, porque salió corriendo y los sicarios lo dieron por muerto. El impúber permanece grave.
Luego, en la Colonia Morelos de Torreón, perecieron dos personas. Por la tarde los enfrentamientos se sucedieron en la Colonia El Consuelo, de Gómez Palacio; para después terminar en una refriega en el puesto militar instalado en el límite de las dos ciudades. El saldo fue de dos soldados heridos con granadas de fragmentación y un transeúnte muerto.
A última hora se sabría que en la Colonia El Consuelo falleció una persona que lavaba su coche. También se dijo que en esa tarde se recuperaron las cargas que fueron robadas el 14 de febrero de las bodegas de la empresa Austín Bacis, ubicada en Dinamita, Durango, pero los explosivos nunca han sido mostrados, por lo que a ciencia cierta nunca se corroboró esta versión. Las dudas acerca del rescate de la dinamita se fincaron cuando se dijo que los cartuchos fueron recuperados en la Colonia Durangueña.
El día terminó con 12 muertos y 10 heridos.
Después vecinos de la Colonia Ricardo Flores Magón, El Consuelo, Valle del Nazas y miembros de las sociedades de los padres de familia, se quejaron por la permanencia del piquete de revisión militar que se encuentra enclavado junto a 4 escuelas; Jardín de niños Primavera, la primaria Cuauhtémoc, secundaria José Santos Valdés y la preparatoria Guadalupe Victoria.
Los moradores de esos sectores dijeron a Demócrata Norte de México que el Ejército, “hurgó en todos los domicilios de las colonias Consuelo y Ricardo Flores Magón, sin orden de cateo alguna”.
Explosivos perdidos
Con los rumores a tope, el jueves 18 de febrero autoridades federales confirmaron a Demócrata Norte de México que el martes 16 de febrero, un comando armado sustrajo 21 kilos de explosivos de la empresa trituradora de materiales Cribissa, ubicada en Ciudad Lerdo, Durango.
La misma persona aseguró que el Ejército había recuperado los 121 kilos de explosivos sustraídos de la empresa Austin Bacis, el sábado 14 de febrero.
Sin embargo, los sitios de recuperación mencionados fueron dos; un lote baldío de la Colonia El Consuelo –donde incluso habrían sido detenidos dos hombres- en Gómez Palacio y en una finca de la Colonia La Durangueña de Torreón.
La versión de la recuperación del material explosivo la avaló el coronel Hernán Lagunes, adscrito al 72 Batallón de Infantería de la X zona militar, sin embargo, también se dijo que los 230 detonadores no fueron recuperados.
El remate
El jueves 19 fueron “levantadas” por un grupo de hombres armados la directora interina del CERESO de Torreón y la jefa de celadoras, mismas que fueron liberadas el viernes en la madrugada. Las funcionarias policiacas se encuentran hospitalizadas de poli contusiones que no ponen en riesgo su vida.
Mientras, los policías torreonenses levantaron el paro que sostenían desde el día 18 “porque no existe seguridad”. En tanto, este 22 de febrero fueron acribilladas 3 personas más.
A las 6 de la mañana fue reportada una persona ejecutada en un costado de la fábrica de frituras Barcel, ubicada en la Calle Tamazula de la zona industrial de Gómez Palacio.
Más tarde, en esta misma ciudad, en la rúa Bulevar Ejército Mexicano y Lerdo de Tejada de la propia zona industrial, un grupo armado a bordo de dos camionetas de reciente modelo acribilló un taxi de la línea CUDEPO, pereciendo en el lugar dos personas.
Uno de los occisos respondía al nombre de Raymundo Armendáriz López. En el sitio fue recogido herido José Miguel Treviño del Toro. Fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En el transcurso del día, las balaceras continuaron en Torreón. Sectores como Sol de Oriente, Palmas San Isidro y el Tajito, fueron sitios donde se escenificaron continuos enfrentamientos sin reporte de muertos o detenidos.
De última hora se supo que un enfrentamiento entre narcotraficantes en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, arrojó cuando menos 10 muerto, pero con todo, Ismael Hernández Deras, gobernador de Durango, junto con su secretario de Seguridad Pública, Jorge Torres Castillo, sostienen que la situación no es para alarmarse, que hay que “reforzar los valores familiares”.
En Coahuila, Humberto Moreira Valdés, prefiere responsabilizar a la federación o convocar reuniones de gabinete donde el onanismo es el que manda.
