Gustavo Leal Fernández
Resultó más cara que la ley 1983 que abrogó, fue incapaz de mejorar servicios y al no generar empleo en el Aparatado B, no integró el número de trabajadores que se requerirán para financiar las prestaciones que ofrece otorgar.
La precipitación de Calderón para imponerla -buscando achicar su déficit de legitimidad por la elección 2006- se tradujo en una aguda “corrida pensionaria” cuyos altos costos son patentes.
Durante 2011 las pensiones en curso de pago al cargo de Hacienda sumaron casi 95 mil MP, superando 66 por ciento el presupuesto para ese mismo año. Para el consultor Marco Cancino este incremento es “alarmante” y su crecimiento no se detendrá: casi 44 por ciento de los pensionistas “tienen 65 años o más y el 20 por ciento entre 60 y 64”.
¿Intentará nuevamente el ministro Sergio Valls desde la SCJN (¿asesorado por el subsecretario de Hacienda José Antonio González Anaya?) dictar otra jurisprudencia -como la que trató infructuosamente imponer a los trabajadores asegurados por el IMSS (Jurisprudencia 85-2010, 9 de junio 2010)- para reducir el impacto de la “corrida pensionaria” originada por Calderón?
Además, la “reforma” fue opacamente administrada por Miguel Angel Yunes y Jesús Villalobos. Esa “reforma” fracasó, pero también sus turbias administraciones. Además de nombrar a Guillermo Soberón al frente del Consejo Asesor Científico y Médico ¿qué “agregó” Sergio Hidalgo Monroy, el tercer director calderonista?
En su Informe de la Cuenta Pública 2010, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó afectaciones económicas por 430 MP debido a compras de medicamentos donde el ISSSTE no aseguró el mejor precio posible, así como subcontrataciones de servicios con terceros (laboratorios clínicos y bancos de sangre) que por “deficiente evaluación de las necesidades” causaron que hospitales del Instituto dejaran de realizar 150 mil estudios. Esos contratos plurianuales con empresas privadas se adjudicaron sin tomar en cuenta las necesidades reales (estudios, insumos, consumibles y reactivos) de los nosocomios. Por ejemplo, el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre “no recibe beneficios por los convenios de subrogación de servicios de cirugía de mínima invasión”. Las unidades médicas tampoco contaron con controles de calidad externa que garantizaran la confiabilidad de las pruebas clínicas. Los funcionarios encargados de elegir a los proveedores tampoco verificaron que el ISSSTE tuvieran acceso a los mejores precios.
Igualmente, la ASF pidió fincar responsabilidades a los funcionarios del ISSSTE que en 2010 asignaron el contrato de red privada de telecomunicaciones a Bestel, filial de TELEVISA, por 2 mil MP: “se determinaron irregularidades en la elaboración del estudio de mercado y de las bases de licitación. No se garantizaron la transparencia, ni las mejores condiciones para la entidad. No se aplicaron penalizaciones por retrasos en la entrega de los servicios contratados” (febrero).
Hidalgo también se ajustó a la “vigilancia” de uno de los principales promotores de la “reforma”: el SNTE gordillista. Al decir de su secretario general, Juan Díaz de la Torre, cinco años después “no se ha avanzado” en los objetivos planteados, a más de que exige “transparentar” el presupuesto, las licitaciones, “rendir cuentas” sobre la aplicación de los recursos y “resolver” el desabasto de medicamentos. También aguardaron que Hidalgo abatiera con urgencia el rezago e insuficiencias en infraestructura hospitalaria, acelerara la modernización del equipo médico y paramédico, así como mejorara la profesionalización. El SNTE esperó que se “fortalezca” el funcionamiento de PENSIONISSSTE y se “redoblen” los esfuerzos en vivienda (febrero).
El nuevo hospital de Querétaro que inauguró Calderón presentó fallas en su estructura, es de pésima calidad, no es funcional y persistió la falta de médicos y enfermeras, desabasto, mientras las citas se otorgaban con plazos de cuatro a seis meses (febrero).
La ASF también detectó irregularidades por más de 650 MP en TURISSSTE: contratos que están fuera de su giro, adjudicados de manera directa y sin aclarar los criterios de selección. De entre 27 expedientes examinados, sólo 1 estuvo relacionado con servicios turísticos para derechohabientes del Instituto.
Después de los escandalosos fracasos de Yunes y Villalobos, en marzo 2012 Hidalgo estableció el enésimo programa para “garantizar” el abasto de medicamentos e insumos, bautizado como “Tablero de Control” y según el cual “la existencia” de fármacos alcanza el 96 por ciento “en almacén” y sólo 88 por ciento “en unidades médicas”! Aunque, según Hidalgo, se mantiene vigente un contrato de distribución “para repartir a tiempo en más de 800 puntos del país y que permite entregar en 8 horas un medicamento que se solicite urgente”. La factura para la compra de fármacos e insumos, alcanza 14 mil MP en 2012. “Ahora sí tengo el control y monitoreo del proceso de punta a punta”! Los vales “no resuelven el problema, pero seguirán utilizándose en eventuales crisis”. Y hasta el expediente clínico electrónico “servirá” para “verificar la cadena de abasto”.
Según Hidalgo, si después de la aplicación del nuevo sistema seguían los problemas “será por falta de planeación de las delegaciones estatales y las unidades médicas”!
Sobre la multitud de demandas sobre los créditos de vivienda que se otorgaron por encima de la capacidad de pago de los derechohabientes, Hidalgo aseguró que la Junta Directiva ya dispone de un programa de reestructuración “con un mayor plazo para llevar el pago”.
Con la asesoría de Guillermo Soberón ¿qué tecnócrata hacendario peñista entrará al relevo para, ahora sí, “mejorar los servicios”?
Redacción
El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 24 de noviembre de 2012.
