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El de Sánchez Arriaga, proceso de miedo 26 de diciembre de 2001
Cuatro días antes, Imagen Médica entrevistó a Sánchez Arriaga en el Reclusorio Norte, y el mismo día, el líder sindical recibió la visita de uno de los abogados de la parte acusadora, Antonio García, quien lo conminó a "pagar y salir". Ese jueves 15, otro abogado, Roberto Guillén Sandoval platicaba largo y tendido -dentro del juzgado 42 penal-, con el agente del Ministerio Público, Alberto Ortiz, luego de la plática, una de las reporteras le solicitó una entrevista, por lo que Guillén Sandoval le entregó una tarjeta, "para que le hablara por teléfono y acordar la entrevista." El viernes 16, la reportera se comunicó a los teléfonos indicados y contestaron a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA). Se preguntó por el abogado Antonio García -quien antes había negado pertenecer al SNTSA-, pero la contestación de la secretaria fue: "viene hasta el próximo miércoles al sindicato." También el viernes 16, se solicitó entrevista con Francisco Higuera Ramírez, director del Hospital General de México, y con Joel Ayala Almeida, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). El primero, "andaba en un Congreso, o de vacaciones"; y el segundo, "andaba muy ocupado con lo de los créditos del Fovissste, y atendiendo la elección del SNTSA." Imagen Médica decidió entonces publicar el reportaje con la información disponible y el lunes 26 de noviembre, se comunicó a la Redacción el abogado del SNTSA, Antonio García, quien reclamó a una de nuestras reporteras el contenido del reportaje. Entonces, el mismo Antonio García fijo fecha para una entrevista formal, en la que dijo, "entregaría papeles que comprobaban" las imputaciones a Sánchez Arriaga. Y también señaló el lugar para el encuentro: "El miércoles 28, a las 10 de la mañana en el Toks de Insurgentes, frente a Viana del metro Revolución", indicó. Ese miércoles, Antonio García no se presentó, y 30 minutos después de la cita se le localizó vía celular, dijo: "No voy a ir, tengo cosas más importantes que hacer." El jueves 29, hubo audiencia en el juzgado 42 penal del Reclusorio Norte sobre el caso de Sánchez Arriaga, por lo que, reporteros de Imagen Médica estuvieron presentes poco antes de la hora indicada, las 10 de la mañana.
Cuando las tres personas abandonaron la sospechosa oficina del agente del Ministerio Público -ya afuera del juzgado-, los reporteros preguntaron por el abogado Antonio García; una de las personas dio media vuelta y dijo: Yo soy. A pesar de la mala gana con la que contestó, no hubo mayor problema hasta que se intentó tomar una fotografía al abogado y personas que lo acompañaban, cuando el abogado se tapó la cara con una mano, y su acompañante, manoteó al reportero que portaba la cámara, tratando de impedir a toda costa ser fotografiados. Salvo dos o tres manotazos y agresiones verbales de uno de los sujetos hacia los reporteros, la situación no pasó a mayores. Acto seguido, entraron como en su casa en la oficina de la juez, donde se quejaron de ser agredidos por personas pertenecientes al SITS y afines a Sánchez Arriaga. JUSTICIA INFINITA Para aclarar la agresión de que fue objeto Imagen Médica, se solicitó hablar con la titular del juzgado 42 penal Julia Ortiz Leandro, quien una hora después accedió a recibir a los reporteros. — Sólo queremos aclarar la situación que se presentó. Pero la juez interrumpió a los reporteros. De entrada, reclamó de manera airada la elaboración del reportaje, y amenazó con demandar por difamación, en virtud, dijo, que las acusaciones que se le hacían "eran muy serias." Repentinamente, y a pesar de estar abierta la audiencia, el agente del Ministerio Público Alberto Ortiz irrumpió en la oficina de la juez, e interrumpiendo la plática acusó: ¡Ellos fueron los que hicieron esto!, y mostró a la juez una impresión del reportaje de referencia. Luego agregó: No se si usted vaya a proceder, pero yo si voy a proceder por difamación, al momento que volteaba a ver a los reporteros desafiante, burlón, enfermo de poder. La juez cortó la plática, ¡ya lo tengo!, le dijo. Y el MP abandonó la oficina. La juez volvió a lo suyo, ¿tienen papeles, documentos para probar lo que dicen?, preguntó enfurecida. Porque aquí dicen que yo recibí dinero, volvió a encarar.
— Pero, ¿cómo va a tener credibilidad un defraudador?, porque ese señor que dice aquí que es preso político es un defraudador, reafirmó. ¿Saben ustedes a cuántas personas defraudó? Se cuestionó sola la juez, y sola también se contestó: Son como 24, y son más de 400 mil pesos lo defraudado. Ofuscada agregó: "Estoy esperando unos expedientes certificados porque ese señor ya tiene antecedentes de defraudador, los voy a estudiar muy bien para ver en que condiciones quedaron, si están pendientes o fue absuelto, o si los podemos seguir aquí", decía mientras manoteaba y agitaba con velocidad sus enormes pestañas rizadas que casi rozaban con sus lentes. — ¿Son ustedes parientes, defensores, o amigos del inculpado?, volvió a interrogar la juez alterada. — Sólo cumplimos con nuestro trabajo, al igual que usted. Por eso es que pedimos hablar con usted para. — Lo que ustedes escribieron es muy delicado, volvió a esgrimir la juez, yo me voy a reservar para actuar cuando este proceso se termine, y de acuerdo con el resultado de la sentencia me voy a pronunciar. Porque no puede tener más credibilidad que yo un defraudador. — Perdone, se interrumpió a la juez, ¿es para usted el doctor Sánchez Arriaga un defraudador, o un presunto defraudador? — Es., titubeó. Y la juez controló sus impulsos. Es un presunto defraudador, asentó. — ¿Le tiene usted rencor al doctor Sánchez Arriaga? — Déjenme explicarles, dijo, y comenzó a hojear un voluminoso expediente del que dijo: Este es una parte del expediente del inculpado, existen dos. Yo tengo que analizar todo lo que hay aquí con mucho cuidado para tomar una determinación. No puedo tomar partido por alguien, porque de ser así, tendría que excusarme de seguir el caso. Luego explicó hojeando el expediente: Aquí está todo. El 16 de octubre se consignó el expediente a este juzgado sin detenido, y el 19 se libró la orden de aprehensión. No, aclaró, el 19 se consignó el expediente y el 16 se libró la orden de aprehensión. Sin salir de dudas continuó: El nueve de noviembre se le dictó auto de formal prisión, y se apeló. Además solicitaron un procedimiento sumario, y aquí están las fechas de las próximas audiencias: 4, 5 y 6 de diciembre; 21, 22, 23, y 24 de enero de 2002, y son 24 testigos los que tienen que declarar. Con cierta amabilidad la juez preguntó a los reporteros: — ¿Quieren saber algo relacionado con el proceso? — Sí. ¿Ya se resolvió la apelación? — No. Ese procedimiento puede tardar de dos a tres meses. Y este procedimiento se puede retrasar si los testigos no vienen a declarar, entonces, tendríamos que citarlos una, dos, tres o cuatro veces, y si no vienen entonces mandarlos presentar con policía judicial y medidas de apremio. — De acuerdo con la defensa del doctor Sánchez Arriaga, no se debió librar orden de aprehensión, pues no hay elementos suficientes para procesarlo penalmente, en todo caso; dicen que se debió haber procedido por la vía ejecutiva mercantil, pues él funge únicamente como aval. Además de que los testigos no lo señalan como la persona que recibió el dinero, sino a la señora Graciela Álvarez Estrada. ¿Qué nos puede decir de eso? — Yo tengo que ser muy cuidadosa, tengo que analizar todo este expediente, y la otra parte, para poder tomar una determinación. — ¿Les puedo servir en algo más?. Culminó la juez.
JUSTICIA CIEGA Al salir de la oficina de la titular del juzgado, las miradas de Antonio García y Alberto Ortiz se centraron en los reporteros, la sonrisa burlona que se adueñaba de sus rostros no era de triunfo, era de miedo. Y el miedo habló: "Que diga el procesado si se le ha preguntado sobre su pertenencia o afiliación a algún partido político", dijo Alberto Ortiz al secretario de actas, quien algo le repreguntó al Ministerio Público. Lo que pasa, refirió Alberto Ortiz, es que dice que es un preso político. Y la pregunta se hizo: ¡No!. Contestó Sánchez Arriaga. Luego de las declaraciones de "los testigos", y de las preguntas a Sánchez Arriaga, llegaron los careos; la juez salió de su oficina y se mantuvo presente. Primero fue quien dijo llamarse Eduardo Marín León -el agresor a Imagen Médica-, quien encaró a Sánchez Arriaga, la secretaria del juzgado explicó a ambos como se realizaría el careo. Sánchez Arriaga había manifestado antes que Marín León fue expulsado de su sindicato por corrupto. Luego de escuchar a Sánchez Arriaga, Marín León le dijo: "Primero, el sindicato hasta el día de hoy no existe. Me opongo y me opondré al robo a los trabajadores, con plazas, préstamos hipotecarios, casas, retiros voluntarios.". Marín dejó de ver a Sánchez Arriaga y se dirigió entonces a las personas que observaban la audiencia desde el mostrador, y señalándolos agregó: ". en compañía de sus cómplices." La respuesta de los agredidos no se hizo esperar, un joven mostró algo que colgaba de su cuello a Marín León y le dijo: "Aquí está mi gafete." Casi al unísono otra señora replicó también a Marín: "El portafolios que trae yo se lo regalé." La juez entonces interrumpió el careo, dijo a la secretaria: "Certifícame todo esto, la agresividad con la que contestaron.". Luego se hicieron las advertencias a los presentes: "Si vuelven a intervenir, vamos a pedir el desalojo del juzgado." La defensa de Sánchez Arriaga también intervino: "Que quede también certificado que el testigo fue quien se dirigió a las personas presentes.". Minutos después el careo prosiguió: "Traicionaste todo lo bonito que empezó este movimiento en el 2000., me pongo a disposición de este juzgado cuando se me requiera. Yo solamente confiaré en la justicia.", finalizó Marín. Sánchez Arriaga le repreguntó: Que manifieste si es uno de los defraudados. No, contestó Marín. Luego llegó el turno de Patricia Piña Villafuerte, enfermera del área de pediatría del Hospital Infantil de México "Federico Gómez", quien sólo reconoció que nunca dio dinero a Sánchez Arriaga, y justificó su estancia en querer recuperar el dinero que, aseguró, dio a Graciela Álvarez Estrada.
Y a pesar de todo, la juez esperará para "analizar cuidadosamente todas las actuaciones", cuando le bastaron sólo tres días para librar la orden de aprehensión. Al término de la audiencia de ese día 29, la juez se dio otra encerrona con Antonio García y Alberto Ortiz, y aunque las ventanas de su oficina son transparentes, sólo ellos saben lo que platicaron por más de una hora continua. La historia de Marín León es larga, según nuestros testigos, "es gente de choque aliada siempre con los que tienen el poder", pero esa, es otra historia. LA LIBERTAD El presunto delito por el que se persigue a Sánchez Arriaga es clasificado como "no grave", por lo que al inicio del procedimiento la juez Julia Ortiz Leandro le había otorgado el beneficio de la libertad bajo caución. Sin embargo, el agente del Ministerio Público, Alberto Ortiz solicitó a la juez negar dicho beneficio a Sánchez Arriaga. Y así, de un plumazo, Leandro Ortiz concedió a la "representación social" su petición, quedando Sánchez Arriaga en estado de indefensión y puesto para enfrentar el proceso recluido en el Reclusorio Norte. Según la defensa de Sánchez Arriaga, la solicitud del Ministerio Público obedeció más a ser un "acto de presión que de legalidad." Y en efecto, las "lagunas legales" que inundan los códigos penales vigentes permiten todo., hasta la interpretación al "más o menos" de los códigos y sus artículos. Pero la semana del 10 al 17 de diciembre fue particularmente intensa para Sánchez Arriaga, pues días atrás, habían llegado para sumarse al expediente las pruebas necesarias para que Sánchez Arriaga se viera acogido, de nuevo, al beneficio de la libertad bajo caución. Y así, el 17 de diciembre, la juez Julia Ortiz Leandro determinó: "SU LIBERTAD PROVICIONAL MEDIANTE CAUCION EN SU MODALIDAD DE FIANZA, QUE YA EXHIBIO A SASTIFACCION DE ESTE JUZGADO." A las seis de la tarde de ese día, Sánchez Arriaga salió del Reclusorio Norte, por lo que ahora enfrentará el proceso desde la libertad provisional. |
Una historia de agresiones e intimidación contra Imagen Médica, y sus reporteros, se inició el 19 de noviembre último, dos días después de la publicación de un reportaje referente a la detención de Antonio Sánchez Arriaga, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Salud del Hospital General de México (SITS).
Pocos minutos después de las 10, ingresaron a la oficina del agente del Ministerio Público Alberto Ortiz, tres personas que permanecieron encerrados con él cerca de 15 minutos, luego, salieron de la sospechosa oficina cuyos cristales transparentes -por aquello de las políticas de transparencia que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal trató de implementar como medida para tratar de reducir la corrupción-, se encuentran totalmente cubiertas con papel blanco, por lo que la visión al interior es imposible.
— No son nuestras las declaraciones, se le afirmó, además, nuestro testigo tiene credibilidad.
— En realidad, sólo veníamos a aclarar la situación que se presentó con el abogado Antonio García y las dos personas que lo acompañan. Fuimos agredidos por ellos, tan sólo por intentar tomarles una fotografía.
Lo cierto es que así será todo el proceso contra Sánchez Arriaga, pues de las declaraciones ante el Ministerio Público de los presuntos agraviados se desprende que ninguno realizó imputaciones directas al líder sindical.
