Para un inmenso grupo de trabajadores integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) no existe la menor duda de que los ocho miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que formaron la Comisión Revisora que se encargó de negociar con el IMSS la revisión contractual 2003-2005, son unos “traidores y mentirosos”, a secas.
Así se menciona en la denuncia interpuesta ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del sindicato, que alcanza, por ser miembro “exoficio” de toda comisión, y representante legal de los trabajadores, al secretario general del sindicato, Roberto Javier Vega y Galina.
En la denuncia se pide a la CNHJ la “destitución del cargo sindical, hasta inclusive la expulsión por faltas graves y traición” de Federico Arellano Parra, secretario de Trabajo; Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario del Interior; Roberto Andraca González, secretario de Conflictos; Eduardo Pérez Saucedo, secretario del Exterior; Joaquín Castillo González, secretario de Previsión Social; Arturo Varela López, secretario de Asuntos Técnicos, Víctor Rosales Canales, secretario de Admisión y Cambios; y, Miguel Ángel Van-Dick Puga, secretario de Capacitación y Adiestramiento.
Los denunciantes son implacables, pues en el documento acusan: “… no tenemos duda alguna de que existió el engaño de parte del Dr. Roberto Vega y Galina”, y en una rigurosa aplicación de los Estatutos que rigen al gremio, concluyen que los nueve bajo sospecha “violaron flagrantemente el dispositivo estatutario”, poniendo, en “riesgo latente”, los derechos adquiridos de los trabajadores.
En entrevista con Imagen Médica, los denunciantes señalan que “todo el problema actual del sindicato y el riesgo de perder sus conquistas laborales” se desprenden del “Acta” fechada en 4 de octubre de 2003, en la que la Comisión Revisora aceptó con el IMSS incluir una modificación a la Cláusula 110 -que se refiere al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP)-, y en la que se menciona que “quedan incluidos en el Régimen los Convenios del 1 de abril de 1968…, y el del 16 de octubre de 2003…”.
Parece simple firmar por adelantado…, ahora, el curso de la denuncia está en manos de Armando Ovalle, titular de Honor y Justicia.
Pero no es todo, a la turbulencia que se avecina al sindicato se suma una demanda judicial por “corrupción, malversación y robo” de los recursos de los trabajadores, que corre ya curso en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra del exsecretario general del sindicato Fernando Rocha Larráinzar, y su entonces tesorero; denuncia que alcanza de manera implacable a Vega y Galina, y también a su tesorero.
Para nuestros lectores, queda aquí el “Acta de la ‘traición’”, del 4 de octubre de 2003:
