EL IMSS BAJO EL FOXISMO capitulo1

Estimado lector:

Con esta primera entrega inicia una serie importante de trabajos realizados por Gustavo Leal Fernández, doctor en Economía y experto en políticas de salud y seguridad social en México y el mundo.
Semana tras semana, a lo largo de este 2006, en Imagen Médica usted podrá disfrutar los capítulos de “El IMSS bajo el foxismo”, que el doctor Leal Fernández, también articulista de La Jornada, ha elaborado con rigurosa metodología y paciencia.
Seguramente quedará usted complacido con este trabajo, que puede usted coleccionar, y que finalmente verá impreso como libro.

Este pequeño libro es para todos esos -anónimos y fundamentales- equipos institucionales de salud

“…Otro hecho preocupante fue la cortina de humo que estúpidos e inaceptables gritos y pintas antisemitas tendieron al desempeño de Santiago Levy al frente del IMSS, con lo que convirtieron en mártir a un funcionario terco e inepto. El doctor Levy lo fue, y recordamos que agredió con fiereza al gremio teatral al declarar al inicio de su gestión que pretendía derribar los edificios teatrales porque prefería convertirlos en estacionamientos, lo que dio lugar a una de las escasas movilizaciones de teatristas.
Después estorbó todo lo que pudo la prosecución de los comodatos iniciados antes de su gestión, lo que por fin pudo lograrse con un convenio diferente y de menor aliciente para los comodatarios, pero que finalmente fue aceptado. Hay que entender que la entrega de los edificios teatrales del IMSS en comodato a algunos grupos logró la profesionalización de éstos, sobre todo en los estados, que aí tuvieron una sede para sus propuestas y otras de grupos invitados.
Saco esto a colación porque existía un Fideicomiso del Teatro de la Nación (así llamado por el programa que en la época de José López Portillo encabezó el doctos Carlos Solórzano) con el que operarían estos comodatos y del que no tenemos más noticias.
Sin deseos de hacer leña del Levy caído, pienso que es tiempo, antes de que se venza el actual sexenio, de que nos den razón de esos dineros, en dónde quedaron y a qué se destinan…”.¹

PROLOGO

UNA POSIBLE RUTA DE CONSENSO QUE LEVY, SOJO, MUÑOZ Y FOX LE NEGARON A MEXICO

Uno: un proyecto previamente estudiado y debidamente comunicado

El 10 de noviembre de 2005, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, presentó un profundo proyecto de reforma de la Seguridad Social. La propuesta del Ejecutivo pretende elevar la vida laboral de los trabajadores y vincular la relación entre aportaciones y prestaciones. Para ello, prevé aumentar la edad mínima de jubilación anticipada hasta los 61 años, frente a los 60 actuales. Además, incentivará a los trabajadores para que sigan trabajando más allá de los 65 años. El documento ha sido entregado a patronal y sindicatos para su discusión en la mesa de diálogo social².
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales emprendió la marcha de una reforma del sistema de Seguridad Social. El secretario general, Octavio Granado, anunció que la propuesta de reforma contiene “un amplio paquete de medidas, que no sólo afectan la jubilación. Es una reforma de gran calado. El objetivo es prolongar la vida laboral y estrechar la vinculación entre las aportaciones de los trabajadores al sistema con las prestaciones sociales que recibe.

Dos: contenido del proyecto

La propuesta incluye:

Pensiones contributivas. La propuesta mantiene en 65 años la edad legal de jubilación. El período mínimo de cotización se establece en 15 años efectivos. Trabajo propone crear un observatorio de la Seguridad Social, integrado por la Administración y los agentes sociales, que “evaluará de forma permanente los problemas sociales y laborales”, explicó Granado. El órgano vigilará la relación entre aportaciones y prestaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Jubilación anticipada. Uno de los objetivos es retrasar la edad de jubilación efectiva, actualmente en 63.7 años. Para ello, pretende endurecer las condiciones por jubilación anticipada. La edad mínima para la prejubilación voluntaria se eleva hasta los 61 años, desde los 60 años actuales, y para “carreras más largas”, apostilló Granado (se exige haber cotizado al menos 30 años). El Gobierno pretende unificar los requisitos de acceso a las prestaciones “desde las 11 modalidades existentes actualmente a dos o tres”, afirmó Granado. La propuesta prevé que los trabajadores despedidos accedan con más facilidad a las prestaciones, que en la actualidad tienen más dificultades que los prejubilados.

Para penalizar la jubilación anticipada, Trabajo establece los coeficientes reductores y rebajan la base de cotización en un 6.5 por ciento por cada año pendiente para la jubilación real, a los 65 años. Además, establece un tipo fijo del 1 por ciento y otro variable de 0.5 por ciento por cada año cotizado por encima de los 40 años. Las pensiones causadas antes del 1 de enero de 2002, fecha de entrada en vigor de la norma que regula la jubilación, se mejorarán para los trabajadores despedidos con más de 60 años, con una cotización de al menos 35 años.

Prolongación de la vida laboral. El Gobierno subraya la necesidad de aumentar los años de cotización. Para ello, incentivará a aquellos trabajadores que sigan trabajando con más de 65 años como las empresas que los empleen están exentos de las cotizaciones por contingencias comunes a la Seguridad Social, y además se benefician de un alza del 2 por ciento en su base de cotización por cada año adicional, con el límite de la pensión máxima (30.227,68 euros anuales). El texto pretende eliminar este límite para aquellos mayores de 65 años que certifiquen un mínimo de 35 años cotizados.
Otra de las medidas para fomentar que los trabajadores continúen trabajando pasados los 65 años consiste en eliminar los coeficientes reductores si han cotizado más de 15 años. El borrador del Gobierno prevé ampliar las bonificaciones que ahora aplica a los contratados mayores de 60 años con una antigüedad de cinco a los trabajadores mayores de 59 años con contratos indefinidos. Actualmente consiste en una rebaja del 50 por ciento en la cuota por contingencias comunes.

Pensiones no contributivas. El Gobierno prevé elevar las pensiones mínimas de forma paulatina y se compromete a un alza del 26 por ciento respecto a 2004 al final de la legislatura. El secretario de Estado de la Seguridad Social explicó que con la nueva reforma se establecerá una pensión mínima específica de los huérfanos menores de 18 años que sufran una minusvalía de al menos 65 por ciento.

Pensión de viudedad. El Gobierno revisará las pensiones de viudedad en “ dos tiempos”. Acometerá una nueva definición de los beneficiarios, para adaptarse a las nuevas formas de familia que hay en la actualidad. El texto basa la prestación de viudedad en función de la dependencia económica de cada miembro de la familia, pero asegura un mínimo de 50 por ciento para el cónyuge en el momento del fallecimiento, en caso de divorcio previo.

Maternidad. El proyecto reitera la propuesta de conceder un permiso de una semana al padre una vez transcurrido el permiso de maternidad de cuatro meses. Además, reconoce el derecho de la prestación por maternidad a las trabajadoras autónomas en régimen de parcialidad.

Otros. La propuesta incluye medidas para mejorar la eficiencia y rentabilidad del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Además, prevé integrar en el Régimen General de la Seguridad Social a los trabajadores incluidos en el régimen especial del hogar y a los trabajadores por cuenta ajena que pertenezcan al especial agrario.

Tres: una visión sinóptica de la reforma de la Seguridad Social (Propuestas del Ministerio del Trabajo)

Pensiones contributivas.

El período de cotización mínimo para tener derecho a pensión se mantiene en 15 años efectivos y la edad legal de jubilación, en 65 años. Para cobrar el 100 por ciento de la pensión será necesario haber cotizado 35 años.
El Observatorio de la Seguridad Social analizará periódicamente la relación entre aportaciones y prestaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Jubilación anticipada.

Más flexibilidad para los trabajadores despedidos que para los que se prejubilen voluntariamente, al contrario que ahora.
Se exigirá como mínimo tener 61 años de edad (ahora son 60) y haber cotizado como mínimo 30 años.
Los coeficientes reductores para fijar la cuantía de la pensión se situarán en un 6.5 por ciento por cada año que falte hasta cumplir los 65, más un 1 por ciento fijo. Por cada año cotizado por encima de los 40 se reducirá otro 0.5 por ciento.
Se adoptarán medidas de mejora de las pensiones causadas antes del 1 de enero de 2002 por trabajadores con 60 o más años que hubieran acreditado 35 o más años de cotización.

Prolongación de la vida laboral.

La pensión de los jubilados a partir de 66 años será superior a la que corresponde con 65 años. La pensión máxima (ahora 30, 227.68 euros al año) aumentará para quienes hayan cotizado más de 35 años.
No habrá coeficientes reductores para quienes se jubilen con más de 65 años y hayan cotizado más de 15 años.
Las bonificaciones en la pensión para mayores de 60 años con cinco de antigüedad se amplían a todos los cotizantes mayores de 59 años con contratos indefinidos.

Pensiones no contributivas.

Las pensiones mínimas aumentarán al final de la legislatura (2008) un 26 por ciento en relación a 2004.
Se establecerá una pensión mínima específica a favor de menores de 18 años y con una minusvalía igual o superior al 65 por ciento.

Pensión de viudedad.

Se requerirá acreditar un período (reducido) de convivencia mínimo.
Las parejas de hecho tendrán derecho a pensión de viudedad para lo que deberán acreditar su inscripción en el registro público. Si éste no existe, se requerirá escritura pública que acredite la convivencia.
En caso de divorcio previo, la última pareja tendrá derecho como mínimo al 50 por ciento de la pensión.

Maternidad.

Se suprime el requisito de acreditar un período mínimo de cotización para acceder a la prestación por riesgo durante el embarazo.
Permiso de paternidad de una semana contada a partir de que finalice el permiso de maternidad de cuatro meses.
Las trabajadoras autónomas tendrán permiso de maternidad.
Prestación no contributiva durante las seis semanas posteriores al parto por un importe equivalente al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional.

Cuatro. Una correcta recepción de los medios: “el problema no es acuciante, pero es prudente elaborar las ideas mediante un debate público”

Unos cuantos días, el afamado diario madrileño, El País, editorializó así³:

“El Gobierno ha presentado a empresarios y sindicatos su propuesta general de reforma del sistema de la Seguridad Social, una pretensión largamente acariciada por los gobiernos españoles pero que plantea graves dificultades de aplicación. La propuesta está orientada por el principio de conseguir que los trabajadores tengan una vida laboral más prolongada, atrasando la edad de jubilación de forma que coticen durante más tiempo a la Seguridad Social. El documento enviado a la patronal y a los sindicatos recomienda que la edad mínima para la jubilación anticipada se amplíe a 61 años -actualmente son 60-, estímulos económicos para que los trabajadores sigan en el empleo después de los 65 años y nuevos coeficientes reductores por cada año que falta para cumplir los 65 para cuantificar la pensión. En la misma línea, establece el Ministerio de Trabajo que sólo se podrá percibir el 100 por ciento de la pensión cuando se haya cotizado durante 35 años.
El documento tiene imprecisiones, pero es un punto de partida para el debate a fondo sobre el sistema español de pensiones. La orientación es correcta: los trabajadores se incorporarán cada vez más tarde al mercado de trabajo y la esperanza de vida es cada vez mayor. El resultado es que el coste de las pensiones es cada vez más elevado y ha de pagarse durante más tiempo. La solución lógica es prolongar en lo posible la vida laboral, sin imposiciones no pactadas, y ajustar de manera más estricta las pensiones percibidas a las aportaciones realizadas. Y eso es precisamente lo que, en términos generales, propone el Gobierno.
No es un problema acuciante. La entrada de inmigrantes –uno de cada diez cotizantes- alivia por el momento, con mayores ingresos, la presión sobre los costes del sistema. Pero es prudente elaborar las ideas mediante un debate público que alumbre las correcciones posibles para acompasar la edad de jubilación con la esperanza de vida. Mejor ahora, cuando es posible un debate sin agobios económicos, que cuando aumente la presión de los costes sobre el sistema”.

Cinco: primeras reacciones

Sólo una semana después, el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) tachó la propuesta por “incoherente y muy manifiestamente mejorable”⁴. Además, apreció que ella “no encamina al objetivo inicial de las reformas: garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, ni cuantifica el ahorro que las medidas generarían a la Seguridad Social”.
CC OO tampoco entiende por qué cambian los coeficientes reductores que se aplican a la pensión cuando el trabajador se jubila anticipadamente. Con la nueva propuesta, al decir del sindicato, son los trabajadores con menos años cotizados los más favorecidos al jubilarse antes de tiempo, mientras los de carreras profesionales más largas se ven penalizados. A una vida laboral de 18 a 65 años, con 47 de cotización, le corresponde menos pensión que a otra de 30 a 66 años (36 de cotización).
El sindicato es partidario de mejorar las pensiones, pero con matices: “igual que siempre hemos estado en contra de la bajada de las cuotas sociales (pagos a la Seguridad Social), tampoco se pueden subir las pensiones tanto como se quiera”.

Seis: otra experiencia reciente, la británica

Hace poco más de un año, en octubre de 2004, el industrial Adair Turner, responsable del último Informe de la Comisión de Pensiones creada por Blair en el Reino Unido, indicó que: “hay que buscar soluciones basadas en el largo plazo” porque “el boom de la inversión bursátil ha menguado la inversión en fondos de pensiones. Se requiere una visión de conjunto”.
La Comisión advirtió, también, que el “desfase entre lo que necesita el sistema y lo que realmente tiene, seguirá incrementándose debido a la naturaleza cambiante de los esquemas que maneja el sector privado”. Para Turner, el hecho de que muchos pequeños y medianos ahorradores hagan contribuciones inadecuadas significa que estamos ante un gran problema que irá apareciendo en los próximos 15 a 25 años”.⁵
La opinión pública británica está a la espera de que, muy pronto, Turner de a conocer el borrador que contiene las propuestas de la Comisión para hacer frente al futuro inmediato del sistema pensionario. Y no ha faltado quién ya anticipe que el Reino Unido se encamina hacia una prolongación de la vida laboral, retrasando la edad de jubilación desde los actuales 65 años a 67.
También se rumora que la Comisión podría sugerir la creación de un sistema semiobligatorio de cotizaciones cuyas recaudaciones se colocarían en fondos de inversión, aunque sin la garantía del Estado en caída de la rentabilidad.
No sorprende que, de cara a estos rumores, Turner se haya apresurado a precisar que se trata de meras “especulaciones”⁶. ¡Veremos!

Siete: Panamá y la potencia del discurso sindical intermedio

Y qué decir del sonado experimento panameño donde se ensaya unaventurosa combinación entre la alianza derechohabientes-trabajadores de la seguridad social y una dirigencia sindical madura, capaz de edificar un novedoso discurso intermedio que difunde masivamente -hacia abajo- las propuestas oficiales de “reforma”, y regresa luego a las mesas institucionales de negociación con preguntas y respuestas potentes que -desde las bases- desmontan y desarman la entera visión gubernamental.
Este experimento está, por cierto, nuevamente en la calles de las principales ciudades del País para articular justamente lo mismo que demandó el movimiento triunfador de hace siete meses: antes que nada, información oficial solvente con propuestas conjuntas de salida, viables, incluyentes y equitativas para todo el cuerpo social. Si no hay eso, el ensayo panameño exige hoy, como hace siete meses, el sabio juicio de la voluntad popular: un referéndum!
¿Se puede pedir más?

Ocho: lo que Levy, Sojo y Fox le negaron a México

¿Pudo el México del foxismo haber optado por una vía de persuasión y consenso responsable similar a las que cursan el Reino de España, el Reino Unido y Panamá? Ya nunca lo sabremos.
El salvajismo tecnocrático de Santiago Levy -amparado en la incompetencia técnica del coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Eduardo Sojo, la ignorancia de Ramón Muñoz (principal asesor presidencial)- y la curiosa presidencia “democrática” en que invariablemente se escudó Vicente Fox para no asumir las riendas de los asuntos públicos nacionales más relevantes, terminaron favoreciendo el imperio del equivoco “diagnóstico” apocalíptico con que Levy distorsionó, primero, la herencia priísta que pesaba -al iniciar el gobierno de Fox- sobre los determinantes financieros institucionales, para luego sólo agravarlos y, finalmente, terminar generando nuevos problemas.
A diferencia de que lo que sucede en España, Reino Unido y Panamá, entre muchos otros, es claro que el rasgo específico de la “experiencia” mexicana puede resumirse en una sola palabra: imposición.
En efecto, imposición salvaje desde arriba, sin consenso, sin persuasión, sin debate y sin deliberación democrática. Antes bien: cancelándola.
Como era lógico y mientras tanto, nada de lo que pende sobre una posible mejor operación de los servicios que presta el IMSS fue enfrentado con alguna seriedad en el entero sexenio de Fox.
En la ruta persuasiva que Levy, Sojo y Fox le negaron a México, también aportaron mucho los legisladores priístas de ambas cámaras, en especial, el diputado Manlio Fabio Beltrones -con el franco apoyo del, entonces, Presidente del Partido Revolucionario Institucional, Lic. Roberto Madrazo Pintado- y el senador Genaro Borrego Estrada, así como el opaco Santiago Creel, por esos días secretario de Gobernación del foxismo y las respectivas bancadas del Partido Acción Nacional, especialmente la de los Senadores con el tenebroso Fauzi Hamdán a la cabeza.
El cuadro se completa con los integrantes del Congreso del Trabajo, destacadamente los fallecidos Netzahualcóyotl de la Vega (SITATIRT) y Leonardo Rodríguez Alacine (CTM), así como las “representaciones” obrero- patronales al seno del Consejo Técnico a modo del IMSS que se diseñó a sí mismo Santiago Levy con las llamadas “reformas” adicionales 2001 a la Ley del IMSS.
Finalmente hay que indicar a un responsable más: la cúpula del SNTSS. Contrastando con el ensayo panameño, su responsabilidad muestra también las grandes oportunidades que perdió ese segmento de la dirigencia que interesadamente militó a favor de una modificación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores del IMSS afín a las propuestas gubernamentales la noche del 14 de octubre de 2005, incluso amputando el propio debate que palpitaba al interior de su organización.
Ese segmento no sólo no hizo el trabajo del discurso intermedio, sino que: asumió de cuerpo entero una propuesta paragubernamental que, luego, se atrevió todavía a difundir como propia. Al final del día, esa cúpula y sus intereses, también optaron por la imposición.
Además, con su proclividad a la modificación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, dio oídos sordos a las precisas palabras de Christopher Daykin, jefe de la Oficina Actuarial del Reino Unido y presidente de la Asociación Internacional de Actuarios:

“la situación del IMSS “no obliga a tomar acciones inmediatas, pues aún no está en riesgo su viabilidad. No creo que esté en una crisis. Los problemas que enfrenta son de largo y no de corto plazo. Son situaciones que enfrentan muchas instituciones de seguridad social en el mundo…no veo que el IMSS tenga algún problema de solvencia que requiera que fuera rescatado, aunque sí tiene desafíos estructurales de largo plazo: la contratación externa de servicios puede reducir costos, pero tiene que examinarse con cuidado para asegurar que no afecte la calidad del servicio. Reino Unido lo hizo para mejorar la calidad, no para generar ahorros. Problema urgente del IMSS es el de aplicar una estrategia que mejore la calidad de los servicios y que fortalezca su imagen para generar la confianza pública”⁷

Por ello mismo, la gran mayoría de las “propuestas” sindicales de ese CEN, aún no optan por la ruta de su modernización y democratización franca ni acaban de comprometer seriamente la calidad del servicio que prestan con el destinatario principal: la derechohabiencia, el usuario, paciente, ciudadano y sus precisas necesidades de salud y seguridad social.

Nueve: éste libro

Este libro documenta algunos de los ángulos por los que transitó el salvaje periplo tecnocrático que emprendiera Santiago Levy con el desapego, facilidades, temores, ambigüedes, incosistencias y frivolidades que caracterizaron a Vicente Fox como Presidente, la ignorancia de Ramón Muñoz y la incompetencia de Eduardo Sojo; periplo que le impidió a México comprender y emplazar correctamente un relevante asunto de la vida pública: el de la seguridad social y que le cerró rutas para enfrentarlo en los términos usuales de la política democrática moderna.
Pero, afortunadamente, como en muchas otras áreas de la vida social mexicana ¡llega otro Gobierno! Esperemos que ése sí esté a la altura de la salud y seguridad social que se merecen los mexicanos del siglo XXI.
Ojalá, atento lector, disfrutes éste libro y su sinuoso recorrido. Ojalá y, también, como gustaba referir Borges, encuentres en él algo de lo que buscabas.

¹ Olga Harmony, “Dudas y preguntas”, La Jornada, 24 de noviembre, 2005
² El País, 11 de noviembre, 2005
³ “El costo de la jubilación”, El País, 13 de noviembre, 2005
⁴ El País, 18 de noviembre, 2005
⁵ El País, 13 de octubre, 2004
⁶ El País, 18 de noviembre, 2005
⁷ Gustavo Leal F. (2003), “Hasta que la “reforma”nos alcance”, La Jornada,11 de octubre