Eran las 12 horas con 15 minutos del día 24 de marzo de 1992, cuando Julio José Frenk Mora, hoy secretario de Salud y entonces director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), firmó de propia mano un citatorio, que fechado el día anterior, le giró la extinta Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef).
A Julio José no le quedaba de otra, pues la Dirección de Responsabilidades de la Secogef le exigió que se diera por enterado, con su firma personal, de la investigación que se le seguía debido a millonarias “irregularidades” en el manejo de los recursos del instituto.
La Secogef, a cargo de María Elena Vázquez Nava, inició contra Frenk Mora el expediente 39/92, y le notificó a través del oficio 223/000734 que debería comparecer personalmente a declarar, con motivo, le señaló, “de las presuntas irregularidades que se le atribuyen”.
Sin miramiento alguno la Secogef acusó a Julio José de que con su conducta había infringido diversos ordenamientos legales, y aunque le otorgó el derecho de ofrecer las pruebas y alegar lo que su derecho conviniera, le advirtió que el siguiente 31 de marzo debería llevar consigo credencial de identificación personal, y que en el caso de no comparecer a la audiencia, se le tendría “por no presentado, por ciertas las imputaciones en su contra, y por perdido su derecho para aportar pruebas y alegar lo que a su derecho convenga”.
Al paso de los meses la Secogef comprobó que en su desempeño como director del INSP, Frenk Mora cometió los delitos que se le imputaron, pero la sentencia que se le impuso fue de risa: “amonestación pública”, pena que le fue aplicada por su “superior jerárquico”, con el objeto de “exhortarlo para que no volviera a reincidir en este tipo de situaciones”. En el transcurso del proceso media docena de funcionarios se vieron involucrados en los desvíos, y una montaña de estiércol quedó al descubierto.
De acuerdo con testimonios recabados por Imagen Médica, Frenk Mora no pasó buena temporada en la cárcel gracias a la intervención que su “maestro”, Guillermo Soberón Acevedo, hizo a su favor ante Jesús Kumate Rodríguez, secretario de Salud con Carlos Salinas de Gortari, además de las complicidades que tejió antes y durante el transcurso de su proceso.
Por ejemplo, Frenk Mora trabó amistad y componendas con el subsecretario de Organización y Desarrollo de la Secretaría de Salud (SS), Gabriel García Pérez, siniestro personaje amigo “a mucho privilegio” del entonces presidente Salinas de Gortari.
Dos años antes que Frenk, en 1990, García Pérez fue sometido también a proceso por la Secogef por el desvío de 800 mil millones de pesos, razón por la que durante un tiempo se esfumó del sector salud y ganó la impunidad en el exilio como cónsul en Fresno, California. Incrustado en el foxismo por la mano de Frenk, ahora carga a todos lados el portafolio al secretario y, para él, Frenk creó la Dirección de Vinculación Social, con amplio poder y presupuesto.
De entre los priístas que se avergüenzan de serlo, se conoce a Frenk como un tipo “agradecido”, con la costumbre de “devolver favores”.
LOS DESVÍOS
Según la copia del expediente firmado de recibido a primera hoja de puño y letra por Frenk Mora -en poder de Imagen Médica-, en 1990 y en el desempeño de sus funciones como director del INSP, el hoy secretario “omitió tomar las medidas necesarias” para que los ingresos obtenidos por ese instituto a través de donativos para proyectos de Investigación y Docencia se registraran debidamente en la contabilidad del instituto.
Además, no hizo del conocimiento de la Junta de Gobierno ni de la Dirección de Desarrollo Académico los convenios que amparaban el otorgamiento de los donativos; con esas maniobras, Frenk Mora “ocultó la identidad del donante original”. La suma: mil 102 millones de pesos.
No es todo: Frenk autorizó que de esos donativos se pagaran 12 millones 200 mil pesos en “viáticos” a personas que no guardaban relación laboral con el instituto, y que se entregaran “premios” por 10 millones de pesos a personal del instituto, “sin contar con la evidencia de los criterios en que se sustentaron”.
Hay más: “ocasionó un daño económico al instituto”, nomás de 83 millones de pesos, al autorizar que de los recursos que deberían usarse para proyectos de investigación y docencia, se adquiriera una camioneta último modelo -Suburban 91-, “con características de lujo”. E igual, omitió informar sobre la compra a la Junta de Gobierno; según los documentos, con esa acción Frenk también “contravino los criterios de racionalidad y austeridad establecidos por la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP)”.
¡Y más!: Frenk “ocasionó un daño patrimonial al instituto”, al autorizar que se adjudicara el pedido número INSP/004/89 -sobre adquisición de mobiliario y equipo de administración-, por un importe de casi mil millones de pesos a la empresa SIMEX, S.A. de C.V.
A pesar de no contar con la autorización de la SPP, Frenk Mora autorizó el pago anticipado del 100 por ciento del pedido y no hizo efectivo el descuento adicional del 18 por ciento ofrecido por el proveedor. Tampoco giró las instrucciones debidas para vigilar la entrega oportuna del pedido -que se entregó fuera del término concertado-, y mucho menos procedió a ordenar la determinación de sanciones económicas para el proveedor, a quien, en el colmo, no se le hizo efectiva la póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento.
En suma, las sospechosas “omisiones” de Frenk Mora en beneficio de SIMEX ocasionaron un “daño patrimonial” al INSP por un total de 322 millones de pesos.
Por si algo faltara, el hoy secretario de Salud suscribió “indebidamente” 47 contratos de prestación de servicios por honorarios a favor de personal adscrito al instituto por un monto de 293 millones de pesos; y, como remate, autorizó que tal cantidad fuera cubierta con fondos de los donativos recibidos por el instituto para el desarrollo de proyectos de Investigación y Docencia.
LA REINCIDENCIA
Para José Luis Moyá Moyá, la amonestación impuesta a Julio Frenk reviste ahora carácter “importante, particular y extraordinario”, y la relaciona con el escándalo de Provida. Dice a secas que en 1992 Frenk Mora no debió haber sido amonestado, sino sancionado severamente por haber desviado más de mil millones de pesos.
Moyá, fotógrafo de profesión dedicado paralelamente a investigar, seguir y denunciar casos de corrupción, desenmascaró los “fraudes y desvíos” que Jorge Serrano Limón y su organización Provida cometieron con recursos provenientes del erario público; 30 millones de pesos que de manera oscura obtuvo Serrano Limón de Luis Pazos de la Torre, con la venia de la Secretaría de Frenk.
Dice que para los efectos legales, la sanción que le impuso la Secogef a Frenk en el 92 “recobra vida ahorita otra vez”, porque indica, “se le amonestó para que no volviera a incurrir precisamente en las mismas responsabilidades”.
Acusa que, “como estamos en el gobierno en el que no pasa nada”, Serrano Limón se va a “robar” los 30 millones de pesos que “ya se robó”, y agrega que Julio Frenk “seguramente no va a ser sancionado para nada”.
En plática con Imagen Médica Moyá advierte que el caso de Provida, que según Frenk se ventila en la Secretaría de la Función Pública (SFP), es una “simulación” más de combate a la corrupción en el foxismo, a pesar, dice, que esa Secretaría “nos cuesta seis mil millones de pesos al año”. Señala al titular, Eduardo Romero Ramos, como el “encubridor” número uno del país.
— ¿Para usted en el caso Provida hay una reincidencia de Frenk y dice que así debería ser visto?
— ¡Sí!, así es.
Y es que Moyá cuenta que al presentarse en la Contraloría Interna de la SS con la abogada María Eugenia Galván Antillón, “ya tenían todo listo para tapar el asunto de Serrano Limón”, pero asegura que cuando llevó los documentos “estados de cuenta, transferencias a Estados Unidos, y facturas apócrifas”, entre otros “pues ya no lo pudieron tapar”.
Le dijo a Galván Antillón: “cuánto le apuesto a que en cuanto se den cuenta y se vean todos estos papeles le van a quitar el asunto”, y afirma: “dicho y hecho, ¡se lo quitaron!”. Le advirtió a Serrano Limón: “necesitas un abogado, porque lo que hiciste es un fraude maquinado, planeado y organizado con tu socio de Mercatel, Mario Teniente Coronel”.
Moyá revela que una semana antes de la comparecencia de Frenk Mora ante el Senado se reunió, en la Delegación Regional de la Procuraduría General de la República (PGR), con el asesor jurídico de la SS y con Rolando López Villaseñor, que se tenía todo listo para seguir la causa penal contra Serrano Limón, y que Julio Frenk se comprometió a informar eso ante los senadores, en agosto de 2004.
Exclama: “¡pero Julio Frenk no dijo nada, no tenía que revelar los detalles pero sí que ya había presentado la denuncia, porque a final de cuentas había sido un fraude. El secretario tomó la decisión de encubrir el asunto de Provida y ahí encubrió a Jorge Serrano Limón!”.
Y advierte que el tratamiento que da la SFP a Serrano Limón, “como si se tratara de un servidor público”, es erróneo porque no se trata de un asunto administrativo, sino de un fraude.
— ¿Entonces debería verlo directamente la PGR?
— Sí, con el mismo Rolando Villaseñor.
“Con esto le digo todo”, agrega: el Ministerio Público que se entrevistó con Carlos Ahumada en el hotel Presidente es el mismo que tiene la averiguación de Provida y dice que “mientras que la Secretaría de la Función Pública no se pronuncie, no hago nada; aunque hayan venido los diputados a denunciar, yo no cito a comparecer a nadie”.
Tras destapar la cloaca en el caso Pazos-Serrano-Frenk, Moyá ahora investiga la compra de vacunas que realiza la Secretaría de Salud “en cantidades millonarias -en dólares-, sin licitación y en calidad de urgentes”.
Revela, como ejemplo, que el caso del escandaloso brote de sarampión que se conoció a mediados del 2004, fue “toda una campaña ‘preparada y generada’ por la SS para hacer una compra multimillonaria, sin licitación y urgente, de más de 50 millones de dólares a un solo proveedor”; la maniobra, indica, fue “parada” en la Cámara de Diputados.
Moyá asegura que en la compra de vacunas la SS ya tiene “negocios amarrados” con los proveedores, y abunda con el caso de las antirrábicas, adquiridas por la SS en grandes cantidades y a precios mucho más caros comparados con las que adquieren el IMSS y el ISSSTE de los mismos proveedores.
“Como el cáncer de la corrupción y la impunidad alcanzó ya a la Secretaría de Salud” y ve que los recursos ciudadanos les importan un “bledo”, Moyá entregó a la Auditoría Superior de la Federación los mismos documentos que a la PGR y a la Contraloría Interna de la SS. Ahora, espera paciente los resultados de una nueva denuncia que interpuso ante Galván Antillón en la que hace énfasis en que se investigue si se trata de “alguna reincidencia” de la amonestación 7/22/92, impuesta a Julio José Frenk Mora, con RFC: FEMJ531220.
