El que persevera, alcanza. Reza el refrán.
La víspera de la aprobación de las reformas a la Ley del Seguro Social en sus artículos 277D y 286K -en agosto de 2004-, Roberto Vega y Galina presentó al Senado de la República una propuesta de modificación al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los trabajadores sindicalizados. No se trató de una propuesta “seria y responsable”, y mucho menos se realizó por consenso.
Se trató de una propuesta vertical, sin consulta ni aprobación de las bases, presentada de manera deliberada al Senado horas antes de que la perversa alianza PRI-PAN consumara la perversa reforma.
Conocida la noticia, la madrugada del 5 de agosto de 2004 trabajadores sindicalizados reclamaron airadamente a Vega y Galina la intentona y le advirtieron: “si hay traición, habrá destitución”.
Tras el golpe legislativo al Contrato Colectivo de Trabajo, Vega y la cúpula sumieron a los trabajadores en la agenda de la defensa “jurídica” de sus prestaciones, por supuesto, sin movilizaciones. La propuesta sindical de reforma al RJP -conocida como la ‘propuesta Justiniani’- pasó a segundo plano y literalmente fue sepultada con el silencio.
Vega aprovechó los “ataques” al sindicato para “fortalecer” su posición frente a las bases, deteriorada desde que el enemigo número uno de los trabajadores, Santiago Levy Algazi, le quitó la máscara y lo descubrió como traidor a los de su clase.
En octubre de 2004 Vega y Galina dio una nueva muestra de sumisión, pues luego de simular una postura gallarda en la búsqueda de un aumento salarial de “al menos el 10 por ciento”, aceptó de manera precipitada un “miserable” 4 por ciento; según integrantes del sindicato, de manera “inexplicable” la cúpula cedió al IMSS cuando menos un punto porcentual.
De octubre a la fecha la cúpula se la llevó tranquila, manteniendo el control del gremio a través de la “política del garrote”, y entre reveses del Poder Judicial que a través de argumentos clásicos de foxilandia se negó a otorgar el amparo a la organización.
Las bases, desconcertadas, esperaban el desenlace del “Consejo de Abril”, figura estatutaria utilizada por la cúpula para “hacer y deshacer” en el nombre de la voluntad de los 370 mil trabajadores activos y 120 jubilados y pensionados.
Jueves 14 y viernes 15 se realizó el esperado Consejo en el Centro de Convenciones de Churubusco, en el Distrito Federal, las resoluciones “acordadas” fueron fatídicas. Los resolutivos fueron publicados parcialmente en la página de internet del sindicato el lunes 18 y en la prensa nacional el martes 19.
Más allá del triste espectáculo que en su mesa de trabajo dio Joaquín Castillo González, los resolutivos de la mesa 4 fueron para tener cuidado. La mesa de Castillo resolvió incluir, en la revisión contractual de octubre próximo, la propuesta de modificación al RJP que la cúpula presentó al Senado en agosto pasado.
LAS “RUTAS PACTADAS”
De acuerdo con fuentes sindicales consultadas por Imagen Médica, la estrategia de Vega y Galina para continuar con el proyecto de modificación al RJP estuvo basada en “comprar” la voluntad de los secretarios generales seccionales del país, “congelar” la movilización de las bases, y aplicar el “garrote” a cualquier tipo de discernimiento. Y en efecto, el nuevo pacto quedó al descubierto precisamente en el consejo de abril.
Pero desde antes del consejo se vieron señales inquietantes, el 6 de abril, en la celebración del 62 aniversario del sindicato, el secretario general tiró línea sin recato, “… tenemos que abrirnos a rutas pactadas para darle viabilidad al Régimen de Jubilaciones y Pensiones”, dijo a una multitud integrada, entre otros, por miembros del Comité Ejecutivo Nacional, del Consejo Consultivo, de secretarios generales seccionales, de líderes de sindicatos pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores, y de asesores jurídicos y representantes de diversas asociaciones.
En discurso apocalíptico y catastrofista estructurado, Vega y Galina concluyó que “la seguridad social en general y nuestro instituto en particular, viven momentos críticos”. Y para que no quedara ninguna duda, las palabras de Vega se difundieron a nivel nacional “en tiempo real a través de avanzados sistemas de comunicación vía vídeo-conferencia”.
El colmo, el líder sindical desbarató acuerdos y demandas de las bases, “tenemos y podemos forjar una ruta de equilibrio con los demás actores, empezando por el gobierno y los empresarios, ‘para distribuir los costos y sacrificios que hay que hacer’, para defender al Seguro Social…”, les dijo.
En la “celebración”, Vega intentó dejar claro a sus subordinados y como “fundamental”, que “revisemos, desde hoy, los pasos que habremos de dar y las decisiones que habremos de tomar, de cara a los próximos eventos estatutarios de nuestra organización y de frente al ‘escenario crítico’ de revisión de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo en octubre próximo”.
Aunque según nuestros testigos, la revisión de octubre, así como el incremento salarial -que por si fuera poco el consejo “autorizó” a una pequeña minoría de la cúpula a negociar con manga ancha-, no tienen nada de crítico, sino al contrario; el escenario que se autoformula Vega es sólo la preparación del clima para intentar modificar el RJP y cumplir así con un añejo y sucio pacto.
Parece que sí, pues 8 días después, al inicio de las actividades del Consejo, y de modo autoritario, Vega quiso de nuevo imponer su pensamiento. Esa vez, ante “todos los que ostentan un liderazgo legítimo ante las bases sindicales, los más comprometidos a actuar a la altura de las circunstancias”, advirtió: “que nadie se equivoque, este no es ni será foro para lucimiento ni la simulación; no será foro para la demagogia, la política barata, ni el juego de posiciones extremas”.
“Todos y cada uno de los que estamos aquí -siguió-, sabemos el momento que vivimos, pero no se trata sólo del momento de nuestro sindicato, se trata del momento crítico que vive nuestra institución como fuente de trabajo y como pilar de la seguridad social y la salud de nuestro pueblo…”.
LA MESA DEL MIEDO
En el 59 Consejo Nacional Ordinario se establecieron seis mesas de trabajo para establecer las acciones y líneas de trabajo que el SNTSS emprenderá para hacer frente al próximo Consejo Nacional de octubre, en el que por medio del emplazamiento a huelga, habrá revisión de CCT y posición de incremento salarial, el mismo que por “acuerdo unánime” del consejo quedó al arbitrio del CEN; sólo bajo la vaga condición de que “el incremento que logremos sea de los mejores aumentos obtenidos por otros sindicatos hasta la fecha de nuestra revisión”.
En la mesa 4, correspondiente a la Secretaría de Previsión Social y Acción Femenil, se “aprobó” un proyecto de propuesta para la “viabilidad del Régimen de Jubilaciones y Pensiones”. La mesa estuvo presidida por Armando Bañuelos Castañeda, secretario general de la sección XXIV del estado de Nayarit, y como vicepresidente fungió Joaquín Castillo González, secretario de Previsión Social del CEN.
Ismael Gómez Ureño, secretario general de la sección XXIX del estado de Zacatecas, la hizo de primer escrutador; y Jorge Enrique Gaytán Galindo, secretario general de la sección XXI del estado de Aguascalientes, de segundo escrutador.
La propuesta de “viabilidad” del RJP que previsiblemente y sin motivo alguno se le presentará a Santiago Levy en octubre próximo, fue “aprobada” en la mesa 4 por 64 votos a favor y 3 en contra.
Y fue al momento de la votación cuando sucedió un bochornoso incidente que sugiere grave intolerancia. Héctor Ulises García Nieto, secretario de Calidad, Productividad y Modernización del CEN, argumentó y votó en contra de la propuesta de “viabilidad”, su acción fue correspondida por otra de la misma intensidad, pero en sentido contrario; Joaquín Castillo se levantó como energúmeno de su asiento y reclamó airadamente a Héctor Ulises su voto en contra.
Luego, ya punto de los golpes, entre gritos y mentadas de madre fueron separados por otros integrantes de la mesa. Vega y Galina se encargó de poner el orden en al reunión de trabajo, de hecho “regañó y puso en su lugar a Castillo”. Aparte de los aplausos, la acción de Vega se interpretó también como la definitiva sepultura a las prematuras aspiraciones de Castillo a ocupar la Secretaría General del gremio.
Finalmente, la cúpula del CEN promovió a los cuatro vientos el “triunfo” de la propuesta de “viabilidad” al RJP, y su “ratificación” en el pleno del consejo con 379 votos a favor, 55 en contra y 11 abstenciones. Lo que no dice el CEN, es que de manera “libre y democrática” esos 55 votos en contra de la propuesta llevan implícita la representación potencial de más de 200 mil trabajadores del sindicato.
LOS INCONDICIONALES
Para el Frente Único Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados del IMSS, organización de trabajadores sindicalizados con gran influencia en las bases, no hay vuelta de hoja, la “propuesta” para modificar el RJP acordada en el 59 consejo es “ilegal, transgrede el Estatuto, la Ley Federal del Trabajo y los derechos a la seguridad social establecidos en la Constitución”.
Además, señala que la propuesta “viola y traiciona los resolutivos del XXIII Congreso Nacional Extraordinario”, entre otros, “la auditoría y rendición de cuentas de nuestros fondos acumulados en los últimos 30 años; el rechazo a la modificación del RJP, y el acuerdo de que los nuevos trabajadores se regirían por el actual RJP del CCT”.
El Frente califica a la propuesta de “viabilidad” como una “contrarreforma al RJP”, y acusa de “incondicionales” a la mayor parte de los secretarios seccionales, de los integrantes del CEN y de los delegados consejistas, que votaron a favor de la propuesta. Y asegura que con el voto a favor se confirma “la política de colaboración y subordinación de la burocracia sindical a los planes y proyectos de la institución y del Gobierno Federal”.
El Frente desnuda las “trampas” contenidas en la propuesta de la cúpula, e indica que al presentarse a los trabajadores como “menos lesiva” que la que intentó imponer en marzo de 2004, “esconde el verdadero fin de abrir la puerta a la reforma estructural que quiere la empresa y el gobierno”.
Advierte: “el año pasado las y los trabajadores rechazaron ese intento sorprendiendo a la cúpula con los dedos metidos entre la puerta y el marco. Hoy, la respuesta no debe ser menor a la del año pasado”.
Lo cierto es que la inconformidad por los acuerdos del 59 consejo nacional crece a pasos agigantados entre las bases de trabajadores a lo largo y ancho del país, y se incrementan los foros y conferencias destinados a informar a los trabajadores y aglutinarlos como uno sólo.
Por lo pronto, la Universidad Obrera se ha convertido en el centro de reunión predilecto de los trabajadores en la búsqueda de la defensa de sus prestaciones, y ahí se anuncia una próxima asamblea de resistencia -el sábado 28 de mayo a las 11 horas- “ante la cerrazón, los oídos sordos, el autismo y el autoritarismo de la burocracia sindical”.
Ante el sospechoso silencio de la cúpula, y vistos los resultados del fatídico consejo de abril, el pasado 21 de mayo el Frente organizó en la Obrera el foro “La reforma del RJP, el desmantelamiento y la privatización del IMSS”, y llevó como ponentes a Gustavo Leal, Guillermo Almeyra y Roberto Collado.
Los resultados del foro al que asistieron más de 100 trabajadores con capacidad de convocatoria de diversos estados del país provocó reacciones virulentas en la cúpula, sobre todo, por el plan de acción sugerido a los trabajadores por el experto en políticas de salud y seguridad social de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Gustavo Leal Fernández.
Y es que Leal Fernández llamó a los trabajadores a no permitir que en el próximo congreso de octubre se toque el RJP. “En el congreso de octubre -insistió el investigador-, debería no aprobar nada y esperar el cambio presidencial”. Y lo justificó: “lo que no debe de haber es prisa, justamente lo que no debe de haber es comprar el discurso apocalíptico, catastrofista y atentatorio contra los trabajadores y derechohabientes del IMSS que ha impulsado Levy desde el principio de la administración”.
Pero además, el también doctor en Economía advirtió que las bases organizadas deben evitar “que triunfe cualquier candidatura, para el nuevo CEN, que venda el RJP para obtener un poder parcial de 4 años”.
Entre otros puntos vitales para la organización sindical, Leal Fernández dio la pauta sobre las condiciones en las que se debería de dar una previsible alianza del sindicato con Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones presidenciales del 2006, y conminó a los trabajadores a exigir al sindicato les rinda cuentas sobre cuánto ha pagado al equipo de abogados que llevan la defensa jurídica del gremio.
