Gustavo Leal Fernández
Como ahora lo propala la Dra. Mercedes Juan desde la Secretaria de Salud de Peña Nieto, Sergio Hidalgo Monroy se estrenó en la dirección del ISSSTE-Calderón (marzo, 2012) ofreciendo “separar el gasto de pensiones del de la atención médica”. Pero su efímero paso por la segunda red nacional de seguridad social, habría de depararle muy otras prioridades.
En abril de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al IFE investigar el presunto financiamiento ilícito al Partido Nueva Alianza con recursos públicos del ISSSTE-Yunes (La Jornada, 5.4.2012)
Poco después, la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos -desprendimiento de la FSTSE vinculado a Elba Esther Gordillo en su ajuste político con Joel Ayala Almeida- obtuvo un amparo para incluir a sus representantes en los órganos de gobierno del Instituto.
En junio, la Secretaría de la Función Pública impuso multas millonarias e inhabilitó por 10 años a tres exfuncionarios del ISSSTE-Yunes por negligencia administrativa y violar los procedimientos de contratación (Milenio Diario, 29.6.12).
De inmediato, Hidalgo suscribió un convenio general de colaboración con el IFAI para “fortalecer la transparencia y rendición de cuentas” en el Instituto. En esa ocasión la titular del IFAI, Jacqueline Peschard observó que “quisiéramos incluso que los servidores públicos ampliaran el universo de la información publicada por oficio respecto a aquella que sirva para rendir cuentas o sobre el desempeño institucional de cara a sus derechohabientes y beneficiarios”.
Con más de cinco años de retraso respecto a la Nueva Ley del ISSSTE (2007), ya en pleno crepúsculo del calderonismo -julio 2012- Hidalgo instaló el Consejo Asesor Científico y Médico presidido por el Dr. Guillermo Soberón de FUNSALUD -principal impulsor del Seguro Popular junto con Julio Frenk- que fungiría como el “cuerpo consultor superior” del Instituto en todas las ramas y ámbitos comprendidos por las prestaciones, seguros y servicios que brinda. Hidalgo argumentó que el 56 por ciento de los 12 millones de derechohabientes tienen más de 40 años de edad, lo que hace “urgente” la adaptación de nuevas políticas.
Entre sus integrantes aparecía la Dra. Mercedes Juan, hoy secretaria de Salud de Peña Nieto y, por esos días, al frente de FUNSALUD; Roberto Tapia Conyer, director del Instituto Carlos Slim de la Salud, así como Gerardo Jiménez Sánchez, cuestionado ex director del Instituto Nacional de Medicina Genómica por la faraónica y turbia edificación de su sede (El Universal, 21.2.13).
Y en agosto, Monroy concibió una iniciativa brillante: los “préstamos por prevenir”. El ISSSTE destinó 50 MP para préstamos que serían sorteados entre derechohabientes que respondieran una evaluación preventiva sobre padecimientos crónico-degenerativos. La meta era que un millón de afiliados respondieran la Evaluación de Riesgos de Salud de los Derechohabientes (ERES) para diagnosticar enfermedades. Ello les permitiría obtener un certificado bajo, moderado o alto y recibir en su correo electrónico sugerencias para prevenir padecimientos como hipertensión, diabetes, obesidad, adicciones o cáncer. Los 50 MP alcanzarían para créditos o dos mil trabajadores que podrían beneficiarse de los “prestamos rojos” que cubrían entre 80 y 300 mil pesos. Los créditos se sortearían entre aquellos que respondieran la encuesta en la página de internet institucional o directamente en consultorios. “Tenemos que meter a todo el mundo en el tema del cuidado de la salud”, sentenció Monroy.
En el Organo Interno de Control, aseguraba Monroy en septiembre, hay “más de 50 auditorías abiertas” (en TURISSSTE, las áreas administrativas, de sistemas y en la médica) por la compra de equipos, mientras reconocía que a su llegada había heredado “muchas investigaciones” (La Jornada, 26.9.2012).
Días después comunicó que, por falta de planeación y la intervención de “demasiadas áreas y muchas manos” en la compra de medicamentos 2011, el Instituto había gastado 2 mil 500 MP “más de lo que debía”. Por su parte, Manuel Pérez Cárdenas -entonces titular del FOVISSSTE- declaraba no querer más “escándalo” dado que el problema de los créditos en demasía “ya se resolvió”. Los trabajadores afectados aseguraban que sólo se había retirado el concepto de los estados de cuenta, “pero la deuda sigue”.
Para octubre de 2012 seguía causando polémica la mansión de Yunes en Boca del Río, Veracruz (Reforma, 30.10) mientras Monroy declaraba que el ISSSTE “tiene buena relación con Elba Esther Gordillo”.
Sin embargo, dos días antes de dejar el cargo, Calderón se despidió del Instituto asumiendo que lo había “salvado de la quiebra”, al tiempo que Monroy elogiaba a Yunes: “hay una gran gestión del director Yunes. El hizo un trabajo excepcional. Así que los derechohabientes le tenemos que seguir muy agradecidos”.
En enero de 2013- se difundió la inhabilitación de su antecesor, Jesús Villalobos, no por su tenebroso paso en el ISSSTE, sino por una escandalosa desviación de fondos en Pronósticos Deportivos, su último encargo institucional.
Y un mes después, Sergio Hidalgo Monroy saltó del ISSSTE a la dirección general de la firma concesionaria de proyectos de infraestructura de transporte OHL, mientras su sucesor, el experimentado político Sebastián Lerdo de Tejada -designado por Peña Nieto el 4 de diciembre de 2012 y quién insiste en haberse separado, desde 2009, de la consultora LTG Lobbying México-, apenas pudo declarar que los 12 años de administración panista conforman “un paréntesis gris” dónde existen “franjas de corrupción” en prácticamente todas las áreas administrativas.
Redacción:
El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 13 de abril de 2013.
