Evidencia para las políticas -parte5

Por lo que toca al proceso de descentralización, el sexenio del Dr. Kumate tuvo, ciertamente, un destino “extraño” y muy irregular. González Block escribió que:

“entre 1988 y 1994 se buscó la descentralización de la SSA a nivel de las jurisdicciones de todo el país por medio del programa de los SILOS (Sistemas Locales de Salud), dejando sin cambios la gestión financiera a nivel de las entidades. Esto último significó, en los hechos, una reconcentración de las 14 entidades descentralizadas, pues los convenios de financiamiento no fueron renovados a la vez que se suspendió la operación del Consejo Nacional de Salud. Lo único que se mantuvo fue la forma de transferencia de los recursos -la asignación por medio de subsidio- sin que se avanzara en una mayor autonomía en materia de presupuestación. Los esfuerzos por monitorear el gasto estatal fueron aislados y tardíos y nunca se integraron a la asignación de recursos federales.

La estrategia de los SILOS partió de las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de promover la descentralización de la salud a nivel regional. A principios de la administración 1988-1994 se elaboró un diagnóstico para las 245 jurisdicciones entonces existentes, apoyado en una encuesta a sus jefes. Dicha encuesta arrrojó los siguientes problemas y obtáculos a la descentralización: la falta de voluntad política en diversos niveles y ámbitos; el anacronismo y contradicción de las leyes y reglamentos de los distintos órdenes de gobierno; la falta de adecuación de los reglamentos federales a nivel local; la baja capacidad técnica y la ineficiencia en el nivel jurisdicccional; y, por último, los escasos recursos disponibles a nivel local y la baja participación financiera de los tres órdenes de gobierno”¹.

Y es que:

“El diagnóstico inicial de los SILOS reconoció la heterogeneidad demográfica y de recursos para la salud entre las jurisdicciones, aunque consideró que los problemas y carencias predominantes en materia administrativa, financiera y organizacional afectaban a todas las jurisdiccciones. Así, no se priorizó la obtención de mayores recursos de parte de los estados o municipios más pudientes. La SSA promovió la desconcentración de funciones del nivel estatal al jurisdicccional, incluyendo el manejo más autónomo de los recursos financieros. Se procuró también la elaboración de anteproyectos de presupuesto para el programa operativo anual”².

Por si esto no fuera suficiente:

“La SSA no logró cooordinar el apoyo financiero central con aquél otorgado por los gobiernos municipal y estatal, a pesar de que al final del sexenio se hicieron esfuerzos por conocer el aporte financiero de los gobiernos estatales. Por otra parte, el presupuesto juirisdicccional siguió siendo fijado predominantemente por el centro y por el nivel estatal, en función del gasto histórico. Así, entre 1992 y 1994 la proporción del presupuesto jurisdiccional autorizado respecto del solicitado pasó del 44% a sólo 55%”³.

Este “extraño” destino tiene una explicación sencilla: el entonces presidente Salinas, apostó todos los recursos sociales a su programa estrella: Solidaridad⁴.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

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¹M.A.González B., “Las cuentas estatales de salud: el gasto de las entidades federativas”, Observatorio de la Salud, Funsalud, México, 1997, pp.148 y 149.
² Ibid
³ Ibid
⁴ Denise Dresser, “Pronasol y Política: Comabte a la Pobreza como Fórmula de Gobernabilidad”, en Félix Vélez (Compilador), La Pobreza en México. Causas y Políticas para Combatirla, Lecturas del Trimestre Económico 78, FCE, México, 1994, pp.262-299; Denise Dresser, “En busca de la legitimidad perdida. Pronasol, pobreza y política en el gobierno de Salinas”, en Gabriel Martínez (Compilador), Pobreza y Política Social en México, Lecturas del Trimestre Económico 85, FCE, México, 1997, pp. 21-52.