¿El ministro Cossío y Mercedes Juan racionan el “derecho” a la salud?
Gustavo Leal F.*
Con Peña Nieto se desató una inaceptable ola de negligencias médicas. Ellas expresan el abandono, de la salud y la seguridad social, con los gobiernos panistas. También confirman la inviabilidad del parche de aseguramiento “financiero” denominado Seguro Popular, diseñado por los secretarios foxistas Frenk y Gil Díaz, en el marco de un federalismo extraordinariamente centralizador.
El “nuevo” PRI sólo ha modificado la Ley General de Salud para recentralizar los recursos del Seguro Popular, sin ajustar sus fallas de diseño y sin extraer las lecciones de la fracasada descentralización de los últimos treinta años.
La titular del ramo, Mercedes Juan apenas ha promovido una Comisión para evitar que se “repitan casos de jóvenes que dan a luz o abortan por ser rechazadas en hospitales”. En ella participarían la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios y la Comisión de Arbitraje Médico. Busca “capacitar a las personas en unidades de salud: que tengan esa sensibilidad. La instrucción del Presidente es que haya cero rechazo, sin importar que la paciente tenga o no afiliación a las instituciones a la que acude” (sinembargo,11.3.13).
Pero ¿es, acaso, un asunto de “sensibilidad? Para Mercedes Juan ese inaceptable cuadro de negligencias, prioridad de cualquier Secretario de Salud, apenas merece una Comisión, mientras la tarea que realmente la desvela se concentra en promover -desde la visión de FUNSALUD, que presidía antes de su designación- otra reforma “financiera” sectorial de difuso impacto médico-clínico, para establecer una “universalidad” sanitaria como derecho humano restringido y acotado.
Justamente, en la 32 Asamblea de FUNSALUD, Peña comunicó que, para cumplir su compromiso de construir el sistema de salud universal, “el sector deberá transformarse” (Reforma, 28.6.13).
Para el arquitecto José Santos Asseo, presidente de FUNSALUD y director de Ópticas Lux, el modelo de salud mexicano “está agotado”. Por la transformación multifactorial de la sociedad, ahora, precisó, hay que “buscar” la separación del financiamiento de la prestación y que ése “venga de impuestos generales”. Propuso, además, que se establezcan redes “plurales” de servicio, tanto públicas como privadas, donde los asegurados “puedan elegir” dónde quieren ser atendidos: el “individuo” debe tener el empoderamiento vía la adopción de “hábitos” de vida saludable.
Son muchos los pronunciamientos de Mercedes Juan sobre la conformación de un “fondo único” -que seduce a Santos Asseo-, empresa en que la acompaña un coro de voces interesadas: Banorte, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Cámara de Comercio Británica, consultora PricewaterhouseCoopers, Centro de Estudios Espinoza Yglesias y CIDE, entre otros.
En ocasión de un seminario organizado en la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Mercedes Juan declaró que la SSA contempla la creación de una Procuraduría de la Salud que sería “una instancia de evaluación, de seguimiento, de atención al usuario para que las intervenciones explícitas, insumos y atención que están en el Seguro Popular, tengan tiempos acotados, para que los usuarios sepan que tienen derecho a éstos y en qué tiempo”. No se trataría, abundó, de una instancia para “recibir quejas, pues para ello existe la Comisión de Arbitraje Médico”. Y confió en que a nueva figura “haga un seguimiento de los derechos de los usuarios y que realmente vigile y evalúe esas garantías” (Reforma, 14.3.13).
El ministro de la SCJN, José Ramón Cossío ha señalado que el cambio constitucional que ha hecho de la salud un derecho humano, no es un asunto semántico. Conlleva el riesgo de una avalancha de demandas por su no cumplimiento por el Estado (“Maltrato a parturientas denuncian ante la CIDH”, La Jornada, 28.3.13). Después de la intervención de Mercedes Juan, Cossío precisó que si en la Constitución “se tiene ya el derecho a la salud, se debe pensar cómo se debe satisfacer, no en la retórica constitucional, sino en acciones concretas, para que nosotros, los juzgadores, lo entendamos y podamos saber qué podemos proteger, hasta dónde o cuáles son las condiciones reales de esa protección” (Milenio Diario, 14.3.13).
¿La “Procuraduría” de Mercedes Juan busca enfrentar este riesgo acotando -o racionando- los “derechos” de los usuarios a la baja, tal y como ya se los raciona en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales (CAUSES) del Seguro Popular que sólo contempla 284 “intervenciones explícitas” que no atienden aquello que efectivamente enferma y mata a los “usuarios”?
Como establece la propuesta de nuevo artículo 4º constitucional en la Elaboración de proyecto de iniciativa de reforma a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el acceso al sistema universal de salud, del CIDE, firmada por Gonzalo Moctezuma: “toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”. Cuando el artículo 4º vigente señala que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.
¿Ya tomó atentísima nota el ministro Cossío? Porque el “posible” de Moctezuma, ya raciona el “derecho” que él, como ministro, garantiza “proteger”. Que no lo sorprendan y juzgue efectivamente sobre “las condiciones reales de esa protección”.
Para Mercedes Juan el inaceptable cuadro de negligencias que debería ser su prioridad inmediata como Secretaria de Salud, merece apenas una Comisión. Pero, su proyecto de reforma en pro de una salud “universal”, amerita hasta una Procuraduría de la Salud! Aunque ésta, “vigilando” el cumplimiento de “derechos” a la baja o “posibles”, sólo legitime el estado de cosas que genera las negligencias médicas que deberían ser su prioridad.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
