IMSS: tres “matices” de González Anaya
Gustavo Leal F.*
En 1997 Zedillo lo despojó de su soporte principal: las pensiones, privatizadas en el SAR. Inmediatamente se deterioraron las finanzas y servicios. En las ganancias de Afores está, ahora, ese ahorro financiero que supera 2 billones de pesos. Luego, el Gobierno federal nunca cumplió con el flujo de recursos frescos, por concepto de los Gastos Médicos para Pensionados, que establece el Duodécimo Transitorio de la Ley 1997.
En 2000 arribó la primera “alternancia” panista y Santiago Levy. Nació el diagnóstico deliberadamente equivocado sobre el “peso” del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para encubrir el hoyo financiero generado por Zedillo, culpando a los trabajadores amparados en el mejor Contrato Colectivo de Trabajo de América Latina. La tonadilla sonó 12 años.
Lamentablemente, el Informe sobre la situación financiera 2012-2013 del IMSS-Peña que, como primera pieza de la segunda “alternancia” debió cambiarle desde el título, extendió ese diagnóstico apocalíptico, sin reconocer los verdaderos determinantes de su encrucijada financiera.
Pero, a diferencia de los panistas, González Anaya propuso ¡no pedir ni medio centavo al gobierno Federal!, tampoco elevar cuotas-obrero-patronales, aunque pretende, simultáneamente, “mejorar” la productividad, “conteniendo” el gasto y “ampliar” la seguridad social para “cumplir” con la “universalidad”-Peña.
Frente a éste desafío, sus “correcciones” al diagnóstico deliberadamente equivocado de Levy, Molinar Horcasitas y Karam, matizan sólo dos ángulos.
Primero: que “todos los trabajadores que han ingresado, del 2008 en adelante, entran a un sistema financieramente sostenible y autosustentable. Debemos ver más allá de este tema. Hay que hacer un plan integral de mejoramiento de la calidad”. Es decir: que el pasivo contingente “dejó de crecer, en 2005, con los cambios en las contrataciones”. De los 428 mil trabajadores actuales, 175 mil ingresaron a partir de 2005 (con Fox y Calderón) y “no representan un problema financiero”.
Segundo: González Anaya asume, finalmente, que “resolver los problemas financieros no es un fin, sino el medio para ofrecer el mejor servicio posible”. Justo lo que tanto se criticó a los Informes y calidad de la gestión tecnocrática de Levy, Molinar y Karam: no se financia para ahorrar, sino para prestar servicios dignos. El director del IMSS matiza, pero aún no se atreve a desechar.
Su tercer matiz alude a los tiempos de la reforma Peña de la salud, ofrecida por el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher y, finalmente, ajustada a la baja por la secretaria Mercedes Juan. Para González Anaya, el asunto es de “gradualidad”. El 15 de marzo de 2014 (La Jornada) observó que “el plan” para crear el sistema universal de salud “no estará listo éste año” (2014). El tema, enfatizó, “es muy complejo e implica, entre otros, fortalecer la rectoría del sector salud y avanzar en forma gradual, porque hay una inercia importante en las instituciones”.
Respecto al intercambio de servicios entre las instituciones “en lo que ya existe acuerdo”, estimó que debe ir acompañado de un “intercambio económico”. Si sólo se absorbe la obligación, sin ningún beneficio, “esto se vuelve un problema”. La universalidad, precisó, “debe” considerar tres tipos de cobertura: “de la intervención, de costo y poblacional”, aunque es algo que “no está cubierto en su totalidad en ningún país del mundo, ni en los más desarrollados. Todos tienen un no pago, o no lo cubren, o no es para toda la población”. Lo que se busca, remató, es “mejorar la salud de toda la población”.
Este tercer matiz aconteció en el marco de los pronunciamientos del ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Cossío y la secretaria Mercedes Juan sobre el racionamiento del “derecho” humano a la salud a paquetes mínimos, como los del Seguro Popular que promueven los “pisos” de protección básica de OIT.
Después de que el CIDE propusiera un nuevo artículo 4º constitucional donde se sustituye el actual “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” por “tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”,Cossío prescribió que, si en la Constitución “se tiene ya” el derecho, se debe pensar “cómo satisfacerlo, no en la retórica constitucional, sino en acciones concretas, para que nosotros, los juzgadores, lo entendamos y podamos saber qué podemos proteger, hasta dónde o cuáles son las condiciones reales de esa protección”.
Para la secretaria Mercedes Juan, ese racionamiento a un “derecho” restringido y acotado a la baja (como el que ejecuta el Catálogo Universal de Servicios Esenciales -CAUSES- del Seguro Popular y su restringidísimo Fondo de Gastos Catastróficos), se resuelve imponiendo una extravagante Procuraduría de la Salud como “instancia que vigile y evalúe esas garantías” degradadas.
Los tres tipos de cobertura de González Anaya son otra manera de gradualizar el mismo racionamiento del “derecho” a la salud. Será difícil que, con él, logre “un plan integral de mejoramiento de la calidad” y, sobre todo, “mejorar la salud de toda la población”, como declara.
Lo que sí logra publicitar, son las “esencias” de la visión del Gobierno-Peña que, según Aurelio Nuño (Oficina de la Presidencia), consisten en “fijar un piso mínimo de bienestar creando una relación de derechos”, aunque ellos se cumplan racionados y aplanados a la baja.
Como con Fox y Calderón, la “universalidad”-Peña, operada por González Anaya, esquiva la más robusta demanda ciudadana: mejorar servicios ya!, ajustando el catálogo de prestaciones al alza: a la altura de lo que efectivamente requieren los ciudadanos del Siglo XXI.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
