Gustavo Leal Fernández
Aunque el 5 de febrero de 2013 -celebrando la Constitución- Peña Nieto invocó la urgencia de hacer efectivo el “interés superior de la niñez”, días antes designó a la expanista Lía Limón -responsable del diseño de las estancias changarro calderonistas- como subsecretaria en SEGOB, asignándole al programa de SEDESOL 3 mil 500 MP (2013) y 3 mil 441 MP (2014).
El Movimiento 5 de junio exhortó a armonizar las legislaciones estatales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (Ley 5 de junio, DOF 24.10.11).
Hasta junio 2014, sólo Puebla, Jalisco, Yucatán, Baja California, Sonora y EDOMEX habían cumplido con el procedimiento y, en algunos casos “con deficiencias”, según José Francisco García, padre de Andrés Alonso, víctima de la tragedia de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS en Hermosillo. En Yucatán “tenían un proyecto de avanzada y lamentablemente publicaron una hecha con las patas. EDOMEX hizo una copia y pega de la Ley General. Hoy se trabaja en Tabasco -con el apoyo de Investigación y Educación Popular Autogestiva (IEEPAAC)- y en el DF” (Reforma, 4.6.14).
Para José Francisco, la Ley “carece de difusión y aplicación efectiva”. Y “al día de hoy, si no todas, la mayoría (de las estancias) no cumple con la Ley. En Sonora persiste la falta de compromiso para darle prioridad a la seguridad de los niños, porque en revisiones de Protección Civil, las estancias siguen presentando algún tipo de irregularidad, en temas como el cuidado con instalaciones eléctricas y de gas” (CNNMéxico, 3.6.14.
Mientras la UNICEF reitera como “urgente” que México “avance” en la construcción de un sistema “integral” que permita “garantizar” plenamente los derechos de la infancia (Reforma, 6.6.14), según Christian Pedraza, gerente de responsabilidad civil de Seguros GMX, la suma asegurada tope de la póliza de responsabilidad civil profesional: 10 MP, que por obligación deben contratar las subrogadas-IMSS y 5 MP para la estancias changarro-SEDESOL, es “muy baja para el universo de menores que atienden; para enfrentar situaciones extrema. No alcanzaría a cubrir todos los daños que un siniestro llegara a provocar; la guardería no tendría la certeza económica de resarcir los daños de todos los menores”.
Y es que, enfatiza, con los cambios a la Ley Federal del Trabajo que rigen las indemnizaciones de responsabilidad civil, el “monto indemnizatorio por una muerte de daños a terceros es de 3.4 MP en el DF y en zonas consideradas federales”. La póliza no cubre indemnizaciones por daños derivados de fenómenos naturales, ni los accidentes personales que puedan padecer en guardería. Los padres pueden reclamar el pago de algún daño que el infante haya presentado por descuido del personal. Y para ello, tienen que presentar comprobaciones, reclamación por escrito y requerimiento extra judicial. Finalmente, la aseguradora evaluará si paga los daños reclamados (El Financiero, 5.6.14).
Después de la tragedia de la Guardería ABC, subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora no han faltado desenlaces que lamentar en las 9 mil 150 estancias changarro que opera SEDESOL, ahora al cargo de Rosario Robles y dónde se atienden 284 mil infantes. Tanto así que Martha Angón Paz -directora general de Políticas Sociales del Programa de Estancias Infantiles para Apoyo a Madres Trabajadoras de SEDESOL- reconoce que, durante 2014, “llevamos 600 cerradas ya de manera definitiva. En algunos casos están suspendidas, por ejemplo en Hidalgo, porque se instalaron en ladera, porque hay algunos cerros muy cerca”. En Nuevo León se cerraron porque “el suelo es muy inconsistente”, porque “se instala” una gasolinera, porque “le tenemos que expedir el cambio de domicilio y la señora ya no encuentra donde rentar”, porque “hay cambio” de responsable o porque están cerca “de sustancias” que ponen en riesgo a los niños. SEDESOL busca, remató, que el 100 por ciento de la estancias changarro instaladas “cuenten con dictámenes de protección civil” (Reforma, 28.6.14).
Sin embargo, para la secretaria Mercedes Juan, apenas en 2013 el Gobierno empezó a integrar un registro -al cargo del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil- sobre el número y las condiciones en las que operan las guarderías privadas: “se desconoce, reconoció, “cuántas estancias son operadas por particulares debido a que muchas de ellas no están registradas” (Reforma, 6.6.14).
Pero si realmente se tratara del “derecho superior de la niñez”, el gobierno “eficaz” de Peña debería asumir como prioridad inmediata el fortalecimiento del desarrollo psicomotor, tal y como se ejerce en los programas de las guarderías no subrogadas del IMSS e ISSSTE. Para ello debería reformar la Ley 5 de junio y su Reglamento (DOF 22.8.12) que “regula” a las guarderías subrogadas y las estancias changarro de SEDESOL.
El gran pendiente reposa en la calidad que se le ofrece a ese desarrollo psicomotor de los niños -0 a 5 años-; a los 13.5 millones que componen nuestra primera infancia. Aunque las legislaciones federales y locales condensan avances en materia de protección civil y derechos de los niños, persiste en ellas la indefinición para conciliar las guarderías subrogadas y las estancias changarro -que buscan rentabilidad abatiendo costos- con la garantía de calidad que brinda ese adecuado desarrollo psicomotor. Por abatir costos, ambos modelos comprometen la adquisición de funciones motoras, sensitivas, sensoriales, intelectuales y afectivas que integran ese desarrollo psicomotor.
¿Cuándo empezará?
Redacción:
El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 2 de agosto de 2014…
