Evidencia para las políticas -parte12

Según el Banco Mundial¹, entre los principales problemas que se presentan al definir responsabilidades y asignación del gasto, se encuentran que las obligaciones para los servicios de salud son concurrentes a nivel federal y estatal pero es infrecuente que alguno de ellos se responsabilice del mantenimiento, regulación e inspección; que el gobierno federal etiqueta la mayoría de las transferencias y establece cómo los estados han de cumplir con sus obligaciones; que las transferencias etiquetadas continúan estimándose sobre la base de costos históricos y productos actuales y no sobre los indicadores de la magnitud de las obligaciones a cumplir, y que se asignan muy pocas responsabilidades al nivel municipal.

De modo que, aún si las entidades federativas reciben más recursos que nunca, su autonomía fiscal se ha reducido. La mayor parte de los recursos federales que reciben están etiquetados y las transferencias para salud dependen básicamente del número de empleados y recursos físicos (clínicas/hospitales). Los ingresos por impuestos representan apenas un 4.5% de los ingresos totales de los estados, muy poco con relación a sus gastos. Los gobiernos municipales reciben por concepto de transferencias², en promedio, dos terceras partes de sus ingresos totales netos.

Como no hay suficiente claridad sobre las intenciones sociales que las orientan, señala el Banco, ni una clara relación entre programas y objetivos, ni objetivos explícitos para ellas³, las entidades tienen dificultades para calcular cuánto recibirán, y el gobierno federal para averiguar hasta dónde los recursos transferidos fueron dirigidos a donde se esperaba. Se incentiva más el logro de favores políticos por parte del gobierno federal que el esfuerzo por fortalecer las propias finanzas. Y al ir etiquetadas, se disminuye la autonomía de los estados para atender en forma más eficiente sus necesidades locales. En síntesis: las transferencias condicionadas y el monitoreo federal son algunos de los procedimientos arriba-abajo que México ha utilizado, sin conseguir armar un “mecanismo de consenso creíble para todos”.

En las postrimerías del zedillismo, el saldo definitivo de este proceso de políticas “arrriba-abajo”⁴, fue claramente documentado por el, entonces, subsecretario de Hacienda, S.Levy:

“El gasto programable observado entre 1995 y 2000 es, en promedio, el más bajo en los últimos 21 años, mismo que se acentúa si se considera el costo de las reformas a la seguridad social. Aún así la principal prioridad fue el gasto social: alcanza (niveles) históricos como proporción del PIB, en su participación en el gasto programable, en términos absolutos o per cápita. Ello fue posible porque hacia él se asignaron todos los recursos adicionales disponibles y se le reorientaron recursos de otras prioridades.

En términos absolutos es el más alto de los último 21 años. Con relación a 1994 creció 21% real, superior al aumento observado en el gasto programable total, que fue de 4.3%. Asimismo, la participación del gasto social en el total del gasto programable, fue de 61.5%, la más alta en los últimos 21 años.

Los estados y municipios se convierten así en los principales ejecutores del gasto social. En 1994 ejercían un total de 123 mil 388 millones de pesos, el 29.9% del total. Para el año 2000 este gasto ascenderá a 210 mil 933 millones de pesos, 42% del total del gasto social”⁵.

De tal suerte que, por la voz de Santiago Levy, la tecnocracia terminaba un sexenio más solazándose de aquello que el propio Banco Mundial ya había identificado como un proceso incapaz de armar un “mecanismo de consenso creíble para todos”.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

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¹The World Bank (2001). Mexico. A Comprehensive Development Agenda for The New Era, Marcelo M.Giugale, Oliver Lafourcade y Vinh H.Nguyen (Eds.), Washington, D.C.: Capítulo 32: “Descentralization”, págs.709-720
²Sea que vengan por concepto de participaciones (una modalidad de distribución de los ingresos generales que recauda el gobierno federal) o de aportaciones (entregas de dinero federal etiquetado para solventar antiguos compromisos).
³Aunque se señala que los principales objetivos de las transferencias serían: a) que los estados compartieran con el gobierno federal mayores posibilidades de recaudar ingresos; b) subsidiar la provisión de servicios de salud en las entidades; c) fortalecer la autonomía municipal y d) proveer recursos adicionales a los estados con altos índices de pobreza.
⁴Gustavo Leal F., “Políticas arriba-abajo”, La Jornada, 10 de abril, 2000.
⁵Santiago Levy, subsecretario de Egresos, “El Presupuesto de Egresos de la Federación 1995-2000”, septiembre, 2000. Consignado por Milenio Diario, 15 de septiembre 2000, p.5.