SNTSSA: CINCO ESTAMPAS SOBRE UN SINDICATO DE LA SALUD

En los días previos, el entonces presidente Zedillo había señalado que antes de que concluyera el año 2000, Chiapas “uno de los que tenían más rezagos al comenzar este gobierno, podría alcanzar la certificación de la Organización Mundial de la Salud. Hoy podemos decir con satisfacción que 99 de cada 100 mexicanos ya tienen acceso a cuando menos servicios básicos de salud. Ya son 28 los estados que han conseguido esta certificación” (Reforma,1/10).
De modo que, siguiendo el “argumento” de Zedillo, entre agosto y septiembre del 2000 habrían sido “certificados” Chihuahua, Michoacán y Puebla. La pregunta era y ¿cómo certificarían a Chiapas?
La respuesta llegó el 4 de octubre del 2000 cuando estalló en Tuxtla Gutiérrez un profundo malestar en la Secretaria de Salud estatal. Cerca de cinco mil trabajadores iniciaron un paro exigiendo a las autoridades insumos, medicamentos, mejoras a instalaciones y equipo de calidad para atender a personas de bajos recursos. El pliego petitorio de 20 puntos levantado por médicos y enfermeras, contempla también bonos, incremento salarial, jubilación activa y 90 días de aguinaldo.
Mario Zendero, entonces a cargo de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, criticó que la Federación hubiera pedido a la OPS que cerificara a Chiapas “cuando sólo existen 88 médicos, 114 enfermeras y 43 camas para cada cien mil habitantes”.

Muy poco antes del sexenio foxista: la otra cara de la “productividad” de los equipos de salud
El abogado José Antonio González Fernández, entonces secretario de Salud, gustaba decir que la prestación “eficaz y eficiente” de los servicios, había demandado en 1995 “su descentralización”. Y solía agregar, muy orondo, que “el esfuerzo hoy concluido, demandó grandes dósis de negociación, planeación, acuerdos y voluntad política. Las entidades cuentan hoy día con organismos públicos descentralizados (OPD´s)”. Y remataba, casi declamando: “se transfirieron funciones, recursos y decisiones. A las entidades federativas se asignaron más de 7 mil 300 bienes inmuebles y 159 mil plazas federales”.
Pero lo cierto es que, a no ser por meros indicadores administrativos fríos, como los que tanto disfrutaba propalar González Fernández, poco se valora la “productividad” efectiva de los médicos del sector público que, con frecuencia, trabajan en condiciones deplorables. Casi no existen estímulos que los impulsen a laborar “contentos” o que los animen a desempeñarse con entusiasmo.
La robusta presencia del sector salud en las manifestaciones que, año con año, demandan el bono sexenal no encierran ningún enigma: expresa que finalmente ha estallado el inadecuado y frágil soporte operativo real del proceso de descentralización de los servicios salud a población abierta, la “viga maestra” de la “reforma”, primero soberonista y luego zedillista, del sector.

No es casual que entre los 30 sindicatos opositores que, a fines del año 2000, al entonces senador priísta y actual diputado federal, Joel Ayala Almeida -secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE)- destacara la Unión Nacional de Sindicatos de Organismos Públicos (OPD´s), figura legal que ha “amparado” los derechos de los trabajadores en el transcurso de los procesos de descentralización.
Y es esta Unión Nacional la que no demanda tan sólo el bono, sino otras compensaciones indispensables a su labor como 90 días de aguinaldo, zona única para el salario, vivienda y pago de 365 días de salario y no de 360.
Tampoco fue casual que por esos mismos días del año 2000, Carlos Tena -entonces coordinador del equipo foxista de transición, exsecretario de Salud en Guanajuato bajo el gobierno de Fox, titular de la CONAMED en el sexenio del “cambio” y actual responsable de la subdirección general médica del ISSSTE- saliera inmediatamente al paso para, apresuradamente, reconocer que las inconformidades obedecían a los “pendientes” que dejaba el último gobierno priísta: el de Ernesto Zedillo.
“En la Secretaría de Salud”, sostuvo, “el personal está incómodo porque la rama administrativa no ha recibido los aumentos salariales que se han dado en otras ramas”. Y es que en su opinión, esas movilizaciones no tenían que ver “con la llegada de la nueva Administración” (foxista), sino con las “falsas expectativas en relación con los bonos y los salarios” del gobierno de Zedillo.
Ante la insistencia de los trabajadores y la notable expansión del movimiento, el entonces senador Ayala comunicó que, finalmente, el gobierno destinaría 2 mil 400 MDP para el pago del “complemento de fin de año” (mil 600 pesos y bonos de despensa por 4 mil 500 pesos).

Lamentablemente, ello buscaba servir de coartada para suspender programas en, al menos, 10 secretarías de Estado. Así que en el caso del sector salud, el remedio salió caro.
Para cumplir con lo ofertado se difirió la inclusión de 65 Códigos del Catálogo de Puestos en el Programa de Alto y Mediano Riesgo a trabajadores que laboran en áreas nocivo-peligrosas, así como la reestructuración del Centro Nacional de Rehabilitación, del Centro Nacional de Adicciones y del Consejo Nacional de Trasplantes.
La obsesión de Zedillo por allanarle el camino a Fox operó, pues, en sentido contrario. En el sector salud asistíamos a una profunda crisis de las ya muy desgastadas relaciones de capilaridad política entre el PRI y su brazo “burócrata”. El 2 de julio del año 2000 –junto con la caída de Regino Diaz Redondo del Excelsior y la muerte de Gutiérrez Barrios-, trajo también la fractura de esa relación de inercia y vicio.
Tanto así, que hasta el propio Carlos Tena consideró que “al igual que se está renovando el Gobierno, se tienen que renovar los sindicatos, porque el viejo estilo sindical ya no funciona”. Y entonces: ¿qué salida propondría para este conflicto?
Tal y como señalara también Juan Velázquez, entonces dirigente opositor de los trabajadores de la SAGAR: “la FSTSE –que agrupaba a un millón 680 mil trabajadores- no ha respondido verdaderamente; no ha sabido o no ha querido abanderar nuestras demandas. Debe haber modificaciones de fondo, no sólo de su estructura, también en su forma de acción”.

Tlaxcala y Zacatecas 2002:¿fuera del centro?
Todo empezó en diciembre del año 2001, cuando Vita Libreros Bango, entonces secretaria de Salud de Tlaxcala, declaró que no descartaba la "posibilidad de devolver el sector salud al gobierno del presidente Fox".
Más preciso fue aún el entonces gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, quién había reiterado su intención de regresar a la Federación tres hospitales generales, siete integrales, 135 centros de salud y 400 casas de salud que la entidad absorbió durante el sexenio de Ernesto Zedillo, dado que representaban una carga financiera "excesiva". Estas instituciones ofrecían atención médica a casi un millón de zacatecanos no asegurados por el IMSS y el ISSSTE.
Alfonso Sánchez Anaya, entonces gobernador de Tlaxcala, informó en junio de 2002 que pronto se reuniría con otros cinco mandatarios estatales para tratar la "descentralización de los servicios de salud". Y es que los recortes por 2 mil 500 millones de pesos que les había impuesto el gobierno foxista a los estados, terminaban por comprometer el cumplimiento de los frágiles programas: el proceso de descentralización debe llevarse "hasta las últimas consecuencias o no habrá avances en materia de salud", advertía Sánchez Anaya..

Ya como presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores (Anago), Sánchez Anaya convocó a una reunión amplia el 13 de julio de ese mismo año en Cancún. Pero la Secretaría de Gobernación del foxismo se movió con rapidez. Carlos Gadsen, entonces vocal ejecutivo del Centro Nacional de Desarrollo Municipal (Cedemun) propuso, a cambio, darle"cuerpo a una conferencia" de gobernadores con el Ejecutivo Federal: una "mesa de federalismo para delinear estrategias de descentralización de funciones", la que ya está operando con la participación de la Secretaría de Salud (SSA). Mientras Sánchez Anaya calificaba, inmediatamente, de "extraña" la convocatoria, Gadsen enfatizó: "son dos iniciativas completamente diferentes, no tienen conexión entre sí".
Preparando la reunión de Cancún, la Anago comunicó que se "analizará el regreso de los servicios de salud a la Federación". Se buscará, manifestó, "corregir" el proceso de descentralización que "ha operado en contra del federalismo, generando también conflictos en los estados".
En ese tenor, el entonces gobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, se refirió a las asignaturas pendientes de Fox, especialmente a la seguridad social, sugiriéndole que valorara sus "cambios" de acuerdo con "parámetros de eficacia". Recuperar "los incentivos fiscales que perdieron tras la reforma hacendaria" es una demanda generalizada y que sostienen, por su parte, 11 organismos autorales que acudieron a la Anago para recibir apoyo.
Finalmente, el 13 de julio de 2002, sin contar con Antonio Echevarría, entonces gobernador de Nayarit, y ocho mandatarios panistas (Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Yucatán), a los que -se dijo- "se tiró línea" desde la Secretaría de Gobernación foxista para que no participaran en la reunión, 22 gobernadores conformaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Su declaración constitutiva establece que buscará articular entre sí y con la Federación "políticas públicas en beneficio de los mexicanos". La respuesta de rechazo de los panistas no se hizo esperar. Al día siguiente, calificándola "como un mecanismo de presión", el entonces senador Carlos Medina Plascencia agregaba que "para eso está la mesa instalada en Gobernación", mientras Luis Felipe Bravo Mena, entonces dirigente de Acción Nacional, no dudaba en confesar que "más parece una instancia de carácter político (sic), que una que busque un auténtico federalismo". Por su parte, el entonces senador Javier Corral sostuvo que se trataba de una "restauración caciquil"; una "trampa" que llega con "dignidad tardía a la celebración democrática".
A pesar de estos sesudos epítetos, la Conago citaba a su siguiente reunión justamente en Tlaxcala: el 24 de agosto de 2002. A ella asistirán los secretarios estatales de Finanzas para discutir la salud, las facultades tributarias de estados y municipios y que los recursos otorgados a las entidades "realmente sean los que deben recibir".
Y Andrés Manuel López Obrador, por esos días a cargo de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, señaló que el objetivo de la Conago era "pedir cuentas claras y precisas sobre el cobro de impuestos". Porque sucede que sólo por concepto de la posible eliminación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y la reducción de la tenencia a 50 por ciento, el Gobierno del Distrito Federal dejaría de percibir 5 mil millones de pesos.
Algo era completamente claro: después de los 18 años de supuestas “reformas” priístas al sector salud (de Guillermo Soberón en 1982 a Juan Ramón de la Fuente en 1999, pasando por los años “pronasoleros” del salinismo con el Dr. Kumate), la creciente presencia y fuerza de los estados en las decisiones del Ejecutivo federal no podría posponerse con el foxismo. Pero la “presidencia” propagandística de Vicente Fox, les deparaba aún una sorpresa a las entidades federativas: el que vendría a ser uno de los programitas “estrellas” del gobierno del no cambio: el fraudulento Seguro Popular, ideado en la enfebrecida mente de Julio Frenk y los modelos sanitarios computacionales de la Fundación Mexicana de la Salud (que había financiado, generosamente, la campaña de Fox a la presidencia de la República).
De tal suerte que, después de publicitar los "éxitos" del sector salud, que mercadotécnicamente exhaltaba el informe "ciudadano" Salud: México 2001, la Secretaría de Gobernación y la propia Secretaría de Salud se vieron forzadas a crear, "apoyados" en 15 estados, un "frente común" para combatir la peligrosa expansión del dengue. En la ocasión, Julio Frenk, secretario de Salud del foxismo, afirmó que "su participación permitirá crear un verdadero blindaje sanitario".
Pero en estos “nuevos” tiempos, el peso de las entidades estaría del todo condicionada por la articulación de intereses que ya exigían los gobernadores.
En ese marco habrían de “operar” los servicios que prestaban los organismos públicos descentralizados (OPD’s) y las tareas sanitarias de las 90 secciones del SNTSSA, un sindicato de la salud.

Guerrero 2006: ¿devolver los servicios de salud a la Federación?
Que los procesos “descentralizadores” iniciados en los ochenta por Guillermo Soberón, culminados por Juan Ramón De la Fuente en los noventa, proseguidos por el fraudulento “Seguro” “Popular” y, ahora, continuados por el “seguro” para los recién nacidos del calderonismo, son un rotundo fracaso, lo confirma la exigencia de los trabajadores de salud guerrerenses, quienes -después de más de un mes en paro- reclamaron que los servicios del Estado fueran devueltos a Federación; misma demanda que, en su momento, levantara Vita Libreros Bango, entonces secretaria de Salud en Tlaxcala y Ricardo Monreal, entonces gobernador de Zacatecas,
La historia reciente del avatar sureño empezó con la tardía “segunda inauguración” del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense de Tlapa.

Julio Frenk, entonces secretario de Salud del foxismo, fue instruido para ponerlo en operación, restaurar los casi 100 centros de salud en la Montaña e interconectarlos con el “Seguro Popular”. Aunque este no era el único con problemas. Se encontraban en iguales circunstancias los hospitales básicos comunitarios de la Montaña, Huamuxtitlán, Tlacoapa y Malinaltepec.
Sin embargo, en octubre de 2005, autoridades municipales exigieron investigarlo porque la obra (por 81 MP) “está plagada de irregularidades”. Nada se hizo, pero, días después, Fox lo volvió a “inaugurar” (antes lo había hecho el exgobernador René Juárez Cisneros) con el “argumento” de que “no se trata de un regalo, sino de un deber humano, una obra de elemental equidad y justicia social”.
Pero el festejo terminó cuando (después de varios paros y toma de instalaciones durante junio y julio de 2005), el 11 de enero de 2006 ocho mil trabajadores -médicos, enfermeras y administrativos de la Sección 36 del SNTSS- suspendieron labores indefinidamente, exigiendo la destitución del secretario del ramo, Luis Barrera, y de su director administrativo, Juan José Garibay por “hostigamiento laboral”.
Reservando las urgencias, fueron cerrados hospitales generales (Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo), 10 integrales y 100 centros de salud, alcanzando las 7 jurisdicciones sanitarias. Al día siguiente se sumaron los hospitales de Ometepec, Taxco, Iguala y Huitzuco.
Los problemas se arrastraban desde antes. Funcionarios del exgobernador Juárez Cisneros: la diputada federal priísta Verónica Muñoz Parra, exsecretaria de Salud, su sustituto Herón Delgado Castañeda y Ana María Castilleja Mendieta, extesorera de la dependencia y exalcaldesa priísta de Acapulco, habían sido denunciados penalmente por defraudar 17 MP en la secretaría estatal de Salud.

Al decir, del secretario general de la sección sindical, Francisco Becerril, lo que estaba en juego era “la forma en que Barrera administra el sector”. El detonante fue que Barrera dispuso de 60 plazas de base que se habían abierto por la jubilación de otros trabajadores y el incumplimiento del acuerdo para permitir al sindicato proponer el 50 por ciento de los 100 médicos que serán contratados por el “Seguro” “Popular”.
La primera reacción del gobierno fue suspender salarios a los paristas, levantar actas por abandono de empleo y minimizar el paro: “sólo está en 20 hospitales”, mientras los trabajadores anunciaban “salir a las calles”.
Días después, los trabajadores entregaron 14 demandas ante el secretario General de Gobierno, al tiempo que pacientes (adultos mayores) derribaban barricadas de algunos centros de salud. Las consultas se desplomaron y la “Asamblea Sindical Permanente erigida por los trabajadores en paro, alcanzó hasta al Centro de Atención Canina de Acapulco. Incluso, 600 mil dosis para la Semana Nacional de Vacunación, fueron solicitadas en préstamo a la Secretaría de Salud de Morelos y al Gobierno Federal.
Transcurridas veinte jornadas de amagos, calumnias, amenazas y protestas, fue que la Sección 36 optó por reclamar la devolución de los servicios a la Federación para así “resolver el conflicto” con el gobierno de Zeferino Torreblanca. Francisco Becerril también anunció una marcha a la Ciudad de México para que los servicios “se centralicen”, la presentación de una demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje “por la retención de salarios” y una queja ante la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero. El dirigente reconoció que el paro había concluido en el hospital Donato G. Alarcón (Ciudad Renacimiento, Acapulco) “por decisión de los trabajadores, quienes estaban desesperados por no haber cobrado sus salarios de enero”.

Entonces, el gobierno de Torreblanca reinstaló inmediatamente la mesa de negociaciones y encontró la solución al conflicto en un santiamén. El 8 de febrero de 2006, el paro fue levantado. Los trabajadores de la salud ganaron su demanda principal: dictaminar qué plazas se encuentran vacantes por jubilación, pensión, renuncia o fallecimiento, así como aplicar programas de distribución de insumos para la salud y rehabilitar los inmuebles de la dependencia que estén en malas condiciones físicas, a pesar de lo que “oferta” Fox en los medios de comunicación sobre el “Seguro” “Popular”.
No faltó quien observara que el movimiento era sólo un misil contra Torreblanca y que nada había cambiado.
48 horas después, en el Hospital Básico del Municipio de Acatepec -por falta de médicos especialistas y medicamentos- morían siete niños indígenas (de padecimientos estomacales) y una mujer embarazada. Los médicos habían sido retirados meses antes por la secretaría estatal y los pobladores de Piedra Tuza, Chilatlancingo, Barranca Pobre y Yerba Santa manifestaron estar dispuestos a realizar protestas inmediatas en Chilpancingo.
Toda una “descentralización” que, a pesar de los pomposos “reconocimientos internacionales” de la OPS y la OCDE, sobrevive con poco garbo y aplastada por un fraudulento “Seguro” “Popular” que se “organiza” en la niebla.

¡La OCDE no “quiere” al SNTSSA!
Sólo durante 2006, al fraudulento “Seguro” “Popular” del foxismo recibió un presupuesto de 17 mil MP. ¿Ganaron algo con ello los más de 90 mil trabajadores que prestan directamente los servicios y que reúne el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud?

El 27 de noviembre de 2005, Julio Frenk primer secretario macroeconomista de Salud, visitó el salón Federalismo del deportivo del SNTSSA para clausurar el 33º Consejo Nacional Ordinario de Dirigentes. Ahí argumentó que gracias al “compromiso laboral” del Sindicato con sus agremiados se “permitió la reforma histórica” que instauró ese segurito y que, por esa “colaboración”, se construyeron los “consensos necesarios para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la SSA y los Servicios Estatales de Salud”.
¿En qué consisten esas mejoras? En el recuento del “médico” macroeconomista, que cubre 5 años, aparecen: el establecimiento -a partir de 2003- de un tabulador único para la SSA y sus unidades coordinadas en beneficio de 50 mil trabajadores, lo que significó “una mejora promedio” de 26 por ciento en sus percepciones; la renivelación del personal administrativo -a partir de 2001- que “benefició” a 46 mil agremiados. Ese año, también se recodificó a 12 mil trabajadores. Según Frenk, desde octubre de 2005 y en reconocimiento a su labor, 5 mil 800 enfermeras mejoraron sus niveles salariales desde 17 hasta 40 por ciento.

Los “logros”, pontificó, fueron posibles por el trabajo del secretario general y diputado (ALDF) priísta Marco Antonio García Ayala. Todo lo cual, agregó, “consensuó” las Condiciones Generales de Trabajo 2006-2009 que “son el resultado de una revisión integral de cada una de sus secciones, capítulos y artículos que las conforman”. Por ellas, ahora, ya “no será impedimento para ingresar a laborar la SSA a las mujeres en estado de gravidez” y en materia de capacitación, los trabajadores que asistan a eventos no se verán afectados en ninguno de sus estímulos por asistencia, productividad y permanencia. El Fondo de Becas recibirá un incremento de 100 por ciento anual -de 20 a 40 MP- y se destinarán 8 MP adicionales para instituir Becas por Excelencia a los mejores promedios de los hijos de los trabajadores.
Además, aquellos que laboran en áreas infecto-contagiosas contarán en con “la posibilidad” de ser considerados para obtener una compensación de bajo riesgo. El Seguro de Responsabilidad Profesional -vigente desde noviembre de 2003- amplía su colectividad e incorpora en su cobertura al personal de enfermería y a los cirujanos dentistas.
Frenk culminó enfatizando que la permanencia laboral había sido objeto de un “impulso” importante: los trabajadores recibirán un Premio de Antigüedad que va de 10 a 40 mil pesos y el apoyo presupuestal que la SSA otorga al Sindicato para la realización de actividades sociales, culturales y deportivas “se incrementó de 15 a 30 MP anuales”.
Después de algunos débiles aplausos, el asambleista Marco Antonio García Ayala, reconoció la buena relación laboral entre el gremio y la SSA lo que se ha traducido en una “mejora” de las condiciones económicas y laborales del personal, además de aumentar el presupuesto en salud “gracias” al Seguro Popular. Tal vez por esta “buena relación entre el gremio y la SSA” en el singular trabajo Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud. México (2005) -elogiado por Frenk y que recibió la “ayuda” de la flamante Unidad de Análisis Económicos de la SSA, entonces a cargo de Eduardo González Pier-, se asienta reiteradamente que “en México el personal médico, paramédico y de enfermería se rige por un contrato que se negocia de manera colectiva. Las plazas se consideran permanentes y los despidos se dan luego de un complejo proceso burocrático”. Además de que “se dice que los sindicatos tienen un poder de decisión significativo al tener el control efectivo sobre la contratación, el establecimiento de horarios y la asignación de responsabilidades”.
El Estudio agrega que las delegaciones al igual que los hospitales “gozan de autonomía en la contratación de equipo, compra de medicamentos y decisiones de inversión”. Sin embargo, su flexibilidad operativa “se encuentra restringida por el contrato colectivo a los que se sujetan los empleados”. Y precisa que, como los “datos disponibles sugieren que los costos administrativos son altos incluso al compararlos con otros países…los contratos laborales podrían restringir la posibilidad de acelerar la reducción de los costos fijos entre empleados de menor nivel”.
Todo lo cual patentiza, de paso, la “calidad” de los estudios que suele contratar el Secretario General de la OCDE- ahora en las desastrosas manos del “muy joven” y escandalosamente pensionado (por NAFINSA) José Ángel Gurría- en este caso directamente bajo la responsabilidad de Howard Oxley y Francesca Colombo.
Aunque justamente por esa “buena relación”, será también que el asambleista Marco Antonio García Ayala -titular del SNTSSA y secretario de Acción Política de la FSTSE que preside su tío el senador Joel Ayala Almeida- estuviera ausente durante la ceremonia en que Marta Sahagún y Julio Frenk inauguraron en la SSA la Explanada de las Enfermeras Ilustres.
A pesar de la OCDE ¿qué “política” de qué “gobierno” se puede operar desde un diseño que prescinde explícitamente del protagonista principal del proceso de atención: el equipo integrado de salud?