Parte 7

En julio de 2005 -antes de que el foxismo “negociara” el Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los trabajadores del IMSS y que el senador títere de la SHCP, Joel Ayala Almeida, presentará “su” iniciativa de “nueva” Ley del ISSSTE-, legisladores y autoridades estatales celebraron en Zacatecas el foro Sistemas de Seguridad Social en los Estados: Problemática de los Regímenes de Pensiones.
Como previamente lo señalara la CONAGO (Toluca, 2004), la conclusión del evento fue inequívoca: no existe una base de datos nacional solvente en la materia y, sin ella, sería imprudente asumir cualesquier opción de políticas.
Al igual que en muchas otras áreas, con Fox se perdió el sexenio entero, así hubiera sido sólo para identificar seriamente la magnitud y urgencia del asunto público, sin los maquillajes apocalípticos de Sojo, Gil Díaz, Levy, González Roaro y el despacho Valuaciones Actuariales, entre otros.
Con la certeza de que todos los sistemas estatales “son diferentes”, el foro estimó -tentativamente- que cerca de 98 mil jubilados, con un promedio de edad de 64 años, reciben pensiones superiores a los 6 mil pesos, disponiendo de casi 9 trabajadores por pensionado. ¿Cuántos trabajadores activos tocan ya a la puerta? Se ignora con precisión, aunque hay quién los “calcula” en más de 877 mil.
Al analizar algunos casos, el evento corroboró la diferente naturaleza de los sistemas estatales, así como la falta de homogeneidad en las bases actuariales empleadas. Por ejemplo, para Puebla se reportan casi 4 mil jubilados y pensionados con un posible déficit del sistema de entre ¡11 y 20 mil MP! Tabasco: mil 564, en un sistema que para 2006 “presentará insuficiencia de recursos y en 6 años no contará con liquidez”. Tamaulipas: 3 mil 345. Las autoridades contemplan que “a partir de 2015 los recursos serán insuficientes”. Tlaxcala: 940, que reciben 77 MP anuales, mientras los ingresos por cuotas y aportaciones ascienden a 81 MP. Yucatán: la cifra de empleados públicos, según una valuación actuarial, suma 29 mil y a partir de 2021 “las reservas se agotarán”.
Campeche: 685 jubilados, mientras que el “monto de los pagos a pensionado suma 33.6 MP. Michoacán: 2 mil 124 pensionados y jubilados y, según un estudio, existe “suficiencia económica hasta el 2028”. La reserva financiera representa 9 veces el gasto anual en pensiones. Morelos: mil 879 y su atención representa el 20 por ciento de la nómina del personal del Gobierno. Baja California: el sistema no dispone de los recursos para operar y desde febrero 2005 no hay altas de jubilación. Están en lista de espera, 300 profesores 120 trabajadores al servicio del Estado. El Gobierno ya impulsa una “reforma”. San Luis Potosí: mil 396 jubilados y pensionado, atendidos con 147 MP anuales.
Estado de México: 19 mil pensionados. En 2002 se “reformó” el sistema: redujo el monto de la pensión del 100 a 75 por ciento del último salario, elevó a 35 años la antigüedad para el retiro y creó cuentas individuales que cobran comisiones del 2.5 por ciento. Coahuila: 3 mil 400 pensionados. Una “reforma” reciente implantó un esquema mixto con “preponderancia de cuentas individuales”. Nuevo León: mil pensionados. La “reforma” aprobada se basa en un esquema de cuentas individuales que “garantiza” un rendimiento “mínimo” del 2 por ciento anual real. Aguascalientes: mil 600 pensionados. La “reforma” de 2001 estableció un sistema mixto: mantiene el esquema de beneficio definido, pero cuentas individuales de ahorro complementarias.  
Sobre estos heterogéneos resultados pesa la proliferación de “estudios actuariales” de dudosa factura: ¿con qué información arman sus “escenarios”? ¿quién se las proporciona? ¿son despachos “reconocidos” o “recién nacidos”? ¿Qué visibilidad (pública y desde cuándo) portan?
Valuaciones Actuariales -despacho que preparó la propuesta de modificación al RJP del IMSS y que el CEN del SNTSS intentó presentar como “de” los trabajadores- es un caso emblemático. Hay quién dice que su despegue está ligado a Amigos de Fox y a los directos intereses de Sojo, Hacienda (Alonso Garcia Tamés, Jose Antonio González Anaya) y las burocracias sindicales (Joel Ayala) para operar “reformas” desde arriba, abiertamente lesivas a los derechos y conquistas de los trabajadores en universidades públicas y sistemas pensionarios estatales. Por su diseño, esas mismas “reformas”, se dice también, deberán ser pronto objeto de ulteriores “reformas” correctivas.
Además, la mayoría de los participantes en el foro su pronunció en contra de establecer cuentas individuales al estilo Afores (como la que impulsa de la “Nueva” Ley del ISSSTE de Ayala Almeida) y llamaron, más bien, a fortalecer el modelo de Estado solidario. También se reconoció que, a diferencia del proceder “polarizador” del títere Joel Ayala, la garantía del éxito de cualquier “reforma” es que la propuesta disponga del consenso de todos los involucrados.
Construir esa base de datos transparente, sin “despachos” interesados, con todo los involucrados e identificando creíblemente para la mayoría el asunto, es tarea impostergable del próximo gobierno. Con esa base podría dar, entonces, principio el debate público. Y esa transparencia debería, de ser el caso, levantar auditorías integrales a los responsables del inmediato pasado y el presente.
Para decirlo a la priísta: sin pausa pero sin prisa: con información fidedigna, comprobable y socialmente avalada, con la autoridad que puede imprimirle un gobierno solvente.